Latinoamericanas
Vecinos de Venezuela intentan ponerle presión financiera a Maduro
En una maniobra que podría tener repercusiones económicas significativas, un grupo de 12 países de las Américas se negó el martes a reconocer la asamblea constituyente de Venezuela o cualquier ley que pase con respecto a empresas petroleras conjuntas o emisiones de deuda.
La declaración hecha por los cancilleres de Canadá y de varios países latinoamericanos es el último indicio del creciente aislamiento de Caracas. Ocurrió el mismo día en que la ONU fustigó al gobierno del Presidente Nicolás Maduro por violaciones de derechos humanos, incluyendo la muerte de 73 manifestantes de la oposición.
El Sr. Maduro convocó la asamblea constituyente en lo que él alega fue un esfuerzo por resolver las múltiples crisis del país, pero los críticos insisten que fue una toma de poder. Desde su instalación el viernes, la asamblea ha asumido el control de la Asamblea Nacional — dominada por la oposición y elegida democráticamente —, ha expulsado a la fiscal general, ha establecido una “comisión de la verdad”, y ha pasado decretos que prometen “apoyo y solidaridad” al impopular presidente.
“Hay dos puntos que se deben enfatizar”, dijo el canciller mexicano Luis Videgaray desde Lima, donde se realizó la reunión de cancilleres. “El primero es nuestro total apoyo a la Asamblea Nacional. El segundo es que no reconocemos las resoluciones de la asamblea constituyente, sólo reconoceremos las que, conforme a la constitución venezolana, requieran la aprobación de la Asamblea Nacional.”
Bajo la constitución vigente, se necesita la aprobación de la Asamblea Nacional para todas las cuestiones de deuda y empresas conjuntas de energía, incluso las que Caracas espera firmar con la empresa energética estatal rusa Rosneft.
La denominada declaración de Lima, que “condena la ruptura del orden democrático de Venezuela”, fue firmada por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú.
Cuba, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, que son partidarios del Sr. Maduro, no asistieron y en vez se incorporaron a una reunión rival que se sostuvo en Caracas, donde el ministro de relaciones exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, afirmó que la elección del 30 de julio de la asamblea constituyente del Sr. Maduro había sido “una lección de democracia”. La votación ha estado plagada de alegaciones de fraude, incluso de la empresa que proporcionó las máquinas electrónicas de votación.
EEUU tampoco asistió a la reunión de Lima, en lo que pareció un intento de asumir una posición secundaria y dejar que los países latinoamericanos tomaran la delantera en negociar con Venezuela. Washington ya ha impuesto una serie de sanciones específicas, dirigidas contra funcionarios del régimen, incluyendo al Sr. Maduro, y según informes, está presionando a países europeos y latinoamericanos a que sigan su ejemplo.
La profundización de la crisis política venezolana y la amenaza de adicionales sanciones estadounidenses, como una prohibición de la importación del petróleo venezolano, han empeorado la crisis en el país. Repsol, la empresa energética española, ha retirado a sus trabajadores extranjeros de Venezuela, como ha hecho Statoil de Noruega. Chevron de EEUU y Total de Francia también han quitado algunos de sus empleados.
Desde la disputada elección, las fuerzas de seguridad venezolanas han incrementado su presencia pública y el comisionado de derechos humanos de la ONU ha advertido sobre el “amplio y sistemático uso” de fuerza excesiva, detención arbitraria y otras violaciones de derechos.
El Sr. Maduro ha enfrentado cuatro meses de manifestaciones callejeras de oposición y algunas señales de fractura dentro de las fuerzas armadas. El domingo, soldados rebeldes que el Sr. Maduro clasificó de mercenarios, atacaron una base del ejército en la ciudad regional de Valencia, pero fueron derrotados, según el gobierno.
Por John Paul Rathbone, (c) 2017 The Financial Times Ltd. All rights reserved
Latinoamericanas
Persiste el caos en Haití que espera el pleno establecimiento del Consejo de Transición
Latinoamericanas
ONG reporta 241 personas muertas en las cárceles de El Salvador en dos años de régimen de excepción
AP
El Salvador.-La organización Socorro Jurídico Humanitario afirmó el miércoles que 241 personas murieron en las cárceles en los dos años de vigencia del régimen de excepción en el país, luego de ser detenidos como sospechosos de ser pandilleros o colaborar con estos grupos criminales.
La directora de la organización, Ingrid Escobar, dijo que desde 2022 han recibido 500 denuncias de fallecidos bajo custodia del Estado, pero «nosotros hemos confirmado 241: 239 adultos y dos niños hijos de privadas de libertad».
Según el informe de la ONG, «el 44% murió por muerte violenta, torturas graves, el 29% por falta de atención médica, es decir, otra forma de torturar a la gente».
El gobierno del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, consiguió que el Congreso del país aprobara hace dos años un régimen de excepción, como parte de su política de mano dura contra las pandillas, que suspendió derechos fundamentales como el de tener acceso a un abogado o el de conocer los motivos de la detención.
Además, el plazo de detención administrativa —sin pasar a disposición judicial— se extiende de 72 horas a 15 días y hasta dos años para investigarlos.
La medida fue la respuesta del gobierno a los índices de violencia y de asesinatos en el país.
La situación de los detenidos en las cárceles de El Salvador ha sido recurrentemente cuestionada por organizaciones de derechos humanos por vulneración de los mismos.
