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Análisis Noticiosos

Vargas se ratifica como propietario del PRD

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Por Juan Bolívar Díaz

Contando con el apoyo de Leonel Fernández y el arbitraje electoral, Miguel Vargas busca ganar tiempo para imponerse como candidato presidencial o descuartizar el viejo buey blanco y anularlo para la elección del 2016

53D638C5-1B33-4340-9567-D9E135A2525B.jpg__209__400__CROPz0x209y400El último round de la lucha interna en el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) evidencia que su presidente, Miguel Vargas Maldonado,  mantendrá el secuestro de sus organismos y está dispuesto a descuartizarlo, a menos que la mayoría se comprometa a erigirlo candidato presidencial para los comicios del 2016.

Malversado su capital político, con escaso apoyo y cuestionada legitimidad, el ingeniero empresario persigue recuperar y rentabilizar su inmensa inversión económica en la política, por lo cual no tiene el mínimo interés en que se solucione la crisis que mantiene maniatado al principal partido de oposición.

El extremo de la ambición

Ha quedado transparente en el intercambio de comunicaciones que  marca la ruptura del último intento de diálogo para solucionar la crisis del PRD, iniciado con una reunión entre Miguel Vargas e Hipólito Mejía el 2 de mayo, la extrema ambición del primero, quien condiciona cualquier acuerdo a que le garanticen la candidatura presidencial para el 2016, la mitad de las candidaturas legislativas y municipales y un año de prórroga en la presidencia del partido, que concluye el 19 de julio próximo.

Esas condiciones las rechazó el expresidente de la República Hipólito Mejía en carta dirigida a Vargas con fecha 17 de junio, indicando que fueron presentadas verbalmente por su delegado Eduardo Jorge Prats al secretario general Orlando Jorge Mera, estos dos convertidos en intermediarios a raíz de una segunda reunión Vargas-Mejía el 4 de junio en la residencia del eminente neurocirujano José Joaquín Puello.

Al responder la carta de Mejía, en un extenso documento escrito del  23 de junio, Vargas confirma sus condiciones, indicando que en la primera reunión, celebrada en casa del general (r) Miguel Soto Jiménez “no formulé una propuesta de acuerdo, sino más bien, que se arribó de forma preliminar al acuerdo en sí, con el total consentimiento de las partes, bajo la premisa de que el ex Presidente Mejía a su decir público, no aspiraría a ningún cargo de ser amnistiado en el PRD y que apoyaría mi candidatura reservando la eventual candidatura vicepresidencial para su hija, la señora Carolina Mejía”… “También se acordó una cuota para su sector en la dirigencia del Partido, garantizado en un proceso convencional transparente y ejemplarizante”.

 Acuerdo preliminar no obliga

Aún si en la reunión del  2 de mayo hubiese habido un acuerdo preliminar, verbal, sin testigos, sin contar con el resto del partido, incluyendo a los demás dirigentes y a grupos que tienen otras posiciones, como el que encabeza Luis Abinader, el Foro Renovador o la “Tercera Fuerza”, no había obligación y cualquiera de las dos partes podía luego formalizar condiciones y modificaciones, como ocurre a diario en todo tipo de actividad humana, sin que ello implique romper diálogo o negociación.

Una carta pública de Mejía a Vargas fechada el 8 de mayo, seis días después del encuentro inicial, ayuda a entender que si hubo algún acuerdo fue seguir explorando caminos de entendimiento. Lamenta que el presidente del partido no quiso que dos días después se conmemorara unificadamente el aniversario de la muerte del líder Peña Gómez, pese a lo cual le proponía “la formación de una Comisión de seis personas (tres que tú elijas y la nuestra por tres que representan la institucionalidad) con el fin de que preparen el Protocolo que nos permita discutir y definir la hoja de ruta y la agenda, de acuerdo con los Estatutos, y solucionar la crisis que vive el partido”…Si hubiese habido un preacuerdo tan generoso con él, Vargas debió aceptar ambas propuestas.

