Economía
Usuarios del servicio eléctrico registran 31,712 reclamaciones en Protecom
Santo Domingo, R.D.-Durante el trimestre comprendido entre octubre, noviembre y diciembre 2025, la Oficina de Protección al Consumidor de Electricidad (Protecom) registra 31,712 reclamaciones de los usuarios del servicio eléctrico en un contexto de aparente control de las interrupciones, un poco más que el trimestre precedente cuando los reclamos totales a las Edes y compañías de circuitos aislados llegaron a 27,090.
Independientemente de las reclamaciones por altas facturaciones, mala calidad, cortes de energía que los usuarios no aceptan, cargos incorrectos o irregularidades, varios usuarios han manifestado a Listín Diario que han sufrido el daño de varios equipos eléctricos en momentos de interrupciones de energía.
De hecho, según el Protecom los reclamos de ese tipo son distintos y se realizan mediante una solicitud a esa entidad con una certificación de artefactos eléctricos quemados.
Para hacer este tipo de solicitud los usuarios deben colocar el número de NIC (contrato con la distribuidora que identifica el medidor del consumidor) y luego de ser contactado por el Protecom ofrecer las informaciones para luego de ser evaluada y presentada a la distribuidora que pertenece ese circuito y pueda ser atendida en un plazo de 30 días.
Una usuaria sufrió el daño de una nevera LG grande, inverter, con dispensador de hielo y agua, los equipos que usa para trabajo remoto (una laptop, y una impresora Canon). Tampoco enciende el microondas.
Mientras que otro usuario residente en Santo Domingo, cerca del área comercial de la avenida Jhon F. Kennedy sufrió el daño de una estufa eléctrica, por la misma causa: interrupciones de energía hace unas dos o tres semanas, según se informó.
La mayor dificultad es que muchos usuarios no hacen las reclamaciones por equipos quemados o dañados por problemas eléctricos por desconfianza en que las gestiones puedan resultar favorables en las empresas distribuidoras que, en ocasiones atribuyen el problema a asuntos internos de las viviendas para trasladar la responsabilidad y no asumir el daño que ocasionan los “picos de voltajes” y los vaivenes del suministro, sobre todo, cuando se producen averías.
De hecho, no se conoce el dato de las reclamaciones por artefactos eléctricos quemados, porque además de que no registran en reclamos, aunque según autoridades del sector no son muchas y las que llegan al Protecom son canalizadas para luego exigir a las Edes.
En casos de daños producidos a las instalaciones (casas, edificios, apartamentos) y artefactos eléctricos del cliente o usuario titular del medidor debe solicitar una certificación a Protecom, de la Superintendencia de Electricidad (SIE), entidad que tendrá a su cargo la responsabilidad de emitirla. Con esto se busca establecer si la causa o los daños producidos por un evento ocurrido en las instalaciones eléctricas de su suministro ha sido responsabilidad de la empresa distribuidora.
Según el portal de Protecom, la SIE expedirá certificación de responsabilidad, previa evaluación de las causas, «y en caso de imposibilidad de determinar su responsabilidad, se auxiliará de peritos en la materia cuya remuneración será pagada por el perjudicado pudiendo transferir los mismos a cargo del responsable de los daños causados”.
Asimismo, en todo caso, la SIE podrá reservarse el derecho a acogerse o no a la opinión del perito y declararse incompetente. La evaluación de las indemnizaciones por daños y perjuicios será competencia de los tribunales ordinarios, dice textualmente.
Electricidad. Archivo
Reclamos de usuarios
En el trimestre octubre, noviembre y diciembre 2025, del total de reclamaciones, ascendentes a 31,712, 147 fueron anuladas por no cumplir los requisitos; 7,347 fueron procedentes, es decir, el Protecom entendió que eran factibles; 15,143 fueron improcedentes y se registran 52,513 acumuladas en trámite.
