Análisis Noticiosos
Vargas se ratifica como propietario del PRD
Por Juan Bolívar Díaz
Contando con el apoyo de Leonel Fernández y el arbitraje electoral, Miguel Vargas busca ganar tiempo para imponerse como candidato presidencial o descuartizar el viejo buey blanco y anularlo para la elección del 2016
El último round de la lucha interna en el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) evidencia que su presidente, Miguel Vargas Maldonado, mantendrá el secuestro de sus organismos y está dispuesto a descuartizarlo, a menos que la mayoría se comprometa a erigirlo candidato presidencial para los comicios del 2016.
Malversado su capital político, con escaso apoyo y cuestionada legitimidad, el ingeniero empresario persigue recuperar y rentabilizar su inmensa inversión económica en la política, por lo cual no tiene el mínimo interés en que se solucione la crisis que mantiene maniatado al principal partido de oposición.
El extremo de la ambición
Ha quedado transparente en el intercambio de comunicaciones que marca la ruptura del último intento de diálogo para solucionar la crisis del PRD, iniciado con una reunión entre Miguel Vargas e Hipólito Mejía el 2 de mayo, la extrema ambición del primero, quien condiciona cualquier acuerdo a que le garanticen la candidatura presidencial para el 2016, la mitad de las candidaturas legislativas y municipales y un año de prórroga en la presidencia del partido, que concluye el 19 de julio próximo.
Esas condiciones las rechazó el expresidente de la República Hipólito Mejía en carta dirigida a Vargas con fecha 17 de junio, indicando que fueron presentadas verbalmente por su delegado Eduardo Jorge Prats al secretario general Orlando Jorge Mera, estos dos convertidos en intermediarios a raíz de una segunda reunión Vargas-Mejía el 4 de junio en la residencia del eminente neurocirujano José Joaquín Puello.
Al responder la carta de Mejía, en un extenso documento escrito del 23 de junio, Vargas confirma sus condiciones, indicando que en la primera reunión, celebrada en casa del general (r) Miguel Soto Jiménez “no formulé una propuesta de acuerdo, sino más bien, que se arribó de forma preliminar al acuerdo en sí, con el total consentimiento de las partes, bajo la premisa de que el ex Presidente Mejía a su decir público, no aspiraría a ningún cargo de ser amnistiado en el PRD y que apoyaría mi candidatura reservando la eventual candidatura vicepresidencial para su hija, la señora Carolina Mejía”… “También se acordó una cuota para su sector en la dirigencia del Partido, garantizado en un proceso convencional transparente y ejemplarizante”.
Acuerdo preliminar no obliga
Aún si en la reunión del 2 de mayo hubiese habido un acuerdo preliminar, verbal, sin testigos, sin contar con el resto del partido, incluyendo a los demás dirigentes y a grupos que tienen otras posiciones, como el que encabeza Luis Abinader, el Foro Renovador o la “Tercera Fuerza”, no había obligación y cualquiera de las dos partes podía luego formalizar condiciones y modificaciones, como ocurre a diario en todo tipo de actividad humana, sin que ello implique romper diálogo o negociación.
Una carta pública de Mejía a Vargas fechada el 8 de mayo, seis días después del encuentro inicial, ayuda a entender que si hubo algún acuerdo fue seguir explorando caminos de entendimiento. Lamenta que el presidente del partido no quiso que dos días después se conmemorara unificadamente el aniversario de la muerte del líder Peña Gómez, pese a lo cual le proponía “la formación de una Comisión de seis personas (tres que tú elijas y la nuestra por tres que representan la institucionalidad) con el fin de que preparen el Protocolo que nos permita discutir y definir la hoja de ruta y la agenda, de acuerdo con los Estatutos, y solucionar la crisis que vive el partido”…Si hubiese habido un preacuerdo tan generoso con él, Vargas debió aceptar ambas propuestas.
En otra carta a Vargas, el 28 de mayo, una semana antes de la reunión en casa de Puello, en el interés de “asegurar que el próximo encuentro que celebremos tenga resultados positivos”, Mejía planteó una agenda de cinco puntos: línea de oposición al Gobierno, cronograma y hoja de ruta para la Convención Nacional Ordinaria que elegiría nuevos directivos, posición ante los proyectos de leyes de Partidos y Electoral, reencuentro de todas las autoridades partidarias electas en la convención del 2009, y reunión de la Comisión Política y el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) para aprobar.