En otra carta a Vargas, el 28 de mayo, una semana antes de la reunión en casa de Puello, en el interés de “asegurar que el próximo encuentro que celebremos tenga resultados positivos”, Mejía planteó una agenda de cinco puntos: línea de oposición al Gobierno, cronograma y hoja de ruta para la Convención Nacional Ordinaria que elegiría nuevos directivos, posición ante los proyectos de leyes de Partidos y Electoral, reencuentro de todas las autoridades partidarias electas en la convención del 2009, y reunión de la Comisión Política y el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) para aprobar.

La realidad es que sistemáticamente Mejía, como la generalidad del liderazgo perredeísta, ha reclamado la convocatoria de los organismos del partido para buscar soluciones democráticas y unitarias, lo que el presidente del partido ha evadido.

Reacciones contradictorias

Las expectativas de reunificación  que acariciaban los perredeístas se esfuman  luego que su presidente diera por roto el diálogo, acusando a Mejía de haber “malogrado el preacuerdo”. El 26 de junio comunicó a la Junta Central Electoral (JCE)  que “hemos iniciado los trabajos con el objetivo de celebrar nuestra Convención Nacional a partir del mes de febrero del año 2014”, sin señalar una fecha fija. Dice que antes convocará el CEN para actualizar la lista de militantes y dirigentes, reestructurar los organismos de dirección y designar la comisión organizadora de la convención.

Esa fue su respuesta a la solicitud de 90 miembros de la Comisión Política que el 20 de junio, amparados en el artículo 34 de sus Estatutos, le solicitaron reunir  ese organismo para aprobar la línea de oposición al Gobierno y convocar el CEN “para la celebración de la Convención Ordinaria del partido en el 2013”.

Es obvio que Vargas persiste en ignorar que fue juramentado para un período de 4 años que inició el 19 de julio del 2009, como ha certificado la JCE, por lo que vence en tres semanas, y que él solo, sin aprobación de ningún organismo, no puede  prolongarse legítimamente como presidente del PRD. Ha argumentado que puede hacerlo por haber atravesado por un “período de ingobernabilidad partidaria”.

Descuartizar el buey blanco

Más allá del aparato mediático que controla el expresidente Leonel Fernández, que sistemáticamente promueve y defiende al presidente del PRD, la percepción general es que éste ha malversado su capital político en la alianza con el líder peledeísta iniciada con el pacto que suscribieron en el 2009 y una serie de errores  políticos que le llevaron a perder la candidatura presidencial del 2012.

El escaso apoyo de Vargas en el electorado en general y entre quienes se confiesan perredeístas, ha sido registrado en múltiples encuestas, relevantemente en las dos últimas de Gallup-HOY y en la Penn Schoen Bertland. En la última Gallup, de abril pasado, solo el 9 por ciento de los perredeístas lo favorecía como próximo candidato presidencial, mientras a Luis Abinader lo apoyaba el 41 por ciento y el 35 por ciento a Hipólito Mejía. El 50 por ciento lo responsabilizaba individualmente de la crisis de su partido y solo 6 por ciento a Mejía. El 40 por ciento a ambos por igual.

Vargas es consciente de sus dificultades, razón por la cual evade cualquier consulta democrática, especialmente una convención con el voto universal. Busca ganar tiempo remitiendo la convención ordinaria para una fecha imprecisa del año próximo, que luego puede ser el 2015. Administrando sin rendir cuentas el subsidio del presupuesto nacional, de unos 20  millones mensuales, y contando con respaldo en “las cortes de Leonel”, espera mejorar su posición si es quien escoge entre los miles que aspirarán a ser postulados a los cargos legislativos y municipales para el 2016.

En esa perspectiva al PRD le espera una división que le desacreditaría aún más ante el electorado y reduciría sus posibilidades electorales. Mientras más tarde, menos posibilidades de las partes para restaurar la fuerza electoral del partido. Vargas no ha podido siquiera reconciliarse con casi todos los dirigentes perredeístas que lo apoyaron en la lucha por la candidatura del 2012, y por el contrario ha expulsado  al presidente en funciones Andrés Bautista, y supendido al secretario general Orlando Jorge, y a la secretaria de Organización Geanilda Vásquez.

