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Dos vinculados en la Operación Coral son despojados de veinte propiedades por el Pepca.

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Santo Domingo, RD.- El Ministerio Público incautó 20 propiedades, incluidas fincas y locales comerciales, pertenecientes a una parte de los involucrados en el entramado de corrupción del caso Coral mediante los últimos allanamientos realizados en diferentes lugares del país.

Los operativos fueron practicados en el Distrito Nacional, Santo Domin­go, La Vega, Monte Plata y San Francisco de Macorís, en propiedades del mayor general Adán Cáceres y el coronel de la policía Ra­fael Núñez de Aza, quie­nes guardan prisión.

Los fiscales de la Procu­raduría Especializada de Persecución de la Corrup­ción Administrativa (Pep­ca) y de Persecución in­cautaron varias fincas de cacao en la carretera de Camarón, en Los Botados, Yamasá, de Monte Plata.

Igualmente, una finca de auyama y chinola de 249 tareas de un terreno a nombre de uno de los im­putados, así como finca de piña de 754 tareas en Chi­rino, Monte Plata.

Mientras que, en la ca­rretera de las Palmas, San­to Cerro, La Vega, fue in­cautada finca de ajíes, cebolla, berenjena, así co­mo una granja de cerdos de 400 tareas, así como un terreno con una casa en Jarabacoa propiedad de Núñez de Aza.

También fue incautada la Plaza Randa II (fábri­ca de blocks, un drink de dos niveles llamado Eyron Stop, un llamado Núñez y una banca de lotería lla­mada AB), en la carretera San Francisco de Macorís Nagua, en El Bombillo, Las Taranas, Villa Riva.

También terrenos sem­brados de limones en Hato San Pedro, Arroyo La Gua­ma, Monte Plata y los que lo ocupan presentaron a los fiscales documentos de compra del Consejo Estatal del Azúcar (CEA).

El operativo realizado el pasado jueves, es el se­gundo realizado por el Mi­nisterio Público, incautados en el primer de ellos, bie­nes millonarios y el apre­samiento de varios de los involucrados en el entra­mado de corrupción.

Entre los involucrados fi­guran, además de Cáceres Silvestre y Núñez de Aza, la pastora Rossy Guzmán, su hijo Tanner Flete Guzmán, el mayor de la Armada Ale­jandro José Montero Cruz y el mayor Alejandro Girón Jiménez.

Contra los cinco primero la jueza Kenya Romero, del juzgado de Atención Per­manente del Distrito Nacio­nal, dictó prisión preven­tiva por un periodo de 18 meses para ser cumplido en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Naja­yo, mientras que en contra del último se ordenó arres­to domiciliario.

Wilson Camacho, director del Pepca, explicó que los allanamientos se enmarcan dentro del entramado de corrupción de la operación Coral y que son para incau­tar bienes.

Dijo que la cantidad de bienes que ha maneja­do esa red es sumamente cuantiosa. “Es una segun­da ola de incautaciones pa­ra llegar hasta el último pe­so que se hayan robado del erario”,

Se espera que al final de esta nueva jornada de alla­namientos en propiedades que los fiscales atribuyen son de los imputados, se practiquen arrestos.

WilsonCamacho dijo que se están recolectado evidencias, y que “en la medida en que los alla­namientos se cierren, vamos a estar en condi­ción de saber si por algu­na razón, se han realiza­do arrestos o no”.

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La construcción de la autopista del Ambar se inicia el próximo mes, según lo anunció el Gobierno.

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Santo Domingo, R.D.-El próximo mes está previsto el inicio de la construcción de la autopista del Ambar, de acuerdo a un anuncio en este sentido hecho este sabado por la vicepresidenta Raquel Peña, la cual conectará las provincias de Santiago y Puerto Plata en menos de 30 minutos y que  permitirá impulsar el turismo, el comercio, la logistica y el desarrollo económico de la region Norte.

Peña ofreció la información a la prensa al concluir una sesión de trabajo ampliada de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS), en la que participaron instituciones aliadas, representantes de las provincias del Cibao y el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Eduardo Estrella, entre otros.

Raquel Peña manifestó que la obra llevará numerosos beneficios, crecimiento y desarrollo a las 14 provincias de la región Norte. «Estamos muy contentos con el inicio de esta obra», expresó.

El ministro de Obras Públicas y ComunicacionesEduardo Estrella, aseguró que la Autovía del Ámbar se encuentra en la etapa de «firma de contratos» y socialización con las empresas adjudicatarias del proceso de licitación.

A principios de julio, el Consorcio Autopista del Ámbar, S.R.L., integrado por las empresas Ingeniería Estrella, Rizek Constructora, Magna y Constructora Mar, ganó la licitación para el diseño y construcción de la Autopista del Ámbar, convocada por el Fideicomiso RD Vial.

La vicepresidenta resaltó que Santiago y el Cibao atraviesan una etapa de importante crecimiento económico y urbano, lo que ha incrementado la demanda de nuevas infraestructuras para responder a las necesidades de movilidad, conectividad y desarrollo de la población.

El encuentro, en las instalaciones de la ACIS, fue organizado en respuesta a las inquietudes planteadas por líderes regionales durante una reunión de trabajo celebrada la semana pasada en el despacho de la Vicepresidencia, en el Palacio Nacional.

Durante la actividad, Estrella también presentó un balance de los principales proyectos de infraestructura que el Gobierno desarrolla en Santiago y la región Norte. Destacó que estas inversiones buscan mejorar la conectividad, fortalecer la seguridad vial e incrementar la competitividad del Cibao.

Entre las obras prioritarias mencionó:

  • La ampliación a cuatro carriles de la circunvalación de Navarrete.
  • La expansión de la carretera Santiago-Licey.
  • Los trabajos de conexión vial hacia Moca y otras localidades.

