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Dos vinculados en la Operación Coral son despojados de veinte propiedades por el Pepca.

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Santo Domingo, RD.- El Ministerio Público incautó 20 propiedades, incluidas fincas y locales comerciales, pertenecientes a una parte de los involucrados en el entramado de corrupción del caso Coral mediante los últimos allanamientos realizados en diferentes lugares del país.

Los operativos fueron practicados en el Distrito Nacional, Santo Domin­go, La Vega, Monte Plata y San Francisco de Macorís, en propiedades del mayor general Adán Cáceres y el coronel de la policía Ra­fael Núñez de Aza, quie­nes guardan prisión.

Los fiscales de la Procu­raduría Especializada de Persecución de la Corrup­ción Administrativa (Pep­ca) y de Persecución in­cautaron varias fincas de cacao en la carretera de Camarón, en Los Botados, Yamasá, de Monte Plata.

Igualmente, una finca de auyama y chinola de 249 tareas de un terreno a nombre de uno de los im­putados, así como finca de piña de 754 tareas en Chi­rino, Monte Plata.

Mientras que, en la ca­rretera de las Palmas, San­to Cerro, La Vega, fue in­cautada finca de ajíes, cebolla, berenjena, así co­mo una granja de cerdos de 400 tareas, así como un terreno con una casa en Jarabacoa propiedad de Núñez de Aza.

También fue incautada la Plaza Randa II (fábri­ca de blocks, un drink de dos niveles llamado Eyron Stop, un llamado Núñez y una banca de lotería lla­mada AB), en la carretera San Francisco de Macorís Nagua, en El Bombillo, Las Taranas, Villa Riva.

También terrenos sem­brados de limones en Hato San Pedro, Arroyo La Gua­ma, Monte Plata y los que lo ocupan presentaron a los fiscales documentos de compra del Consejo Estatal del Azúcar (CEA).

El operativo realizado el pasado jueves, es el se­gundo realizado por el Mi­nisterio Público, incautados en el primer de ellos, bie­nes millonarios y el apre­samiento de varios de los involucrados en el entra­mado de corrupción.

Entre los involucrados fi­guran, además de Cáceres Silvestre y Núñez de Aza, la pastora Rossy Guzmán, su hijo Tanner Flete Guzmán, el mayor de la Armada Ale­jandro José Montero Cruz y el mayor Alejandro Girón Jiménez.

Contra los cinco primero la jueza Kenya Romero, del juzgado de Atención Per­manente del Distrito Nacio­nal, dictó prisión preven­tiva por un periodo de 18 meses para ser cumplido en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Naja­yo, mientras que en contra del último se ordenó arres­to domiciliario.

Wilson Camacho, director del Pepca, explicó que los allanamientos se enmarcan dentro del entramado de corrupción de la operación Coral y que son para incau­tar bienes.

Dijo que la cantidad de bienes que ha maneja­do esa red es sumamente cuantiosa. “Es una segun­da ola de incautaciones pa­ra llegar hasta el último pe­so que se hayan robado del erario”,

Se espera que al final de esta nueva jornada de alla­namientos en propiedades que los fiscales atribuyen son de los imputados, se practiquen arrestos.

WilsonCamacho dijo que se están recolectado evidencias, y que “en la medida en que los alla­namientos se cierren, vamos a estar en condi­ción de saber si por algu­na razón, se han realiza­do arrestos o no”.

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Envían a juicio de fondo a profesor acusado de agresión sexual contra una menor en SDE

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Santo Domingo, R.D.-El Quinto Juzgado de la Instrucción de la provincia Santo Domingo envió a juicio de fondo a un profesor acusado de agredir sexualmente a una menor, de 13 años de edad, en el sector Brisa del Este en Santo Domingo Este.

La decisión fue adoptada durante una audiencia celebrada este martes contra Eliezer Vargas Villamar, de aproximadamente 35 años, luego de que el tribunal determinara que las pruebas presentadas por el Ministerio Público y la parte querellante son suficientes para que el proceso sea ventilado en un juicio de fondo.

Según explicó el abogado de la madre de la menor, Danilo Santo Méndez, el imputado habría aprovechado su condición de docente para manipular a la adolescente desde la Escuela Básica República de Japón, ubicada en el sector Brisas del Este.

Alerta

La situación fue descubierta en diciembre por la progenitora luego de que otra hija de cuatro años alertara sobre un presunto vínculo que el profesor mantenía con su hermana.

«La niña me dijo que su hermana tenía un novio, y por favor no se lo dijera para que no se molestara con ella», expresó.

La mujer cuyo nombre se hace reserva por temas legales, dijo que ante lo dicho procedió a revisar la tablet y vio «que tenía una conversación con el profesor y le dijo nos vemos esta noche con un signo de interrogación«.

El litigante indicó que el imputado también acudía con frecuencia a las inmediaciones de la vivienda de la familia y en ocasiones trasladaba a la menor en su vehículo.

Méndez afirmó que los delitos sexuales contra menores no tienen cabida en la sociedad, y mucho menos en los centros educativos donde los estudiantes deben contar con garantías de protección.

