Análisis Noticiosos
Vargas se ratifica como propietario del PRD
Por Juan Bolívar Díaz
Contando con el apoyo de Leonel Fernández y el arbitraje electoral, Miguel Vargas busca ganar tiempo para imponerse como candidato presidencial o descuartizar el viejo buey blanco y anularlo para la elección del 2016
El último round de la lucha interna en el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) evidencia que su presidente, Miguel Vargas Maldonado, mantendrá el secuestro de sus organismos y está dispuesto a descuartizarlo, a menos que la mayoría se comprometa a erigirlo candidato presidencial para los comicios del 2016.
Malversado su capital político, con escaso apoyo y cuestionada legitimidad, el ingeniero empresario persigue recuperar y rentabilizar su inmensa inversión económica en la política, por lo cual no tiene el mínimo interés en que se solucione la crisis que mantiene maniatado al principal partido de oposición.
El extremo de la ambición
Ha quedado transparente en el intercambio de comunicaciones que marca la ruptura del último intento de diálogo para solucionar la crisis del PRD, iniciado con una reunión entre Miguel Vargas e Hipólito Mejía el 2 de mayo, la extrema ambición del primero, quien condiciona cualquier acuerdo a que le garanticen la candidatura presidencial para el 2016, la mitad de las candidaturas legislativas y municipales y un año de prórroga en la presidencia del partido, que concluye el 19 de julio próximo.
Esas condiciones las rechazó el expresidente de la República Hipólito Mejía en carta dirigida a Vargas con fecha 17 de junio, indicando que fueron presentadas verbalmente por su delegado Eduardo Jorge Prats al secretario general Orlando Jorge Mera, estos dos convertidos en intermediarios a raíz de una segunda reunión Vargas-Mejía el 4 de junio en la residencia del eminente neurocirujano José Joaquín Puello.
Al responder la carta de Mejía, en un extenso documento escrito del 23 de junio, Vargas confirma sus condiciones, indicando que en la primera reunión, celebrada en casa del general (r) Miguel Soto Jiménez “no formulé una propuesta de acuerdo, sino más bien, que se arribó de forma preliminar al acuerdo en sí, con el total consentimiento de las partes, bajo la premisa de que el ex Presidente Mejía a su decir público, no aspiraría a ningún cargo de ser amnistiado en el PRD y que apoyaría mi candidatura reservando la eventual candidatura vicepresidencial para su hija, la señora Carolina Mejía”… “También se acordó una cuota para su sector en la dirigencia del Partido, garantizado en un proceso convencional transparente y ejemplarizante”.
Acuerdo preliminar no obliga
Aún si en la reunión del 2 de mayo hubiese habido un acuerdo preliminar, verbal, sin testigos, sin contar con el resto del partido, incluyendo a los demás dirigentes y a grupos que tienen otras posiciones, como el que encabeza Luis Abinader, el Foro Renovador o la “Tercera Fuerza”, no había obligación y cualquiera de las dos partes podía luego formalizar condiciones y modificaciones, como ocurre a diario en todo tipo de actividad humana, sin que ello implique romper diálogo o negociación.
Una carta pública de Mejía a Vargas fechada el 8 de mayo, seis días después del encuentro inicial, ayuda a entender que si hubo algún acuerdo fue seguir explorando caminos de entendimiento. Lamenta que el presidente del partido no quiso que dos días después se conmemorara unificadamente el aniversario de la muerte del líder Peña Gómez, pese a lo cual le proponía “la formación de una Comisión de seis personas (tres que tú elijas y la nuestra por tres que representan la institucionalidad) con el fin de que preparen el Protocolo que nos permita discutir y definir la hoja de ruta y la agenda, de acuerdo con los Estatutos, y solucionar la crisis que vive el partido”…Si hubiese habido un preacuerdo tan generoso con él, Vargas debió aceptar ambas propuestas.
En otra carta a Vargas, el 28 de mayo, una semana antes de la reunión en casa de Puello, en el interés de “asegurar que el próximo encuentro que celebremos tenga resultados positivos”, Mejía planteó una agenda de cinco puntos: línea de oposición al Gobierno, cronograma y hoja de ruta para la Convención Nacional Ordinaria que elegiría nuevos directivos, posición ante los proyectos de leyes de Partidos y Electoral, reencuentro de todas las autoridades partidarias electas en la convención del 2009, y reunión de la Comisión Política y el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) para aprobar.
