Latinoamericanas
Venezuela convoca a sus acreedores para evitar el default
AFP
Con reservas por 9.700 millones de dólares, Venezuela tiene obligaciones para 2018 que ascienden a unos 8.000 millones, en medio de una severa crisis económica.
CARACAS. Venezuela convocó este viernes a sus acreedores a una reunión en Caracas para intentar una renegociación de la deuda externa, estimada en unos 150.000 millones de dólares, un proceso que acrecentó los temores de default.
“Le digo a (…) los tenedores de la deuda venezolana: tengo moral para convocarlos el 13 de noviembre a Caracas e iniciemos un proceso de refinanciamiento y renegociación de la deuda”, afirmó este viernes el presidente Nicolás Maduro.
Tras ese anuncio, la agencia Fitch redujo la calificación de la deuda a “C” de “CC”, en base a “faltas de pago previas”, lo cual “hace un incumplimiento de pagos altamente probable”, según un comunicado.
Venezuela dijo que inició este viernes el pago de 1.169 millones de dólares por capital e intereses del bono de la petrolera PDVSA 2017.
Pero tras esa liquidación, deberá cancelar en lo que resta del año entre 1.400 y 1.800 millones de dólares de intereses de otros papeles, y rendimientos pendientes de bonos que debió pagar en octubre y tienen un período de gracia de 30 días.
A la cabeza de la comisión negociadora, el vicepresidente Tareck El Aissami afirmó que el gobierno buscará sentar “las bases para renegociar los términos de la deuda externa de la República y de PDVSA”.
Maduro denuncia una “persecución financiera” impulsada por Estados Unidos, que en agosto prohibió negociar nueva deuda venezolana.
El presidente y El Aissami forman parte de una lista de funcionarios venezolanos sancionados por Estados Unidos y Canadá, lo cual dificulta una negociación.
“Las opciones para mantenerse al día con los pagos están disminuyendo rápidamente, principalmente porque cualquier reestructuración debe tener un plan creíble de reformas económicas”, aseguró el analista Diego Moya-Ocampos, del IHS Markit.
Con reservas por 9.700 millones de dólares, Venezuela tiene obligaciones para 2018 que ascienden a unos 8.000 millones, en medio de una severa crisis económica.
“El riesgo del default está allí”, dijo a la AFP el analista Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica, quien señaló que para renegociar se requiere un plan de reestructuración y saneamiento. “Y ese plan no está”, agregó.
La pretendida renegociación generó que los bonos venezolanos bajaran hasta 20 puntos, aunque luego se recuperaron un poco, según Ecoanalítica.
Los analistas ven poco probable que Maduro cambie el modelo centralizado de la economía que se contrajo 36% en los últimos cuatro años, al borde de la hiperinflación y con su producción petrolera en caída.
La falta de un plan se agrava por las sanciones de Trump, “que impiden a los bancos basados en Estados Unidos participar en un proceso de reestructuración, apuntó Moya-Ocampos.
Si Venezuela cae en default, agrega Oliveros, en el corto plazo la gente puede sentir “un respiro” porque lo que se deje de pagar se puede usar para importaciones o inversión social, pero eso será “temporal”.
“En el mediano plazo se tendrá un mayor aislamiento, más complicación para las operaciones externas, más incertidumbre que presiona variables como inflación. El default profundiza la recesión”, aseveró Oliveros.
Abonando a la incertidumbre, el FMI dijo Venezuela incumple con su obligación de entregarle datos económicos y le dio seis meses al gobierno para que lo haga.
Según consultoras privadas, la deuda externa incluye 45.000 millones de dólares de deuda pública, 45.000 millones en deuda de PDVSA, 23.000 millones de dólares en deuda con China y 8.000 millones con Rusia, entre otras obligaciones.
Maduro señaló que el problema es con los “cipayos financieros y chacales”, la banca occidental estadounidense y europea; pero que con China y Rusia hay relaciones “extraordinarias”.
Venezuela está por cerrar un acuerdo de reestructuración de unos 3.000 millones de dólares de su deuda con Moscú.
“Creemos que el gobierno venezolano manejará apropiadamente sus cuestiones de deuda”, dijo la portavoz de la cancillería china, Hua Chunying.
Según el gobierno, desde 2014, Venezuela canceló 71.700 millones de dólares de capital e intereses de deuda. “Ni nos han asfixiado, ni nos van a asfixiar”, subrayó Maduro.
El Parlamento, de mayoría opositora, advirtió que no reconocerá una reestructuración que no se someta a su aprobación. Pero la justicia ha anulado sus poderes.
En 2001, Argentina declaró el mayor default de la historia por casi 100.000 millones de dólares, tras lo cual reestructuró su deuda en 2005 y 2010.
