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Venezuela conmemora 24 años de la rebelión popular de 1989, El Caracazo

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La Asamblea Nacional aprovechará la oportunidad para juramentar una Comisión de la Verdad que se encargará de determinar responsabilidades en los crímenes de lesa humanidad perpetrados durante los hechos ocurridos entre febrero y marzo de 1989, conocidos como El Caracazo.

Pueblo venezolano rechazó «paquetazo» económico de Carlos Andrés Pérez (Foto: AVN)

Venezuela conmemora este jueves el aniversario número 24 de la gran rebelión popular del “27 de Febrero de 1989”, honrando con “sentimiento patrio“ la memoria de todas las víctimas que hicieron frente al sistema neoliberal impuesto por el entonces presidente Carlos Andrés Pérez, protagonizando un estallido social conocido como “El Caracazo”.

En el marco de esta fecha, miles de venezolanos realizarán, desde las 09.00 horas locales (13.30 GMT), una marcha popular por diferentes avenidas de la ciudad de Caracas, movilización que culminará en la plaza homónima de la capital.

Igualmente, la Asamblea Nacional aprovechará la oportunidad para juramentar una Comisión de la Verdad que se encargará de determinar responsabilidades en los crímenes de lesa humanidad perpetrados durante los hechos ocurridos entre febrero y marzo de 1989.

Esta instancia legislativa estará conformada por 19 miembros: 10 de ellos serán del frente de familiares y amigos de asesinados, desaparecidos, torturados por razones políticas durante ese período, mientras que los nueve restantes provendrán de los Poderes Públicos.

que con la Ley para Sancionar e Investigar los crímenes desapariciones, torturas y otras violaciones a los derechos humanos cometidos en el país durante el período 1958-1998, se está saldando la deuda heredada de la Cuarta República.

La diputada Marelis Pérez, del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), aseguró que la “Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y Otras Violaciones de los Derechos Humanos por Razones Políticas en el Período 1958-1998” viene a saldar la deuda heredada de la Cuarta República.

Entre otros actos, la Fundación Centro Nacional de Danza presentará este viernes las obras “Asonados” y “Momentos hostiles”, en las instalaciones Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño, en Caracas. Ambas piezas están relacionadas con la realidad que vivía Venezuela en los años 80 y los actos que conllevaron a la rebelión popular.

Estallido social

El 27 de Febrero ocurrió la expresión espontánea de un pueblo que sufría la aplicación de políticas económicas que demandaban la disminución de la inversión social, la privatización de las empresas públicas, el alto costo y la escasez de alimentos, entre otras medidas.

La fórmula económica anunciada por el Mandatario fue calificada por el pueblo como “paquetazo económico”, por estar subordinada a los intereses del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Este “paquetazo” sometería al país a liberación de precios y tasas de interés, aumentos del precio de la gasolina e incremento en el costo de los servicios públicos; así como eliminación de subsidios y control de cambio.

Para ese año, la economía sufrió una contracción de 8,1%por ciento y la tasa de inflación alcanzó 84,5 por ciento, mientras el índice de pobreza alcanzó al 62 por ciento de la población, estando 30 por ciento de ellos en pobreza absoluta. Asimismo, el déficit público se redujo de 9,9 por ciento a 1,7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Por ello, el presidente Pérez concretó con el FMI un programa que contemplaba un rescate económico por cinco mil millones de dólares en tres años, a cambio del mencionado paquetazo. Esta situación fue similar a la que actualmente viven naciones como Grecia o España, víctimas de la vigente crisis global.

La aplicación de medidas de austeridad llevó al pueblo a emprender una revuelta popular que derivó en saqueos, protestas callejeras y una brutal represión por parte del Estado que sacó a las calles a los militares con tanques de guerra, provocando al menos dos mil muertos y desaparecidos, según organizaciones humanitarias.

Uno de los afectados durante El Caracazo fue José Luís Martínez, quien fue herido de bala por la Policía Metropolitana (área capitalina) por tratar de impedir que los oficiales dispararán contra una señora que salvaba a su niña herida.

“En el gobierno genocida de Carlos Andrés Pérez se violaron cualquier forma de derechos humanos habidos y por haber. Hoy día el pueblo ha tomado mucha conciencia y ahora en la Constitución se garantizan los Derechos Humanos de forma específica, tanto así que en 14 años de revolución no hay quien hable de desaparecidos”, señaló a la estatal Agencia Venezolana de Noticias.