La realidad es que sistemáticamente Mejía, como la generalidad del liderazgo perredeísta, ha reclamado la convocatoria de los organismos del partido para buscar soluciones democráticas y unitarias, lo que el presidente del partido ha evadido.
Reacciones contradictorias
Las expectativas de reunificación que acariciaban los perredeístas se esfuman luego que su presidente diera por roto el diálogo, acusando a Mejía de haber “malogrado el preacuerdo”. El 26 de junio comunicó a la Junta Central Electoral (JCE) que “hemos iniciado los trabajos con el objetivo de celebrar nuestra Convención Nacional a partir del mes de febrero del año 2014”, sin señalar una fecha fija. Dice que antes convocará el CEN para actualizar la lista de militantes y dirigentes, reestructurar los organismos de dirección y designar la comisión organizadora de la convención.
Esa fue su respuesta a la solicitud de 90 miembros de la Comisión Política que el 20 de junio, amparados en el artículo 34 de sus Estatutos, le solicitaron reunir ese organismo para aprobar la línea de oposición al Gobierno y convocar el CEN “para la celebración de la Convención Ordinaria del partido en el 2013”.
Es obvio que Vargas persiste en ignorar que fue juramentado para un período de 4 años que inició el 19 de julio del 2009, como ha certificado la JCE, por lo que vence en tres semanas, y que él solo, sin aprobación de ningún organismo, no puede prolongarse legítimamente como presidente del PRD. Ha argumentado que puede hacerlo por haber atravesado por un “período de ingobernabilidad partidaria”.
Descuartizar el buey blanco
Más allá del aparato mediático que controla el expresidente Leonel Fernández, que sistemáticamente promueve y defiende al presidente del PRD, la percepción general es que éste ha malversado su capital político en la alianza con el líder peledeísta iniciada con el pacto que suscribieron en el 2009 y una serie de errores políticos que le llevaron a perder la candidatura presidencial del 2012.
El escaso apoyo de Vargas en el electorado en general y entre quienes se confiesan perredeístas, ha sido registrado en múltiples encuestas, relevantemente en las dos últimas de Gallup-HOY y en la Penn Schoen Bertland. En la última Gallup, de abril pasado, solo el 9 por ciento de los perredeístas lo favorecía como próximo candidato presidencial, mientras a Luis Abinader lo apoyaba el 41 por ciento y el 35 por ciento a Hipólito Mejía. El 50 por ciento lo responsabilizaba individualmente de la crisis de su partido y solo 6 por ciento a Mejía. El 40 por ciento a ambos por igual.
Vargas es consciente de sus dificultades, razón por la cual evade cualquier consulta democrática, especialmente una convención con el voto universal. Busca ganar tiempo remitiendo la convención ordinaria para una fecha imprecisa del año próximo, que luego puede ser el 2015. Administrando sin rendir cuentas el subsidio del presupuesto nacional, de unos 20 millones mensuales, y contando con respaldo en “las cortes de Leonel”, espera mejorar su posición si es quien escoge entre los miles que aspirarán a ser postulados a los cargos legislativos y municipales para el 2016.
En esa perspectiva al PRD le espera una división que le desacreditaría aún más ante el electorado y reduciría sus posibilidades electorales. Mientras más tarde, menos posibilidades de las partes para restaurar la fuerza electoral del partido. Vargas no ha podido siquiera reconciliarse con casi todos los dirigentes perredeístas que lo apoyaron en la lucha por la candidatura del 2012, y por el contrario ha expulsado al presidente en funciones Andrés Bautista, y supendido al secretario general Orlando Jorge, y a la secretaria de Organización Geanilda Vásquez.
Se ven muy reducidas sus posibilidades de reunificar la mayoría del PRD para llevarlo al poder y el camino que lleva lo conduce a descuartizar el viejo buey blanco, pero mientras tanto él y algunos de sus seguidores se benefician del presupuesto nacional y de algunos contratos y favores que les dejó el gobierno de Leonel Fernández, quien cifra en la división del PRD sus posibilidades de volver a ser candidato de su partido y retornar al poder.
