Nacionales
Acusados de corrupción pasarán el Año Nuevo en sus casas
A los imputados en los casos Antipulpo, Coral y Operación 13, se les cambió la prisión preventiva por la de arresto domiciliario, colocación de brazalete electrónico, pago de garantía económica e impedimento de salida, tras alegarse haberse cumplido 18 meses en la cárcel.
Solo en el caso Medusa, guardan prisión el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, Jonathan Joel Rodríguez Imbert, exdirector administrativo de la Procuraduría; y Javier Alejandro Forteza Ibarra.
Mientras que en el caso Coral 5G, guardan prisión los generales Juan Carlos Torres Robiou, ex director del CESTUR; Boanerges Reyes Batista, Julio Camilo Santos Viola y el capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores, así como para Geudy Blandesmil Guzmán Alcántara y Kelman Santana Martínez.
Antipulpo
En el caso Antipulpo, el juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, el pasado 29 de agosto, mandó a sus casas a los imputados Alexis Medina Sánchez, Fernando Rosa, José Dolores Santana y Wacal Vernavel Méndez.
Mientras que el 9 de septiembre del 2021, el Tercer Juzgado de la Instrucción, actuando como tribunal control, dispuso el arresto domiciliario de los imputados Francisco Pagán Rodríguez y Aquiles Alejandro Christopher, exdirector general y exdirector de Fiscalización de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), respectivamente, así como de Julián Esteban Suriel Suazo, también implicados en el caso Antipulpo.
En igual situación se encuentran los imputados Carmen Magalys Medina Sánchez, hermana de Alexis Medina Sánchez y ex vicepresidenta administrativa del Fonper; Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, exministro de Salud Pública; el ex contralor general Rafael Antonio Germosén, luego de que el entonces José Alejandro Vargas, rechazara dictar prisión preventiva en su contra y dispusiera su arresto domiciliario, durante el conocimiento de la medida de coerción.
Alexis Medina había sido detenido a finales de noviembre de 2020, tres meses después de iniciar el gobierno del presidente Luis Abinader y de su hermano haber salido de la Presidencia.
Coral
Mientras que, en el caso Coral, fueron enviados a sus respectivas residencias en calidad de detenidos a los imputados el mayor general Adán Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial, el coronel Rafael Núñez de Aza, la Pastora Rossy Guzmán y su hijo Tanner Flete Guzmán, por la jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, el pasado 6 de diciembre, también alegando vencimiento de los 18 meses de la prisión preventiva.
En el caso de Adán Cáceres y Rafael Núñez de Aza se les impuso una garantía económica de 100 millones de pesos, mediante una compañía aseguradora, mientras que a Rossy Guzmán (la Pastora) y su hijo Tanner Flete, 50 millones de pesos mediante la misma modalidad.
En igual situación se encuentra el mayor Alejandro Girón Jiménez, quien guarda arresto domiciliario en una dirección confidencial que el Ministerio Público suministró al tribunal, para resguardar su seguridad, por ser testigo principal de la acusación y colaborador del ente acusador.
Esta decisión de Girón Jiménez fue dada por la jueza Kenya Romero, del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, cuando conoció la solicitud de medida de coerción en contra del grupo de encartados en el caso Antipulpo.
Coral 5G
Mientras que en el caso Coral 5G, se encuentran guardando prisión domiciliaria el coronel Miguel Ventura Pichardo (FARD), Esmeralda Ortega Polanco, César Félix Ramos Ovalle, la primer teniente Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez y el teniente coronel Erasmo Roger Pérez Núñez.
Esto por disposición de la jueza Kenya Romero, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, quien conoció la solicitud de medida de coerción en diciembre del 2021.
Operación 13
En tanto que también pasará año nuevo en su residencia de Bonao, provincia Monseñor Nouel, el ex administrador de la Lotería Nacional, Luis Maisichell Dicent, luego de que la jueza presidenta del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Claribel Nivar, variara la prisión preventiva por arresto domiciliario, alegando también el vencimiento del plazo de la prisión preventiva.