Se ven muy reducidas sus posibilidades de reunificar la mayoría del PRD para llevarlo al poder y el camino que lleva lo conduce a descuartizar el viejo buey blanco, pero mientras tanto él y algunos de sus seguidores se benefician del presupuesto nacional y de algunos contratos y favores que les dejó el gobierno de Leonel Fernández, quien cifra en la división del PRD sus posibilidades de volver a ser candidato de su partido y retornar al poder.

Subestimación e insulto 

 El confuso párrafo antes citado indica que Vargas subestima la inteligencia de Mejía e insulta a la comunidad perredeísta, a los que han mediado en la crisis de ese partido, y a toda la sociedad, que reclama respeto a los procedimientos democráticos.

Sostiene que “no formulé una propuesta de acuerdo”, para seguido decir que “se arribó de forma preliminar al acuerdo en sí”, sin nada escrito, en una conversación entre dos, sin testigo de lo hablado. Si él no formuló la propuesta, hay que deducir que quien lo hizo fue Mejía. En un diálogo que desde el día siguiente éste dijo que había sido un simple “romper el hielo” y que a solas no duró 30 minutos. Según la versión, Mejía fue a claudicar ante un contradictor al que acusa de haberle hecho perder la presidencia de la nación, de aliado al presidente del partido de gobierno, después de dos años de graves confrontaciones, incluido que Vargas se negó a reunirse con el candidato presidencial, con múltiples agravios de ambas partes, enfrentamiento violento en el local nacional del PRD y negativa sistemática a convocar los organismos partidarios.

Según Vargas, Mejía virtualmente se retiraba, pues “no aspiraría a ningún cargo de ser amnistiado en el PRD”, lo único que obtendría Mejía con ese “preacuerdo” , además del perdón, era “la eventual candidatura vicepresidencial para su hija”, aunque “también se acordó una cuota para su sector en la dirigencia del partido”, no en las candidaturas legislativas y municipales, y de ganar el gobierno “una serie de cargos en la administración pública”.

El presidente perredeísta citó como testigos a los mediadores. Soto Jiménez dijo que esas fueron las condiciones de Vargas para el diálogo y que éste le dijo que Mejía las había aceptado. El doctor Puello ha preferido reservarse como mediador, pero al ser preguntado dijo que “delante de mí no ha habido algo que pudiéramos llamar acuerdos, sino propuestas y contradicciones”.

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El trasfondo del asentamiento de saldados salvadoreños en Haití

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Por José Cabral

El envío de dos mil militares salvadoreños a Haití luce que no se trata de la supuesta gratitud y bondad con el pueblo más pobre del hemisferio, sino de un plan orquestado desde la administración Trump para que sea parte de su propósito de destruir el derecho internacional.

Bukele y todos los actores de la comunidad internacional y de Haití saben que el problema de las bandas es sólo una parte, tal vez la menos importante, de la crisis que padece la hermana nación, porque territorio que no tenga autoridad pública termina vandalizado.

Es tanto así, que si mañana las bandas resultan derrotadas quedaría pendiente la tarea más compleja de la crisis haitiana, que tiene que ver con que allí el Estado sólo existe en el papel, pero no en la realidad.

Entonces, si se partiera de la hipótesis de que las bandas sean desarticuladas, por la vía que sea, habría que preguntarse si existe algún plan para reestructurar el Estado a los fines de que la autoridad pública pueda hacer cumplir el mandato de la ley y la Constitución?

Todo el mundo sabe que no, incluido Bukele y también la administración estadounidense, lo cual indica que se le crean falsas expectativas sobre la base de un plan que no tiene mucho que ver con  un pueblo que ya no aguanta más maltratos y violencia.

El problema tiene muchas aristas, porque además hay que preguntarse si la parte del Ejército del Salvador presente en Haití cuenta con los recursos para permanecer allí por largo tiempo si es que fuera necesario.

De manera, que mediante un análisis sopesado del problema se puede colegir que lo que ocurre con lo decidido por Bukele parece inscribirse más que en cualquier otra cosa en una vanidad y al interés de vender una imagen de ser un presidente omnipotente, pero además a través de él cuestionar la idoneidad del derecho internacional como parte de los objetivos del “Escudo de las Américas”.