Subestimación e insulto
El confuso párrafo antes citado indica que Vargas subestima la inteligencia de Mejía e insulta a la comunidad perredeísta, a los que han mediado en la crisis de ese partido, y a toda la sociedad, que reclama respeto a los procedimientos democráticos.
Sostiene que “no formulé una propuesta de acuerdo”, para seguido decir que “se arribó de forma preliminar al acuerdo en sí”, sin nada escrito, en una conversación entre dos, sin testigo de lo hablado. Si él no formuló la propuesta, hay que deducir que quien lo hizo fue Mejía. En un diálogo que desde el día siguiente éste dijo que había sido un simple “romper el hielo” y que a solas no duró 30 minutos. Según la versión, Mejía fue a claudicar ante un contradictor al que acusa de haberle hecho perder la presidencia de la nación, de aliado al presidente del partido de gobierno, después de dos años de graves confrontaciones, incluido que Vargas se negó a reunirse con el candidato presidencial, con múltiples agravios de ambas partes, enfrentamiento violento en el local nacional del PRD y negativa sistemática a convocar los organismos partidarios.
Según Vargas, Mejía virtualmente se retiraba, pues “no aspiraría a ningún cargo de ser amnistiado en el PRD”, lo único que obtendría Mejía con ese “preacuerdo” , además del perdón, era “la eventual candidatura vicepresidencial para su hija”, aunque “también se acordó una cuota para su sector en la dirigencia del partido”, no en las candidaturas legislativas y municipales, y de ganar el gobierno “una serie de cargos en la administración pública”.
El presidente perredeísta citó como testigos a los mediadores. Soto Jiménez dijo que esas fueron las condiciones de Vargas para el diálogo y que éste le dijo que Mejía las había aceptado. El doctor Puello ha preferido reservarse como mediador, pero al ser preguntado dijo que “delante de mí no ha habido algo que pudiéramos llamar acuerdos, sino propuestas y contradicciones”.
Análisis Noticiosos
Una posible amnistía tiene en vilo a los presos políticos venezolanos tras la salida del poder de Maduro
Cúcuta / Caracas .-Las últimas 72 horas han sido electrizantes para el mundo entero, especialmente para todos los venezolanos. Pero hay unos que han vivido aún con más intensidad el desarrollo de los acontecimientos desde que un comando de fuerzas especiales detuviera la madrugada del sábado a Nicolás Maduro en Caracas y se lo llevara a Nueva York, donde va a ser procesado ante un tribunal. Los familiares de los presos políticos, e incluso ellos mismos desde la celda, se encuentran esperanzados de que la nueva situación política sirva para conseguir su liberación.
Una amnistía general vuelve a tomar fuerza en este contexto. La sensación es que las cosas no van a volver a ser como apenas hace unos días, cuando el derrocado presidente de Venezuela se encontraba al mando. Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, asegura que su administración se encuentra a “cargo” del país, sin que haya quedado claro de qué forma se traducirá eso en la operatividad del Estado. Por lo pronto, Delcy Rodríguez, la antigua vicepresidente y alguien de la máxima confianza de Maduro, ha juramentado este lunes como presidenta interina.
La situación resulta confusa, pero a la vez esperanzadora. A estas horas se realizan gestiones al más alto nivel para tratar de poner este tema encima de la mesa. Se suceden llamadas de presidentes, ministros, exmandatarios, personas con influencia, según as fuentes consultadas. Las familias de los presos también a su vez contactan con estos para agilizar los trámites. Por un momento, ven que se ha abierto una ventana de oportunidad. El primero en alzar la voz, a las pocas horas de la caída de Maduro, fue Edmundo González, el candidato que, según los observadores electorales y organismos internacionales, ganó las últimas elecciones presidenciales, las de julio de 2024. “La normalización real del país solo será posible cuando se libere a todos los venezolanos privados de libertad por razones políticas, verdaderos rehenes de un sistema de persecución”, dijo Edmundo.
