Opinión
Valdez Albizu: Argumentos técnicos de peso sobre el 30% de las AFP
Por Nelson Encarnación
El gobernador del Banco Central, licenciado Héctor Valdez Albizu, produjo hace unos días un escrito de carácter netamente técnico en el que aborda el tema sobre el reclamo de que se obligue a la entrega del 30% de los fondos de pensiones a los trabajadores.
En su exposición, el más duradero y exitoso incumbente en la historia del organismo emisor, hace una serie de señalamientos para fundamentar la impertinencia de que esos fondos sean erogados en atención a presiones desde la calle, sin tomar en cuenta el impacto negativo que tal decisión tendría sobre la economía en su conjunto.
Uno de los argumentos de mayor peso que señala el Valdez Albizu es la advertencia de que el 30% de los fondos de pensiones tendría el mismo efecto de una emisión, pues esa suma representaría 173,000 mil millones de pesos, equivalentes a un 64% del total de la masa monetaria disponible actualmente en la República Dominicana. Algo devastador en términos macroeconómicos.
Es bueno señalar que, en una relación monetaria directamente proporcional, esa enorme cantidad de dinero adicional en manos del público generaría un incremento de la demanda de bienes y servicios—especialmente alimentos de todo tipo—que a su vez provocaría una elevación en el nivel de precios, provocando lo que se conoce como inflación.
Como señala Valdez Albizu en su escrito, esto se produciría en momentos en que el índice de precios al consumidor (IPC) ha venido sufriendo variaciones hacia el alza en los últimos meses, debido en parte a la baja en la oferta de productos que componen la canasta que sirve de base para su medición, como consecuencia de los efectos que ha tenido la pandemia en la producción.
Nadie puede alegar ignorancia, en el sentido de que cada peso extra que reciban los trabajadores en medio de la actual situación está destinado a la adquisición de productos básicos, pues se puede asegurar con todo certeza de que un centavo de ese 30% de los fondos de pensiones no irá al ahorro.
Esos recursos en circulación también podrían someter al mercado de divisas a un estrés de demanda, provocando una elevación del tipo de cambio, cuando la moneda nacional se ha apreciado de manera sistemática, pasando de un promedio de 58.11 pesos por dólar en febrero a 56.55 en la actualidad, es decir, una recuperación de 1.56 pesos.
Luego de los devastadores efectos que ha sufrido la economía por la crisis sanitaria, lo menos que agradeceríamos los dominicanos sería que medidas desafortunadas, que tendrían poco impacto duradero en las condiciones de vida de los beneficiarios, vinieran a afectar la lenta pero firme recuperación.
Por Rommel Santos Diaz
El artículo 93 del Estatuto de Roma dispone que un Estado Parte podrá rechazar la solicitud de asistencia, en su totalidad o en parte, si esta solicitud es para presentar cualquier documento o difundir cualquier prueba relacionada con la seguridad nacional.
El artículo 72 del Estatuto de Roma enumera el procedimiento a seguir en aquellos casos en que se debe proteger la información de seguridad nacional que es solicitada por la CPI o por una de las partes de un proceso.
El artículo 72 del Estatuto de Roma también dispone que ¨ en cualquier caso en que la difusión de información o documentos de un Estado podrían, en la opinión de este Estado, perjudicar sus intereses de seguridad nacional¨, el Estado podrá tomar cualquier medida razonable, junto con el Fiscal, la Defensa o la Sala de Cuestiones Preliminares o la Sala de Juicio, dependiendo del caso, para tratar de resolver el asunto de manera cooperativa.
Los pasos a tomar podrían incluir modificar o esclarecer la solicitud, requerir a la CPI que determine la importancia de dicha información o de la prueba solicitada, obtener la información de otra fuente, o acordar la utilización de resúmenes o informes.
