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“Usted no puede estar en la calle bajo ningún criterio, aun después de 30 años”
SANTO DOMINGO. Sádico, asesino, despiadado, frívolo, violador y psicópata son las características con las que la fiscalía, el juez, los familiares y personas que acudieron al Palacio de Justicia del Distrito Nacional definen a Víctor Alexander Portorreal Mendoza, quien confesó que asesinó a su mujer y tres hijos de ellas el domingo y lunes de la semana pasada en su residencia del sector Enriquillo, Kilómetro 8 de la carretera Sánchez.
Son varias las hipótesis que maneja la fiscal Yeni Berenice Reynoso respecto al caso y en tal sentido el magistrado José Alejandro Vargas declaró el caso complejo y envió al imputado a cumplir un año de prisión preventiva en el Centro de Corrección Y Rehabilitación de San Pedro de Macorís.
La fiscal dijo que la forma frívola con la que describió los hechos así como el perfil que muestra el procesado en sus redes sociales y relaciones interpersonales, sumado a mensajes de Reyna Isabel Encarnación Morales días antes de su muerte, le hacen presumir que las niñas Ángela Bodden Encarnación, de 6 años, y Daniela Bodden Encarnación, de 10 años, habrían estado siendo violadas con anterioridad al hecho ocurrido el 4 de febrero y que la madre lo descubrió.
“Aquella escena de la madre con múltiples estocadas mortales, las niñas desnudas en un charco de sangre y el niño colgando, es lo más dantesco que he visto en 14 años de carrera de Ministerio Público”, describió Berenice Reynoso luego de contar el modo en que Portorreal Mendoza violó a las niñas.
Las lágrimas, lamentos e impotencia se veían en los rostros y miradas de los parientes de las víctimas justo cuando la fiscal relataba lo que habría ocurrido con las niñas, razón por la cual uno de ellos salió del tribunal, mientras que otro esperó que concluyera la audiencia para arremeter contra el procedo y propinarle un puñetazo al momento de su traslado a la cárcel preventiva.
“Esto no es un feminicidio magistrado, esto es un crimen antihumano. No solo el imputado demostró con su conducta asesina rechazo y deseo de matar al ser por ser mujer sino que las características objetivas del hecho van mucho más allá que el feminicidio y precisamente son de las circunstancias especiales que el Ministerio Público en conjunto con un equipo de forenses y de técnicos y de profesionales de la conducta continúa investigando”, dijo Berenice Reynoso.
La presunta conducta sádica del imputado, según la fiscalía, se evidenció al momento del levantamiento de los cadáveres, las niñas fueron encontradas desnudos y en posición sexual, mientras que el cuerpo de la madre había sido introducido a un bulto, cual si fuera “un bollo de ropa”.
“Más allá del sadismo, es un hecho que se connota más allá de ser una persona sádica… Ahí llamamos la atención, sobretodo la forma en que estaban las niñas, una connotación totalmente sexual, la posición en que estaban esas niñas cuando se hizo ese levantamiento de cadáver, la posición donde el imputado duró cuatro días mirándolas, desnudas”, una posición que evidentemente lo excitaba, refirió la fiscal Elvira Rodríguez.
“No queremos que le pase nada, nooo, este caso no se paga con la muerte, nosotros creemos que se paga con una condena justa”. Yeni Berenice
El Ministerio Público calificó además los hechos como actos de tortuga y barbarie pero no solo quiere imputar esos cargos al procesado sino también lograr determinar si las niñas habían sido violadas anteriormente, también si asesinó a Reyna Encarnación, Daniela, Ángela y Rahamín Bodden Encarnación como parte de un rito o culto religioso.
¿Usted cree que usted tiene alma y usted cree que tiene corazón? ¿Usted cree señor que usted es un ser humano? Le preguntó el juez Alejandro Vargas a Víctor Alexander Portorreal previo a pedirle que mirara un video de una de las niñas asesinadas, donde ésta cantaba, danzaba y se divertía con sus familiares.