Una de las presas más conocidas es Rocío San Miguel, una prestigiosa analista experta en el ejército bolivariano. Fue detenida en febrero de 2024 acusada de formar parte de un plan para asesinar a Maduro -las organizaciones de derechos humanos consideran que se trata de una acusación falsa-. “Sí, estamos muy esperanzados”, dice al otro lado del teléfono Mini Díaz Paruta, su cuñada. “Esperamos que pronto sea liberada. Todo es un poco confuso, pero creemos que es un buen momento para que ocurra”. La misma ilusión cunde en el entorno de Enrique Márquez, un opositor venezolano, candidato a las presidenciales de julio de 2024, que fue apresado tras negarse a reconocer la victoria en las urnas de Maduro. Con cautela, esperan que este tema tan sensible, en el que suele imperar la discreción, pase a un primer plano con la nueva situación.
Las ONG de derechos humanos contabilizan cerca de 1.000 presos políticos y han exigido la liberación inmediata de todos los detenidos por motivos políticos como un gesto primario para iniciar una transición política. También se ha pedido garantizar la libertad plena de más de 9.000 personas que todavía enfrentan procesos judiciales policiales. Aunque Hugo Chávez tuvo presos políticos, como el comisario Iván Simonovis —exiliado luego de escapar del arresto domiciliario— o la jueza Lourdes Afiuni, los calabozos venezolanos se llenaron de presos políticos en la última década, la de mayores fricciones políticas durante el Gobierno de Maduro. Las grandes oleadas de manifestaciones de 2014, 2017, 2019 y 2024 dejaron centenares de detenidos por protestar, en la más reciente están incluidos adolescentes.
Pero la persecución contra opositores se convirtió en una política represiva, para la que el chavismo más radical ha reforzado los cuerpos de inteligencia y sus formas intimidatorias como la llamada Operación Tun Tun (violentos allanamientos sin órdenes judiciales) o la detención de familiares para presionar a los verdaderos objetivos. Los últimos años, Maduro ha estado soportado por un sistema policial represivo con un aparato judicial alineado. Así ha logrado arrinconar y censurar a la sociedad civil. Los expertos de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas han documentado torturas, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, persecución y violencia sexual en prisión, casos que también están soportados en la investigación por crímenes de lesa humanidad que adelanta la Corte Penal Internacional, la primera que ocurre en un país de América Latina.
Por ello, tras la captura de Maduro por parte de Estados Unidos para ser juzgado por cargos de narcoterrorismo y conspiración para traficar drogas, el organismo de la ONU ha señalado la necesidad de garantizar la rendición de cuentas por las graves violaciones a los derechos humanos y crímenes cometidos por su Gobierno. En un comunicado difundido el fin de semana advierten que si bien el largo historial de violaciones de Maduro no justifica una intervención militar por parte de Estados Unidos, la ilegalidad de la operación no disminuye su responsabilidad en esos delitos.
Entre los presos de Maduro más emblemáticos está los defensores de derechos humanos Javier Tarazona, Carlos Julio Rojas, Eduardo Torres y Kennedy Tejeda -además de San Miguel-. También figuran políticos como Nicmer Evans, vuelto a encarcelar hace unas semanas. Freddy Superlano y Juan Pablo Guanipa, cercanos colaboradores de María Corina Machado, se encuentran apresados junto a los más de 130 de sus militantes de esa formación. También está el yerno de Edmundo González, Rafael Tudares, apresado a principios de 2025 y condenado a 30 años sin haber recibido visita de sus familias ni asistencia de sus abogados. También 174 son militares, que son una huella de las fisuras en la Fuerza Armada Nacional que ha tenido que contener el chavismo estos años.
La ONG Justicia Encuentro y Perdón ha señalado que ante la coyuntura actual, “que podría abrir paso a un proceso de transición en Venezuela”, un punto de partida para redemocratización del país sería la liberación plena de todas las personas presas por motivos políticos, civiles y militares. Los bombardeos de Estados Unidos del fin de semana tomaron a varias familias de detenidos a la espera de un centenar de excarcelaciones que se concedieron en Navidad y fin de año.
El chavismo ha usado estas medidas de gracia como válvulas para liberar presión. Los defensores lo han llamado “la puerta giratoria”: salen unos, pero siempre entran otros. En las últimas semanas, ha rechazado la selectividad con la que se conceden, siempre a media noche, por goteo y en total incertidumbre para sus familiares.
