Nacionales
Vargas M. someterá autores desórdenes
Miguel Vargas
SANTO DOMINGO.- El presidente del PRD, Miguel Vargas, anunció que procederá legalmente contra quienes agredieron a los perredeístas que estaban el domingo en la sede de este partido para participar en una reunión de su Comité Ejecutivo Nacional.
Aunque no especificó los nombres de los acusados, declaró que los mismos además de agredir a sus propios compañeros, saquearon las oficinas del partido.
“Fíjense cómo llega esta turba con un espíritu de acabar con todo. Entraron, penetraron, saquearon las oficinas del partido, llevándose cheques y valores”, indicó Vargas Maldonado al ser entrevistado en el programa Hoy Mismo, por Color Visión.
Agregó que después de estas acciones, todo lo sustraído del PRD fue montado en una camioneta negra.
Por otra parte, Vargas exigió a la Policía la entrega de la Casa Nacional de esa organización, que se encuentra bajo control de este cuerpo tras los incidentes.
Consideró correcta la ocupación de dicho local por parte de uniformada pero demandó que la propiedad le sea entregada de inmediato para comenzar a reconstruir lo que fue destruido durante los disturbios, en los que ocho personas resultaron heridas.
Lamentó los sucesos ocurridos en la Casa Nacional del PRD, donde se había convocado una reunión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de esa organización partidaria, en el que varias personas resultaron heridas.
Dijo que debe prevalecer la institucionalidad y recordó que el titulo de la propiedad está a nombre del PRD.
Reveló que ha conversado con el ministro administrativo de la Presidencia, Gustavo Montalvo, y que sobre el particular existe una comisión compuesta por el jefe de la Policía, José Polanco Gómez; el procurador general, Francisco Domínguez Brito y el ministro de Interior y Policía, Ramón Fadul, por parte del Gobierno, así como Eduardo Jorge Prats, Julio Maríñez, Ruddy González, Rafael Vásquez y Aníbal García Duvergé, por el PRD.
Dice actuó con prudencia. Con relación a los disturbios del domingo, dijo que gracias a la prudencia con la que él y otros dirigentes se manejaron, las consecuencias no fueron perores.
Resaltó que los agentes de seguridad que trabajan en el local de la entidad partidaria, no respondieron con más agresión cuando una turba enardecida irrumpió violentamente en el local, en momentos en que comenzaba una reunión del Comité Ejecutivo Nacional.Expresó que él le pidió a la seguridad del local del PRD que no respondiera con disparos para evitar que el incidente generara más daño.
Agregó que no fue preparado para pelear, sino para tener una jornada de convivencia, y dijo que lamenta los incidentes ocurridos.
“Nunca pensamos que iba a ocurrir una acción de esa naturaleza y menos por parte de un expresidente de la República, pero si previmos y por eso pedimos a la Policía que cuidara el orden en las afueras que nosotros nos íbamos a encargar de cuidar adentro”, sostuvo.
Fuente: HOY
Santo Domingo, R.D.-Un total de 9,412,353 ciudadanos y residentes en República Dominicana recibirán la nueva cédula de identidad y electoral a partir del 26 de enero de 2026. De esa cifra, 942,795 personas alcanzaron la mayoría de edad desde el año pasado y serán incorporadas por primera vez al padrón de cedulación.
La Junta Central Electoral (JCE) informó que el proceso de renovación y emisión del documento tendrá una inversión de RD$ 6,500 millones. De ese monto, RD$ 2,081.6 millones se destinarán a la impresión de las cédulas, mientras que RD$ 3,500 millones cubrirán los gastos operativos y logísticos del proceso, el cual se extenderá hasta marzo de 2027.
Con base en estos datos, si 9.4 millones de personas recibirán la cédula y el costo total asciende a RD$ 6,500 millones, el gasto promedio por persona será de aproximadamente RD$ 690.58, es decir, unos RD$ 691 por cédula. Esta emisión es gratuita,
El 26 de enero de 2026 se realizará el acto formal de impresión de la primera cédula de identidad y electoral, que será entregada al presidente de la República, Luis Abinader.
Durante febrero y marzo de 2026, la JCE ejecutará la captura y entrega focalizada a senadores, diputados, altas cortes, órganos constitucionales y comunicadores.
La apertura general de cedulación en el territorio nacional iniciará el 8 de abril de 2026, organizada por mes de cumpleaños, con captura y entrega física del documento. El proceso de renovación nacional concluirá el 31 de marzo de 2027, fecha en la que la cédula vigente perderá validez legal.