Antes de emitir su fallo, el juez le dijo al imputado que aunque cumpliera la pena máxima en la cárcel, él bajo ningún concepto debería volver a la calle ni reintegrarse a la sociedad.
“Dios que no nos abandona nunca, va hacer el gran milagro de evitar que usted salga a la calle, porque usted no puede estar en la calle bajo ningún criterio, aun transcurriendo los 30 años, ya de eso Dios se encargará o usted se encargará de eso”, puntualizó.
“¿Qué se siente señor? ¡Míreme a la cara!, ¿qué usted siente señor? ¿Usted cree que es posible que un ser humano haga eso, usted se considera un ser humano? “, insistió preguntando el juez al hombre que se mantuvo en silencio durante toda la audiencia.
Como en la audiencia anterior, el magistrado hizo varias preguntas Víctor Alexander, las cuales respondió con ecuanimidad, lo que reiteró al tribunal el criterio de que está lúcido y sabe dónde y por qué estaba allá
Que viva…Aunque la defensa del imputado alegó que se expuso a su cliente y que su vida corre peligro, la Fiscal dijo que la instrucción que han dado es otra. “Somos la autoridad que persigue una sanción, y nosotros no queremos que le pase nada. ¡Nooo, este caso no se paga con la muerte!… nosotros queremos que viva y por mucho tiempo”.
La fiscal no descarta realizar evaluaciones psiquiátricas al imputado para determinar si es un psicópata y determinar las razones por las cuales cometió un hecho tan atroz, pero aclaró que hasta ahora él no tiene indicios de ser un “loco”, sino una persona con condiciones de criminales especiales. Los psiquiatras Vicente Vargas, César Mella y Héctor Guerrero Heredia recomendaron hacer los análisis.
Ojo por ojo
El asesinato de los tres niños junto a su madre ha despertado la indignación de muchos de los residentes del Distrito Nacional así como del Gran Santo Domingo, los cuales acudieron ayer al Palacio de Justicia donde se conocía la medida, pidiendo matar al procesado y no enviarlo a la cárcel porque a su entender 30 años no son suficientes.
Los familiares de las víctimas aún no salen del asombro, mientras más escuchaban al Ministerio Público contar los hechos, mayor era su indignación sobre todo porque el imputado parecía estar escuchando una película y no lo que él habría hecho.
El imputado ha estado solo en el proceso, ningún familiar de él ha ido a audiencias ni a investigar.
diariolibre.com
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Juez evaluará este miércoles solicitud de Pepca para extender investigación del caso Senasa.
Santo Domingo, R.D.-Deiby Peguero, juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, fijó para este miércoles el conocimiento de la solicitud de prórroga de cuatro meses presentada por el Ministerio Público para concluir la investigación y depositar la acusación contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Marcelo Hazim, y los demás implicados en el caso Cobra.
La solicitud de prórroga fue depositada por fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con el propósito de analizar minuciosamente las evidencias recabadas durante allanamiento. Así lo informó recientemente el procurador adjunto, Wilson Camacho.
Camacho indicó que la institución cuenta con un equipo especializado dedicado al estudio del contenido de 16,800 cajas de documentos ocupadas durante los recientes operativos de intervención como parte de la investigación que realiza del caso.
El exdirector de SeNaSa, Santiago Marcelo Hazim, junto a otros imputados, es señalado de conformar una estructura criminal que habría perpetrado un desfalco superior a RD$15 mil millones en perjuicio del Estado dominicano, a través de la entidad pública de salud.
Además de Hazim, figuran como imputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes cumplen distintas medidas de coerción impuestas en diciembre de 2025.
Santo Domingo, R.D.-Jhovanny de Jesus Metz Crus, conocido como «Macho», señalado como el principal sospechoso de la muerte del conductor Deivy Carlos Abreu Quezada, quien falleció luego de ser atacado por una turba de motociclistas durante una persecución, fue apresado en Jamaica.