En este contexto, luce estar la medida del presidente salvadoreño de enviar más de dos mil militares a Haití en una acción paralela a la Fuerza de Supresión de Pandillas que operaba en la hermana nación mediante un esfuerzo conjunto de una serie de países miembros de la ONU, a un interés de ego personal y de cumplir y justificar la razón de la existencia del “Escudo de las Américas”, creación de Donald Trump.

Como se ve, el asentamiento de los militares salvadoreños ni siquiera luce que tenga como objetivo principal rescatar sus cuatro compañeros secuestrados y probablemente asesinados por las bandas que ejecutaron la acción, ya que se sabe que este tipo de desenlace puede ocurrir en cualquier lugar donde hay una confrontación armada.

Otra cuestión es que la ofensiva de Bukele persigue justificar y legitimar los esfuerzos individuales propiciados por la administración de los Estados Unidos a través del “Escudo de las Américas” para quitarle sentido al derecho internacional, lo cual quiere decir que los países latinoamericanos, en este caso, “amuelan cuchillo” para su propia garganta.

Hay, a caso, alguien que ponga en duda que el accionar de Bukele en Haití fortalece la deteriorada  imagen de Donald Trump, a quien se le cae  la casa encima, no sólo por la derrota sufrida en las elecciones de medio tiempo, sino porque los gobiernos que tienen su aval en Latinoamérica  su   han entrado en un nivel de descrédito que se puede pronosticar su expulsión del control de los Estados de esas naciones.

De manera, que se puede colegir que la reunión de Bukele con Trump en la Casa Blanca a propósito del envío de los soldados salvadoreños a Haití, haya servido para discutir la estrategia que ahora se observa.

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Análisis Noticiosos

La esclavitud disfrazada de tradición

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Por Rafael N. Fernández

En Santiago de los Caballeros, la esclavitud se viste de coches tirados por caballos.

Los caballos tiran de los coches bajo un sol que quema el asfalto.

Lo que para muchos dominicanos y turistas es “pintoresco”, para el caballo es una práctica insoportable  y una condena injusta.

Los caballos viven una vida miserable bajo el calor el extremo, jadeando,  sedientos y a veces ni suficiente agua reciben.

Trabajan jornadas excesivas, sufren latigazos y hasta heridas cuando se niegan a seguir caminando.

Lo peor es la falta de libertad, pues nacen, crecen, enferman y mueren tirando de carruajes y sin poder correr libres en un pastizal, sin elegir qué comer, sin poder simplemente ser caballos.

Decir que es tradición no hace que sea correcto, la ignorancia ha disfrazado de cultura lo que en realidad es explotación.

Justificar el sufrimiento animal porque “es una tradición” es la misma lógica que ha sostenido la esclavitud a lo largo y ancho de la historia.

Una tradición no puede estar por encima de la vida y la dignidad de seres que sufren y que no pueden defenderse de sus verdugos.

En 1889, en Turín, Friedrich Nietzsche presenció cómo un cochero golpeaba brutalmente a un caballo y corrió angustiado hacia el animal, lo abrazó y lloro desconsoladamente por su angustia, tiempo después  sufrió el colapso que marcó el final de su vida pública.

Mientras otros pasaban y miraban la escena indiferentes, Nietzsche miro en aquel animal a un ser que sufría,  que no podía defender  y que no podía defenderse.

La indiferencia no debe ser la respuesta ante el maltrato  animal,       el accionar que atormenta la existencia de esos tristes caballos debe ser detenido, hay que hacerle un alto a la crueldad, es un delito que debe cesar.

¿Cómo es posible que aún poseamos un nivel de ignorancia tan grande que veamos el sufrimiento de un animal como algo normal y para colmo  llamarlo “tradición”?

¿Hasta cuándo tienen que seguir padeciendo?

Lo más indignante y terrible es que,  tanto el gobierno central como el municipal, se hacen de la vista gorda y prefieren mantenerse al margen; les resulta más barato no intervenir que enfrentar la realidad  y  buscar otras alternativas económicas para los cocheros.

