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Ven economías en el mundo pueden tener mejores resultados
Ginebra.- un nuevo informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo (UNCTAD), las crecientes brechas en el ingreso y la riqueza en el mundo no son un resultado inevitable de la globalización y el cambio tecnológico.
Sostiene que el aumento de la concentración de los ingresos en unas pocas manos limita el potencial económico de las naciones al debilitar la demanda de bienes y servicios y reducir las posibilidades de educación y movilidad social de muchas personas, con lo que se estarían infrautilizando sus aptitudes y los posibles adelantos económicos.
El estudio afirma que esas tendencias pueden y deben revertirse mediante una intervención del Estado basada en las políticas fiscal y laboral.
El documento…
El texto del documento es el siguiente:
«SEGÚN UN INFORME, EL AUMENTO DE LA DESIGUALDAD
NO ES INEVITABLE Y LAS ECONOMÍAS PODRÍAN OBTENER
MEJORES RESULTADOS CON UNA DISTRIBUCIÓN
MÁS EQUITATIVADE LOS INGRESOS
En el Informe sobre el Comercio y el Desarrollo se afirma que las causas de la creciente desigualdad pueden variar, pero es posible revertir la tendencia utilizando las políticas públicas en materia de fiscalidad y mercados laborales
Según un nuevo informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo (UNCTAD), las crecientes brechas en el ingreso y la riqueza en el mundo no son un resultado inevitable de la globalización y el cambio tecnológico.
En el estudio se sostiene que el aumento de la concentración de los ingresos en unas pocas manos limita el potencial económico de las naciones al debilitar la demanda de bienes y servicios y reducir las posibilidades de educación y movilidad social de muchas personas, con lo que se estarían infrautilizando sus aptitudes y los posibles adelantos económicos.
El informe afirma que esas tendencias pueden y deben revertirse mediante una intervención del Estado basada en las políticas fiscal y laboral.
Hoy se ha publicado el Informe sobre el Comercio y el Desarrollo de 2012[1], subtitulado «Políticas para un crecimiento incluyente y equilibrado».
Las tendencias de los tres últimos decenios muestran un aumento de la desigualdad del ingreso entre países y dentro de estos. La parte del ingreso total correspondiente a los salarios se ha reducido en la mayoría de los países desarrollados y en muchos países en desarrollo. Por ejemplo, se contrajo 5 puntos porcentuales o más en Australia, los Estados Unidos de América y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y en 10 puntos porcentuales o más en Alemania, Francia e Irlanda. En varios países, actualmente entre el 10% y el 20% de la riqueza nacional se concentra en el 1% más acaudalado de la población.
Se ha producido un cambio general similar entre los países. Si bien en 1980 el ingreso per capita de las 15 naciones más ricas era 44 veces el de las 15 más pobres, para el año 2000 esa proporción se había incrementado a 62. Sin embargo, en el informe se matiza que en 2009, esa proporción se había reducido a 56 gracias a la mejora de los resultados económicos en varios países en desarrollo o en transición.
En el informe se señala que, puesto que la globalización ha avanzado notablemente en ese mismo período de 30 años, varios economistas sostienen que el aumento de la desigualdad del ingreso es un resultado necesario de la dinámica expansión del comercio internacional y los flujos financieros, y los rápidos avances tecnológicos.
Ahora bien, según el informe este resultado no es inevitable y los gobiernos pueden recurrir a las políticas fiscales y laborales para reducir la desigualdad del ingreso.
Se afirma que este objetivo está justificado no solo por razones de equidad y bienestar social, sino también porque mejoraría los resultados económicos. Las familias de renta media y baja destinan una mayor proporción de sus ingresos al consumo, precisa el informe, y ese consumo genera la demanda que impulsa a las economías modernas. Además se señala que la débil recuperación que se está produciendo tras la recesión de 2009 en las economías desarrolladas obedece directamente a la falta de demanda.
Es incluso probable que la creciente proporción del ingreso acaparada por los ricos haya contribuido a la crisis financiera mundial. En algunos países desarrollados, las pingües primas abonadas a los directivos de empresas, gestores y agentes financieros estaban muchas veces ligadas a la asunción de un riesgo excesivo con el fin de obtener beneficios a corto plazo y dividendos para los accionistas, mientras que los asalariados se veían obligados a contraer deudas para mantener su nivel de vida. Según el informe, «la concentración excesiva de los ingresos fue uno de los factores que condujo a la crisis mundial, ya que estaba vinculada a inventivos perversos para las personas con mayores ingresos y a un alto grado de endeudamiento en los grupos de menores ingresos». El informe prevé que no se producirá una salida significativa de la recesión hasta que los grupos de renta media y baja consigan unos ingresos suficientes para destinarlos al consumo.