Una vez que se hayan tomado todas las medidas para resolver el caso de manera solidaria, la CPI tomará los pasos señalados en el artículo 72 del Estatuto de Roma, tales como solicitar más consultas con el Estado u ordenar la difusión.
El artículo 72 del Estatuto de Roma también se aplica a aquellas personas a las cuales se les ha solicitado dar información o prueba, cuando la persona alega que la difusión de tal información o prueba perjudica los intereses de seguridad nacional del Estado y este esta de acuerdo con este argumento.
Los Estados están bajo la obligación de cooperar con la CPI. El artículo 72 del Estatuto de Roma dispone las pautas específicas a seguir en los casos en que la difusión de cierta información que solicite la Corte o una parte, sea considerada por el Estado como perjudicial para la seguridad nacional del mismo.
Los Estados deberán trabajar solidariamente para resolver estas situaciones. El artículo 72 del Estatuto de Roma enumera algunos ejemplos de cómo se puede abarcar este problema de forma solidaria- por ejemplo, acordar en proveer resúmenes o informes u otras medidas preventivas.
Si, no obstante, el Estado y el Fiscal o la CPI no pueden llegar a un acuerdo, según el artículo 72 del Estatuto de Roma el Estado tiene la obligación de notificar al Fiscal o a la CPI, las razones específicas de su decisión- salvo que el especificar las razones fuese perjudicial para la seguridad nacional del Estado.
El artículo 72 del Estatuto de Roma no se puede utilizar para proteger información que no perjudique la seguridad nacional del Estado. Los Estados deberán actuar de buena fe, alegando la protección con base a la seguridad nacional.
Las obligaciones según el artículo 72 del Estatuto de Roma no necesariamente deben estar prescritas en la legislación. La determinación de ¨la seguridad nacional¨ será normalmente una decisión ejecutiva.
Finalmente, la elección de las medidas pertinentes para la difusión con base a la seguridad nacional normalmente será un asunto ejecutivo. Sin embargo, cada Estado deberá revisar su proceso de elección de los distintos procedimientos para determinar si la legislación debe reformarse en este caso.
Por Narciso Isa Conde
El neoliberalismo ha prostituido los conceptos reforma y desarrollo.
Antes, determinadas corrientes dentro del capitalismo, hablaban de reformas para favorecer a la clase obrera, al campesinado, a las mujeres, a sectores empobrecidos…para ampliar la democracia, los planes sociales, la economía solidaria. Fueron los tiempos del auge de la socialdemocracia y de los llamados estados del bienestar o del capitalismo moderado
Ahora, es todo lo contrario: se habla de reformas para anular las conquistas sociales, privatizar lo público y lo social, favorecer a las oligarquías capitalistas, aumentar precios, bajar el salario real, saciar la voracidad del capital extranjero, aumentar los impuestos al consumo, reducir y pervertir la democracia liberal, anular la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, asaltar los mercados nacionales.
Derrotado el gobierno en su fracasado intento de convertir en ley su reciente paquetazo, Abinader volvió sobre ambos términos y declaró que su gobierno “ajustará los planes de desarrollo por el retiro de la reforma” (fiscal).
¿Pero cuál es la verdad?
Que el paquetazo no es ninguna reforma, sino una contrarreforma que empobrecería aún más a los pobres y a las capas medias.
Que tampoco era para impulsar “planes de desarrollo”, sino para sostener el crecimiento de las elites capitalistas, promoviendo aún más desigualdad y mayores penurias en gran parte de la sociedad.
El desarrollo para los capitalistas tipo Abinader no tiene nada que ver con el desarrollo humano, con la dignidad de los seres humanos, sino con el crecimiento y expansión de sus capitales, con el acaparamiento de las riquezas producidas por los trabajadores/as o presentes en la naturaleza, y con el continuo incremento de sus ganancias.
Eso no es política de desarrollo.
Es para sostener el crecimiento y la expansión del capital privado con desigualdades cada vez más brutales.
