SANTO DOMINGO. –Varias recomendaciones habría hecho la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) con varias recomendaciones sobre el proceso de licitación pública del INTRANT CCC-LPN-2023-0001, destinado a la modernización y gestión del sistema de control de tráfico y la red semafórica del Gran Santo Domingo, cuyo monto asciende a RD$ 1,200 millones.

Entre las observaciones destacan la necesidad de aclarar las condiciones de pago, la flexibilización del uso del formulario oficial para ofertas y la revisión del sistema de puntaje y pruebas de concepto, en un proceso que aún admite reclamaciones de los participantes.

Fechas clave del proceso:
Publicación de procesos: 20 de febrero de 2023.

Fecha límite de enmienda: 28 de marzo de 2023, a las 16:30.

Presentación de ofertas: 11 de abril de 2023.

Observaciones de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP):

Condiciones de pago: Se recomendó que las bases del contrato especifiquen de forma clara los plazos de pago, en línea con la Resolución PNP-06-2020.

Uso del formulario SNCC.F.033: Aunque se requiere este formulario para la presentación de ofertas, se recomendó no descalificar propuestas que cumplan con los requisitos sustanciales pero presenten formatos diferentes.

Sistema de puntaje: Se sugirió que el sistema de evaluación técnica desglose puntos específicos según el cumplimiento parcial o total de cada criterio.

Prueba de concepto: Se recomendó aclarar cómo se evaluará el cumplimiento de cada uno de los equipos solicitados en la simulación del centro de control y su impacto en la puntuación.

Recomendaciones adicionales:

Se recomendó hacer enmiendas a las bases del pliego en los casos pertinentes y considerar las consultas planteadas por los interesados.

Se destacó que el proceso no está exento de reclamaciones, recordando la descentralización de la gestión operativa según la Ley 340-06.

Santo Domingo, R.D.-El periodista Guillermo Gómez, padre de Jochi Gómez, expresó que el Ministerio Público le pidió a su hijo que acusara al exdirector de Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, de haber recibido sobornos.

“Nosotros no acusamos a nadie y menos acusar a Hugo Beras para que se salve mi hijo como han hecho con otros… que si lo acusaba ya tenían caso contra Hugo Beras”, dijo Guillermo en una intervención en su programa de televisión “Aeromundo”.

Gómez denunció que todo esto ocurrió antes del conocimiento de la medida de coerción, a lo que agregó que durante los debates de la audiencia, entraron tres jueces penales con un papel con sus nombres para, presuntamente,  presionar a la jueza, porque no pretendía darle prisión preventiva a los imputados.

“Yo voy a defender y defiendo como padre, como jefe de mi familia, a ese hijo que hoy ustedes verán lo que iremos sacando y diciendo para que tengan tolerancia a ese pueblo dominicano, que la ha tenido con todas estas filtraciones de un MP mandando a los medios para desacreditarlo”, dijo Gómez, tras entrevistar al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta.

José Ángel Gómez Canaán «Jochi», es el propietario de Transcore Latam y de Aurix, y es investigado por asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, lavado de activos, usurpación de identidades empresariales, entre otros.

El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso 18 meses de prisión preventiva en contra de Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant); Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant, para ser cumplido en la cárcel de Najayo.

Mientras que los imputados Frank Díaz Warden, coordinador de Despacho y representante de Hugo Beras ante el Comité de Compras del Intrant; y Carlos José Peguero Vargas, les impusieron garantía económica, impedimento de salida del país y presentación periódica.

Santo Domingo, R.D.- Hanfiel Polanco, abogado de los parientes de la familia atropellada en Ciudad Juan Bosch, Santo Domingo Este, denunció este domingo múltiples irregularidades en el proceso y señaló a la jueza Mary Berenita Ramírez Jiménez como la propietaria del vehículo involucrado en el atropello.

“Hicimos la declaración de tránsito, sin embargo, hasta la fecha no tenemos ninguna prueba que evidencie ni que él sea menor de edad ni que hayan sido interrogados todos los sujetos menores o mayores de edad que estuvieron involucrados en el altercado”, afirmó el abogado mediante una llamada telefónica con medios de comunicación.