El Informe sobre el Comercio y el Desarrollo sostiene que una distribución más equitativa del ingreso resulta también positiva a largo plazo, pues las disparidades acusadas privan a muchas personas de acceso a la educación y al crédito e impiden la expansión de los mercados nacionales. A lo largo de los años y las décadas, ello supone una ingente pérdida en términos de potencial económico de un país. Por lo tanto, una mejor estructura de la distribución del ingreso contribuiría a estimular y sostener el crecimiento económico a corto plazo e incentivaría más la inversión, la innovación y la creación de empleo a largo plazo, según el informe.
En el informe se afirma que en los países desarrollados, el aumento de la desigualdad es en parte atribuible a los cambios de comportamiento que se han producido en el sector empresarial: en lugar de reaccionar a la mayor competencia internacional mediante inversiones para aumentar la productividad, las empresas han buscado beneficios deslocalizando su producción a países con salarios bajos o manteniendo un nivel salarial reducido ante la mera amenaza de una deslocalización. Gran parte de los beneficios resultantes se utilizaron para pagar dividendos y recomprar acciones con el fin de maximizar el valor para los accionistas. En consecuencia, la contención de los salarios a nivel nacional se ha acompañado de una captación de ingresos cada vez mayor por los grupos más adinerados, como los rentistas y los «ricos trabajadores» en cargos de dirección.
En el informe se afirma que, en las economías en desarrollo y en transición, los resultados de la globalización y el cambio tecnológico con respecto a la distribución han dependido de los cambios en las estructuras de producción. El desplazamiento de la mano de obra, que ha abandonado la agricultura en favor de actividades con mayor productividad, como la manufactura, puede haber tenido inicialmente efectos negativos en la distribución de los ingresos, por ejemplo en China; es decir, los trabajadores de las fábricas ganan mucho más que los agricultores, y si bien para todos los trabajadores la situación ha mejorado, algunos están mejor que otros.
Sin embargo, cuando la globalización impulsada por las finanzas da lugar a una desindustrialización prematura y/o inestabilidad y crisis financieras, como ha sucedido en América Latina y las economías en transición, el traspaso de la mano de obra del sector manufacturero a actividades menos productivas (como los servicios en el sector informal o empleos precarios) o el hecho de que los trabajadores simplemente pierdan su empleo contribuye a reducir los niveles salariales y a agravar la brecha de ingresos. Según el informe, las crisis financieras y el amplio proceso de privatizaciones de empresas estatales han alterado también la estructura de la propiedad de las empresas y favorecido la concentración de la riqueza y los ingresos.
Internacionales
Fondos obtenidos de ayudas por COVID-19 habrían financiado complot contra Jovenel Moïse
Fiscales estadounidenses investigan el uso fraudulento de recursos de programas creados durante la pandemia para financiar parte de la operación que culminó con el asesinato del presidente haitiano en 2021.
MIAMI, Estados Unidos.– Dinero obtenido fraudulentamente de programas de asistencia económica creados por Estados Unidos durante la pandemia de COVID-19 habría sido utilizado para financiar parte de la conspiración que culminó con el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, ocurrido el 7 de julio de 2021.
La investigación de las autoridades estadounidenses sostiene que recursos procedentes de programas como el Paycheck Protection Program (PPP) y los préstamos de emergencia EIDL fueron desviados y utilizados para contribuir a la adquisición de armas, equipos tácticos y otros recursos vinculados con la operación.
Las autoridades también sitúan al sur de Florida como uno de los principales centros desde donde se habrían desarrollado actividades de planificación y financiamiento relacionadas con el complot.
El caso ha cobrado nueva relevancia tras el traslado desde Haití hacia Estados Unidos de 18 hombres acusados en relación con el magnicidio, quienes deberán enfrentar procesos ante la justicia federal estadounidense.
Trasladan 18 acusados a Estados Unidos
Los detenidos llegaron bajo custodia de autoridades estadounidenses y fueron puestos a disposición de la justicia federal en Miami.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó el traslado como parte de una nueva etapa de las investigaciones sobre el asesinato del mandatario haitiano.
El fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, Jason Reding Quiñones, indicó que las autoridades continuarán investigando a las personas que presuntamente financiaron, facilitaron o participaron en la operación.
La investigación estadounidense se ha extendido durante años y ha permitido presentar cargos contra decenas de personas por distintos niveles de participación en la conspiración.
El rastro del dinero
Uno de los elementos que ha adquirido mayor importancia dentro del expediente es determinar de dónde procedieron los recursos utilizados para preparar la operación.