En ese último trimestre del año pasado, Edeeste registró 13,880 reclamaciones, resultando esta distribuidora la mayor cantidad de quejas. En Edeeste fueron anulados 35 casos, 3,215 fueron procedentes, 8,127 improcedentes de un total de 11,342 decisiones. Hay 24,934 quejas acumuladas en trámite.
Edesur registra 11,746 reclamaciones, de las cuales 65 fueron procedentes; en Edenorte se registra la menor cantidad de reclamos de las tres distribuidoras del Estado, con 6,055.
Del total de reclamaciones en Edenorte, desde octubre a diciembre pasado, hay 45 quejas anuladas, 1,858 resultaron procedentes, 2,477 improcedentes de un total de 4,335 decisiones.
Las compañías que ofrecen servicios eléctricos en las zonas turísticas casi no presentan reclamaciones. En El Limón fueron cuatro casos, en Punta Cana Macao hay tres, en Juanillo, uno; en Costa Sur Casa de Campo, uno; y la compañía turística de servicios Puntacana, Cap Cana Caribe y Bayahíbe no reportan ningún tipo de queja (cero).
En el trimestre de agosto, septiembre, octubre 2025, también Edeeste registra la mayor cantidad de reclamos con 12,775, Edesur 9,225 y Edenorte 5,062.
Rol
Es responsabilidad de Protecom informar el estado de las reclamaciones, recibir las solicitudes de certificaciones de efectos quemados, reclamaciones pendientes de decisión, decisiones emitidas, certificación de no existencia de reclamación pendiente de decisión, orientación sobre procesos, deberes, derechos y obligaciones de las empresas distribuidoras y de los clientes titulares o usuarios.
Economía
DGII advierte a empresas que deberán utilizar exclusivamente facturas electrónicas desde el 1 de noviembre
Los grandes contribuyentes locales y medianos tendrán hasta el 31 de octubre para utilizar comprobantes fiscales de la serie “B”. La institución recuerda que los pequeños y microcontribuyentes disponen de plazo hasta el 15 de noviembre.
SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA. – La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) recordó este lunes que, a partir del próximo 1 de noviembre de 2026, las empresas clasificadas como Grandes Contribuyentes Locales y Medianos deberán emitir sus comprobantes fiscales exclusivamente mediante el sistema de facturación electrónica.
La disposición establece que estos contribuyentes estarán obligados a utilizar comprobantes fiscales electrónicos (e-CF), identificados con secuencias tipo “E”, como parte del proceso de transformación tecnológica del sistema tributario dominicano.
La administración tributaria explicó que los comprobantes tradicionales de la serie “B”, previamente autorizados para los contribuyentes comprendidos en esta categoría, solamente conservarán su validez hasta el 31 de octubre.
La medida responde a lo establecido en el artículo 55 del Reglamento núm. 587-24, que regula la aplicación de la facturación electrónica en República Dominicana.
Comprobantes tradicionales dejarán de utilizarse
La DGII precisó que, una vez vencido el plazo, los grandes contribuyentes locales y medianos no podrán continuar utilizando regularmente las secuencias de comprobantes fiscales no electrónicos.
Sin embargo, la normativa contempla situaciones excepcionales en las que podrá recurrirse a procedimientos de contingencia, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el capítulo IX del reglamento correspondiente.
Estas excepciones están destinadas a atender circunstancias que dificulten temporalmente el funcionamiento normal del sistema de facturación electrónica.
La institución exhortó a las empresas a revisar sus procesos administrativos, tecnológicos y contables para evitar inconvenientes al momento de aplicar la nueva disposición.
Empresas deben completar adecuaciones tecnológicas
La implementación del sistema electrónico requiere que los contribuyentes dispongan de herramientas informáticas capaces de generar y gestionar los comprobantes fiscales conforme a los requisitos de la administración tributaria.
En ese sentido, la DGII recordó que existe una red de 195 proveedores autorizados de servicios de facturación electrónica, que ofrecen soluciones tecnológicas para facilitar la incorporación de las empresas.
