Santo Domingo, RD.- El Ministerio Público incautó 20 propiedades, incluidas fincas y locales comerciales, pertenecientes a una parte de los involucrados en el entramado de corrupción del caso Coral mediante los últimos allanamientos realizados en diferentes lugares del país.Nacionales
Dos vinculados en la Operación Coral son despojados de veinte propiedades por el Pepca.
Santo Domingo, RD.- El Ministerio Público incautó 20 propiedades, incluidas fincas y locales comerciales, pertenecientes a una parte de los involucrados en el entramado de corrupción del caso Coral mediante los últimos allanamientos realizados en diferentes lugares del país.Los operativos fueron practicados en el Distrito Nacional, Santo Domingo, La Vega, Monte Plata y San Francisco de Macorís, en propiedades del mayor general Adán Cáceres y el coronel de la policía Rafael Núñez de Aza, quienes guardan prisión.
Los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y de Persecución incautaron varias fincas de cacao en la carretera de Camarón, en Los Botados, Yamasá, de Monte Plata.
Igualmente, una finca de auyama y chinola de 249 tareas de un terreno a nombre de uno de los imputados, así como finca de piña de 754 tareas en Chirino, Monte Plata.
Mientras que, en la carretera de las Palmas, Santo Cerro, La Vega, fue incautada finca de ajíes, cebolla, berenjena, así como una granja de cerdos de 400 tareas, así como un terreno con una casa en Jarabacoa propiedad de Núñez de Aza.
También fue incautada la Plaza Randa II (fábrica de blocks, un drink de dos niveles llamado Eyron Stop, un llamado Núñez y una banca de lotería llamada AB), en la carretera San Francisco de Macorís Nagua, en El Bombillo, Las Taranas, Villa Riva.
También terrenos sembrados de limones en Hato San Pedro, Arroyo La Guama, Monte Plata y los que lo ocupan presentaron a los fiscales documentos de compra del Consejo Estatal del Azúcar (CEA).
El operativo realizado el pasado jueves, es el segundo realizado por el Ministerio Público, incautados en el primer de ellos, bienes millonarios y el apresamiento de varios de los involucrados en el entramado de corrupción.
Entre los involucrados figuran, además de Cáceres Silvestre y Núñez de Aza, la pastora Rossy Guzmán, su hijo Tanner Flete Guzmán, el mayor de la Armada Alejandro José Montero Cruz y el mayor Alejandro Girón Jiménez.
Wilson Camacho, director del Pepca, explicó que los allanamientos se enmarcan dentro del entramado de corrupción de la operación Coral y que son para incautar bienes.
Dijo que la cantidad de bienes que ha manejado esa red es sumamente cuantiosa. “Es una segunda ola de incautaciones para llegar hasta el último peso que se hayan robado del erario”,
Se espera que al final de esta nueva jornada de allanamientos en propiedades que los fiscales atribuyen son de los imputados, se practiquen arrestos.
WilsonCamacho dijo que se están recolectado evidencias, y que “en la medida en que los allanamientos se cierren, vamos a estar en condición de saber si por alguna razón, se han realizado arrestos o no”.
Santo Domingo, R.D.-La defensa del imputado Lenin Torres y la persona moral Lenin Auto Import recusaron al juez Cirilo Salomón Sánchez del Quinto Juzgado de la Instrucción de Santiago, lo que generó el aplazamiento para el 9 de enero del 2025 de la audiencia preliminar del caso Falcón.
El abogado José de los Santos Hiciano argumentó la recusación en medio de un proceso que ha enfrentado múltiples retrasos. Este incidente ocurre poco después del arresto en Colombia de Erick Randiel Mosquea Polanco, señalado como líder de la red criminal.
El Ministerio Público, representado por los fiscales Yeny Liranzo, Reyna Jiménez y Pedro Martínez, calificó la recusación como infundada y extemporánea, reiterando su disposición para avanzar con el proceso judicial.
La operación Falcón desmanteló una red de crimen organizado que se dedicaba al narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas y otros delitos, movilizando miles de millones de pesos bajo la apariencia de actividades comerciales legítimas.
El Ministerio Público presentó una acusación formal contra más de 70 personas y entidades, aportando miles de documentos como pruebas. El desmantelamiento de la red contó con el apoyo de la DEA y otros organismos internacionales.
El aplazamiento prolonga un proceso que ha sido marcado por constantes recursos de la defensa. Las autoridades reiteraron su compromiso de garantizar justicia para un caso de alto impacto en la lucha contra el crimen organizado en el país.
Santo Domingo, R.D.-Un gran impacto podría tener la sentencia del Tribunal Constitucional de la República Dominicana en la redefinición de la participación política en el país.
El caso, conocido como TC/0788/24, declaró inconstitucionales los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23 sobre el régimen electoral, disposiciones que regulaban de forma restrictiva las candidaturas independientes.
Esta decisión llega tras la acción de inconstitucionalidad interpuesta por Alberto Emilio Fiallo-Billini, quien argumentó que dichas normas «vulneran principios constitucionales como el pro-participación, la igualdad en derechos políticos y el pluralismo político».