En igual situación también se encuentran los imputados Valentina Rosario, presentadora del sorteo; Jonathan Brea, Carlos Berigüete, Felipe Santiago Toribio, a quienes la jueza Kenya Romero, del Juzgado de Atención Permanente, les impuso prisión domiciliaria en junio del 2021.
Nacionales
JCE presenta plataforma digital del Observatorio de Participación Política de las Mujeres
Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE), a través de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género de la institución, presentó a la ciudadanía a través de sus redes sociales la plataforma digital del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, espacio que estará integrado en la página de la institución.
Mediante un comunicado, la JCE explicó que el observatorio tiene como finalidad asesorar, diseñar, implementar, desarrollar y evaluar las acciones orientadas a fomentar la participación de las mujeres en la política.
Asimismo, indicó que esta iniciativa, que se encuentra bajo la coordinación de la miembro titular del Pleno y coordinadora de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género, Dolores Fernández, es una plataforma que busca recopilar, analizar y visibilizar información sobre los avances, brechas y desafíos de la participación política femenina en República Dominicana.
Además, destacó que el observatorio funciona como una herramienta dinámica de estadísticas interactivas que permite conocer la evolución de la participación política de las mujeres en el país y a través de sus secciones, se podrán explorar datos sobre: candidaturas y cargos electos, participación en los partidos políticos, concurrencia electoral por sexo y participación de mujeres en juntas y colegios electorales.
La misión de este observatorio es, en primer lugar, analizar los niveles de cumplimiento de metas y objetivos nacionales e internacionales en torno a la igualdad de género en materia de representación política y, en segundo lugar, motivar e impulsar la participación paritaria de las mujeres en la toma de decisiones.
Entre los objetivos de esta propuesta, figuran: generar información cuantitativa y cualitativa sobre la representación política de mujeres y hombres en el ámbito nacional; medir los niveles de cumplimiento de metas y objetivos internacionales en torno a la igualdad de género; visibilizar avances de igualdad de género en los partidos políticos y aportar datos que sirvan para elaborar insumos claves para el análisis, la formulación de propuestas y el diseño de estrategias de incidencia política.
Asimismo, procura fortalecer las políticas públicas de igualdad, promover la paridad y la representación política equitativa, garantizar los derechos políticos de las mujeres e impulsar acciones para prevenir y erradicar la violencia política hacia las mujeres.
Nacionales
Telemicro: TSA indicó que Indotel actuó de forma precipitada al asignar frecuencia del Canal 3
Santo Domingo, R.D.-El Grupo Telemicro reaccionó al fallo judicial del Tribunal Superior Administrativo (TSA) sobre la asignación de la frecuencia del canal 3 VHF. En un documento indicó que la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) reconoció que el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), en su rol de autoridad para la gestión del espectro radioeléctrico, actuó de forma «imprudente y precipitada» al asignar el Canal 3 digital a favor de Franasyn, S.R.L., mediante la Resolución núm. 132-2024 dictada el 14 de noviembre de 2024.
Indicó que el tribunal estableció, luego del análisis de las pruebas aportadas por las partes en el litigio sobre el Canal 3 en la banda VHF, que el «regulador (Indotel) tenía pleno conocimiento de que existía un proceso judicial abierto sobre el derecho de uso y explotación de esa frecuencia».
«El órgano apuntó que, en tales circunstancias, esa entidad encargada de gestión radioeléctrica debía actuar con la debida prudencia y observar el principio de realizar una buena administración, absteniéndose de adoptar decisiones que pudieran incidir en el proceso, como lo fue asignar el Canal 3 a favor de un tercero, en este caso la sociedad Franasyl. S.R.L.», dice un documento enviado por la Corporación de Televisión y Microondas Rafa, S.A. (Telemicro).
«Se agregó que al Indotel, actuar de forma imprudente y precipitada, independientemente de las consideraciones técnicas sobre la diferenciación entre frecuencias físicas y canales virtuales, vulnera los principios de seguridad jurídica y de respeto al debido proceso al anticiparse a una decisión jurisdiccional definitiva», concluye el documento.
