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“Usted no puede estar en la calle bajo ningún criterio, aun después de 30 años”
SANTO DOMINGO. Sádico, asesino, despiadado, frívolo, violador y psicópata son las características con las que la fiscalía, el juez, los familiares y personas que acudieron al Palacio de Justicia del Distrito Nacional definen a Víctor Alexander Portorreal Mendoza, quien confesó que asesinó a su mujer y tres hijos de ellas el domingo y lunes de la semana pasada en su residencia del sector Enriquillo, Kilómetro 8 de la carretera Sánchez.
Son varias las hipótesis que maneja la fiscal Yeni Berenice Reynoso respecto al caso y en tal sentido el magistrado José Alejandro Vargas declaró el caso complejo y envió al imputado a cumplir un año de prisión preventiva en el Centro de Corrección Y Rehabilitación de San Pedro de Macorís.
La fiscal dijo que la forma frívola con la que describió los hechos así como el perfil que muestra el procesado en sus redes sociales y relaciones interpersonales, sumado a mensajes de Reyna Isabel Encarnación Morales días antes de su muerte, le hacen presumir que las niñas Ángela Bodden Encarnación, de 6 años, y Daniela Bodden Encarnación, de 10 años, habrían estado siendo violadas con anterioridad al hecho ocurrido el 4 de febrero y que la madre lo descubrió.
“Aquella escena de la madre con múltiples estocadas mortales, las niñas desnudas en un charco de sangre y el niño colgando, es lo más dantesco que he visto en 14 años de carrera de Ministerio Público”, describió Berenice Reynoso luego de contar el modo en que Portorreal Mendoza violó a las niñas.
Las lágrimas, lamentos e impotencia se veían en los rostros y miradas de los parientes de las víctimas justo cuando la fiscal relataba lo que habría ocurrido con las niñas, razón por la cual uno de ellos salió del tribunal, mientras que otro esperó que concluyera la audiencia para arremeter contra el procedo y propinarle un puñetazo al momento de su traslado a la cárcel preventiva.
“Esto no es un feminicidio magistrado, esto es un crimen antihumano. No solo el imputado demostró con su conducta asesina rechazo y deseo de matar al ser por ser mujer sino que las características objetivas del hecho van mucho más allá que el feminicidio y precisamente son de las circunstancias especiales que el Ministerio Público en conjunto con un equipo de forenses y de técnicos y de profesionales de la conducta continúa investigando”, dijo Berenice Reynoso.
La presunta conducta sádica del imputado, según la fiscalía, se evidenció al momento del levantamiento de los cadáveres, las niñas fueron encontradas desnudos y en posición sexual, mientras que el cuerpo de la madre había sido introducido a un bulto, cual si fuera “un bollo de ropa”.
“Más allá del sadismo, es un hecho que se connota más allá de ser una persona sádica… Ahí llamamos la atención, sobretodo la forma en que estaban las niñas, una connotación totalmente sexual, la posición en que estaban esas niñas cuando se hizo ese levantamiento de cadáver, la posición donde el imputado duró cuatro días mirándolas, desnudas”, una posición que evidentemente lo excitaba, refirió la fiscal Elvira Rodríguez.
“No queremos que le pase nada, nooo, este caso no se paga con la muerte, nosotros creemos que se paga con una condena justa”. Yeni Berenice
El Ministerio Público calificó además los hechos como actos de tortuga y barbarie pero no solo quiere imputar esos cargos al procesado sino también lograr determinar si las niñas habían sido violadas anteriormente, también si asesinó a Reyna Encarnación, Daniela, Ángela y Rahamín Bodden Encarnación como parte de un rito o culto religioso.
¿Usted cree que usted tiene alma y usted cree que tiene corazón? ¿Usted cree señor que usted es un ser humano? Le preguntó el juez Alejandro Vargas a Víctor Alexander Portorreal previo a pedirle que mirara un video de una de las niñas asesinadas, donde ésta cantaba, danzaba y se divertía con sus familiares.
Antes de emitir su fallo, el juez le dijo al imputado que aunque cumpliera la pena máxima en la cárcel, él bajo ningún concepto debería volver a la calle ni reintegrarse a la sociedad.
“Dios que no nos abandona nunca, va hacer el gran milagro de evitar que usted salga a la calle, porque usted no puede estar en la calle bajo ningún criterio, aun transcurriendo los 30 años, ya de eso Dios se encargará o usted se encargará de eso”, puntualizó.
