Nacionales
Muchas quejas de vecinos de la Ciudad Colonial por ruido.
Santo Domingo.- La Ciudad Colonial es beneficiaria de de ciclo de charlas sobre contaminación sónica que realiza la Procuraduría Especializada de Medio Ambiente y Recursos Naturales bajo la coordinación de comunitarios del referido sector.
La presencia del procurador titular Francisco Contreras y otras dos procuradoras permitió expresarles sus quejas por el ruido que arrebata su tranquilidad en la Ciudad Colonial.
Raquel Casares, presidenta de la Asociación de Propietarios y Residentes de la Ciudad Colonial (Aprecc), convidó a sus vecinos a asistir a la charla para juntos encontrar una solución al problema que los aqueja.
“No estamos en contra de los negocios de la Zona Colonial, pero entendemos que todos debemos llegar a un punto de equilibrio donde ambos podamos realizar nuestras actividades sin afectar la paz de los residentes”, expresó.
El fiscal Contreras, que junto a las procuradoras Carmen Núñez y Sonia Vargas, disertó por casi dos horas sobre aspectos generales de la Ley 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales y 90-19 referente a la contaminación ambiental y sónica, pero luego se encontró con un aluvión de quejas y preguntas de los asistentes, quienes expresaron su larga lucha contra vecinos y propietarios de negocios que alteran su paz y la inoperancia de las autoridades llamadas a hacer cumplir lo que indica la legislación dominicana sobre altos decibeles.
Formalizar denucias
Al escuchar las quejas, los fiscales invitaron a los vecinos a formalizar sus denuncias ante la Procuraduría de Medio Ambiente.
Igualmente, Contreras admitió que muchos de los casos de contaminación sónica pueden ser resueltos en una acción conjunta con otras instituciones, para regular, en el caso de la Alcaldía, de a qué tipo de negocios se le permite establecerse en una zona específica y del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (Intrant) y la Dirección General de Servicio de Tránsito Terrestre (Digesett) sobre la circulación de vehículos con grandes bocinas, “la ley no prohíbe comprar bocinas, solo establece cuando los decibeles son inadecuados”.
En la actividad también estuvo presente una representante de la Alcaldía del Distrito Nacional, entidad que, según el colectivo Vecinos Contra el Ruido, coordinado por Andiel Galván, ha dejado solos a los capitalinos con este problema al otorgar permisos a empresarios para que establezcan negocios en lugares incompatibles con la sana convivencia de las familias.
Diana Martínez, directora de Patrimonio Cultural e Inmueble del Centro Histórico de Santo Domingo de la Alcaldía, expresó que está consciente de los problemas del ruido en la Ciudad Colonial y que en lo adelante la Alcaldía se aboca a realizar un levantamiento de los lugares más afectados por la contaminación sónica.
“El problema de algunos negocios es que solicitan un permiso para montar un restaurante y luego terminan montando una discoteca, la gente no respeta la normativa y se debe notificar”, expresó.
Mapa de ruido
En la actividad llevada a cabo en el edificio Saviñón de la Ciudad Colonial hizo uso de la palabra el profesor investigador de la Universidad Pedro Henríquez Ureña (Unphu), Moisés Alvárez, quien presentó un proyecto que consiste en la creación de un mapa de ruido a través de la medición de los decibeles con aplicaciones gratuitas de internet. La finalidad es que cualquier ciudadano pueda cooperar con la creación de una base de datos y enviarle reportes de alto nivel de ruido a la Procuraduría de Medio Ambiente en tiempo real.
«Los resultados permitirán ver cuáles son los puntos más importantes en la zona y tomar las medidas de lugar», expresó.
Sobre esta propuesta, el fiscal Contreras indicó que de implementarse, ayudaría bastante con esta problemática ya que por cada denuncia de alto volumen, los técnicos de la Procuraduría deben trasladarse para medir los decibeles y en ocasiones, al llegar al lugar de los hechos, los infractores ya han bajado el volumen de sus radios, por ejemplo.
Santo Domingo, R.D.-El Consejo Superior del Ministerio Público creó una Unidad Canina especializada para integrarla a la búsqueda de personas desaparecidas y recuperación de cadáveres, informó este domingo la Procuraduría General (PGR).
La unidad, que estará adscrita al Instituto Nacional de Patología Forense (Inacif), intervendrá en los procesos de investigación, en coordinación con otras agencias del Estado, siempre conforme al protocolo y las circunstancias objetivas de cada caso.
El órgano superior de gobernanza del Ministerio Público, presidido por la procuradora general Yeni Berenice Reynoso e integrado por la procuradora adjunta Ysis Germania de la Cruz, el procurador fiscal Denny Frey Silvestre Silverio y el fiscalizador Merlin Mateo Sánchez, tomó su decisión durante la Décimo Tercera Sesión Ordinaria, efectuada el pasado 8 de enero.
Agencias internacionales cooperarán
Según se explica en un comunicado de prensa, para la creación de la Unidad Canina, el Ministerio Público recibirá la cooperación de agencias internacionales, específicamente en lo que respecta a la asistencia de entrenamiento del personal asignado a esos fines.
- Por igual, se ha dispuesto la elaboración de un protocolo para el total cumplimiento de la Ley 248-12, de Protección Animal, a fin de garantizar el cuidado de los caninos entrenados para estas labores, explicó la secretaria del Consejo, Minerva Cocco, concluyó la nota de prensa.