La realidad es que sistemáticamente Mejía, como la generalidad del liderazgo perredeísta, ha reclamado la convocatoria de los organismos del partido para buscar soluciones democráticas y unitarias, lo que el presidente del partido ha evadido.
Reacciones contradictorias
Las expectativas de reunificación que acariciaban los perredeístas se esfuman luego que su presidente diera por roto el diálogo, acusando a Mejía de haber “malogrado el preacuerdo”. El 26 de junio comunicó a la Junta Central Electoral (JCE) que “hemos iniciado los trabajos con el objetivo de celebrar nuestra Convención Nacional a partir del mes de febrero del año 2014”, sin señalar una fecha fija. Dice que antes convocará el CEN para actualizar la lista de militantes y dirigentes, reestructurar los organismos de dirección y designar la comisión organizadora de la convención.
Esa fue su respuesta a la solicitud de 90 miembros de la Comisión Política que el 20 de junio, amparados en el artículo 34 de sus Estatutos, le solicitaron reunir ese organismo para aprobar la línea de oposición al Gobierno y convocar el CEN “para la celebración de la Convención Ordinaria del partido en el 2013”.
Es obvio que Vargas persiste en ignorar que fue juramentado para un período de 4 años que inició el 19 de julio del 2009, como ha certificado la JCE, por lo que vence en tres semanas, y que él solo, sin aprobación de ningún organismo, no puede prolongarse legítimamente como presidente del PRD. Ha argumentado que puede hacerlo por haber atravesado por un “período de ingobernabilidad partidaria”.
Descuartizar el buey blanco
Más allá del aparato mediático que controla el expresidente Leonel Fernández, que sistemáticamente promueve y defiende al presidente del PRD, la percepción general es que éste ha malversado su capital político en la alianza con el líder peledeísta iniciada con el pacto que suscribieron en el 2009 y una serie de errores políticos que le llevaron a perder la candidatura presidencial del 2012.
El escaso apoyo de Vargas en el electorado en general y entre quienes se confiesan perredeístas, ha sido registrado en múltiples encuestas, relevantemente en las dos últimas de Gallup-HOY y en la Penn Schoen Bertland. En la última Gallup, de abril pasado, solo el 9 por ciento de los perredeístas lo favorecía como próximo candidato presidencial, mientras a Luis Abinader lo apoyaba el 41 por ciento y el 35 por ciento a Hipólito Mejía. El 50 por ciento lo responsabilizaba individualmente de la crisis de su partido y solo 6 por ciento a Mejía. El 40 por ciento a ambos por igual.
Vargas es consciente de sus dificultades, razón por la cual evade cualquier consulta democrática, especialmente una convención con el voto universal. Busca ganar tiempo remitiendo la convención ordinaria para una fecha imprecisa del año próximo, que luego puede ser el 2015. Administrando sin rendir cuentas el subsidio del presupuesto nacional, de unos 20 millones mensuales, y contando con respaldo en “las cortes de Leonel”, espera mejorar su posición si es quien escoge entre los miles que aspirarán a ser postulados a los cargos legislativos y municipales para el 2016.
En esa perspectiva al PRD le espera una división que le desacreditaría aún más ante el electorado y reduciría sus posibilidades electorales. Mientras más tarde, menos posibilidades de las partes para restaurar la fuerza electoral del partido. Vargas no ha podido siquiera reconciliarse con casi todos los dirigentes perredeístas que lo apoyaron en la lucha por la candidatura del 2012, y por el contrario ha expulsado al presidente en funciones Andrés Bautista, y supendido al secretario general Orlando Jorge, y a la secretaria de Organización Geanilda Vásquez.
Se ven muy reducidas sus posibilidades de reunificar la mayoría del PRD para llevarlo al poder y el camino que lleva lo conduce a descuartizar el viejo buey blanco, pero mientras tanto él y algunos de sus seguidores se benefician del presupuesto nacional y de algunos contratos y favores que les dejó el gobierno de Leonel Fernández, quien cifra en la división del PRD sus posibilidades de volver a ser candidato de su partido y retornar al poder.
Subestimación e insulto
El confuso párrafo antes citado indica que Vargas subestima la inteligencia de Mejía e insulta a la comunidad perredeísta, a los que han mediado en la crisis de ese partido, y a toda la sociedad, que reclama respeto a los procedimientos democráticos.
