Nacionales
Acusados de corrupción pasarán el Año Nuevo en sus casas
A los imputados en los casos Antipulpo, Coral y Operación 13, se les cambió la prisión preventiva por la de arresto domiciliario, colocación de brazalete electrónico, pago de garantía económica e impedimento de salida, tras alegarse haberse cumplido 18 meses en la cárcel.
Solo en el caso Medusa, guardan prisión el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, Jonathan Joel Rodríguez Imbert, exdirector administrativo de la Procuraduría; y Javier Alejandro Forteza Ibarra.
Mientras que en el caso Coral 5G, guardan prisión los generales Juan Carlos Torres Robiou, ex director del CESTUR; Boanerges Reyes Batista, Julio Camilo Santos Viola y el capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores, así como para Geudy Blandesmil Guzmán Alcántara y Kelman Santana Martínez.
Antipulpo
En el caso Antipulpo, el juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, el pasado 29 de agosto, mandó a sus casas a los imputados Alexis Medina Sánchez, Fernando Rosa, José Dolores Santana y Wacal Vernavel Méndez.
Mientras que el 9 de septiembre del 2021, el Tercer Juzgado de la Instrucción, actuando como tribunal control, dispuso el arresto domiciliario de los imputados Francisco Pagán Rodríguez y Aquiles Alejandro Christopher, exdirector general y exdirector de Fiscalización de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), respectivamente, así como de Julián Esteban Suriel Suazo, también implicados en el caso Antipulpo.
En igual situación se encuentran los imputados Carmen Magalys Medina Sánchez, hermana de Alexis Medina Sánchez y ex vicepresidenta administrativa del Fonper; Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, exministro de Salud Pública; el ex contralor general Rafael Antonio Germosén, luego de que el entonces José Alejandro Vargas, rechazara dictar prisión preventiva en su contra y dispusiera su arresto domiciliario, durante el conocimiento de la medida de coerción.
Alexis Medina había sido detenido a finales de noviembre de 2020, tres meses después de iniciar el gobierno del presidente Luis Abinader y de su hermano haber salido de la Presidencia.
Coral
Mientras que, en el caso Coral, fueron enviados a sus respectivas residencias en calidad de detenidos a los imputados el mayor general Adán Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial, el coronel Rafael Núñez de Aza, la Pastora Rossy Guzmán y su hijo Tanner Flete Guzmán, por la jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, el pasado 6 de diciembre, también alegando vencimiento de los 18 meses de la prisión preventiva.
En el caso de Adán Cáceres y Rafael Núñez de Aza se les impuso una garantía económica de 100 millones de pesos, mediante una compañía aseguradora, mientras que a Rossy Guzmán (la Pastora) y su hijo Tanner Flete, 50 millones de pesos mediante la misma modalidad.
En igual situación se encuentra el mayor Alejandro Girón Jiménez, quien guarda arresto domiciliario en una dirección confidencial que el Ministerio Público suministró al tribunal, para resguardar su seguridad, por ser testigo principal de la acusación y colaborador del ente acusador.
Esta decisión de Girón Jiménez fue dada por la jueza Kenya Romero, del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, cuando conoció la solicitud de medida de coerción en contra del grupo de encartados en el caso Antipulpo.
Coral 5G
Mientras que en el caso Coral 5G, se encuentran guardando prisión domiciliaria el coronel Miguel Ventura Pichardo (FARD), Esmeralda Ortega Polanco, César Félix Ramos Ovalle, la primer teniente Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez y el teniente coronel Erasmo Roger Pérez Núñez.
Esto por disposición de la jueza Kenya Romero, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, quien conoció la solicitud de medida de coerción en diciembre del 2021.
Operación 13
En tanto que también pasará año nuevo en su residencia de Bonao, provincia Monseñor Nouel, el ex administrador de la Lotería Nacional, Luis Maisichell Dicent, luego de que la jueza presidenta del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Claribel Nivar, variara la prisión preventiva por arresto domiciliario, alegando también el vencimiento del plazo de la prisión preventiva.
En igual situación también se encuentran los imputados Valentina Rosario, presentadora del sorteo; Jonathan Brea, Carlos Berigüete, Felipe Santiago Toribio, a quienes la jueza Kenya Romero, del Juzgado de Atención Permanente, les impuso prisión domiciliaria en junio del 2021.
Nacionales
La entrega de dinero por soborno a fiscal fue parte del plan concebido por Procuraduría para su apresamiento.
Santo Domingo, R.D.-El proceso de investigacion que terminó con el apresamiento por sobornos del fiscal Aulerio Valdez Alcántara por supuestmente recibir 10 mil dólares fue montaedo por la Procuraduria General de la Republica mediante una entrega controlada.
De acuerdo al órgano acusador, el 13 de marzo de este año, el fiscal concretó un encuentro con Roberto Canaán, quien es testigo en el caso de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), la cual sería en Plaza Lama de avenida Jiménez Moya con 27 de Febrero.
“En este lugar Roberto Canaán abordó el vehículo del imputado Aurelio Valdez Alcántara, quien utilizó información privilegiada sobre sus vehículos personales y propiedades para establecer una posición de dominio”, dice la solicitud.
En esta reunión, el fiscal le indicó de manera explícita que podía “alterar el proceso seguido” en contra de Canaán a “cambio de un beneficio económico directo”.
La suma inicial fijada por Valdez Alcántara, según el Ministerio Público, fue de 200 mil dólares, “suma que redujo” a 150 mil, además de que “mostró interés en un reloj Rolex y exigió la entrega de un vehículo de lujo, específicamente un Mercedes Benz 350 o 450 negra”.