La entidad considera que esta transformación permitirá agilizar las operaciones comerciales, simplificar los registros contables y reducir los costos asociados a la emisión y conservación de documentos físicos.
Asimismo, contribuirá a fortalecer la trazabilidad de las transacciones y los mecanismos de supervisión tributaria.
Pequeños y microcontribuyentes tienen otro plazo
La administración tributaria aclaró que los contribuyentes clasificados como Pequeños, Micro y No Clasificados cuentan con una prórroga diferente para completar su incorporación al sistema.
Para estos sectores, la fecha límite establecida es el 15 de noviembre de 2026.
Esta distinción resulta importante porque las obligaciones no entran en vigor simultáneamente para todas las categorías de contribuyentes.
Por tanto, cada empresa o persona obligada deberá verificar su clasificación ante la DGII para determinar el plazo que le corresponde.
Facturación electrónica busca fortalecer controles fiscales
La institución destacó que la sustitución progresiva de los comprobantes tradicionales constituye una herramienta para modernizar la administración tributaria.
Entre los beneficios esperados se encuentran una mayor eficiencia en los procesos de facturación, la reducción de trámites administrativos y el fortalecimiento de los controles sobre las operaciones económicas.
El uso de documentos electrónicos también facilitará la conservación y consulta de comprobantes, tanto para las empresas como para la administración tributaria.
DGII exhorta a cumplir antes del vencimiento
Ante la proximidad de las fechas establecidas, la entidad recomendó completar oportunamente los procedimientos necesarios para operar mediante la facturación electrónica.
Las empresas comprendidas en la disposición deberán asegurarse de contar con los sistemas habilitados y las autorizaciones correspondientes para emitir sus comprobantes sin interrupciones.
El incumplimiento de las obligaciones de facturación electrónica puede dar lugar a las consecuencias previstas en la normativa tributaria aplicable.
Con esta disposición, República Dominicana avanza hacia la sustitución de los comprobantes fiscales tradicionales por documentos electrónicos, en un proceso que busca mejorar la eficiencia administrativa, fortalecer la transparencia y facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
Economía
Advierten que alza del petróleo, sequía y endeudamiento podrían comprometer las finanzas públicas de RD y Centroamérica
Un análisis económico alerta sobre el riesgo de mayores déficits fiscales entre 2026 y 2027 y recomienda controlar el gasto, focalizar los subsidios y fortalecer la capacidad de respuesta ante las crisis internacionales.
SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA. – La combinación de elevados precios de los combustibles, amenazas climáticas y condiciones financieras internacionales más restrictivas podría generar nuevas presiones sobre las finanzas públicas de República Dominicana y los países centroamericanos, aumentando los riesgos de endeudamiento y desequilibrios presupuestarios durante los próximos años.
La advertencia fue formulada por el economista Wilfredo Díaz Cruz, especialista de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano (SECMCA), quien plantea la necesidad de adoptar políticas fiscales prudentes para enfrentar un escenario internacional caracterizado por múltiples factores de incertidumbre.
En su análisis titulado Una tormenta perfecta: ¿existen posibilidades de una crisis fiscal?, el especialista examina las vulnerabilidades económicas de Centroamérica y República Dominicana, región conocida como CARD, y advierte sobre las consecuencias que podrían provocar varios choques externos simultáneos.
El estudio evalúa el comportamiento de las finanzas públicas hasta junio de 2026 y plantea medidas para evitar que las presiones internacionales deterioren la estabilidad fiscal regional.
Tres amenazas ponen a prueba la economía regional
El economista identifica tres factores que podrían afectar simultáneamente el crecimiento económico, la recaudación tributaria y la capacidad de financiamiento de los gobiernos.
El primero corresponde al encarecimiento del petróleo y otros hidrocarburos, impulsado por las tensiones geopolíticas internacionales.