Desde Provea, una de las ONG con más trayectoria en defensa de derechos humanos en Venezuela, que ha pedido garantías para Nicolás Maduro y Cilia Flores y han condenado los ataques de Estados Unidos, también han señalado que “la única hoja de ruta legítima para superar más de una década de violaciones masivas de derechos humanos y el estrangulamiento de la institucionalidad” debe enmarcarse en un Estado democrático que garantice la vigencia de la justicia. “Un paso importante es proceder a la liberación de los más de 900 presos políticos y garantizar libertad plena a quienes están sometidos a regímenes de presentación”.
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Madrid.-Cuando Blanca Frías conoció a un hombre en una aplicación de citas en 2014 no se imaginaba que aquel encuentro acabaría en una relación marcada por la manipulación emocional. Él le dedicaba palabras bonitas y afecto, mientras se ganaba su confianza con un objetivo claro: conseguir su dinero y desaparecer. Ella tardó cuatro años en ponerle nombre a lo que le había pasado porque entonces nadie hablaba de “estafas del amor”. Consciente de la existencia de otras víctimas, en 2023 utilizó su experiencia para crear la Asociación Nacional Contra la Estafa con Manipulación Emocional (ANCEME). Desde ahí acompaña a 300 mujeres y hombres que lidian con el silencio por “la vergüenza” y el “juicio social” que rodea a este tipo de engaños.
Las aplicaciones de citas, redes sociales y grupos de inversión en plataformas de mensajería se han convertido en terreno fértil para los timadores financieros. Desde la pandemia “ha aumentado mucho” su uso, explican fuentes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El supervisor emitió recientemente una advertencia sobre estas estafas tras detectar más consultas de ciudadanos preocupados. “Es un fenómeno del que también nos han informado supervisores de otros países”.
Las cifras aportan una medida de la dimensión del problema. El año pasado se incoaron 22.614 procedimientos por estafas online, lo que supone un 83,43% del total de causas por cualquier clase de ciberdelito, según datos de la Memoria de la Fiscalía General del Estado. El informe llama la atención sobre los fraudes de inversión en monedas virtuales dada su proliferación y “la complejidad que puede entrañar el seguimiento de las operaciones y la identificación de sus autores”. Para dificultar el rastreo, suelen invitar a las víctimas a trasladar las conversaciones de redes sociales a aplicaciones de mensajería encriptada.
La CNMV traza un patrón: “Buscan personas solas”, ya sean hombres o mujeres, “sin muchas relaciones sociales y que pasen tiempo conectadas”, aunque “cualquiera puede ser el objetivo” ya que no existe un perfil único. “Este tipo de estafas no atacan a la inteligencia”, sino a la vulnerabilidad emocional, recalca Frías, cuya formación como economista no la inmunizó frente a su timador. “Hablamos de personas con la mente secuestrada”. En ocasiones han pasado por una separación, un suceso traumático tras enviudar o se enfrentan a la soledad no deseada. Por eso, es necesario que dejen de ser “señaladas y revictimizadas”.
A la hora de actuar, los timadores también se valen de los sesgos cognitivos. Son “atajos mentales que usamos para simplificar decisiones complejas”, como “dar más peso a historias de gente que se hizo rica que a la estadística real, seguir lo que hacen otros sin evaluar riesgos o creer que yo controlo más de lo que realmente sé”, explica Francisco Rodríguez, director de Estudios Financieros de Funcas. El centro de análisis publicó este año una estadística que muestra “el papel crucial” de la educación financiera en la decisión de invertir en monedas digitales. Las personas con alta confianza en sus habilidades, pero con conocimientos reales limitados, tienen un 75,3% más de probabilidad de hacerlo, pudiendo asumir riesgos que no comprenden.
Para hacer frente a este problema, la educación financiera es clave, considera Blanca Narváez, directora general de Fundación Mutualidad. Según varios informes del Observatorio del Ahorro del que forma parte, los hogares españoles presentan un “déficit importante de conocimientos financieros”, tanto en lo que se refiere a conceptos básicos como la inflación o los tipos de interés, como sobre los productos de inversión. Por eso, llama los poderes públicos a “impulsar estos contenidos desde edades tempranas”.
