Opinión
Veinte veces más deuda, y ni un solo problema resuelto.
Por Isaías Ramo
A abril de 2025, cada dominicano —desde el recién nacido hasta el anciano— carga con una deuda de más de 7,200 dólares, fruto de decisiones tomadas por una élite política y económica que ha gobernado de espaldas al pueblo. En apenas veintinueve años, la deuda pública consolidada del país ha pasado de 3,994 millones a más de 77,600 millones de dólares, un aumento de 1,843 % que compromete no solo el presente, sino que hipoteca el futuro de generaciones que aún no han nacido.
No es producto de una guerra, ni de una catástrofe natural, ni siquiera de una caída de los ingresos. No. Es consecuencia directa de una conducta criminalmente irresponsable, donde el gasto público ha crecido de forma desbordada por encima de lo recaudado durante más de tres décadas. Y, como ocurre en cualquier hogar o empresa que gasta más de lo que gana, el Estado termina endeudado. Solo que, en este caso, los que disfrutan el banquete no son quienes pagan la cuenta.
En 1996, el Estado dominicano recaudó 1,856 millones de dólares, de los cuales un 45 % se destinó a inversión de capital. En cambio, en 2024 recauda 20,346 millones, pero gasta 24,283 millones, destinando apenas un 10.8 % a inversión productiva. Es decir, aunque los ingresos se han multiplicado, el déficit no desaparece: por cada 100 pesos recaudados, 22.8 fueron al bolsillo de las élites financieras en concepto de intereses de deuda. Una ecuación perversa cuyo único destino es el colapso.
A menudo se nos habla de “crecimiento económico sostenido”, de “fortaleza fiscal”, y de “república modelo en la región”. Pero los datos dicen otra cosa. Desde 1996 a la fecha, los ingresos del Estado dominicano se han multiplicado por diez, pero la deuda pública se ha multiplicado por veinte. ¿Cómo puede explicarse esta contradicción? Muy simple: no estamos creciendo de verdad, estamos inflando la economía a base de deuda. Lo que han llamado desarrollo no es más que una burbuja dopada con préstamos, que beneficia a los de arriba mientras hunde a los de abajo en más impuestos, más inflación y menos servicios.
Este modelo de “crecimiento con esteroides” —sostenido artificialmente por financiamiento externo— ha convertido al Estado en un adicto al endeudamiento y al pueblo en la garantía colateral de una élite financiera y política que se sirve del país como si fuera su finca privada. La realidad desnuda es que, si los ingresos aumentaron 10 veces, no era necesario endeudarse 20 veces… a menos que el objetivo fuera otro: enriquecer a pocos a costa de todos.
Pero lo más grave es que esta espiral de endeudamiento fue precedida por un crimen estructural contra el pueblo dominicano: en 1996, la deuda externa del país era de 3,994 millones de dólares, y el Estado dominicano contaba con un patrimonio público incalculable. Empresas eléctricas (CDEE), mineras (Pueblo Viejo), industriales (CORDE), agroindustriales (CEA), hoteleras, aseguradoras, molinos y más.
En lugar de modernizar y convertir ese patrimonio en motor del desarrollo nacional, la partidocracia lo desguazó, lo malvendió y lo entregó a intereses privados, nacionales y extranjeros. Liquidaron el esfuerzo de generaciones enteras con la excusa de la “eficiencia”, y hoy nos han multiplicado la deuda por veinte sin resolver un solo problema esencial del pueblo.
Todo lo contrario: han profundizado la crisis social y económica. Han reducido al Estado a un simple cobrador de impuestos, sin alma, sin presencia, sin autoridad. Hoy el pueblo sufre la orfandad de un Estado ausente, incapaz de garantizar ni el agua potable, ni la energía digna, ni la salud, ni la educación, ni la seguridad ciudadana.
Para 2025, casi el 29 % de los ingresos tributarios se destinan al pago de intereses. Es decir, de cada 100 pesos que el pueblo entrega con esfuerzo, 29 se van a manos de acreedores que prestan a un país sin transparencia ni controles. Ni siquiera el Banco Central escapa: sus pasivos aumentan porque el Gobierno Central, ahogado en déficit, ya ni siquiera puede transferirle recursos.
Esto no es una crisis económica. Es una estafa institucionalizada.