Añadió que existen otras víctimas de nacionalidad haitiana que no hablan por miedo a represalias ante sus estatus migratorios.

Asimismo, criticó que algunas personas vinculadas al ámbito escolar acudieran al tribunal para respaldar al imputado durante el proceso.

El hombre guardaba prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, medida que posteriormente le fue variada por garantía económica y presentación periódica.

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República Dominicana lidera índice regional de libertad de prensa en América

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SANTO DOMINGO.- La República Dominicana se colocó en el primer lugar del Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa 2025, con una puntuación de 82.17 sobre 100, convirtiéndose en el único país del continente ubicado en la categoría “Con Libertad de Expresión” dentro de la medición que evalúa la situación de estos derechos en 23 naciones de las Américas.

El informe, elaborado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en alianza con investigadores de la Universidad Católica Andrés Bello, analiza el período comprendido entre el 2 de noviembre de 2024 y el 1 de noviembre de 2025 y concluye que el país mejoró su desempeño respecto al año anterior, al incrementar su puntuación en 4.92 puntos y avanzar una posición en el ranking regional.

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De acuerdo con el documento, la República Dominicana obtuvo 26.40 puntos de 30 en la dimensión “Ciudadanía informada y libre de expresarse”, 27.57 de 40 en la actuación del Estado frente a la violencia e impunidad contra periodistas, y 28.20 de 30 en el indicador sobre control de medios y periodismo.

Estabilidad del ecosistema mediático dominicano sigue siendo frágil

Aunque el país encabeza el índice, el informe advierte que la estabilidad del ecosistema mediático dominicano sigue siendo frágil y enfrenta amenazas estructurales. Entre los principales desafíos señalados están la debilidad económica de los medios de comunicación, el uso discrecional de la publicidad estatal y el impacto de nuevas propuestas legislativas, como el proyecto para crear el Instituto Nacional de Comunicación (INACOM).

Los evaluadores indican que estos factores pueden generar presiones indirectas sobre la independencia editorial, en un contexto donde la inversión publicitaria migra cada vez más hacia plataformas digitales globales, reduciendo la sostenibilidad financiera de los medios tradicionales.

El documento también menciona que durante el período analizado se registraron protestas de periodistas por mayores barreras informativas, y destaca como evento relevante la celebración en Punta Cana de la 81ª Asamblea General de la SIP, donde se firmó la Declaración de Salta II, un documento que reafirma los principios de la libertad de prensa en el continente.

Panorama regional
A pesar de la posición destacada de República Dominicana, el informe presenta un panorama preocupante para el periodismo en las Américas. El promedio regional del índice descendió a 47.10 puntos, el nivel más bajo desde que comenzó la medición hace seis años.

El estudio advierte que ocho países se encuentran en la franja de “Alta Restricción” a la libertad de expresión citando entre ellos Ecuador, Bolivia, Honduras, Perú, México, Haití, Cuba y El Salvador, mientras que Nicaragua y Venezuela aparecen en la categoría de “Sin libertad de expresión”.

Entre los países con mejor desempeño después de República Dominicana figuran Chile, Canadá, Brasil, Uruguay y Jamaica, todos ubicados en la categoría de “Baja restricción”, aunque con retrocesos o tensiones relacionadas con presiones económicas, judicialización del periodismo o concentración de la propiedad de los medios.

El informe concluye que el continente atraviesa uno de los momentos más difíciles para el ejercicio del periodismo, marcado por asesinatos, agresiones, exilio de periodistas, presiones económicas y restricciones legales en distintos países.

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Defensa de maestra acusada de maltrato a niña en un colegio alega: «No era vómito, era brócoli»

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Santo Domingo, R.D.-La defensa de la profesora Yamelsy Matos Beltré, acusada de agredir a una menor en el preescolar Mi Segundo Hogar/Little Steps, afirmó este martes que no se trató de ingesta de vómito, sino trozos de brócoli, los alimentos que la niña consumía al momento de los hechos.

Al salir de la Oficina de Atención Permanente de la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este, el abogado Billy Gerónimo sostuvo que varias de las versiones que han circulado tras la difusión del video viral no se corresponden con lo ocurrido.

Según explicó, los fragmentos visibles en las imágenes corresponden a restos de brócoli que la menor habría expulsado mientras comía y que cayeron sobre su propio cuerpo.

En ese contexto, indicó que cuando la docente se inclina en el video, lo que recoge son esos mismos trozos de comida, descartando que se tratara de alimentos tomados del suelo o de un desagüe, como se ha interpretado en redes sociales.

Totalmente arrepentida

El jurista también afirmó que la profesora se encuentra «completamente arrepentida y muy avergonzada» por la situación que enfrenta, e insistió que muchas de las afirmaciones difundidas públicamente sobre el caso no se corresponden con la realidad.

Gerónimo detalló que el documento carecía de algunas páginas, entre ellas que medida buscaban lo que impedía conocer de manera íntegra el contenido del documento.

Agregó que, incluso, una de las partes faltantes correspondería al apartado donde el órgano acusador especifica qué medida de coerción está solicitando, aunque presume que se trata de prisión preventiva.

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