Es para engordar la cúpula de una partidocracia impenitente y de las mafias políticas, policiales, militares y empresariales.
Propusieron hacerlo sin más endeudamiento, por el crecimiento del déficit fiscal y por el riesgo de que el pago de los servicios de la deuda se torne inmanejable, lo que acontece porque usan indebidamente los fondos públicos.
Utilizan los préstamos para engordar sus capitales y a las cúpulas de la burocracia civil y militar, mientras gran parte de su fortuna en dólares la colocan en paraísos fiscales, para evadir los impuestos establecidos aquí; y, además, proponen frenar un endeudamiento cada vez más insostenible, empobreciendo a los más pobres. Así ha sido y sigue siendo, pese a las proclamas de transparencias.
La transparencia se cae en pedazo frente la narco-política del PRM y los otros, frente a los turbios compromisos político-militares con Jochi y Guilermo Gómez, la impunidad del gran empresariado delincuente y de los congresistas y generales corruptos o asesinos
Los consumidores pobres o de bajos y medianos ingresos aportan el 70% del total de las recaudaciones del estado, y cuando aumenta el déficit, entonces el gobierno endeuda más al país; a la vez que procuran imponer que ese deficit lo paguen quienes reciben escasos beneficios. Y como el pueblo se resistió a pagar y a sacrificarse, vuelven, a manera de chantaje, a endeudarse con 650 millones más.
La verdad es que son unos cabrones, pero lo bueno es que la gente los está conociendo mejor y enfrentándose a sus abusos.
Por Nelson Encarnación
Uno de los pensamientos legados por Juan Pablo Duarte, fundador de nuestra nacionalidad, empieza con estas palabras: “El Gobierno debe ser justo y enérgico…”, lo que de antemano infiere lo contrario de la arbitrariedad, y, por consiguiente, negativo frente al autoritarismo.
Quiero montarme en esa corta expresión duartiana para referirme a la decisión del presidente Luis Abinader de retirar el proyecto de reforma fiscal, a pesar de estar más que nadie consciente de la necesidad de su aprobación.
¿Le faltó energía al jefe del Estado para sostener la reforma? Creo que no. De lo que estoy seguro es de que le sobró lo justo que aconsejó el caudillo de nuestro nacimiento como país soberano.
Para desistir de la reforma hay que pasarse de desprendido, sobre todo cuando se dispone de una mayoría tan significativa en las Cámaras Legislativas, suficiente para aprobar cualquier iniciativa sin contar con las demás fuerzas. Pero esto negaría lo justo para afincar lo autoritario.
Ahora bien, el líder de la nación tiene que asumir riesgos cuando emprende políticas cruciales que no siempre serán del agrado generalizado, como en este caso concreto, porque la reforma no es un capricho de Luis, sino una necesidad.
A mi entender —absolutamente simplista— el riesgo de hacer la reforma es mucho menor que no hacerla, tomándose en consideración que la acumulación de déficit fiscal y el consiguiente crecimiento del endeudamiento público, conspiran contra la estabilidad de la economía y crean una dependencia insostenible a mediano plazo.
Los números hablan claro. En la medida que crece la deuda y se necesita destinar más recursos para amortizarla, del mismo modo cae la capacidad del Gobierno para hacer inversiones en áreas de altísimo impacto, como mejoramiento del transporte público, nuevas carreteras, hospitales, más escuelas, obras de riego, entre otras infraestructuras.
Cuando se evalúe en el futuro la administración de Luis Abinader, los sensatos recordarán a un presidente abierto a las sugerencias y atendió las sugerencias razonadas que pusieron —como en este caso reparos a la reforma, pero, al mismo tiempo, que se dejó influir por el bullicio que nada positivo aporta.
Al final, si no tiene para mostrar una amplia cartera de realizaciones materiales, poco le juzgarán su vocación a escuchar, mientras la mayoría le enrostrará no disponer una obra visible. Y esto último sólo se plasma con dinero.