Derechos de Franasyl
La Tercera Sala del TSA reconoció la legitimidad de los derechos alegados por Franasyl, S.R.L. en torno al Canal 3 virtual y declaró válida su intervención voluntaria en el proceso.
En su decisión, el tribunal rechazó en todas sus partes el recurso contencioso administrativo interpuesto por Telemicro y confirmó íntegramente la Resolución núm. 080-2022 emitida por el Indotel.
La sentencia se produce tras el reenvío ordenado por la Suprema Corte de Justicia mediante la decisión SCJ-TS-25-0203, que instruyó una nueva valoración del caso después de identificar un vicio de desnaturalización de los hechos en un fallo anterior.
- Telemicro buscaba que la justicia anulara la resolución del Indotel alegando derechos adquiridos sobre el Canal 3 VHF derivados de una comunicación emitida por el órgano regulador en 2004.
Santo Domingo, R.D.-El Senado de la República conocerá este viernes en única discusión el proyecto de ley del nuevo Código Procesal Penal, con las decenas de modificaciones que hizo la Cámara de Diputados y la opción de aprobar o rechazar el documento.
El pleno senatorial deberá decidir “lo más rápido posible”, debido al plazo que le otorga el Tribunal Constitucional en la sentencia 0765/24. En su fallo, emitido el 6 de diciembre de 2024, la alta corte declaró nula la Ley 10-15, que modifica el Código Procesal Penal del 2002, y dio un año al Congreso Nacional, hasta el 11 de este mes, para tener listo un nuevo marco legal.
La pieza de ley que estudian los congresistas generó fuertes debates en la Cámara de Diputados mientras era conocida, por artículos que tienen que ver con las facultades del Ministerio Público (MP) en los procesos, como los de peritajes. Uno de ellos es el artículo 211, sobre el nombramiento de peritos.
Alfredo Pacheco y Amado Díaz, presidente de la Cámara Baja y vocero de los diputados perremeístas, respectivamente, propusieron que los peritos sean designados por el MP, mediante dictamen motivado, durante la etapa preparatoria, siempre que no se trate de un anticipo jurisdiccional de prueba. En la legislación aprobada en primera lectura, el Pleno había quitado esta facultad al Ministerio Público, y fue devuelta.
La moción de Pacheco y Díaz, que es similar a la versión que llegó del Senado, consiga tres párrafos, en el que establecen que los peritos en cualquier otro momento son nombrados, mediante resolución motivada, por el juez o tribunal, a propuesta de parte; el número de peritos es determinado según la complejidad de las cuestiones a plantear, considerando las sugerencias de las partes; y el dictamen o la resolución que ordena el peritaje fija con precisión las razones que lo motivan, su objeto y alcance, así como el plazo para la presentación de dichos dictámenes.
El Procesal Penal vigente no condiciona el nombramiento del perito por el Ministerio Público a que no sea “anticipo jurisdiccional”. Dice, más bien, que durante la etapa preparatoria los nombra el Ministerio Público.
Ejecución del peritaje
Amado Díaz propuso también -siendo acogida por la mayoría-, modificar el artículo 215 del nuevo Código, que trata sobre la ejecución del peritaje, para agregar al MP, quien había sido dejado fuera de ese apartado en la aprobación en primera discusión. Se estableció que el órgano persecutor, juez o tribunal que ha dispuesto el peritaje, resuelva todas las cuestiones que se planteen durante su realización.
La CD modificó el artículo 48 de la pieza
Otro punto de debate en los diputados fue el de la interrupción de la prescripción, artículo 48, numeral 1, uno de los que se quejó Eugenio Cedeño. La Cámara modificó dicho apartado -al dejar quitar la frase “presentada por el Ministerio Público”, para que diga que la prescripción se interrumpe por: la imposición de medida de coerción; la presentación de la acusación; y el pronunciamiento de la sentencia, aunque sea revocable.