Santo Domingo.– Las denuncias en España de que Julio Iglesia explotó sexual, psicológica y laboralmente a al menos a una de sus empleadas en su casa de Punta Cana reabre el debate sobre la necesidad de formalizar el trabajo doméstico y que se apliquen mecanismos para presentar las quejas ante las autoridades.
Mientras que la fiscalía de La Altagracia asegura que ese caso no fue denunciado en el país.
Para las representantes de gremios que agrupan a las trabajadoras doméstica ese tipo de denuncias son comunes entre sus afiliadas.
«Porque cuando una mujer pone una denuncia de violencia o acoso, regularmente, no le prestan mucha atención y ocurre que el (caso se repite y se repite y se repite», expresó la sindicalista, Eulogia Familia.
«Vivimos a diario contra esos tipos de abusos, violencia, acoso en el mundo del trabajo del sector doméstico. Lo hemos denunciado, pero no hay ningún tipo de ley que nos ampare en ninguno de esos sectores», dijo la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadoras Domésticas, Marubeni Pérez.
Asimismo, aseguran que además de trabajadoras del hogar, empleadas y estudiantes también son víctimas de acoso y abusos sexuales y psicológicos.
¿Cuándo ocurrió lo de Julio Iglesias?
Tras relatar lo ocurrido en una investigación periodística de medios internacionales, dos ex empleadas de Julio Iglesias lo demandaron ante la justicia española por supuestas agresiones y vejaciones sexuales en las mansiones del cantante en la República Dominicana y en las Bahamas en el 2021.
- Debido a que las denuncias no fueron hechas en el país, el ministro de Trabajo prefirió no referirse al tema.
Las sindicalistas consultadas instaron a las mujeres víctimas de este tipo de violencia a formalizar sus denuncias.
Santo Domingo, R.D.-En el Congreso Nacional, cada año se repite una escena que ya parece parte del calendario institucional: el apuro de las últimas semanas de legislatura para aprobar proyectos de ley antes de que «venzan». Lo que muchos no saben es que ese apuro no responde necesariamente a una urgencia nacional, sino a una disposición del Reglamento y de la Constitución que establece que si un proyecto de ley no se aprueba en dos legislaturas ordinarias (es decir, aproximadamente un año), debe considerarse no iniciado, como si nunca hubiese existido. Y así, todo lo hecho hasta ese momento, estudios técnicos, audiencias públicas, informes de comisión, debates en el Pleno, se borra por completo.
Esta práctica, conocida como perención legislativa, se ha convertido en uno de los principales factores de ineficiencia del trabajo parlamentario. Cada año, decenas de proyectos, muchos de ellos importantes, mueren por plazos y no por méritos. Y luego, los mismos legisladores deben reintroducirlos, repetir los trámites, rediscutirlos, volver a aprobarlos. Se reinicia el reloj… pero no se avanza.
Los efectos de esta dinámica son graves y múltiples. En primer lugar, se cometen errores legislativos por premura. Cuando un proyecto se acerca a su fecha de caducidad, se acelera su aprobación, muchas veces sin el estudio técnico adecuado. Se aprueban textos con vacíos legales, ambigüedades o sin análisis de impacto presupuestario. Luego vienen las enmiendas, los reclamos y, en algunos casos, las reformas de urgencia para corregir lo que no se debió precipitar.
Además, esta lógica produce un desgaste institucional profundo. Desde fuera, la ciudadanía ve cómo el Congreso aprueba algo… y luego lo deja caducar. El mensaje que se percibe es de inestabilidad, improvisación o lentitud. La confianza en el proceso legislativo se resiente, y con razón. No es fácil explicar por qué una ley ampliamente debatida y respaldada tiene que ser reintroducida cada año como si fuera nueva, solo porque el calendario venció.
Pero quizás el mayor problema sea que se rompe la continuidad entre las dos cámaras del Congreso. Un proyecto aprobado en el Senado, si no es conocido por la Cámara de Diputados antes de terminar el año legislativo, pierde vigencia. Y la próxima vez, debe comenzar desde cero, incluso en la cámara que ya lo había aprobado. Se desvanece todo el trabajo legislativo como si fuese papel mojado.
El Parlamento no debe ser rehén del calendario, ni el país víctima de la burocracia. Es hora de romper con la lógica de la perención automática y construir un procedimiento legislativo que honre el trabajo, respete el tiempo y sirva al bien común. Porque legislar no es correr contra el reloj: es construir soluciones duraderas para una nación que no puede esperar.