La información fue confirmada a Diario Libre por una fuente de la Procuraduría General de la República (PGR).
De acuerdo con las investigaciones, «Macho» habría sido quien presuntamente propinó varias estocadas a Abreu Quezada durante el ataque ocurrido el pasado 17 de abril en el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, donde la víctima intentó refugiarse tras ser perseguida durante varios kilómetros por un grupo de motociclistas.
En principio, se informó que la persecución se produjo a raíz de un incidente de tránsito.
Posteriormente, trascendió que la agresión habría sido motivada por una presunta deuda económica que el conductor mantenía con sus atacantes.
Visado a JamaicaEn marzo pasado, Jamaica eliminó el requisito de visa para los dominicanos que viajen a ese país por turismo o negocio por un periodo de 180 días.
Mets Cruz también enfrenta un proceso judicial por las heridas de bala ocasionadas en 2023 al sargento de la Policía Nacional Christopher Almánzar García, adscrito a la unidad SWAT.
El imputado no se presentó al juicio de fondo pautado para el miércoles 20 de mayo ante el Cuarto Tribunal Colegiado de Santiago, por lo que la sala ordenó declararlo en rebeldía y activar las consecuencias legales correspondientes.
En ese expediente, Mets Cruz enfrenta acusaciones por intento de homicidio y asociación de malhechores.
El hecho ocurrió el 7 de mayo de 2023 en el sector El Ejido, de Santiago.
Durante el incidente, el sargento Almánzar García sufrió fracturas en el fémur y la rodilla izquierda, mientras que su sobrino, Jeison Willian Almánzar Núñez, resultó herido en la pierna izquierda cuando intentaba auxiliarlo.
Según las informaciones ofrecidas en el tribunal, Mets Cruz cumplía medidas de coerción consistentes en presentación periódica, impedimento de salida del país y orden de alejamiento de las víctimas.
Tras su incomparecencia al juicio, el tribunal dispuso su declaratoria en rebeldía, mientras las autoridades activaron su búsqueda.
Ahora, con su detención en Jamaica, las autoridades dominicanas deberán realizar las gestiones correspondientes para establecer su eventual retorno al país y que responda ante la justicia por los procesos que tiene pendientes.
Formalmente no hay un tratado de extradición entre República Dominicana y Jamaica. El intercambio judicial y la colaboración policial se apoyan en organismos internacionales como Interpol.
Santo Domingo, R.D.-Declaro inadmisible el Tribunal Constitucional (TC) por notoria improcedencia, la acción de amparo interpuesta por el empresario Alexander Montilla Sierra, con la que pretendía suspender un proceso de embargo inmobiliario en su contra y obtener la reposición de los plazos procesales de dicho caso.
La Alta Corte, mediante la sentencia TC/0784/26, tomó la decisión al rechazar la acción presentada por el cuñado del expresidente Danilo Medina contra la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y la señora Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.
La decisión fue aprobada por la mayoría de los jueces del pleno. Por su parte, el magistrado José Alejandro Vargas se inhibió de participar en la deliberación y el fallo, debido a que intervino en el proceso en su anterior condición de juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, cuando conoció una medida de coerción vinculada al caso penal.
El caso se remonta a una investigación de la PEPCA dirigida contra Alexander Montilla Sierra y su hermano Maxy Gerardo, junto a otras personas físicas y jurídicas. Las indagatorias se originaron en una de las líneas de investigación de la Operación Antipulpo, por presuntos actos de corrupción y lavado de activos relacionados con contratos públicos y licitaciones irregulares.
En esas pesquisas, la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, autorizó entre diciembre de 2020 y enero de 2021 la inmovilización de fondos y la oposición a transferencias de bienes muebles e inmuebles de los investigados.
Según el expediente, estas medidas dejaron a Alexander Montilla Sierra sin capacidad para disponer de su patrimonio, impidiéndole honrar un pagaré notarial por RD$20,000,000.00 suscrito en 2018 con Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.
