Latinoamericanas
Venezuela conmemora 24 años de la rebelión popular de 1989, El Caracazo
La Asamblea Nacional aprovechará la oportunidad para juramentar una Comisión de la Verdad que se encargará de determinar responsabilidades en los crímenes de lesa humanidad perpetrados durante los hechos ocurridos entre febrero y marzo de 1989, conocidos como El Caracazo.
Pueblo venezolano rechazó «paquetazo» económico de Carlos Andrés Pérez (Foto: AVN)
Venezuela conmemora este jueves el aniversario número 24 de la gran rebelión popular del “27 de Febrero de 1989”, honrando con “sentimiento patrio“ la memoria de todas las víctimas que hicieron frente al sistema neoliberal impuesto por el entonces presidente Carlos Andrés Pérez, protagonizando un estallido social conocido como “El Caracazo”.
En el marco de esta fecha, miles de venezolanos realizarán, desde las 09.00 horas locales (13.30 GMT), una marcha popular por diferentes avenidas de la ciudad de Caracas, movilización que culminará en la plaza homónima de la capital.
Igualmente, la Asamblea Nacional aprovechará la oportunidad para juramentar una Comisión de la Verdad que se encargará de determinar responsabilidades en los crímenes de lesa humanidad perpetrados durante los hechos ocurridos entre febrero y marzo de 1989.
Esta instancia legislativa estará conformada por 19 miembros: 10 de ellos serán del frente de familiares y amigos de asesinados, desaparecidos, torturados por razones políticas durante ese período, mientras que los nueve restantes provendrán de los Poderes Públicos.
que con la Ley para Sancionar e Investigar los crímenes desapariciones, torturas y otras violaciones a los derechos humanos cometidos en el país durante el período 1958-1998, se está saldando la deuda heredada de la Cuarta República.
La diputada Marelis Pérez, del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), aseguró que la “Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y Otras Violaciones de los Derechos Humanos por Razones Políticas en el Período 1958-1998” viene a saldar la deuda heredada de la Cuarta República.
Entre otros actos, la Fundación Centro Nacional de Danza presentará este viernes las obras “Asonados” y “Momentos hostiles”, en las instalaciones Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño, en Caracas. Ambas piezas están relacionadas con la realidad que vivía Venezuela en los años 80 y los actos que conllevaron a la rebelión popular.
Estallido social
El 27 de Febrero ocurrió la expresión espontánea de un pueblo que sufría la aplicación de políticas económicas que demandaban la disminución de la inversión social, la privatización de las empresas públicas, el alto costo y la escasez de alimentos, entre otras medidas.
La fórmula económica anunciada por el Mandatario fue calificada por el pueblo como “paquetazo económico”, por estar subordinada a los intereses del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Este “paquetazo” sometería al país a liberación de precios y tasas de interés, aumentos del precio de la gasolina e incremento en el costo de los servicios públicos; así como eliminación de subsidios y control de cambio.
Para ese año, la economía sufrió una contracción de 8,1%por ciento y la tasa de inflación alcanzó 84,5 por ciento, mientras el índice de pobreza alcanzó al 62 por ciento de la población, estando 30 por ciento de ellos en pobreza absoluta. Asimismo, el déficit público se redujo de 9,9 por ciento a 1,7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
Por ello, el presidente Pérez concretó con el FMI un programa que contemplaba un rescate económico por cinco mil millones de dólares en tres años, a cambio del mencionado paquetazo. Esta situación fue similar a la que actualmente viven naciones como Grecia o España, víctimas de la vigente crisis global.
La aplicación de medidas de austeridad llevó al pueblo a emprender una revuelta popular que derivó en saqueos, protestas callejeras y una brutal represión por parte del Estado que sacó a las calles a los militares con tanques de guerra, provocando al menos dos mil muertos y desaparecidos, según organizaciones humanitarias.
Uno de los afectados durante El Caracazo fue José Luís Martínez, quien fue herido de bala por la Policía Metropolitana (área capitalina) por tratar de impedir que los oficiales dispararán contra una señora que salvaba a su niña herida.
“En el gobierno genocida de Carlos Andrés Pérez se violaron cualquier forma de derechos humanos habidos y por haber. Hoy día el pueblo ha tomado mucha conciencia y ahora en la Constitución se garantizan los Derechos Humanos de forma específica, tanto así que en 14 años de revolución no hay quien hable de desaparecidos”, señaló a la estatal Agencia Venezolana de Noticias.
Por EUROPA PRESS
BRASILIA .- Al menos diez personas han muerto tras estrellarse una avioneta este domingo en una zona poblada de la localidad de Gramado, concretamente afectando a una vivienda, a una posada y a un comercio de telefonía. Los fallecidos eran todos tripulantes del aparato, incluido el empresario Luiz Cláudio Salgueiro Galeazzi, de 61 años, y nueve familiares, mientras que hay 17 personas heridas en tierra.
El aparato despegó del Aeropuerto de Canela sobre las 9.15 horas (13.15, hora peninsular española) con destino Jundiaí (Sao Paulo) y cayó minutos después, según recoge la televisión brasileña G1.
Los Bomberos han informado de que una de las personas que estaba en el inmueble donde se estrelló la avioneta pudo salir ilesa del accidente y han confirmado que en la tienda de teléfonos móviles no había nadie.