Esta situación incrementa los costos del transporte, la producción de electricidad y numerosas actividades económicas, además de presionar los presupuestos destinados a subsidios energéticos.
El segundo factor está relacionado con la posibilidad de un episodio intenso del fenómeno climático de El Niño, cuyos efectos podrían reducir la disponibilidad de agua y perjudicar la producción agrícola.
Una disminución de las cosechas tendría consecuencias sobre la oferta de alimentos y podría traducirse en aumentos de precios, afectando especialmente a los hogares de menores ingresos.
La tercera amenaza proviene del endurecimiento de las condiciones financieras internacionales, que encarece el acceso al crédito y aumenta el costo de refinanciar las obligaciones públicas.
Deuda pública podría aumentar nuevamente
Aunque el análisis considera que la situación fiscal regional presenta elementos favorables, Díaz Cruz advierte que las condiciones actuales podrían deteriorarse si las perturbaciones internacionales ocurren de manera simultánea.
Entre los indicadores positivos destaca que los países evaluados registran balances primarios favorables y que la deuda pública regional se encuentra por debajo del 48 % del producto interno bruto (PIB).
Sin embargo, señala que una desaceleración económica acompañada de mayores gastos y financiamiento más costoso podría comprometer la trayectoria de la deuda durante 2026 y 2027.
El especialista recuerda que los períodos de crisis suelen provocar aumentos del endeudamiento cuyos efectos permanecen durante años, debido a las dificultades para recuperar los ingresos tributarios y reducir determinados gastos gubernamentales.
Crisis anteriores dejaron fuertes consecuencias
El estudio examina el comportamiento de las finanzas públicas regionales entre 2001 y 2025 y muestra que las perturbaciones internacionales han contribuido históricamente al deterioro de los balances fiscales.
Durante la crisis financiera de 2008 y 2009, el déficit regional pasó de representar aproximadamente el 0.4 % del PIB en 2007 al 3.4 % en 2009.
Posteriormente, la pandemia de COVID-19 provocó una expansión extraordinaria del gasto público, acompañada de menores ingresos en numerosas actividades económicas.
Como resultado, la deuda del Gobierno central de la región, que representaba el 23.9 % del PIB en 2007, alcanzó el 44 % en 2019 y se elevó al 54 % durante 2020.
El economista advierte que estos antecedentes demuestran cómo una crisis externa puede modificar rápidamente las condiciones fiscales, incluso cuando los gobiernos presentan indicadores relativamente estables.
República Dominicana enfrenta riesgos por financiamiento internacional
Otro aspecto señalado es la creciente utilización de los mercados internacionales de capitales para obtener recursos destinados a financiar las necesidades presupuestarias.
El estudio menciona que República Dominicana realizó en febrero de 2026 una colocación de bonos soberanos por US$2,750 millones, con rendimientos de 5.75 % y 6.15 % en los instrumentos señalados.
También cita operaciones de financiamiento realizadas por Honduras y Costa Rica durante el presente año.
Díaz Cruz advierte que esta estrategia incrementa la exposición de los países a las fluctuaciones internacionales de las tasas de interés, los tipos de cambio y las condiciones de refinanciamiento.
En un escenario de mayores costos financieros, los gobiernos podrían verse obligados a destinar una proporción más elevada de sus ingresos al pago de intereses, reduciendo los recursos disponibles para inversión pública y programas sociales.
Recomiendan revisar subsidios y controlar el gasto
Ante estas amenazas, el especialista considera necesario que los gobiernos adopten medidas preventivas mientras todavía disponen de margen para actuar.
Entre sus principales recomendaciones figuran una administración prudente del endeudamiento, la focalización de los subsidios y la incorporación de los riesgos climáticos en la planificación presupuestaria.
En materia de subsidios, plantea la importancia de dirigir las ayudas hacia los sectores que realmente las necesitan y mantener su carácter temporal cuando respondan a circunstancias extraordinarias.