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Persiste el caos en Haití que espera el pleno establecimiento del Consejo de Transición

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EFE
Persiste la situación de caos en Haití, marcada por sangrientos enfrentamientos entre unidades de la Policía Nacional Haitiana (PNH) y grupos armados pertenecientes a la coalición ‘Vivre Ensemble’ (‘Vivir Juntos’) y el no funcionamiento de las escuelas desde hace más de un mes en la región metropolitana de la capital.

En este contexto y tras varias semanas de evasivas, en la víspera se firmó el decreto por el que se nombra al Consejo Presidencial de Transición llamado a dirigir hasta el 7 de febrero de 2026, fecha prevista para la investidura de un nuevo presidente tras las elecciones legislativas.

En la norma se invita a las personalidades designadas para formar parte de dicho Consejo a presentar en la Secretaría General del Consejo de Ministros los documentos requeridos de conformidad con el artículo 2 del decreto publicado.

Estos son al menos los requisitos establecidos en una nota publicada para anunciar la adopción por el Consejo de Ministros y la publicación en el diario oficial Le Moniteur del decreto por el que se crea el Consejo Presidencial de Transición.

La publicación de este decreto ha sido acogida con satisfacción por los actores nacionales y la comunidad internacional, incluidos Estados Unidos, la Comunidad del Caribe (Caricom), Canadá, Francia y las Naciones Unidas.

La Oficina Integrada de las Naciones Unidas afirma que continúa siguiendo de cerca el proceso que ha llevado a la publicación del decreto.

«Reafirmamos nuestro compromiso de apoyar a las instituciones del país en sus esfuerzos por restaurar las instituciones democráticas», declaró el representante del secretario general de la ONU en Haití.

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ONG reporta 241 personas muertas en las cárceles de El Salvador en dos años de régimen de excepción

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AP

El Salvador.-La organización Socorro Jurídico Humanitario afirmó el miércoles que 241 personas murieron en las cárceles en los dos años de vigencia del régimen de excepción en el país, luego de ser detenidos como sospechosos de ser pandilleros o colaborar con estos grupos criminales.

La directora de la organización, Ingrid Escobar, dijo que desde 2022 han recibido 500 denuncias de fallecidos bajo custodia del Estado, pero «nosotros hemos confirmado 241: 239 adultos y dos niños hijos de privadas de libertad».

Según el informe de la ONG, «el 44% murió por muerte violenta, torturas graves, el 29% por falta de atención médica, es decir, otra forma de torturar a la gente».

El gobierno del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, consiguió que el Congreso del país aprobara hace dos años un régimen de excepción, como parte de su política de mano dura contra las pandillas, que suspendió derechos fundamentales como el de tener acceso a un abogado o el de conocer los motivos de la detención.

Además, el plazo de detención administrativa —sin pasar a disposición judicial— se extiende de 72 horas a 15 días y hasta dos años para investigarlos.

La medida fue la respuesta del gobierno a los índices de violencia y de asesinatos en el país.

La situación de los detenidos en las cárceles de El Salvador ha sido recurrentemente cuestionada por organizaciones de derechos humanos por vulneración de los mismos.

Socorro Jurídico Humanitario también pidió al Estado salvadoreño que investigue conforme a la ley «todos los homicidios que han ocurrido en los centros penitenciarios, así como todas las desapariciones forzadas de detenidos».

Por su parte, la organización Cristosal registra más de 3,500 denuncias de violaciones a derechos humanos durante el régimen de excepción.

Amnistía Internacional también sostiene que ha habido desapariciones forzadas, torturas y muertes arbitrarias bajo custodia del Estado, así como trato cruel e inhumano, hacinamiento carcelario y criminalización de personas que viven en la pobreza.

Al presentar el informe, la directora Escobar dijo que «el Estado de El Salvador tiene que estar claro que ha sido violador de tratados internacionales y que ha cometido crímenes de lesa humanidad».

Sin embargo, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, indicó que desde la entrada en vigencia del estado de excepción el 27 de marzo de 2022, han detenido a 79,184 personas, calificadas como «presuntos terroristas». Con estas cifras, el ministro refirió que han capturado al 75% de los pandilleros del país y que la mayoría del 25% faltante, ya están fuera del territorio nacional.

El mismo gobierno ha tenido que liberar a más de 7,000 personas por falta de pruebas en los últimos dos años. Alrededor del 90% de los reclusos están en la cárcel sin sentencia.