Nacionales
Puntos críticos del recurso de apelación de Santiago Hazim que busca revocar la prisión preventiva
Santo Domingo, R.D.-En el recurso de apelación interpuesto contra la resolución que impuso 18 meses de prisión preventiva a Santiago Hazim, principal implicado en el caso SeNaSa, la defensa plantea diversos puntos críticos para revocar la decisión.
Los abogados Miguel Valerio Jiminián, Yipsy Roa Díaz, Yenifer Doñe Miliano y Daniel Santillán destacan en el recurso contra la decisión del juez Rigoberto Sena la falta de motivación jurídica, la excepción de inconstitucionalidad por control difuso y lo que califican como un fallo “literario y religioso”.
Sostienen que la decisión emitida el pasado mes de diciembre por el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional vulnera derechos fundamentales y principios básicos del debido proceso.
Por ello, solicitan la revocación inmediata de la medida de coerción, por considerarla arbitraria, desproporcionada y carente de sustento jurídico.
Inconstitucionalidad por desproporcionalidad
Uno de los puntos más relevantes de la instancia es la solicitud de una excepción de inconstitucionalidad. La defensa pide a la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional que, mediante el ejercicio del control difuso, declare inconstitucional el artículo 377.2 del Código Procesal Penal para este caso específico.
Argumentan que imponer 18 meses de prisión preventiva constituye una «pena anticipada», especialmente cuando el propio tribunal fijó un plazo de solo ocho meses para que el Ministerio Público concluya la investigación.
«Resulta una incoherencia que la prisión preventiva sea más extensa que el tiempo otorgado para investigar; esto desnaturaliza la medida y viola la presunción de inocencia», establecen los juristas en el recurso.
Resaltan que la medida excede notablemente el plazo previsto y viola los artículos 40.9 y 69 (numerales 1, 2 y 3) de la Constitución de la República.
Críticas a un fallo «literario y religioso»
La defensa de Hazim también plantea que la decisión del juez Sena carece de la debida motivación, pues se sustenta en apreciaciones de carácter religioso y literario impropias de una decisión judicial.
Según el recurso, la sentencia se asemeja más a una «mala narración novelesca» y a la «cita arbitraria de pasajes bíblicos» que a un razonamiento jurídico.
Aducen que estos elementos fueron utilizados para «caer en gracia» al afirmar que el imputado habría «violado la confianza del presidente Luis Abinader«, lo cual consideran inaceptable en un Estado social y democrático de derecho.
“La decisión se encuentra fundamentada en pasajes bíblicos que nada tienen que ver con la naturaleza jurídica de la medida… el tribunal señaló de forma directa a Hazim como avaro y traidor a la patria, juicios de valor personal sin conexión con los elementos probatorios”, enfatizan.
Derecho a la salud y dignidad humana
El recurso también alega violaciones al derecho a la salud y a la dignidad humana. Los abogados indican que no se ponderaron adecuadamente los elementos de arraigo que garantizan que el imputado no representa peligro de fuga.
Presentaron constancias del Icahn School of Medicine at Mount Sinai que establecen que Hazim recibe, desde 2011, un tratamiento especializado con infusiones de Ocrevus (ocrelizumab) cada seis meses en Nueva York.
Sostienen que la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Las Parras imposibilita la continuidad de este tratamiento, lo que podría derivar en consecuencias irreversibles para su bienestar físico y neurológico.
Se espera que la Corte de Apelación del Distrito Nacional fije próximamente la fecha para el conocimiento de este recurso, donde se decidirá si se mantiene la medida o se dicta una menos gravosa que permita al imputado llevar el proceso en libertad.
Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE) informó que en 14 centros de cedulación por lo que estarán brindando sus servicios a la ciudadanía en un horario de 8:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde desde el 12 al 16 de enero del 2026.
El órgano electoral explicó que la reducción del horario se debe a que se llevará a cabo la captura de datos biométricos y personales para el proceso de la renovación de la cédula de identidad y electoral, exclusivamente a los empleados de la institución.
Estos 14 centros con este horario especial durante la fecha señalada son los siguientes:
1. Bajos de Haina
2. Boca Chica
3. Carretera Mella
4. Cristo Rey
5. Doctor Delgado
6. Ensanche Luperón
7. Gascue
8. Herrera
9. Las Américas
10. Los Alcarrizos
11. Pedro Brand
12. Plaza Naco
13. San Antonio de Guerra
14. Villa Mella
La primera etapa de inicio del despliegue progresivo controlado y limitado para la captura y posterior entrega, que abarca el primer trimestre de este año y dirigido solo al personal de la JCE, «garantiza la estabilidad operativa, calidad del servicio y confiabilidad de los sistemas antes de su despliegue a escala general».
Además, la JCE explicó que al mismo tiempo esta es la «manera correcta» de reducir riesgos, ajustar los tiempos e identificar mejoras.
«Recordamos a la ciudadanía que esto obedece a la ejecución de la primera etapa del proceso de renovación de la cédula de identidad y electoral, y pedimos su comprensión ante los inconvenientes que esto les pueda causar», agregó la institución en una nota de prensa.
Recordó que será a partir de abril cuando se inicie la captura y entrega de la nueva cédula a la población en general según el mes de nacimiento.