También considera fundamental fortalecer la capacidad de respuesta ante fenómenos naturales que podrían generar gastos adicionales y pérdidas económicas.
Mayor recaudación no siempre significa fortalecimiento fiscal
El análisis señala que el crecimiento de aproximadamente 6 % en los ingresos tributarios regionales no necesariamente representa una mejora estructural de las finanzas públicas.
Parte de ese aumento podría estar relacionado con las presiones inflacionarias, que elevan nominalmente el valor de las operaciones económicas sujetas a impuestos.
Por tanto, una mayor recaudación no garantiza que los gobiernos hayan fortalecido de manera permanente su capacidad de financiamiento.
El economista considera que la persistencia de gastos rígidos y la ausencia de reformas estructurales pueden limitar las posibilidades de responder a nuevas crisis sin aumentar el endeudamiento.
Posible deterioro fiscal entre 2026 y 2027
Díaz Cruz advierte que la combinación de energía costosa, riesgos de sequía y tasas de interés elevadas podría ocasionar un nuevo incremento de los déficits fiscales regionales.
Este escenario no implica necesariamente que República Dominicana o Centroamérica enfrenten una crisis fiscal inmediata, pero sí evidencia la necesidad de anticipar sus posibles consecuencias.
La experiencia de crisis anteriores demuestra que los gobiernos con mayores márgenes presupuestarios y estrategias de financiamiento sostenibles disponen de mejores condiciones para proteger sus economías durante períodos de inestabilidad.
El principal mensaje del análisis es que la prudencia fiscal debe aplicarse antes de que se materialicen los problemas, porque esperar a que aumenten los déficits y la deuda puede reducir considerablemente las alternativas de respuesta de los gobiernos.
Para República Dominicana, el desafío consiste en preservar la estabilidad económica, proteger a los sectores más vulnerables y garantizar que las decisiones presupuestarias actuales no comprometan la sostenibilidad de las finanzas públicas en los próximos años.
Fuente: Análisis «Una tormenta perfecta: ¿existen posibilidades de una crisis fiscal?», de Wilfredo Díaz Cruz, publicado por la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano (SECMCA), y datos difundidos por Listín Diario el 26 de octubre de 2026.
Economía
Alza del dólar encarece alquileres en RD y presiona el presupuesto de familias que ganan en pesos
Expertos advierten que la práctica de pactar rentas en moneda estadounidense, común en zonas exclusivas y turísticas, puede reducir la capacidad de ahorro y afectar otros gastos esenciales de los inquilinos.
Por Angela Martínez
SANTO DOMINGO, República Dominicana. — El aumento del dólar frente al peso dominicano está generando presión económica sobre numerosos inquilinos en el país, especialmente sobre aquellos que deben pagar alquileres fijados en moneda estadounidense mientras perciben sus ingresos en pesos.
La situación impacta con mayor fuerza a quienes residen en inmuebles ubicados en sectores de alta demanda, donde es frecuente que los contratos de arrendamiento se establezcan en dólares como una forma de preservar el valor de la inversión inmobiliaria.
Aunque esta práctica no predomina en todo el mercado, sí es habitual en apartamentos de lujo, torres residenciales modernas, propiedades amuebladas y alojamientos turísticos de corta duración, segmentos en los que la referencia en moneda extranjera suele considerarse parte del modelo de negocio.
Propietarios buscan proteger la rentabilidad de sus inmuebles
Especialistas consultados sobre el tema explican que muchos propietarios fijan los alquileres en dólares para evitar que la depreciación del peso dominicano reduzca el valor real de sus ingresos.
El abogado Francisco Polanco señaló que esta modalidad procura resguardar la rentabilidad del inmueble y proteger al dueño frente a los efectos de la inflación y la volatilidad cambiaria.
En términos similares, Tirso Herrera, vinculado al sector inmobiliario, indicó que la presencia de extranjeros e inversionistas que operan habitualmente en dólares también influye en la expansión de esta práctica.