La desregulación en el mundo de los criptoactivos, unida a la falta de alfabetización financiera y de herramientas de los supervisores para actuar sirvieron de catalizador para un cambio regulatorio que entró en vigor hace ahora justo un año: el reglamento MiCA. La Fiscalía señala que ya “está contribuyendo a mejorar las posibilidades de investigación” de los fraudes de inversión. La norma obliga a cualquier empresa o plataforma que preste servicios relacionados con criptoactivos en la Unión Europea a tener “una autorización previa de la CNMV”. También “impone el deber de identificación de los clientes, el registro de las operaciones y el establecimiento de mecanismos de supervisión”, explica la abogada Cristina Sánchez, asociada de Regulación Financiera de Garrigues.
Por eso, antes de invertir en una plataforma recomendada por cualquiera, es importante “verificar” si la misma está autorizada por la CNMV, aconseja el abogado Enrique Nieto, socio de Mercado de Valores de Uría Menéndez. Y ello porque MiCA “no prevé mecanismos específicos de recuperación del dinero en caso de estafa en plataformas no autorizadas”. La víctima deberá acudir a la vía judicial, donde no es fácil obtener reparación a la comisión del delito. En este escenario en el que la manipulación emocional y el fraude financiero convergen, la mejor defensa es una ciudadanía informada y consciente de los riesgos.
Criminales organizados o solos
La Guardia Civil ha destapado el funcionamiento de organizaciones criminales por golpes como la operación Fake James, llevada a cabo este año. Las redes que actúan en España pueden hacerlo también en otros países de Europa o África. La estructura se reparte tareas: unos captan a las víctimas, otros devuelven el dinero estafado al circuito legal. No hay datos oficiales sobre el dinero que se mueve, aunque la operación mencionada es ilustrativa: 21 detenidos por la estafa de 1,5 millones a 70 personas. Individualmente, los agentes detuvieron en abril a una persona en León por un fraude de 350.000 euros.
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Años de investigación de una reserva para salvar al loro carirrojo de la extinción
Tras varios años sin avistamientos, se volvió a registrar la presencia de esta especie en peligro de extinción en la recién creada reserva Ridgely, al sur del país andino
La primera expedición fue en 2022. Visitaron casa por casa en un pueblo de la provincia austral de Loja, al sur del Ecuador. Los científicos cargaban un par de fotografías en busca de un loro con brillantes manchas rojas alrededor del pico. “Preguntamos a los habitantes si lo habían visto”, cuenta Patricio Mena, coordinador de especies de la Fundación Jocotoco. Por aquella época había registros de poco más de 20 ejemplares en la zona. “Muchos respondieron que no, sobre todo los más jóvenes”. Pero, mientras avanzaban por el camino, los habitantes mayores de Selva Alegre confirmaron haber visto y hasta escuchado al ave. “Una persona nos dijo: ‘Sí, ese periquito suele estar ahí”, mientras señalaba un parche de árboles. Aquella pista encendió la esperanza de proteger al loro carirrojo (Hapalopsittaca pyrrhops), tanto así que, tres años después, en marzo de este año, crearon la reserva Ridgely, en el mismo Loja, para cuidar a esta especie, cuya población no supera los 2.400 individuos en el mundo.
Tras aquella primera expedición de 2022, emprendieron nuevos recorridos por las montañas y cordilleras cercanas en busca de más ejemplares. Ornitólogos, observadores de aves y personas de la zona trabajaron para confirmar que Selva Alegre era el lugar indicado para cuidar al loro. Es una especie neotropical muy rara, que habita únicamente en los bosques montanos nublados del sur de Ecuador y el norte de Perú. En los últimos años, su población ha disminuido de manera preocupante. Ha sido catalogado como una especie en peligro de extinción por la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), ya que es muy sensible a las alteraciones en su hábitat. Estudios recientes advierten que su población está experimentando declives rápidos, en gran parte por la pérdida de su entorno.