En el accidente ocurrido en la noche del pasado jueves, perdió la vida Altagracia Trinidad, mientras que su hija de 14 años de edad y su hermana, son atendidas en distintos centros de salud del gran Santo Domingo.

“El chofer no está detenido. El chofer que se presume es un menor de edad conforme al acta de tránsito fue cargado a un militar como parte del protocolo que utilizan en estos casos a los fines de que pueda ser llamado en cualquier momento, sin embargo, el menor no ha sido presentado en ninguna de las instancias. El acta de tránsito ni siquiera fue firmada por los padres, sino por un abogado que ellos buscaron para esos fines o un tercero, que de acuerdo a las de tránsito, fue en compañía de su padre, entonces nosotros vamos a investigar y vamos a esperar que la Fiscalía no tenga ningún tipo de condiciones previas por la condición de quién se trata el vehículo”, explicó.

El abogado mencionó que el joven tiene 17 años, aunque señaló que esta información es aún una presunción debido a la falta de documentación oficial.

“El menor tiene 17 años de edad, pero no tenemos nada, es presunción, porque las autoridades no nos han entregado un solo documento, porque las autoridades no nos han entregado un solo documento, solo tenemos el acta de tránsito, donde ellos relatan lo que pasó”, dijo.

El abogado puntualizó que el vehículo le pertenece a una jueza, que supuestamente es coordinadora de jueces del Distrito Judicial de Santo Domingo Este.

“Hay varios vídeos donde se ven a estos sujetos, de manera muy planificada, en ida, vuelta, espera, acelerar, no frenar y esperar que crucen para acelerar, hay un sinnúmero de condiciones que se dan aquí que en el momento por la rapidez del asunto no hemos podido identificarlas en el tipo penal y vamos a tratar de que las pruebas arrojen luz a otras responsabilidades penales”, sostuvo.

Subrayó que la familia de las víctimas han tenido dificultades para obtener justicia.

Contó que tuvieron que irse a Constanza a darle cristiana sepultura a la fallecida y que cuando se apersonaron a la Digesett de Santo Domingo Este en la tarde de ayer sábado, se negaron a aceptar la cédula de un hermano de la fallecida porque no tenían el acta de nacimiento a mano.

“Nos pidieron el acta de nacimiento de la fallecida y, si el que está ahí por cédula tiene el mismo apellido de la fallecida, no quisieron aceptarla porque supuestamente no existía prueba de afiliación de hermanos”, explicó el abogado, quien tuvo que acudir a la Junta Central Electoral a las 5:00 de la tarde para obtener los documentos necesarios.

“Estamos hablando de un sábado a las 5:00 de la tarde… una víctima que lo que necesita ese respaldo del Estado y este Estado lo que hizo fue caso omiso, pero no sabíamos nada de eso hasta que nos percatamos que atrás de esta condición habían manos de fuerza”, manifestó.

Polanco declaró que la jueza estaba influyendo en el caso para ocultar pruebas y proteger al presunto responsable del accidente, el menor de edad.

“La propietaria del vehículo que se trata de una magistrada que fuera de aplicar justicia lo que quería era ocultar y no dar justicia a estos familiares”, declaró.

Según el abogado, venían órdenes del Ministerio Público del Centro de Automovilismo de que no podrían recibir la denuncia en Santo Domingo Este “porque supuestamente esta persona ya se había presentado, sin embargo antes de eso, no nos dieron ninguna información sobre el altercado”.

Narró que cuando ya iban a recibir el acta y el director de Digesett autorizó a que se haga la denuncia, salió esa información.

Polanco anunció que depositarán una denuncia formal ante el Consejo del Poder Judicial para que se investigue el caso.

“Mañana (este lunes) estaremos, todavía no hemos definido la hora, pero estaremos depositando en el Consejo del Poder Judicial una denuncia de investigación sobre la actuación de la magistrada que intervino en este proceso investigativo”, expresó.