El silencio del poder sostiene por tradición una práctica que es una maldición para los pobres caballos y una vergüenza para la sociedad dominicana.

Acabar con la esclavitud animal no es dejar sin trabajo a los cocheros, es reemplazar  los coches tirados por caballos por carruajes eléctricos y, a la vez, crear refugios o santuarios naturales para que los caballos puedan sentirse en paz, descansar, y vivir la vida que nunca han podido vivir, porque la ignorancia humana se la ha arrebatado.

Un pueblo que se dice civilizado no puede medir su progreso en edificios y avenidas mientras ignora el sufrimiento de seres indefensos que transitan contra su voluntad cada día por sus calles.

Santiago se llama “de los caballeros” y se supone que ser caballero es proteger al más débil, y mientras haya un caballo jadeando bajo el sol, con la mirada cansada,  sin agua y sin descanso, ese nombre será una ironía, la esclavitud animal es un absurdo que debe ser eliminado de nuestra sociedad.

Estar a favor de la abolición de la esclavitud animal, es estar a favor de la verdad y de la razón.

No podemos decir que somos buenas personas si nos empeñamos en mantener una tradición que es sinónimo de crueldad para seres tan nobles, indefensos e inocentes.

 

Rafael N. Fernández (Escritor y poeta dominicano)

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Análisis Noticiosos

Otra vez el nepotismo legislativo

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Por José Cabral

La conducta de los partidos políticos ya se ha hecho una cultura en la República Dominicana, una de cuyas expresiones es el llamado nepotismo legislativo, el cual tiene que ver con la escogencia de un hijo, esposa o familiar cercano cuando muere un diputado o senador.

Si bien es cierto que la sustitución es mediante un mecanismo que consiste en la presentación de una terna del partido por el que fue elegido el congresista fallecido, pero ello no implica que la inclinación tenga que ser por un hijo, un hermano o la esposa del legislador muerto como se estila en el país.

Es un comportamiento que se repite constantemente, pese a que lo lógico fuera que el escogido sea otro dirigente de ese partido que haya logrado algunos méritos en la misma circunscripción para ocupar la posición, a los fines de que la organización cumpla con lo prometido durante la campaña por ese legislador que ya ha muerto.

Sin embargo, las cosas no ocurren de esa manera porque los cargos públicos son manejados por los partidos políticos como una propiedad de quien resultó electo a una curul congresional, convirtiéndose el asunto en una especie de herencia familiar.

Por esa razón yo he planteado desde una perspectiva crítica que los partidos políticos debían someter un proyecto de ley para que la figura de la determinación de herederos sea extendida al derecho electoral para que los familiares sean los sucesores de los cargos públicos, lo cual implica un problema ético.

Ello así porque los cargos electivos públicos no son un patrimonial familiar, ya que el ciudadano ha dado su voto por un candidato para que mediante la democracia representativa lo represente en el Congreso Nacional, es decir, que no lo hizo para que el cargo sea concedido a un familiar ante su ausencia definitiva como si se tratara de un patrimonio privado.

Pero la práctica ya se ha convertido en un mandato y en consecuencia los cargos vacantes por muerte de diputados y senadores siempre quedan en manos de sus familiares como si se tratara de una herencia patrimonial.

Siempre he sostenido que los partidos políticos tienen el mismo comportamiento en lo que respecta a la implementación de políticas públicas y de igual modo en asuntos como el tratado en este artículo.

Que nadie se cree ilusiones de que los partidos van a cambiar ese comportamiento, ya que cuando llegan al control del Estado lo manejan como si fuera una herencia que les dejó sus abuelos.

De manera, que en esto se confirma también que los partidos políticos, tanto grandes, medianos y pequeños, actúan como si fueran uno, cuya única diferencia es el nombre de los dirigentes, el color que lo identifica y como se hace llamar.

Entonces, en lo que muy bien se puede llamar nepotismo legislativo también se comportan de igual manera y manejan las curules vacantes por muerte de sus titulares como si se tratara de la partición de una herencia patrimonial dejada por el causante.

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