Recuperar su hábitat
La reserva Ridgely es hoy prácticamente una isla de árboles nativos a más de 2.500 metros de altura. A su alrededor, predominan extensas hectáreas de pino —una especie introducida hace más de un siglo en Ecuador, y que ha desplazado a los árboles y plantas originarias. A esto, se suman actividades ganaderas y agrícolas, que han reducido aún más el hogar del loro, explica David Parra, director de conservación de la Fundación Jocotoco, convirtiendo a la reserva en un sitio clave para la vida de las aves.
José Espinoza es el centinela del loro. Una mochila, unos binoculares y un teléfono son sus herramientas para contabilizarlos y proteger su hábitat. Espinoza fue uno de los primeros en lograr fotografiar al loro carirrojo, pocos meses después de la creación de la reserva. Todos los días patrullaba y abría camino en medio de la maleza. “Trataba de buscarlos y no los encontraba. Ya habían pasado más de dos meses”, dice este joven de 26 años mientras camina por los alrededores de la reserva.
En uno de sus patrullajes, en abril de este año, mientras recorría los senderos, llevaba un parlante que reproducía el canto del loro. “Cuando dejó de sonar, respondieron con el mismo sonido”, relata. Apenas los escuchó, alzó la mirada hacia las copas de los árboles y encontró un grupo de diez ejemplares entre las ramas. “Se quedaron varios minutos perchados, logré tomarles fotos. Estaba muy feliz porque rara vez se los logra ver”, cuenta ilusionado.
El siguiente paso es identificar si anidan o se desplazan en busca de comida en esta zona, explica Leovigildo Cabrera, administrador de las reservas del programa Chocó– Tumbes, una zona que combina las selvas tropicales del Chocó con los bosques secos de Tumbes, entre Ecuador y Perú, y de la que forma parte la reserva Ridgely. “Hay que entender cómo es su comportamiento, sus movimientos” y “para eso son necesarios los recorridos de monitoreo”, agrega. Hay que realizar largas horas de caminatas desde el amanecer, a las seis de la mañana, hasta entrada la tarde. Una tarea que exige paciencia, dedicación y constancia.
Pero el loro carirrojo no es único habitante de estos bosques. A más de 3.600 metros de altura, donde los pajonales y la vegetación de páramo domina el paisaje, vive el colibrí garganta azul (Lampornis clemenciae), en la reserva Cerro de Arcos que, junto con Ridgely, forman un corredor ecológico. “Las especies que habitan esta larga y delgada cordillera son muy móviles”, menciona Parra. Y, añade, estos ecosistemas “se comportan como islas porque guardan a especies únicas”.
Los vigilantes del colibrí son Ángel Macas y Norberto Ordóñez, dedicados a monitorear los nidos de esta especie única. En la aplicación de su celular llevan un registro exacto de cuántos colibríes habitan en la reserva. “Incluso identificamos los nidos con código y placas para diferenciarlos”, comenta Macas. Los recorridos los realizan en solitario por lo sensibles que pueden ser las aves. Pero su trabajo no se termina ahí, también participan en la reforestación con plantas nativas, como la chuquiragua, una especie de arbusto andino, que es el principal alimento del colibrí de garganta azul.
La meta de la nueva reserva Ridgely es aumentar su extensión. “Actualmente, tiene alrededor de 200 hectáreas y en el futuro se espera duplicar el área para crear un hábitat más grande que permita incrementar la población del loro carrirojo”, cuenta Mena. Proteger al loro crea un efecto paraguas: “Al conservar estos bosques, donde habita el loro, protegemos a muchas otras especies. La reserva empieza desde los 2.800 hasta los 3.500 metros, llegando casi el páramo. Al cuidar este ecosistema, preservamos fuentes hídricas y garantizamos la supervivencia de osos y aves, como el tucán andino, las pavas de monte, los colibríes o las ranas”, zanja el investigador.
La historia detrás del loro carirrojo y del colibrí garganta azul en Selva Alegre es también la de las personas que dedican su vida a protegerlos en medio de una región del Ecuador que está cada vez más amenazada por el impacto del cambio climático, además de la nueva presión que ha puesto en jaque a las áreas protegidas del país andino: la minería ilegal. La creación y expansión de la reserva Ridgely no solo busca salvar a una especie, sino preservar un bosque entero, sus ríos, su páramo y la increíble diversidad que habita en este ecosistema único.
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