Según el tribunal, estas disposiciones «imponían barreras desproporcionadas» al exigir que las candidaturas independientes cumplieran requisitos similares a los de los partidos políticos, lo que resultaba en una limitación al derecho fundamental a elegir y ser elegido.
El fallo, en esencia, podría allanar el camino para una mayor diversidad en las opciones políticas, así como reforzar el principio de participación ciudadana, al eliminar requisitos como la conformación de «cuadros directivos fijos» similares a la de las organizaciones políticas, para las candidaturas independientes.
En el caso del electorado, esto podría significar un aumento en las opciones políticas, especialmente en un contexto donde los partidos tradicionales a menudo dominan el escenario electoral. La posibilidad de que ciudadanos puedan presentar sus propuestas de forma independiente, sin depender de estructuras partidarias, generaría un mayor interés y nuevas opciones.
A pesar de mostrarse como una idea democrática, el éxito de este cambio dependerá en gran medida de la implementación de medidas que garanticen condiciones equitativas para las candidaturas independientes, así como los ajustes necesarios tanto a las legislaciones como a los procesos electorales.
Las candidaturas independientes plantean retos significativos, como la viabilidad financiera y organizativa. Será crucial que las autoridades electorales establezcan mecanismos claros y accesibles para garantizar que estas nuevas opciones no solo existan en papel, sino que puedan competir de manera efectiva.
La sentencia del Tribunal Constitucional marca un hito en la historia democrática de la República Dominicana. Su impacto real dependerá de cómo los actores políticos, el electorado y las instituciones electorales adopten esta nueva realidad.
La decisión del TC
En el proceso de aprobación, nueve jueces del Tribunal Constitucional votaron a favor de eliminar estos requisitos que exigían a las candidaturas independientes lo mismo que los partidos políticos, pero dos votaron en contra por considerar que el pleno se excedió en sus atribuciones y asumió funciones del Poder Legislativo.
La sentencia concluyó que había una “desconexión” entre el título y el contenido de los artículos impugnados, porque se condicionaba la posibilidad de participar como independiente a la creación de una organización política.
«El mecanismo previsto para la presentación de candidaturas independientes requiere la creación de agrupaciones políticas accidentales, estructuradas de manera similar a los partidos políticos tradicionales. Esto desnaturaliza la figura de las candidaturas independientes y limita su accesibilidad para quienes deseen optar por esta vía», indica el fallo.
El Tribunal Constitucional recomendó una nueva redacción de los artículos 152 y 157 para determinar los requisitos para presentar una candidatura independiente en los siguientes procesos electorales.
Santo Domingo, R.D.-La Republica Dominicana fue notificada de la entrada en vigor del acuerdo de transporte aéreos de Cielos Abiertos con Estados Unidos, según lo informó el presidente Luis Abinader.
Fue a través de una publicación en su cuenta de X (antiguo Twitter), donde el mandatario dominicano indicó que el país agotó los procedimientos necesarios para la entrada en vigencia del acuerdo, suscrito en agosto de este año por el ministro de Turismo, David Collado y el subsecretario de Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente de Estados Unidos, José W. Fernández.
En ese sentido, a través de la misma red social, Abinader felicitó a la comisión integrada por Collado, Leonel Melo, Práxedes Castillo; la viceministra Patricia Mejía y Natacha Domínguez, así como el apoyo de Manuel Estrella, Monika Infante y Frank Elías Rainieri.
“¡Buenas noticias para la República Dominicana! Hemos sido notificados que han sido agotados los procedimientos necesarios para la entrada en vigor del Acuerdo de transporte aéreo “Cielos Abiertos” entre nuestro país y los Estados Unidos”, cita el mandatario.
Las autoridades dominicanas han dicho que este acuerdo busca fortalecer las conexiones aéreas entre ambos países, promoviendo la competencia, ampliando rutas y reduciendo los costos para los viajeros.
Según han informado, entre los beneficios previstos está el permitir a las aerolíneas de ambas naciones operar vuelos internacionales en rutas definidas, incluyendo transporte exclusivo de carga, escalas no comerciales y vuelos combinados.
Además, prometieron un aumento en la frecuencia de vuelos, tarifas más competitivas y una mayor diversidad de servicios. Según el presidente Luis Abinader, esta iniciativa representa un paso clave para el fortalecimiento de las conexiones internacionales y el desarrollo económico del país.
En noviembre de este año el Tribunal Constitucional (TC) revisó el acuerdo, el cual declaró constitucional.
La decisión, contenida en la Sentencia TC/0670/24, subraya que el acuerdo cumple con los principios de soberanía nacional, libre competencia y armonización con el ordenamiento jurídico dominicano. Sin embargo, la sentencia contó con un voto disidente del juez Domingo Gil, quien cuestionó que el texto no garantizara explícitamente la soberanía plena y exclusiva del país sobre su espacio aéreo.
Finalmente, el Tribunal ordenó remitir la sentencia al presidente para que proceda con la firma y el sometimiento del acuerdo en el Congreso Nacional, asegurando que las aerolíneas respeten las leyes locales y adopten prácticas comerciales justas y transparentes. Además, se contempla un mecanismo de resolución de controversias mediante arbitraje, lo que refuerza la seguridad jurídica del pacto.