Socorro Jurídico Humanitario también pidió al Estado salvadoreño que investigue conforme a la ley «todos los homicidios que han ocurrido en los centros penitenciarios, así como todas las desapariciones forzadas de detenidos».
Por su parte, la organización Cristosal registra más de 3,500 denuncias de violaciones a derechos humanos durante el régimen de excepción.
Amnistía Internacional también sostiene que ha habido desapariciones forzadas, torturas y muertes arbitrarias bajo custodia del Estado, así como trato cruel e inhumano, hacinamiento carcelario y criminalización de personas que viven en la pobreza.
Al presentar el informe, la directora Escobar dijo que «el Estado de El Salvador tiene que estar claro que ha sido violador de tratados internacionales y que ha cometido crímenes de lesa humanidad».
Sin embargo, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, indicó que desde la entrada en vigencia del estado de excepción el 27 de marzo de 2022, han detenido a 79,184 personas, calificadas como «presuntos terroristas». Con estas cifras, el ministro refirió que han capturado al 75% de los pandilleros del país y que la mayoría del 25% faltante, ya están fuera del territorio nacional.
El mismo gobierno ha tenido que liberar a más de 7,000 personas por falta de pruebas en los últimos dos años. Alrededor del 90% de los reclusos están en la cárcel sin sentencia.
En ese sentido, la ong Socorro Jurídico Humanitario estimó que el 35% son inocentes y que el 94% de los fallecidos no tenían afiliación con pandillas.
«La mayoría eran personas trabajadoras como comerciantes informales, taxistas y/o transportistas informales, agricultores, pescadores, pastores y predicadores evangélicos, empleados municipales y un sindicalista», señala en informe.
No obstante, el ministro Villatoro reiteró en una entrevista con la televisión local la necesidad de continuar con la política de seguridad contra las pandillas, a las que las autoridades responsabilizan de la mayoría de los crímenes que se cometen en el país.
Según el gobierno, la violencia en El Salvador ha disminuido considerablemente desde 2015, cuando se registraron más de 6,665 homicidios y el país era considerado uno de los más peligrosos del mundo. En 2023, el año cerró con 214 asesinatos, entre ellos, 38 homicidios de presuntos pandilleros, que fallecieron en supuestos enfrentamientos con policías y fuerzas armadas.
Según cifras oficiales, en los tres primeros meses de 2024 se contabilizan 31 homicidios, un 34% menos que los 47 registrados en el mismo periodo del año pasado. En los dos primeros días del abril, se ha confirmado un homicidio.
Con al régimen de excepción, el Congreso también reformó el Código penal para aumentar las penas de cárcel para los pandilleros y sus colaboradores. Además, los fiscales pueden presentar juicios masivos por clicas —o grupos de pandillas— sin necesidad de individualizar los procesados.
Latinoamericanas
Haití extiende por un mes más el estado de emergencia en la capital debido a la violencia
Efe
Puerto Príncipe.-El Gobierno de Haití informó este miércoles que extenderá el estado de emergencia en todo el Departamento Oeste, donde se ubica la capital, desde este jueves hasta el 3 de mayo próximo.
Las autoridades también decidieron extender el período de toque de queda en toda esa demarcación desde este miércoles hasta el 10 de abril próximo.
Estas disposiciones han sido tomadas con el fin de restablecer el orden y tomar las medidas oportunas para recuperar el control de la situación, dijo el comunicado emitido por la oficina del primer ministro interino, Michel Patrick Boisvert.
El toque de queda se extenderá desde las siete de la noche hora local (24:00 GMT) hasta las seis de la mañana hora local del miércoles venidero (11:00 GMT).
Esta medida no se aplica a los agentes del orden en servicio, bomberos, conductores de ambulancias, personal sanitario y periodistas debidamente identificados.
Durante el período del estado de emergencia, todas las manifestaciones en la vía pública están prohibidas, de día o de noche, en el Departamento Oeste.
En consecuencia, se ordenó a la policía utilizar todos los medios legales a su disposición para hacer cumplir el toque de queda y detener a todos los infractores.
La orden de Boisvert no sorprende a los haitianos, ya que la situación de violencia imparable que afecta a la capital, principalmente, se mantiene a causa de los ataques por doquier de las bandas armadas que controlan o inciden en casi la totalidad de Puerto Príncipe.
Lo dispuesto por el ministro interino se produce cuando aumentan las expectativas en torno a reuniones para la conformación del Consejo Presidencial para la Transición en Haití, impulsado por la Comunidad del Caribe (Caricom) y países como Estados Unidos, Canadá, México y Brasil, con el propósito de sacar a Haití de una situación de inseguridad sin precedentes.
Mientras se llevan a cabo esas discusiones, algunas zonas de la región metropolitana de la capital presentaron este miércoles una aparente calma, y en otras áreas se escucharon intensos tiroteos durante todo el día.
La Policía Nacional de Haití (PNH) intensificó sus operaciones como única institución que queda en pie en el país desde que estalló la crisis a finales de febrero pasado, y se declara movilizada y decidida a seguir luchando contra las bandas armadas en concertación con la población.
En un comunicado hecho público este miércoles, la PNH anunció la muerte de un poderoso jefe de banda en un intercambio de disparos, así como la incautación de armas y municiones.
‘New York New York’, el jefe de la banda de Cité Doudoune, en la comuna de Croix-des-Bouquets, al norte de la capital, fue abatido, según la policía, durante una operación para acabar con el bandidaje.