Santo Domingo, RD.- El Ministerio Público incautó 20 propiedades, incluidas fincas y locales comerciales, pertenecientes a una parte de los involucrados en el entramado de corrupción del caso Coral mediante los últimos allanamientos realizados en diferentes lugares del país.Nacionales
Dos vinculados en la Operación Coral son despojados de veinte propiedades por el Pepca.
Santo Domingo, RD.- El Ministerio Público incautó 20 propiedades, incluidas fincas y locales comerciales, pertenecientes a una parte de los involucrados en el entramado de corrupción del caso Coral mediante los últimos allanamientos realizados en diferentes lugares del país.Los operativos fueron practicados en el Distrito Nacional, Santo Domingo, La Vega, Monte Plata y San Francisco de Macorís, en propiedades del mayor general Adán Cáceres y el coronel de la policía Rafael Núñez de Aza, quienes guardan prisión.
Los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y de Persecución incautaron varias fincas de cacao en la carretera de Camarón, en Los Botados, Yamasá, de Monte Plata.
Igualmente, una finca de auyama y chinola de 249 tareas de un terreno a nombre de uno de los imputados, así como finca de piña de 754 tareas en Chirino, Monte Plata.
Mientras que, en la carretera de las Palmas, Santo Cerro, La Vega, fue incautada finca de ajíes, cebolla, berenjena, así como una granja de cerdos de 400 tareas, así como un terreno con una casa en Jarabacoa propiedad de Núñez de Aza.
También fue incautada la Plaza Randa II (fábrica de blocks, un drink de dos niveles llamado Eyron Stop, un llamado Núñez y una banca de lotería llamada AB), en la carretera San Francisco de Macorís Nagua, en El Bombillo, Las Taranas, Villa Riva.
También terrenos sembrados de limones en Hato San Pedro, Arroyo La Guama, Monte Plata y los que lo ocupan presentaron a los fiscales documentos de compra del Consejo Estatal del Azúcar (CEA).
El operativo realizado el pasado jueves, es el segundo realizado por el Ministerio Público, incautados en el primer de ellos, bienes millonarios y el apresamiento de varios de los involucrados en el entramado de corrupción.
Entre los involucrados figuran, además de Cáceres Silvestre y Núñez de Aza, la pastora Rossy Guzmán, su hijo Tanner Flete Guzmán, el mayor de la Armada Alejandro José Montero Cruz y el mayor Alejandro Girón Jiménez.
Wilson Camacho, director del Pepca, explicó que los allanamientos se enmarcan dentro del entramado de corrupción de la operación Coral y que son para incautar bienes.
Dijo que la cantidad de bienes que ha manejado esa red es sumamente cuantiosa. “Es una segunda ola de incautaciones para llegar hasta el último peso que se hayan robado del erario”,
Se espera que al final de esta nueva jornada de allanamientos en propiedades que los fiscales atribuyen son de los imputados, se practiquen arrestos.
WilsonCamacho dijo que se están recolectado evidencias, y que “en la medida en que los allanamientos se cierren, vamos a estar en condición de saber si por alguna razón, se han realizado arrestos o no”.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Los tribunales de la República, considerando los principios de proporcionalidad y minimización de datos, ponderarán las informaciones de carácter personal o bienes que aparecerán en las redacciones, por lo que está sujeta a la discreción del juez.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
Los registros llamados a anonimato comienzan en los identificativos: nombres y apellidos, nombre de pila, apodos, fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, domicilio o dirección postal, dirección electrónica, dirección IP, correo electrónico y los números de pasaporte, cédula, carnet de conducir, policial, funcionario público, colegiado o de seguridad social.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
Los detalles de este artículo están contenidos en la redacción oficial de la Política de Protección de Datos.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Informó, asimismo, que la mayoría de los actos de indisciplina se registraron en las regionales educativas 10, de Santo Domingo II; 15, de Santo Domingo; 06, de La Vega, y 05, de San Pedro de Macorís.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.