“¿Qué se siente señor? ¡Míreme a la cara!, ¿qué usted siente señor? ¿Usted cree que es posible que un ser humano haga eso, usted se considera un ser humano? “, insistió preguntando el juez al hombre que se mantuvo en silencio durante toda la audiencia.
Como en la audiencia anterior, el magistrado hizo varias preguntas Víctor Alexander, las cuales respondió con ecuanimidad, lo que reiteró al tribunal el criterio de que está lúcido y sabe dónde y por qué estaba allá
Que viva…Aunque la defensa del imputado alegó que se expuso a su cliente y que su vida corre peligro, la Fiscal dijo que la instrucción que han dado es otra. “Somos la autoridad que persigue una sanción, y nosotros no queremos que le pase nada. ¡Nooo, este caso no se paga con la muerte!… nosotros queremos que viva y por mucho tiempo”.
La fiscal no descarta realizar evaluaciones psiquiátricas al imputado para determinar si es un psicópata y determinar las razones por las cuales cometió un hecho tan atroz, pero aclaró que hasta ahora él no tiene indicios de ser un “loco”, sino una persona con condiciones de criminales especiales. Los psiquiatras Vicente Vargas, César Mella y Héctor Guerrero Heredia recomendaron hacer los análisis.
Ojo por ojo
El asesinato de los tres niños junto a su madre ha despertado la indignación de muchos de los residentes del Distrito Nacional así como del Gran Santo Domingo, los cuales acudieron ayer al Palacio de Justicia donde se conocía la medida, pidiendo matar al procesado y no enviarlo a la cárcel porque a su entender 30 años no son suficientes.
Los familiares de las víctimas aún no salen del asombro, mientras más escuchaban al Ministerio Público contar los hechos, mayor era su indignación sobre todo porque el imputado parecía estar escuchando una película y no lo que él habría hecho.
El imputado ha estado solo en el proceso, ningún familiar de él ha ido a audiencias ni a investigar.
diariolibre.com
Santo Domingo.- Raymundo Mejía, juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá el próximo 15 si envía o no a juicio a los propietarios de la discoteca Jet Set Club, Antonio y Maribel Espaillat, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de 236 personas fallecidas durante el derrumbe del techo del centro de diversión, ocurrido el 8 de abril del 2025.
El magistrado dará el fallo a las 10:00 de la mañana de esa fecha, con el objetivo de ponderar los argumentos del Ministerio Público, de los representantes legales de las víctimas y de la defensa de los imputados.
Esto tras más de un año de ocurrir la tragedia que dejo más de 200 personas fallecidas y más de cien heridos y decena de huérfanos.
Durante la audiencia, familiares de los fallecidos y personas afectadas expusieron ante el juez cómo han cambiado sus vidas tras el trágico suceso. Asimismo, los imputados y su defensa presentaron sus argumentos ante el tribunal.
El Ministerio Público solicitó formalmente el envío a juicio de los propietarios de la discoteca Jet Set Club, al considerar que existen suficientes elementos de prueba que demuestran la responsabilidad de los hermanos Espaillat en los hechos que se les imputan.
A la salida del tribunal, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, expresó que espera que el juez adopte una decisión acorde a la ley y ordene el envío a juicio de los acusados.
El 18 de junio, le dictan medida de coerción contra Antonio y Maribel Espaillat, propietario y gerente de la discoteca Jet Set, acusados de homicidio involuntario en perjuicio de más de 230 personas fallecidas y 189 heridas tras el desplome del techo del centro de diversión. Ellos fueron apresados el 12 de junio por miembros del Ministerio Público tras ser interrogado por el hecho.
Santo Domingo.- Mientras en el pais se pregona que se ha avanzado en el estado de derecho, ocupa el segundo lugar en América Latina y el Caribe con mayor numero de presos preventivos y ocupación penitenciaria más alta, superada solo por Haití, según la Dirección de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).
El dato, que es reseñado este domingo por periódico Listín Diario refleja una debilidad estructural del sistema de justicia penal en su capacidad de investigación y procesamiento.
Señala que en República Dominicana hay aproximadamente 25,000 personas privadas de libertad, de las cuales cerca de 16,000, equivalente a mas del 60% son preventivos.