Sostiene que “no formulé una propuesta de acuerdo”, para seguido decir que “se arribó de forma preliminar al acuerdo en sí”, sin nada escrito, en una conversación entre dos, sin testigo de lo hablado. Si él no formuló la propuesta, hay que deducir que quien lo hizo fue Mejía. En un diálogo que desde el día siguiente éste dijo que había sido un simple “romper el hielo” y que a solas no duró 30 minutos. Según la versión, Mejía fue a claudicar ante un contradictor al que acusa de haberle hecho perder la presidencia de la nación, de aliado al presidente del partido de gobierno, después de dos años de graves confrontaciones, incluido que Vargas se negó a reunirse con el candidato presidencial, con múltiples agravios de ambas partes, enfrentamiento violento en el local nacional del PRD y negativa sistemática a convocar los organismos partidarios.
Según Vargas, Mejía virtualmente se retiraba, pues “no aspiraría a ningún cargo de ser amnistiado en el PRD”, lo único que obtendría Mejía con ese “preacuerdo” , además del perdón, era “la eventual candidatura vicepresidencial para su hija”, aunque “también se acordó una cuota para su sector en la dirigencia del partido”, no en las candidaturas legislativas y municipales, y de ganar el gobierno “una serie de cargos en la administración pública”.
El presidente perredeísta citó como testigos a los mediadores. Soto Jiménez dijo que esas fueron las condiciones de Vargas para el diálogo y que éste le dijo que Mejía las había aceptado. El doctor Puello ha preferido reservarse como mediador, pero al ser preguntado dijo que “delante de mí no ha habido algo que pudiéramos llamar acuerdos, sino propuestas y contradicciones”.
Por José Cabral
Los estudios de los fenómenos sociales ocurridos en la sociedad dominicana indican con toda claridad que adoleció del desarrollo de la fuerza productiva, lo que, naturalmente, genera una falta de conciencia social.
Este el fundamento de los que muchos sostienen, incluido yo, de que el sector empresarial amuela cuchillos para su propia garganta, porque no representa un foco de presión para que las cosas se hagan con el propósito de preservar sus intereses.
Pero es que esa conducta se deriva del hecho de que los que se suponen que deben procurar fortalecer el Estado mediante el combate de todas las distorsiones que sufre el sistema, lo que hacen es sumarse a las acciones que le quitan legalidad y legitimidad.
Yo he dicho y lo reitero en este artículo que el sector empresarial se ha sumado a la cadena de complicidad que comienza en el Palacio Nacional, entra a los medios de comunicación social y luego se convierta en un cometa, porque nadie sabe dónde termina, ya que todo el que se hace llamar inversionista no busca otra cosa que mediante una vocación mafiosa acumular fortunas sobre la base de la sombra del Estado.
Lo que pasa, según entiendo, es que ellos como son parte de lo que en sociología política se le llama clase social entre sí, les importa poco la desnaturalización del rol del Estado, aunque al final de la jornada sean los principales afectados porque son los que más tienen que perder frente a una revolución social.
El problema tiene una grave complejidad, ya que al no existir una clase social para sí, consciente de su papel, difícilmente tengan la iniciativa de exigir controles, como por ejemplo, del gasto público, sobre todo si el sector empresarial se suma en complicidad a la corrupción que se promueve o es auspiciada por el sector oficial.
De manera, que resulta un problema con raíces muy profundos que solucionarlo resulta bastante difícil, porque además no se entiende la explicación del fenómeno.
En países pobres y con bajos niveles de institucionalidad, como el dominicano, el llamado empresario se suma a la fiesta de la corrupción, lo que constituye una razón para crear disgusto social y las condiciones para que se produzca una explosión social.
El llamado empresario dominicano, tanto el colocado en la pequeña, mediana o grandes empresas persigue más que seguridad jurídica y paz social y la satisfacción de necesidades sociales, que se le incorpore al contrabando, que se le entregue propiedades públicas y ser favorecidos por todas las travesuras del que tiene el control del Estado.
Sin embargo, la pregunta que me hago es si ciertamente en el país existe alguna propuesta para institucionalizar la nación, al margen del amor por el dinero y las cosas materiales, no importa su procedencia, pues penosamente tengo que decir que ese es un sueño utópico por el momento.
Sigo pensando que sólo un Estado que promueva valores más que antivalores podría ser la panacea a un mal integral que no permite que la gente haga una reflexión profunda y realista y actúe de modo diferente frente a un fenómeno que puede llevar al abismo a la sociedad dominicana.
Por José Cabral
Observo con mucha preocupación el afán desmedido del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por mantenerse en el poder cuando su obra de gobierno es tan pobre que no es comparable con ningún otro por malo que haya sido.