Un modelo diseñado no para servir al pueblo, sino para proteger a una élite voraz que saquea el Estado con la complicidad de partidos, tecnócratas y funcionarios que se esconden tras cifras frías y discursos huecos.
Desde el Frente Cívico y Social (FCS) alzamos la voz con la fuerza de un pueblo digno. No podemos seguir aceptando que nos endeuden sin consultarnos. No debemos pagar una deuda que no disfrutamos. No es solo injusto: es inhumano.
Esta deuda no es solo financiera. Es una deuda política, social y moral.
Y exige justicia.
No puede hablarse de soberanía nacional cuando un niño dominicano nace con una deuda impagable sobre los hombros. No puede hablarse de desarrollo mientras se financia el privilegio de unos pocos con el sufrimiento de millones.
Hacemos un llamado urgente al pueblo dominicano:
A despertar. A organizarse. A exigir cuentas. A romper este círculo vicioso que nos conduce al abismo.
Desde el FCS proponemos una transformación fiscal radical, con pilares claros:
Un pacto tributario justo, simple y transparente.
Reglas fiscales firmes para contener el gasto clientelar y generar superávits.
Auditorías independientes y públicas de toda la deuda y los contratos asumidos en nombre del pueblo.
Y, sobre todo, un nuevo liderazgo político y social que no viva de la deuda, sino que luche por la dignidad.
El tiempo de la resignación ha terminado.
Es hora de decir basta.
La deuda que ellos contrajeron… no la pagaremos nosotros con hambre, desesperanza y silencio.
¡Despierta, RD!
La Operación Cobra revela una red de estafa en SeNaSa, con 28 arrestos, pero sin implicar a altos funcionarios ni empresas vinculadas a Abinader.
- En 37 allanamientos en cinco demarcaciones fueron arrestadas 28 personas, principalmente médicos y prestadores.
- Entre los pocos nombres confirmados figuran Gabriel Ravelo, Steven Rabassa y el “doctor Puriel”.
- La PGR describió una red que emitía facturas ficticias y cobraba procedimientos no realizados.
Por Narciso Isa Conde
En esta segunda fase de la Operación Cobra, caso SENASA 2.0, en 37 allanamientos realizados en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, La Vega y Cotuí, fueron arrestadas 28 personas, fundamentalmente prestadores de servicios de salud y médicos, ninguna de las altas esferas comprometidas con la estafa.
Gran parte de los nombres de los nuevos detenidos se han mantenido bajo reserva, algo que no se justifica y que de hecho implica protección de imagen de negocios y negociantes mafiosos.
En general, por los datos ofrecidos de las casas allanadas y las familias afectadas, se trata de personas, la mayoría profesionales de la medicina, merecedores/as de sanciones. Pero al parecer toca fundamentalmente a beneficiarios de bajo y mediano nivel.
Entre los pocos nombres confirmados o mencionados por sus abogados figuran el doctor Gabriel Ravelo (subdirector del Hospital Darío Contreras), el médico Steven Rabassa y un especialista identificado como el “doctor Puriel”.
En cuanto a las empresas y entidades corporativas involucradas en la estafa, el Ministerio Público la PGR no ha identificado a nadie y se ha limitado a declarar la existencia de una red de clínicas, centros médicos, cadenas farmacéuticas y empresas de carpeta, dedicadas “a emitir facturas ficticias, activar códigos de Prestadores de Servicios de Salud-PSS) cancelados y cobrar por consultas, cirugías o procedimientos no realizados”.
De la cadena de farmacias GBC (responsable del 40% de los suministros), cómplice y beneficiara en gran escala de esa estafa multimillonarias, no se ha dicho nada; pero si se ha colado lo del apresamiento de dos farmacéuticos no identificados y no se habla de farmacia alguna: una manera de ocultar responsabilidades específicas
Del negocio mafioso con las vacunas, la privatización y las alianzas delictiva estatal privada …NI JI
Todo esto a pesar de que Santiago Hazim es una figura de alto peso político y empresarial, una figura del entorno del presidente Luis Abinader, habiendo coordinado sectores externos de campaña y dirigido el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), desde el inicio de la gestión gubernamental en 2020 hasta su posterior destitución y sometimiento por corrupción administrativa.
Todo esto a pesar de los vínculos políticos del Grupo Estrella y otras empresas con Abinader y el PRM.