El documento advierte que la elevada proporción de personas privadas de libertad sin sentencia firme en América Latina y el Caribe evidencia esa misma debilidad estructural. Cuando las investigaciones criminales son lentas o de baja calidad y los tribunales enfrentan sobrecarga de casos, la prisión preventiva termina usándose como sustituto de investigaciones eficaces y procesos judiciales oportunos.
Agrega que la dinámica se refuerza por la presión política y social de “mostrar resultados” en materia de seguridad. Esa presión incentiva respuestas punitivas inmediatas, incluso cuando los procesos judiciales no están plenamente desarrollados.
“El resultado es una acumulación de personas detenidas sin condena que traslada las fallas del debido proceso al sistema penitenciario. Esto contribuye al hacinamiento y debilita la capacidad del Estado para mantener un control efectivo sobre las cárceles”, señala Democracias Bajo Presión.
El PNUD explica que desde inicios del siglo XXI la región ha registrado uno de los aumentos más rápidos de población penitenciaria a nivel mundial. El número de personas privadas de libertad pasó de unos 700,000 a comienzos de los años 2000 a cerca de 1.8 millones en 2024. Es un incremento cercano al 150%.
“Este crecimiento contrasta con la relativa estabilidad o el aumento moderado observado en otras regiones y refleja, entre otros factores, la expansión de políticas penales más punitivas y el uso extensivo de la prisión preventiva”, apunta el informe.
Asimismo, establece que la población privada de libertad en América Latina y el Caribe presenta un marcado sesgo socioeconómico. Los estudios revelan que las personas bajo prisión tienen un nivel educativo inferior al promedio de la población general.
“Esta desigualdad se acentúa en la fase de la prisión preventiva, donde el acceso limitado a una defensa legal y las dificultades para acreditar condiciones de arraigo —como domicilio estable, empleo formal o fianzas— incrementan la probabilidad de permanecer detenido durante el proceso judicial”, destaca el estudio.
Ante ese panorama, el PNUD advierte que cuando las cárceles presentan sobrepoblación crónica, déficits de control interno o se convierten en centros de coordinación de actividades ilícitas, la capacidad del Estado para ejecutar sanciones queda comprometida.
Otras causas del problema
El reporte también señala que los cuerpos policiales en América Latina y el Caribe enfrentan fragmentación institucional, bajos niveles de profesionalización, limitaciones en capacidades investigativas y vulnerabilidad a la cooptación local.
Por eso, cuando la probabilidad de sanción es reducida —lo que se refleja en bajas tasas de homicidios esclarecidos— el poder intimidatorio de los actores criminales se amplifica y la autoridad estatal pierde credibilidad.
La medida de coerción efectiva, según el informe, no se mide solo por operativos o despliegues, sino por la capacidad de investigar, procesar y sancionar de manera consistente. “En este sentido, la impunidad constituye un indicador central de debilitamiento coercitivo: sin consecuencias previsibles frente al delito, el monopolio legítimo de la violencia se vuelve nominal más que efectivo”.
Santo Domingo, R.D.-Una estructura criminal desarticulada por el Ministerio Público, identificada como Operacion Onco 14, recibió una imputación formal al ser acusada de orquestar un sofisticado esquema de fraude en perjuicio del Estado dominicano, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y cientos de pacientes oncológicos de la región del Cibao.
Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato y exmiembro de la junta directiva del IORC, Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
Según el expediente, los acusados utilizaron empresas fachada, incluyendo Vargas Lora & Asociados (actualmente Vargas Guzmán Accounting Center) y la fundación antes mencionada, para desviar fondos destinados a tratamientos médicos vitales para pacientes del régimen subsidiado.
El Ministerio Público subraya una irregularidad clave en la investigación, aunque los estatutos del IORC estipulaban un mandato de dos años para la presidencia, Héctor Antonio Lora Cruceta se mantuvo en el cargo desde el 9 de octubre de 2018 hasta el 6 de octubre de 2025.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, destacó que esta es la tercera estructura criminal enfrentada como parte de las investigaciones sobre el fraude al SeNaSa, una labor de depuración iniciada con la Operación Senasa bajo la dirección de la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso.
En los allanamientos, realizados con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), se ocuparon dinero en efectivo y títulos de propiedad, dispositivos electrónicos (computadoras, celulares, DVR), documentación comprometedora y vehículos.
Según el Ministerio Público el grupo deberá responder por una serie de cargos graves que incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito a sistemas), lavado de activos.