Según la investigación citada, parte del dinero habría sido obtenido fraudulentamente mediante programas federales creados para auxiliar a empresas y trabajadores afectados económicamente durante la pandemia.
Las autoridades estadounidenses atribuyen a Walter Veintemilla un papel importante dentro del esquema financiero. De acuerdo con el Departamento de Justicia, habría acordado aportar US$175,000 mediante un préstamo relacionado con recursos procedentes de los programas PPP y EIDL.
Otro financista vinculado al expediente fue condenado a 20 años de prisión por lavar cientos de miles de dólares provenientes fraudulentamente de esos programas y utilizados para contribuir al financiamiento de la conspiración.
Los investigadores sostienen que los recursos ayudaron a costear elementos necesarios para ejecutar la operación, mientras otros participantes habrían facilitado armas, municiones, chalecos antibalas, radios y equipos tácticos.
Intereses económicos detrás del complot
La investigación estadounidense también apunta a posibles intereses económicos de algunos de los organizadores.
De acuerdo con las autoridades, varias personas relacionadas con el plan buscaban obtener oportunidades comerciales y contratos con el Gobierno haitiano después de provocar un cambio de poder.
El plan habría evolucionado a través de diferentes etapas.
Las autoridades estadounidenses sostienen que inicialmente existió la intención de derrocar a Moïse y establecer un gobierno favorable a determinados intereses. Posteriormente se habría contemplado secuestrar al mandatario, hasta que finalmente la operación derivó en el ataque contra su residencia.
El asesinato de Jovenel Moïse
Durante la madrugada del 7 de julio de 2021, un grupo armado penetró en la residencia privada del presidente haitiano.
Moïse fue asesinado a tiros y su esposa, Martine Moïse, resultó gravemente herida.
Entre los participantes señalados por las investigaciones figuran exmilitares colombianos y otras personas de diferentes nacionalidades.
Otro elemento incorporado al expediente es que algunos de los participantes presuntamente utilizaron indumentaria y distintivos para aparentar que pertenecían a la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).
Las evidencias presentadas en los procesos judiciales incluyen fotografías de equipos tácticos, radios y distintivos relacionados con esa falsa identificación.
Cerca de 30 personas acusadas
La investigación estadounidense ha derivado en acusaciones contra alrededor de 30 personas por distintos delitos relacionados con la conspiración.
Los cargos varían según la participación atribuida a cada acusado e incluyen, entre otros, conspiración para matar o secuestrar a una persona fuera de Estados Unidos y delitos vinculados al fraude.
Cuatro de los principales acusados fueron declarados culpables en mayo por un jurado federal en Miami y enfrentan posibles condenas de cadena perpetua.
El traslado de los 18 detenidos desde Haití abre ahora una nueva etapa judicial en un caso que, cinco años después del magnicidio, continúa revelando detalles sobre cómo se habría organizado, financiado y ejecutado una de las operaciones criminales de mayor impacto político en la historia reciente del Caribe.
Internacionales
CNN, MS NOW y Politico llevan a Trump ante los tribunales por veto en la Casa Blanca
Los tres medios cuestionan judicialmente la retirada de sus acreditaciones y sostienen que la decisión vulnera la libertad de prensa y el debido proceso protegidos por la Constitución estadounidense.
WASHINGTON, Estados Unidos.– La confrontación entre el presidente Donald Trump y varios de los principales medios de comunicación estadounidenses abrió un nuevo capítulo judicial luego de que CNN, MS NOW y Politico demandaran a su administración por impedir a sus periodistas acceder a la Casa Blanca.
Los medios acudieron al Tribunal Federal del Distrito de Columbia después de que las credenciales de sus periodistas fueran desactivadas y estos no pudieran ingresar al complejo presidencial.
La demanda sostiene que la decisión constituye una represalia basada en el contenido de su cobertura y plantea posibles violaciones de la Primera Enmienda, que protege las libertades de expresión y de prensa, así como de las garantías de debido proceso de la Quinta Enmienda.
Los demandantes solicitaron además una orden judicial temporal que permita restablecer su acceso mientras los tribunales deciden el fondo del conflicto. La acción fue presentada el lunes 21 de septiembre.
Trump defiende su decisión
El presidente había anunciado previamente la exclusión de los tres medios argumentando que difundían lo que él considera informaciones falsas.
Tras conocerse la demanda, Trump negó que su actuación constituya un ataque contra la libertad de prensa y sostuvo que sus cuestionamientos están dirigidos a lo que denomina “fake news”.
La Casa Blanca, por su parte, ha defendido que el acceso a sus instalaciones es un privilegio y no un derecho irrestricto.
Una controversia constitucional
El caso coloca nuevamente en discusión los límites que tiene un presidente estadounidense para controlar el acceso de periodistas a la sede del Poder Ejecutivo.