Es evidente la ausencia de investigación, a pesar de las responsabilidades incumplidas por Abinader, Raquel Peña, Rincón, Atalá y otros los altos funcionarios del Ministerio, el Servicio Nacional y el Gabinete de Salud y PROMESE, encargados de relacionarse estrechamente y fiscalizar la gestión de la seguridad social estatal y de salud pública; incluso, conociendo detalles de la estafa y de la corrupción privatizadora, la facilitaron y la protegieron.
Además, en los documentos oficiales del Ministerio Público y en las investigaciones de la PEPCA sobre el entramado financiero de SeNaSa, no figuran imputaciones, menciones directas ni vínculos procesales que involucren formalmente al Grupo Read Estrella dentro de la estructura de desfalco al ARS estatal.
Las indagatorias se han circunscrito estrictamente al manejo financiero interno de la aseguradora, los reembolsos administrativos, el uso de fondos de programas especiales (como áreas de atención oncológica) y la red de complicidad con prestadores médicos y farmacéuticas.
Hasta hechos diferentes que lo desmientan, todo indica la PGR ha aprovechado la tardanza en macharle a la SENASA 2.O para hacer una investigación mediatizada, recortada, encartuchada, que posibilita proteger al Presidente Abinader, a altos funcionarios, a entidades corporativas del capital privado y altas instancias políticas.
Por Rommel Santos Diaz
La libertad personal es un derecho indispensable para el desarrollo del accionar en sociedad de todo ser humano, reconocido de modo expreso en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y en los textos constitucionales de los Estados de América Latina y el Caribe. Sin embargo, no se trata de un derecho absoluto, sino que admite restricciones.
Conviene establecer que los derechos señalados anteriormente sólo pueden llevarse a cabo en estricta observancia de los requisitos que, para tal efecto, se encuentran previstos en las normas internacionales y nacionales.
En este sentido, la libertad personal es un derecho fundamental que sólo puede ser restringido en determinados supuestos de hecho, en virtud de una orden expedida por la autoridad competente ( excepto en el caso de flagrante delito) y durante los plazos previstos en las normas constitucionales o legales.
La obligación de cumplir con estas condiciones se encuentra prevista tanto en los instrumentos internacionales como los textos constitucionales de los países de la región, los cuales se complementan mutuamente. Al respecto el , el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ( Art. 9, numeral 1) establece que ¨Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en esta¨.
Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos ( Art. 7, numeral 2) señala que ¨ Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Parte o por las leyes dictadas conforme a ellas¨.
La ratificación del Estatuto de Roma por parte de un Estado implica reconocer y aceptar la posibilidad de que la Corte Penal Internacional expida una orden privativa de libertad contra una persona que se encuentra en su territorio. Esta orden de privación de la libertad puede darse bajo las siguientes situaciones:
- a) Orden de detención para la investigación de uno de los crímenes internacionales de competencia de la Corte Penal Internacional o;
- b) Sanción privativa de la libertad por la responsabilidad en la comisión de un crimen internacional previsto por el Estatuto de Roma.
Disposiciones similares se encuentran previstas en el texto de la constitución dominicana como fundamento del Estado Social y Democrático de Derecho.
Por Isaias Ramos
República Dominicana celebra sus récords turísticos contando visitantes. En 2025 fueron 11.7 millones, incluidos 2.8 millones de cruceristas.
Es un logro importante. Pero un país no puede medir el éxito de su turismo únicamente contando cuántas personas llegan. También tiene que contar cuánto pone, cuánto arriesga y cuánto queda cuando esas personas se van.
Esa es la cuenta que falta.
¿Cuánto obtiene República Dominicana por cada peso público que hace posible ese turismo?
Porque el turismo no llega solo.
Detrás de un hotel, un aeropuerto o una terminal de cruceros existen carreteras, agua potable, saneamiento, electricidad, seguridad, promoción internacional, terrenos, puertos e infraestructura financiada o habilitada por el Estado.
También existen incentivos. Para 2025, el gasto tributario estimado específicamente para el turismo fue de RD$12,092.3 millones: recursos que el Estado decidió no recaudar para estimular el sector.
Eso puede ser una excelente inversión. Un peso público que genera empleos, empresas, divisas e impuestos puede regresar multiplicado.
Pero precisamente por eso hay que medirlo.