En ese sentido, la ong Socorro Jurídico Humanitario estimó que el 35% son inocentes y que el 94% de los fallecidos no tenían afiliación con pandillas.

«La mayoría eran personas trabajadoras como comerciantes informales, taxistas y/o transportistas informales, agricultores, pescadores, pastores y predicadores evangélicos, empleados municipales y un sindicalista», señala en informe.

No obstante, el ministro Villatoro reiteró en una entrevista con la televisión local la necesidad de continuar con la política de seguridad contra las pandillas, a las que las autoridades responsabilizan de la mayoría de los crímenes que se cometen en el país.

Según el gobierno, la violencia en El Salvador ha disminuido considerablemente desde 2015, cuando se registraron más de 6,665 homicidios y el país era considerado uno de los más peligrosos del mundo. En 2023, el año cerró con 214 asesinatos, entre ellos, 38 homicidios de presuntos pandilleros, que fallecieron en supuestos enfrentamientos con policías y fuerzas armadas.

Según cifras oficiales, en los tres primeros meses de 2024 se contabilizan 31 homicidios, un 34% menos que los 47 registrados en el mismo periodo del año pasado. En los dos primeros días del abril, se ha confirmado un homicidio.

Con al régimen de excepción, el Congreso también reformó el Código penal para aumentar las penas de cárcel para los pandilleros y sus colaboradores. Además, los fiscales pueden presentar juicios masivos por clicas —o grupos de pandillas— sin necesidad de individualizar los procesados.

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Haití extiende por un mes más el estado de emergencia en la capital debido a la violencia

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Efe

Puerto Príncipe.-El Gobierno de Haití informó este miércoles que extenderá el estado de emergencia en todo el Departamento Oeste, donde se ubica la capital, desde este jueves hasta el 3 de mayo próximo.

Las autoridades también decidieron extender el período de toque de queda en toda esa demarcación desde este miércoles hasta el 10 de abril próximo.

Estas disposiciones han sido tomadas con el fin de restablecer el orden y tomar las medidas oportunas para recuperar el control de la situación, dijo el comunicado emitido por la oficina del primer ministro interino, Michel Patrick Boisvert.

El toque de queda se extenderá desde las siete de la noche hora local (24:00 GMT) hasta las seis de la mañana hora local del miércoles venidero (11:00 GMT).

Esta medida no se aplica a los agentes del orden en servicio, bomberos, conductores de ambulancias, personal sanitario y periodistas debidamente identificados.

Durante el período del estado de emergencia, todas las manifestaciones en la vía pública están prohibidas, de día o de noche, en el Departamento Oeste.

En consecuencia, se ordenó a la policía utilizar todos los medios legales a su disposición para hacer cumplir el toque de queda y detener a todos los infractores.

La orden de Boisvert no sorprende a los haitianos, ya que la situación de violencia imparable que afecta a la capital, principalmente, se mantiene a causa de los ataques por doquier de las bandas armadas que controlan o inciden en casi la totalidad de Puerto Príncipe.

Lo dispuesto por el ministro interino se produce cuando aumentan las expectativas en torno a reuniones para la conformación del Consejo Presidencial para la Transición en Haití, impulsado por la Comunidad del Caribe (Caricom) y países como Estados Unidos, Canadá, México y Brasil, con el propósito de sacar a Haití de una situación de inseguridad sin precedentes.

Mientras se llevan a cabo esas discusiones, algunas zonas de la región metropolitana de la capital presentaron este miércoles una aparente calma, y en otras áreas se escucharon intensos tiroteos durante todo el día.

La Policía Nacional de Haití (PNH) intensificó sus operaciones como única institución que queda en pie en el país desde que estalló la crisis a finales de febrero pasado, y se declara movilizada y decidida a seguir luchando contra las bandas armadas en concertación con la población.

En un comunicado hecho público este miércoles, la PNH anunció la muerte de un poderoso jefe de banda en un intercambio de disparos, así como la incautación de armas y municiones.

‘New York New York’, el jefe de la banda de Cité Doudoune, en la comuna de Croix-des-Bouquets, al norte de la capital, fue abatido, según la policía, durante una operación para acabar con el bandidaje.

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Edificio La República: Restauración No. 138, cuarta planta, Santiago, República Dominicana. Teléfono: 809-247-3606. Fax: 809-581-0030.
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