La Constitución no concede a los profesionales de la comunicación un derecho ilimitado a participar en todos los actos presidenciales ni a entrar en espacios restringidos. Sin embargo, precedentes judiciales han establecido límites a la capacidad del Gobierno para retirar acreditaciones arbitrariamente o discriminar a periodistas por el contenido o punto de vista de sus publicaciones.
Uno de los antecedentes relevantes es Sherrill v. Knight, de 1977, en el que una corte federal estableció garantías procesales relacionadas con las acreditaciones de prensa de la Casa Blanca.
La controversia actual plantea precisamente si la exclusión de CNN, MS NOW y Politico respondió a razones legítimas relacionadas con el control de acceso o si, como sostienen los demandantes, se produjo como consecuencia de una cobertura periodística que desagrada al presidente.
Antecedentes de enfrentamientos con la prensa
No es la primera vez que una controversia sobre las acreditaciones de periodistas durante una administración de Trump llega a los tribunales.
En 2018, durante su primer mandato, la Casa Blanca retiró temporalmente la credencial del entonces corresponsal de CNN Jim Acosta después de un enfrentamiento verbal con el mandatario durante una conferencia de prensa. Un juez federal ordenó posteriormente restituir temporalmente la acreditación.
Más recientemente, The Associated Press también sostuvo una disputa judicial con la administración después de que se restringiera su participación en determinados actos presidenciales.
Estos antecedentes son relevantes porque muestran la diferencia jurídica entre el control presidencial de espacios físicos especialmente restringidos y una eventual exclusión motivada por el contenido de la cobertura periodística.
El conflicto afecta la cobertura presidencial
La decisión contra CNN también repercutió en el denominado “pool” de prensa de la Casa Blanca, el sistema mediante el cual un grupo reducido de periodistas y camarógrafos cubre determinadas actividades presidenciales y comparte posteriormente el material con otros medios.
CNN tenía asignadas funciones dentro de ese esquema cuando se produjo la prohibición. La situación llevó a otras cadenas a suspender su participación en determinadas actividades del pool, ampliando el impacto de la controversia.
Los jueces tendrán la palabra
El conflicto deja ahora en manos de los tribunales una cuestión de alcance constitucional: hasta dónde puede llegar la autoridad presidencial para regular el acceso a la Casa Blanca sin convertir esa facultad en un mecanismo de represalia contra determinados medios por su línea de cobertura.
CNN, MS NOW y Politico sostienen que fueron excluidos precisamente por el contenido de sus informaciones. La administración Trump rechaza que se trate de un ataque contra la prensa y defiende su potestad para controlar el acceso a la sede presidencial.
El tribunal deberá determinar si las circunstancias concretas de la exclusión vulneraron las garantías constitucionales invocadas por los demandantes.
Más allá de la disputa entre Trump y tres organizaciones periodísticas, el resultado podría contribuir a precisar nuevamente los límites entre el poder presidencial, la libertad de prensa y el derecho del público a recibir información independiente sobre la actuación del Gobierno.
Internacionales
Nepal mantiene las búsquedas 11 días después de la riada tras nuevos rescates con vida
Agencia Efe
Katmandú.- Nepal mantuvo este sábado las operaciones de búsqueda once días después de la riada que devastó el norte del país, alentado por los nuevos rescates con vida registrados en las últimas horas, mientras centenares de trabajadores continúan desaparecidos en centrales hidroeléctricas arrasadas por el agua y el barro.
El ministro del Interior, Sudhan Gurung, afirmó tras los rescates que los hallazgos habían dejado “un rayo de esperanza” y aseguró que las operaciones continuarían dentro de los túneles.
La búsqueda sigue activa en varios de los complejos hidroeléctricos más afectados, con apoyo de especialistas de la India, China y Corea del Sur, según las últimas actualizaciones oficiales del Gobierno nepalí.
Upper Trishuli-1 concentra uno de los mayores operativos: más de 1400 personas vinculadas al proyecto se encontraban ahí cuando se produjo la catástrofe; 557 permanecen sin localizar y alrededor de 115 podrían haber quedado atrapadas en la zona de la presa y el túnel principal, según la empresa promotora.
El último balance consolidado por la Policía de Nepal elevaba a 1.344 los cuerpos y restos humanos recuperados y a 4.887 las personas todavía sin localizar, mientras los cuerpos de seguridad participan en un operativo que continúa también en comunidades de Rasuwa y Nuwakot y a lo largo del corredor del Trishuli, donde equipos terrestres y helicópteros buscan desaparecidos, evacúan a afectados y llevan suministros a poblaciones aisladas por la destrucción de carreteras y puentes.