El problema no es invertir. El problema es que el país ponga recursos, patrimonio e incentivos sin poder ver claramente la cuenta del retorno.
Cada peso de recursos públicos destinado a incentivos o infraestructura tiene un costo de oportunidad frente a escuelas, hospitales, seguridad, agua y otros servicios. Detrás de esas cifras no hay dinero abstracto: hay recursos que pertenecen a una sociedad que tiene derecho a exigir resultados.
Un crucerista cuenta como uno. Su impacto no.
En 2025, 2.8 millones de los visitantes contabilizados fueron pasajeros de cruceros.
El tarifario general de APORDOM establece para buques turísticos un cargo de US$1.50 por pasajero, además de otros servicios aplicables y sujeto a las excepciones contractuales correspondientes.
Un millón de pasajeros representarían US$1.5 millones solamente por ese cargo básico, si resulta aplicable.
Pero contar al pasajero no nos dice cuánto recibió finalmente el Estado, cuánto capturó el operador ni cuánto dinero llegó al taxista, al restaurante, al artesano o al pequeño comerciante de la comunidad.
Ahí está la diferencia entre movimiento económico y desarrollo.
Un dólar gastado dentro de una terminal cuenta como gasto turístico. Pero si circula dentro de negocios vinculados al mismo operador y apenas toca la economía circundante, su efecto sobre la comunidad es distinto.
Por eso necesitamos separar cuatro cosas:
actividad económica, beneficio empresarial, recaudación fiscal y riqueza que permanece en el territorio.
Cabo Rojo: donde la pregunta deja de ser teórica
Port Cabo Rojo permite verlo.
El Estado aportó un puerto preexistente y concedió derechos para transformarlo y explotarlo. Al mismo tiempo desarrolla infraestructura pública alrededor del destino.
La Memoria Institucional 2022 de Banreservas cifró entonces el proyecto en aproximadamente US$78.3 millones y el financiamiento aprobado por el banco en US$37 millones.
Casi el 47% del monto que aquella memoria atribuía al proyecto.
Posteriormente se comenzó a hablar de una inversión cercana a US$98 millones.
Pero US$98 millones de inversión anunciada no significan US$98 millones puestos por los accionistas de ITM.
La información pública localizada no permite establecer cuánto fue capital propio, cuánto otra deuda, cuánto financiamiento relacionado ni cuánto del monto anunciado ha sido efectivamente ejecutado.
Y entonces aparece una pregunta que el país merece poder contestar:
¿Qué garantiza los US$37 millones de Banreservas?
Que Banreservas sea estatal no convierte un préstamo comercial en gasto público. Si ITM responde por esa deuda, paga intereses y existen garantías suficientes, estamos ante financiamiento privado.
Pero no hemos localizado públicamente el contrato crediticio ni sus garantías.
¿Responden activos privados de ITM? ¿Garantías corporativas? ¿Los flujos del puerto? ¿La infraestructura construida?
¿O forman parte directa o indirectamente de las garantías derechos económicos derivados de la concesión otorgada por el propio Estado?
No podemos afirmar que la concesión sea la garantía.
Pero tampoco deberíamos tener que adivinarlo.
Cuando un banco estatal financia un negocio privado desarrollado sobre derechos concedidos por el Estado, saber quién asume el riesgo y con qué patrimonio responde no debería ser un privilegio de quienes firmaron el contrato.
El turismo que necesitamos
La solución no es menos turismo ni menos inversión privada.
Es un Estado que sepa cuánto entrega, cuánto arriesga y cuánto recibe.
Toda gran concesión turística debería publicar anualmente una Cuenta de Retorno Público:
capital privado realmente invertido; deuda y garantías; activos públicos utilizados; exenciones recibidas; cánones e impuestos pagados; empleos y salarios; compras a proveedores dominicanos; inversión pública asociada y dinero que efectivamente permanece en las comunidades.
Así podremos distinguir entre inversión anunciada y capital realmente arriesgado.
Entre visitantes y valor.
Entre crecimiento y desarrollo.
República Dominicana necesita hoteles, puertos, cruceros, capital y empresarios. Pero los necesita dentro de un modelo donde el patrimonio público produzca también prosperidad pública.
Si República Dominicana pone el patrimonio y parte del riesgo, pero no puede medir cuánto de la riqueza creada regresa a su gente, eso no es todavía desarrollo: es una cuenta nacional pendiente.