Además, el fiscal “rechazó opciones más económicas, como una guagua Volvo o Mazda, insistiendo en el modelo de alta gama solicitado”.
El día 25 de marzo, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, solicitó la designación de un juez para la investigación en este caso. El 27, la magistrada Ysis Muñiz, quien fue la jueza designada, autorizó al Ministerio Público a investigar la entrega vigilada de dinero.
El día 27, en horas de la tarde, Aurelio Valdez contactó a Roberto Canaán para que se reunieran en la Plaza Comercial Bella Vista Mall, en el área de parqueos del cuarto piso, con la “intención de realizar el pago de soborno exigido”.
Como seguimiento en el caso, “para cubrir y documentar la entrega” del dinero, el Ministerio Público conformó un equipo integrado por el mayor Luis Antonio Valdez Moreno, encargado de la División de Operaciones, auxiliado por varios agentes policiales, y acompañados por el fiscal Andrés Octavio Mena.
Estos se trasladaron a la plaza antes citada, también en el cuarto piso, y desde ahí observaron el vehículo Honda CRV, color crema, propiedad del fiscal Aurelio Valdez.
Miraron que Roberto Canaán abordó el carro del fiscal y permaneció por aproximadamente cinco minutos en el interior e hizo la entrega del dinero.
Cuando ambos salieron del parqueo, el fiscal fue seguido por los agentes de la Policía Nacional, quienes le solicitaron detener el vehículo cuando se encontraba en la calle Pedro Antonio Bobea, en la parte frontal del Centro Comercial Almacenes Unidos.
Los policías le ordenaron detener el vehículo y, tras esto, le solicitaron acompañarlos a la Procuraduría General de la República en su vehículo con los agentes.
Cuando se encontraban en el área de parqueos del sótano de la Procuraduría General y en presencia del fiscal Andrés Octavio Mena Marte, procedieron a requisar el interior y preguntarle si tenía algo en su interior, a lo que este indicó que solo tenía un arma de fuego y una tableta tipo computadora de la Procuraduría General de la República.
“En la requisa, con la presencia del imputado Aurelio Valdez Alcántara, específicamente en la parte interior del Sunroof y la tapa corrediza del Sunroof, fueron ocupados la cantidad de 100 billetes de cien dólares americanos, para un total de diez mil dólares (US$10,000.00) en efectivo”, dice la solicitud de medida de coerción, que narra todo lo que encontraron en el vehículo, como tarjetas y celular.
El arma del fiscal, de acuerdo al documento, es una pistola marca Bersa, 9 mm. Color negro con corredera plateada, serial 0018MP, con un cargador y trece (13) cápsulas para la misma.
Nacionales
Es un testigo en el caso Senasa a quien el fiscal le habría pidido dinero, un reloj y un auto.
Santo Domingo, R.D.-Roberto Canaán, imputado en el caso Senasa, a quien el fiscal Aurelio Valdez Alcántara, investigado por pedir soborno, le habría pedido los diez mil dálares, un reloj y un anto, cuyo monto total solicitado ascendia a 200 mil dólares, segun el expediente del Ministerio Publico.
Canaan se desempeñó como Gerente de Atención al Usuario en Senasa.
En la solicitud de medida de coerción del caso Senasa, Canaan es señalado como el cuarto testigo que usaría el Ministerio Público en el caso.
Ahora el fiscal Valdez Alcántara enfrenta una solicitud de 12 meses de prisión preventiva como medida de coerción por parte del Ministerio Público.
«Con lo que probamos la estructura orgánica de corrupción, el mecanismo de influencia interna
y el origen ilícito de fondos que caracterizaron la gestión del Dr. Santiago Hazim Albainy. Este testimonio de una persona del círculo interno, aporta una narrativa directa que conecta y da sentido a la evidencia documental previamente.
incorporada», señala el Ministerio Público, como uno de los elementos principales para utilizar a Canaan como testigo en el caso.
Roberto Canaan no figura entre los acusados en el caso Senasa.
El Ministerio Público informó que la investigación que realizan en contra del fiscal arrojó que habría exigido al imputado de Senasa una suma inicial de USD$200,000.
Explicaron que esta suma la redujo a USD$150,000 “en una negociación en la que también mostró interés en un reloj marca Rolex y exigió un Mercedes Benz 350 o 450”.
De acuerdo a las informaciones, Valdez Alcántara fue sometido a la justicia tras ser apresado en flagrante delito el viernes.
Según se ha informado, la investigación del caso la dirige directamente la procuradora general de la República, quien garantizó a toda la población “que jamás va a tolerar actos de corrupción en la institución”.
Esta tarde, a las 2:00, será el conocimiento de la medida de coerción en su contra.
Santo Domingo, R.D.-Este lunes fue aplazada nuevamente la audiencia de apelación del juicio contra el pelotero Wander Franco y Martha Vanessa Chevalier.
La fecha dispuesta por el tribunal es del 13 al 15 de mayo, para presentar los medios probatorios por el Ministerio Público e inicio de la defensa técnica.
Franco fue condenado en primera instancia a dos años de prisión suspendida, mientras que Martha Vanessa Chevalier, madre de la menor presuntamente abusada, fue condenada a 10 años de prisión al ser encontrada culpable de explotación sexual y lavado de activos.
El nuevo juicio contra ambos fue ordenado por la Corte de Apelación de la Cámara Penal de Puerto Plata luego de anular la sentencia del 27 junio del 2025 emitida por el tribunal colegiado de esta jurisdicción.