En la posada se produjo un incendio y las 17 personas que había en su interior han tenido que recibir atención sanitaria por inhalación de humo y han sido trasladadas a un hospital. Dos mujeres están graves.
La Fuerza Aérea Brasileña (FAB) ha publicado los datos de la avioneta, que está a nombre de Luiz Cláudio Salgueiro Galeazzi, administrador de empresas, hijo de Cláudio Galeazzi, exdirectivo de la empresa Pão de Açúcar.
Entre los fallecidos están la esposa de Salgueiro Galeazzi, tres de sus hijas, su suegra, una hermana, un cuñado y dos sobrinos. Salgueiro Galeazzi era consejero delegado de Galeazzi & Associados, una firma dedicada a la gestión de crisis y reestructuración de empresas.
of-am
Puerto Príncipe, (EFE).- Al menos una veintena de personas, entre ellas algunos niños, murieron durante la noche del martes a este miércoles en la región de Artibonite, en el centro de Haití, en un ataque de la banda armada Gran Griff, según informó este miércoles a EFE una organización local.
En ese ataque fue secuestrado además un número no precisado de personas por miembros de ese grupo armado, que a su paso por la localidad incendiaron también casas, pese a la presencia en Petite Riviere de la Policía Nacional Haitiana (PNH) y de la Fuerza Multinacional de Apoyo a la Seguridad.
Según algunos medios locales, este ataque sería la represalia de ese grupo armado ante las acciones del movimiento de justicia popular conocido como Bwa Kale por parte de vecinos de Petite Riviere y que ya ha costado la vida de varios presuntos miembros de bandas de la zona.
En otro video que circula también por las redes sociales se ve que los cadáveres se arrojan al río Artibonite.
Adicional, los hechos de esta madrugada se producen pocos días después de que este fin de semana más de 180 personas -según cifras oficiales- se asesinaron en Wharf Jérémie, en el barrio capitalino de Cité-Soleil, la mayor zona de chabolas del país, en una masacre ordenada por el jefe de la banda Wa Mikano (‘Rey Mikano’) bajo el pretexto de que un hijo suyo se le hizo brujería.
El lunes pasado, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, indicó que con las víctimas de Wharf Jérémie el número de personas asesinadas en medio de la violencia en el país se eleva a unas 5.000 este año.
Tanto el Gobierno de Guatemala como el de Honduras han negado que las 9.8 toneladas de cocaína decomisadas en dos contenedores en el Puerto Multimodal Caucedo, hayan sido embarcadas en esos países.
De acuerdo a las autoridades, parte de la droga se encontró en un contenedor cargado de banano y la otra, en uno sin cargamento, junto al que tenía el fruto.
En el primer comunicado, dado a conocer el 8 de diciembre, un día después del decomiso, establecía que una embarcación de carga procedente de Veracruz, México, arribó a Puertos Barrios, en Guatemala, y durante su estadía se le incorporó carga local.
Señalan que posteriormente la embarcación zarpó con destino a Bélgica, realizando dos escalas; la primera en Puerto Cortés, Honduras, y la segunda en el Puerto Caucedo.
“Se ha determinado que en el proceso de control en Puerto Barrios y tras la revisión del contenedor a través de tecnología de scanner, los análisis de imágenes no presentaban ilícitos al salir de Guatemala y fue dictaminado como NO sospechoso”, dice el comunicado.
“Concluimos que definitivamente el contenedor con la cocaína que se descubre y que se vinculó al inicio que salió de Puertos Barrios, se descarta de que fue contaminado en ese puerto”, dijo a la prensa.
Asimismo, la Gobernación de Guatemala, publicó un comunicado titulado “República Dominicana descarta que cargamento de posible droga se introdujera en Guatemala”.
Honduras, país donde este contenedor con bananos supuestamente hizo una parada, tras salir de Guatemala, negó que el mismo haya pisado alguno de sus puertos o tierra hondureña.
“Aduanas Honduras, como institución garante de la seguridad nacional aclaramos; que según informe, registros y trazabilidad de la carga de la Unidad de Control de Contenedores (UCC) de Aduanas de Honduras, certifica por la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito (ONUDC), los contenedores donde fue encontrada la supuesta droga en un puerto en República Dominicana, NO TOCARON SUELO, NI PUERTOS HONDUREÑOS, por lo que no se registran movimientos de que estos hayan pasado o permanecido en alguna terminal de Puerto Cortés”, dice un comunicado publicado en redes sociales.
Una fuente ligada a la pesquisa sobre este caso reveló a LISTÍN DIARIO que las investigaciones sobre el decomiso más grande en la historia de República Dominica están muy avanzadas.
Informó que los fiscales han realizado varias reuniones con personas ligadas al puerto y están estudiando cada imagen de las cámaras de seguridad que se encuentra en el Puerto Multimodal Caucedo.
Estos 9,889 kilogramos de cocaína fueron quemadas el pasado lunes en las instalaciones de la sede de la Primera Brigada de Infantería del Ejército de la República Dominicana, ubicada en el kilómetro 25 de la autopista Duarte, del municipio Pedro Brand.
Esta droga era movilizada en 320 sacos, que en total contenían de 9,587 paquetes. La misma tenía un valor estimado de 250 millones de dólares y tenía como destino a Bélgica, país de Europa.