De acuerdo con su valoración, cuando el inquilino recibe ingresos en una moneda distinta a la pactada en el contrato, la tasa de cambio pasa a tener un efecto directo sobre su presupuesto mensual.
Cada alza del dólar implica más pesos para pagar la misma renta
El efecto es sencillo pero significativo: si el alquiler está fijado en dólares y la moneda estadounidense sube frente al peso, el inquilino necesita más dinero en moneda local para cumplir con la misma obligación.
Eso significa que una renta que aparentemente no ha cambiado en términos nominales puede encarecerse para quien cobra en pesos.
En sentido contrario, una reducción en la tasa de cambio podría aliviar temporalmente el gasto, pero mientras el dólar se mantenga al alza, el impacto inmediato recae sobre el costo de la vivienda.
Esta dinámica convierte al alquiler en una carga más pesada para familias y profesionales cuyos ingresos no aumentan al mismo ritmo que la moneda estadounidense.
Zonas donde predominan los alquileres en dólares
La fijación de rentas en moneda extranjera es más visible en áreas de alta plusvalía del Distrito Nacional y en enclaves turísticos del país.
Entre los sectores señalados por los expertos figuran Piantini, Naco, Evaristo Morales y Bella Vista, donde existe una importante oferta de apartamentos orientados a segmentos de mayores ingresos o a residentes con perfiles internacionales.
Asimismo, esta modalidad se observa en destinos como Punta Cana, Cap Cana, Las Terrenas y Juan Dolio, espacios donde confluyen la inversión inmobiliaria, el turismo y la demanda de extranjeros.
En esos lugares, la cotización en dólares tiende a normalizarse como parte de las condiciones del mercado, lo que deja a muchos inquilinos locales expuestos a la volatilidad cambiaria.
El impacto va más allá del pago mensual de la vivienda
El principal problema surge cuando el incremento del alquiler absorbe una parte mayor de los ingresos del hogar, reduciendo la capacidad de cubrir otros compromisos esenciales.
Francisco Polanco advirtió que el alza del dólar puede disminuir el poder adquisitivo de las familias y limitar su margen de ahorro, al obligarlas a redirigir más recursos al pago del arrendamiento.
Por su parte, Tirso Herrera explicó que el aumento de la carga habitacional termina afectando otros rubros del presupuesto, como la alimentación, el transporte, los servicios básicos y la educación.
En la práctica, esto significa que el encarecimiento del alquiler no se queda en el mercado inmobiliario, sino que repercute en la economía cotidiana de los hogares.
Mercado inmobiliario y desafío cambiario
La realidad descrita por los expertos evidencia cómo la evolución del dólar influye en decisiones que antes parecían exclusivamente inmobiliarias.
La vivienda, especialmente en ciertos segmentos del mercado, ha quedado atada a variables cambiarias que pueden alterar significativamente la estabilidad financiera del inquilino.
Aunque para los propietarios el alquiler en dólares funciona como una herramienta de protección patrimonial, para quienes generan ingresos en pesos representa un riesgo que puede agravarse cada vez que la moneda estadounidense sube.
El comportamiento del tipo de cambio, por tanto, no solo incide en importaciones o costos empresariales, sino también en un aspecto tan sensible como el acceso y la permanencia en una vivienda alquilada.
Un tema que toca a las familias y al mercado de vivienda
La expansión de esta práctica revela una tensión creciente entre la lógica de protección de las inversiones y la capacidad real de pago de los arrendatarios.
Mientras el mercado continúa adaptándose a la presencia de inversionistas, extranjeros y modelos de renta vinculados al turismo, también se profundiza el debate sobre cómo estas modalidades afectan a las familias dominicanas que viven y cobran en moneda local.
En un contexto de aumento del dólar, los alquileres pactados en moneda extranjera se convierten así en un factor adicional de presión para miles de personas que deben reorganizar sus finanzas para poder conservar su vivienda.