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“Usted no puede estar en la calle bajo ningún criterio, aun después de 30 años”
SANTO DOMINGO. Sádico, asesino, despiadado, frívolo, violador y psicópata son las características con las que la fiscalía, el juez, los familiares y personas que acudieron al Palacio de Justicia del Distrito Nacional definen a Víctor Alexander Portorreal Mendoza, quien confesó que asesinó a su mujer y tres hijos de ellas el domingo y lunes de la semana pasada en su residencia del sector Enriquillo, Kilómetro 8 de la carretera Sánchez.
Son varias las hipótesis que maneja la fiscal Yeni Berenice Reynoso respecto al caso y en tal sentido el magistrado José Alejandro Vargas declaró el caso complejo y envió al imputado a cumplir un año de prisión preventiva en el Centro de Corrección Y Rehabilitación de San Pedro de Macorís.
La fiscal dijo que la forma frívola con la que describió los hechos así como el perfil que muestra el procesado en sus redes sociales y relaciones interpersonales, sumado a mensajes de Reyna Isabel Encarnación Morales días antes de su muerte, le hacen presumir que las niñas Ángela Bodden Encarnación, de 6 años, y Daniela Bodden Encarnación, de 10 años, habrían estado siendo violadas con anterioridad al hecho ocurrido el 4 de febrero y que la madre lo descubrió.
“Aquella escena de la madre con múltiples estocadas mortales, las niñas desnudas en un charco de sangre y el niño colgando, es lo más dantesco que he visto en 14 años de carrera de Ministerio Público”, describió Berenice Reynoso luego de contar el modo en que Portorreal Mendoza violó a las niñas.
Las lágrimas, lamentos e impotencia se veían en los rostros y miradas de los parientes de las víctimas justo cuando la fiscal relataba lo que habría ocurrido con las niñas, razón por la cual uno de ellos salió del tribunal, mientras que otro esperó que concluyera la audiencia para arremeter contra el procedo y propinarle un puñetazo al momento de su traslado a la cárcel preventiva.
“Esto no es un feminicidio magistrado, esto es un crimen antihumano. No solo el imputado demostró con su conducta asesina rechazo y deseo de matar al ser por ser mujer sino que las características objetivas del hecho van mucho más allá que el feminicidio y precisamente son de las circunstancias especiales que el Ministerio Público en conjunto con un equipo de forenses y de técnicos y de profesionales de la conducta continúa investigando”, dijo Berenice Reynoso.
La presunta conducta sádica del imputado, según la fiscalía, se evidenció al momento del levantamiento de los cadáveres, las niñas fueron encontradas desnudos y en posición sexual, mientras que el cuerpo de la madre había sido introducido a un bulto, cual si fuera “un bollo de ropa”.
“Más allá del sadismo, es un hecho que se connota más allá de ser una persona sádica… Ahí llamamos la atención, sobretodo la forma en que estaban las niñas, una connotación totalmente sexual, la posición en que estaban esas niñas cuando se hizo ese levantamiento de cadáver, la posición donde el imputado duró cuatro días mirándolas, desnudas”, una posición que evidentemente lo excitaba, refirió la fiscal Elvira Rodríguez.
“No queremos que le pase nada, nooo, este caso no se paga con la muerte, nosotros creemos que se paga con una condena justa”. Yeni Berenice
El Ministerio Público calificó además los hechos como actos de tortuga y barbarie pero no solo quiere imputar esos cargos al procesado sino también lograr determinar si las niñas habían sido violadas anteriormente, también si asesinó a Reyna Encarnación, Daniela, Ángela y Rahamín Bodden Encarnación como parte de un rito o culto religioso.
¿Usted cree que usted tiene alma y usted cree que tiene corazón? ¿Usted cree señor que usted es un ser humano? Le preguntó el juez Alejandro Vargas a Víctor Alexander Portorreal previo a pedirle que mirara un video de una de las niñas asesinadas, donde ésta cantaba, danzaba y se divertía con sus familiares.
Antes de emitir su fallo, el juez le dijo al imputado que aunque cumpliera la pena máxima en la cárcel, él bajo ningún concepto debería volver a la calle ni reintegrarse a la sociedad.
“Dios que no nos abandona nunca, va hacer el gran milagro de evitar que usted salga a la calle, porque usted no puede estar en la calle bajo ningún criterio, aun transcurriendo los 30 años, ya de eso Dios se encargará o usted se encargará de eso”, puntualizó.
“¿Qué se siente señor? ¡Míreme a la cara!, ¿qué usted siente señor? ¿Usted cree que es posible que un ser humano haga eso, usted se considera un ser humano? “, insistió preguntando el juez al hombre que se mantuvo en silencio durante toda la audiencia.
Como en la audiencia anterior, el magistrado hizo varias preguntas Víctor Alexander, las cuales respondió con ecuanimidad, lo que reiteró al tribunal el criterio de que está lúcido y sabe dónde y por qué estaba allá
Que viva…Aunque la defensa del imputado alegó que se expuso a su cliente y que su vida corre peligro, la Fiscal dijo que la instrucción que han dado es otra. “Somos la autoridad que persigue una sanción, y nosotros no queremos que le pase nada. ¡Nooo, este caso no se paga con la muerte!… nosotros queremos que viva y por mucho tiempo”.
La fiscal no descarta realizar evaluaciones psiquiátricas al imputado para determinar si es un psicópata y determinar las razones por las cuales cometió un hecho tan atroz, pero aclaró que hasta ahora él no tiene indicios de ser un “loco”, sino una persona con condiciones de criminales especiales. Los psiquiatras Vicente Vargas, César Mella y Héctor Guerrero Heredia recomendaron hacer los análisis.
Ojo por ojo
El asesinato de los tres niños junto a su madre ha despertado la indignación de muchos de los residentes del Distrito Nacional así como del Gran Santo Domingo, los cuales acudieron ayer al Palacio de Justicia donde se conocía la medida, pidiendo matar al procesado y no enviarlo a la cárcel porque a su entender 30 años no son suficientes.
Los familiares de las víctimas aún no salen del asombro, mientras más escuchaban al Ministerio Público contar los hechos, mayor era su indignación sobre todo porque el imputado parecía estar escuchando una película y no lo que él habría hecho.
El imputado ha estado solo en el proceso, ningún familiar de él ha ido a audiencias ni a investigar.
diariolibre.com
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.