Ante el incumplimiento de pago, Castillo de los Santos inició en 2021 un proceso de embargo inmobiliario sobre dos propiedades de Montilla Sierra: una unidad en el condominio Terrazas del Mirador II y un apartamento en el condominio Karla I.
Tras un acuerdo de colaboración entre Maxy Montilla y la PEPCA, la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción autorizó, mediante auto del 12 de diciembre de 2025, el levantamiento parcial de las oposiciones e inmovilizaciones. La PEPCA tramitó la ejecución de dicha orden ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Superintendencia de Bancos el 30 de diciembre de 2025.
El 6 de febrero de 2026 antes de tener conocimiento formal del levantamiento, notificado por la DGII el 17 de febrero, Alexander Montilla interpuso una acción de amparo en la que solicitó la publicidad registral de las oposiciones, la suspensión del embargo inmobiliario y la reposición de los plazos procesales.
La Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional declaró inadmisible dicha acción el 3 de marzo de 2026 (Sentencia núm. 037-2026-SSEN-00109), al considerar que había perdido su objeto tras el levantamiento parcial de las medidas.
Montilla Sierra recurrió el fallo ante el Tribunal Constitucional alegando vulneraciones al debido proceso, la tutela judicial efectiva, el derecho de propiedad, la igualdad de armas y el principio de inviolabilidad de las nulidades constitucionales, entre otros.
El TC coincidió en que la sentencia de primera instancia era errónea, pero por una razón distinta a la planteada por el recurrente: consideró que el juez de amparo no debió declarar la inadmisibilidad por «falta de objeto», sino por «notoria improcedencia». Esto se apoya en su jurisprudencia reiterada, la cual establece que el amparo no puede utilizarse para suspender, modificar o dejar sin efecto decisiones dictadas por otro tribunal en un proceso judicial ordinario en curso.
En consecuencia, el TC revocó la sentencia recurrida y, actuando directamente sobre el fondo de la acción original, concluyó que las pretensiones de Montilla Sierra excedían el ámbito del amparo. De concederlas, el juez constitucional estaría sustituyendo a la jurisdicción ordinaria en la conducción de un proceso iniciado desde el año 2021.
El tribunal señaló que cualquier objeción sobre la falta de publicidad de las oposiciones administrativas debió plantearse oportunamente ante el propio juez del embargo, mediante los mecanismos procesales correspondientes.
Cabe destacar que el Ministerio Público obtuvo la homologación de un acuerdo bajo el criterio de oportunidad, mediante el cual Maxy Gerardo Montilla Sierra y un grupo de sus empresas aceptaron su responsabilidad penal y autorizaron el decomiso de RD$2,000 millones en efectivo a favor del Estado dominicano.
El acuerdo, homologado por el juez Raymundo Mejía del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, compromete a Montilla a pagar una indemnización de RD$600 millones a las distribuidoras de electricidad EdeEste, EdeSur y EdeNorte, en resarcimiento por los perjuicios ocasionados.
Asimismo, contempla la disolución en un plazo de dos años de las empresas Transformadores Solomon Dominicana, S.A.S., Electrocable Aluconsa, S.A.S., NSD, Importaciones Diversas, SRL, Distribuidora de Materiales Eléctricos FEE, SRL, Distribuidora Eléctrica Henan Jinshui, SRL, Importadora Eaglerise, SRL, TLC Negocios Globales, SRL, Watmax Lighting, SRL, Herrajes Eléctricos RPC, SRL, y MG Solomon Corporation.
También fija el pago de RD$431,816,307.90 a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y el decomiso de un terreno de 200.18 metros cuadrados ubicado en la avenida Roberto Pastoriza núm. 2, Ensanche Naco, valorado en RD$50,901,692.13.
Por el caso Antipulpo, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, a siete años de prisión en el centro penitenciario de Najayo.
La decisión fue recurrida y está pendiente de revisión para el próximo 8 de septiembre en la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Otros imputados recibieron penas menores y algunos fueron declarados noculpables, entre ellos Magaly Medina.