Lo digo por lo que veo que ocurre en Santiago y en todo el territorio nacional, donde el deterioro de los servicios públicos es tan preocupante que cualquiera se larga del país para no volver jamás.
No hay prácticamente servicio de agua potable, ni siquiera para descargar los baños de las casas y los negocios, lo que llena de bacterias los hogares y se propagan las enfermedades, sobre todo las infecto-contagiosas.
El servicio de energía eléctrica no puede ser peor, cuya distribuidora del Norte, EDENORTE y las demás Edes, se la pasan en confabulación con PROTECOM estafando a los usuarios con facturaciones falsas, inventadas y con medidores “arreglados” para buscar cubrir sus déficits con el engaño al ciudadano.
Ahora también se agrega que la recogida de basura en el municipio de Santiago es prácticamente nula, entonces, repito la pregunta, para qué el PRM quiere preservar el poder.
El gran problema de este partido es que no entiende de planificación ni de programar una gestión pública a corto, mediano y largo plazo.
No es que los demás partidos del sistema no tengan la misma visión y comportamiento, pero pienso que lo que ocurre con el PRM ya llega al colmo de la incapacidad para dirigir el país.
El sufrimiento de los dominicanos por la irresponsabilidad de los que van al Estado, principalmente a resolver sus problemas personales, no parece tener fin, ya que aquellos que ya pasaron por la administración pública tienen ojos para ver la irresponsabilidad y la vocación por la corrupción de los que ostentan hoy el poder, pero al final de cuentas todo se trata de una doble moral.
Sin embargo, creo que lo del PRM ya no tiene madre, para utilizar una expresión muy popular de la República Dominicana, por lo que cuando llegue al final de su gobierno es muy poco lo que va a quedar.
En conclusión, el PRM es una verdadera desgracia nacional, máxime porque ahora los dominicanos no tienen derechos ni para disfrutar de un buen servicio de agua potable y energía eléctrica, pero la incapacidad abarca todo lo demás, porque se trata de una deficiencia integral, general.
¡Qué desastre!.
Por José Cabral
Estuvo profundamente convencido de que el presidente Luis Abinader observaría la Ley 13-26 que persigue anular una jurisprudencia sentada por el Tribunal Constitucional sobre las candidaturas independientes.
Sin embargo, me equivoqué porque Abinader escogió la vía de la promulgación de lo que muy bien se puede calificar como un adefesio jurídico.
Pero hay otro elemento que me provoca muchas dudas y me refiero a cuál ha sido el papel jugado en este caso por el expresidente de la Suprema Corte de Justicia y quien ahora funge como consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa.
La pregunta surge porque después de la promulgación sigue la publicación en la gaceta oficial de la nueva ley que pone en tela de juicio todo el sistema legal e institucional del país y precisamente ese último paso recae sobre Subero Isa.
Entonces, se impone preguntarse que si independientemente de que Subero Isa no haya compartido la sentencia TC/0788/24 y que incluso se oponga a las candidaturas independientes, tiene acaso otra opción que no sea respetar la jurisprudencia sentada en esta materia por la alta corte, sobre todo por tratarse de un jurisconsulto que nadie pone en tela de juicio su gran formación jurídica.
Considero que Subero Isa si por alguna razón tiene que cumplir con la decisión tomada por Abinader, la cual parece ser parte de un plan del PRM, entonces lo menos que puede ocurrir es que presente su renuncia de la posición de consultor jurídico del Poder Ejecutivo.
Cualquier decisión que no se corresponda con respetar lo que ha sido su trayectoria como hombre de ley, coloca a Subero Isa en una contradicción que impacta muy negativamente el respeto que se ha ganado en el entorno de la justicia dominicana.
Subero Isa es uno de los mejores presidentes de la Suprema Corte de Justicia que ha tenido el país, pero no luce como razonable que juegue algún papel para atacar una jurisprudencia que cumple con todos los requerimientos del derecho constitucional moderno o del neo-constitucionalismo.
Todavía me asalta la duda si Subero Isa se ha sumado a un plan que en todo caso debe ser político para poner en cuestionamiento el proceso de constitucionalización del derecho en la República Dominicana, cuyos fines es preservar y promover los derechos fundamentales.
La verdad que me gustaría saber a ciencia cierta cuál es la posición de Subero Isa frente a la torpeza cometida por Luis Abinader, sin que haya una razón lógica que la explique.