En cuanto a los programas de asfaltado, indicó que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones mantiene brigadas trabajando de manera simultánea en Santiago, Puerto Plata, San Francisco de Macorís y otras provincias.

Explicó que, debido a las limitaciones presupuestarias y al incremento de los costos de los materiales, las intervenciones se ejecutan siguiendo criterios técnicos y de prioridad, con el propósito de atender de manera equilibrada las necesidades de todo el país.

Por otro lado, el presidente de la ACISMarcos Santana, consideró que la presencia de representantes de los principales sectores productivos, comerciales, industriales y de servicios de la región Norte evidencia el interés del empresariado y de la sociedad organizada en trabajar de manera articulada con el Gobierno para impulsar iniciativas que contribuyan al desarrollo del Cibao.

Tras finalizar el encuentro estratégico, la vicepresidenta Raquel Peña se trasladó a la catedral de la ciudad para participar en la celebración de sus fiestas patronales en honor a Santiago Apóstol El Mayor. Con la tradicional fiesta religiosa finalizan las actividades conmemorativas.

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Sigue endeudamiento de economía con préstamos de más RD$27 mil millones

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Santo Domingo, R.D.-El Poder Ejecutivo no para en su politica de endeudamiento al lograr la aprobacion en el Congreso Nacional este viernes de dos préstamos provernmiente del  Poder Ejecutivo por US$465 millones, los cuales equivalen a aproximadamente 27 mil millones en pesos dominicanos.

El Senado de la República fue el último órgano legislativo en aprobarlo. Estos empréstitos aprobados la tarde de ayer por la Cámara de Diputados.

En ambas cámaras legislativas, los representantes de la Fuerza del Pueblo (FP), del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), votaron en contra de los dos empréstitos.

Se trata de dos acuerdos, firmados por la gestión del presidente Luis Abinader con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Uno de estos le entregaría US$200 millones al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), así como al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), para financiar el programa de implementación de la política nacional de seguridad vial en el país.

El informe favorable que presentó la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja precisa que el objetivo es contribuir a una movilidad segura, previniendo los accidentes de tránsito.

Además, fortalecer la fiscalización, educación y atención a víctimas en el territorio nacional.

El presidente de esa Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Frank Paulino, explicó los pasos que aplicará el Gobierno para lograrlo.

Mientras que el otro empréstito, de US$265 millones, sería destinado para el financiamiento del proyecto Plan de Manejo de Cuenca del Río Yuna, previsto a ser ejecutado por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indhri).

La carta enviada por el mandatario Abinader al órgano legislativo establece que los recursos incrementarían la resiliencia ante los riesgos de inundación en la parte baja del recurso hídrico.

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RD no aceptará productos y bienes elaborados mediante “trabajo forzoso”

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Santo Domingo, R.D.-El Gobierno dominicano dispuso la prohibición de la importación hacia al territorio nacional de mercancías, productos y bienes producidos, fabricados, extraídos, procesados o elaborados, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, incluyendo aquellas mercancías respecto de las cuales exista evidencia razonable de que en alguna fase de su cadena de suministro se ha producido la distorsión, cuya decision se produce tras el pais ser sancionado mediante arancel por la administracion del presidente Donald Trump.

La disposición gubernamental busca establecer las disposiciones administrativas necesarias para la prevención, identificación, verificación y prohibición de la importación de mercancías, productos y bienes producidos, fabricados, extraídos, procesados o elaborados, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, con el fin de proteger los derechos humanos, preservar la integridad del comercio internacional y garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por la República Dominicana.

La medida, contenida en el decreto 502-26, será aplicada a toda mercancía, producto o bien destinado a ser importado al territorio aduanero del país sobre el cual existan indicios razonables de que ha sido producido, fabricado, extraído, procesado o elaborado, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, independientemente de su país de origen o procedencia.

La medida se toma apenas horas después de que la Administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunciara nuevos aranceles de entre el 10 % y el 12,5 % a las importaciones procedentes de República Dominicana y otros 59 países y economías, justificándose en una investigación sobre «esfuerzos insuficientes para combatir el trabajo forzoso».

En su artículo siete, el decreto señala que para la identificación de casos productos creados total o parcialmente, mediante trabajo forzoso se tomará en consideración información proveniente de fuentes nacionales o internacionales, tanto públicas como privadas incluyendo importadores, exportadores, operadores económicos, asociaciones empresariales u otros actores del sector privado.

Cuando existan indicios razonables, la Dirección General de Aduanas solicitará al Ministerio de Trabajo que, dentro del ámbito de sus competencias, elabore el informe técnico correspondiente. Luego se realizará una evaluación técnica correspondiente para determinar si existen elementos suficientes para concluir que la mercancía sí tuvo incidencias, durante su creación del trabajo forzoso.

El Ministerio de Hacienda y Economía, la Dirección General de Aduanas y las demás instituciones competentes podrán adoptar dentro del ámbito de las atribuciones que les confieren las leyes, las normas generales, medidas administrativas, operativas y técnicas necesarias para la ejecución del presente decreto, siempre que dichas medidas no impliquen la creación de nuevas obligaciones, restricciones o prohibiciones distintas de las previstas en el ordenamiento jurídico vigente, ni alteren el contenido esencial de los derechos reconocidos por las leyes.

Se define como trabajo forzoso todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente, de conformidad con la definición contenida en el Convenio núm. 29 de la OIT, ratificado por la República Dominicana mediante la Résolución núm. 4505, del 21 de julio de 1956, y de conformidad con los estándares internacionales aplicables en materia de derechos humanos y erradicación del trabajo forzoso.

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