Mientras, Grecia se beneficia de un plan de ayuda de la zona euro por 86.000 millones de euros para servir la colosal deuda que suma un 180% de su PIB.
por Maria Isabel SANCHEZ
Agencia AFP
Perú.-La derechista Keiko Fujimori aventaja levemente al izquieridista Roberto Sánchez en los sondeos a boca de urna en un reñido balotaje presidencial (segundoa vuelta) este domingo en Perú, marcado por la inestabilidad política y la criminalidad.
Keiko Fujimori, hija del expresidente autócrata Alberto Fujimori (1990-2000), se enfrentó en su cuarto intento de llegar a la presidencia a Sánchez, heredero político del exmandatario Pedro Castillo, preso por el fallido autogolpe de Estado de 2022.
Fujimori obtiene 50,7% frente 49,3% de Sánchez, según la encuestadora privada Ipsos; y 50,5% contra 49,5%, de acuerdo con Datum, lo que muestra prácticamente un empate técnico.
Las mesas de votación cerraron a las 17H00 locales (22H00 GMT), tras una jornada sin mayores incidentes a diferencia de la caótica primera ronda plagada de fallos técnicos y denuncias de fraude.
Fujimori, administradora de 51 años, apeló al legado ambivalente de su padre, quien estabilizó la economía, derrotó a la insurgencia, pero fue acusado de crímenes de lesa humanidad.
Sánchez, congresista y exministro de 57 años, reivindicó la herencia campesina de Castillo. Como muestra de lealtad, esperó los resultados a boca de urna en la cárcel donde está recluido su mentor, a quien prometió indultar.
Los dos candidatos no superaron juntos el 30% en una primera vuelta, en abril, empañada por denuncias de fraude que aumentaron la desconfianza en las instituciones peruanas.
– «Comunismo» o «dictadura» –
«Voté por Keiko porque representa estabilidad. Lamentablemente, no le hemos dado oportunidad de gobernar», declaró Luis Bernaola, técnico electrónico de 44 años.
Sánchez moderó su discurso de «cambio radical», se distanció de los ultranacionalistas, y dijo a la AFP que quiere una relación «respetuosa» con Washington.
El izquierdista, que lleva siempre el sombrero que le regaló Castillo, acusa a Fujimori de ser parte de la «dictadura» del poderoso Congreso que derriba presidentes, donde ella tiene influencia.
Sin afectar el balotaje, un juez lo envió a juicio por presuntas anomalías financieras en su partido. Si gana la presidencia tendría inmunidad, aunque es vulnerable ante un parlamento inclinado a la derecha.
Ninguno tiene mayoría legislativa. El futuro presidente deberá tejer alianzas si quiere concluir su mandato, opinó el analista Jeffey Radzinsky.
El ganador sustituirá a partir del 28 de julio al mandatario interino José María Balcázar.
– Extorsiones, lo más crítico –
Pese a la desilusión política, la mayor preocupación de los peruanos es la inseguridad en un país donde proliferan las bandas criminales y las denuncias de extorsión aumentanon nueve veces en cinco años.
«Es lo más crítico. Espero que acaben con la delincuencia», aseguró a la AFP Carlos Altamirano, ingeniero de 49 años, tras votar en el norte de Lima.
Fujimori receta mano dura: militarizar cárceles y zonas conflictivas, y expulsar migrantes para acabar -dice- con la «lacra social» con la «misma fuerza» con que su padre venció a la insurgencia en los años 1990.
Sánchez propone encarar la corrupción en la policía y la justicia, ante lo que denuncia como una complicidad de élites políticas con la criminalidad.
Su base social está en el campo empobrecido y abandonado, donde la inseguridad es menor. Fujimori la tiene en Lima, que de 2020 a 2025 triplicó la tasa de homicidios, para llegar a un índice de 23 por cada 100.000 habitantes.
El ganador recibirá un Perú económicamente estable, con un crecimiento del PIB del 3,4% y baja inflación. Pero siete de cada diez trabajadores están en la economía informal.
Fujimori defiende las propuestas neoliberales, el respeto a la propiedad privada y la atracción de inversiones.
Sánchez ofreció alzas salariales y tratamiento de tranquilizar a los inversionistas al prometer que mantendrá la apertura económica e independencia del banco estratégico central.
Ciudad de Panamá, (EFE).- Una nueva respuesta humanitaria abarcará a más de 400.000 personas en Haití afectadas por la prolongada crisis de violencia en el país, donde más de la mitad de la población necesita asistencia alimentaria y sanitaria, informó este lunes la ONG global Plan International.
Esta iniciativa beneficiará a más de 400.000 personas en los departamentos de Ouest, Centre y Artibonite, y contempla la cobertura de sus necesidades más urgentes de alimentación, refugio y artículos esenciales.
«Lo que vemos cada día en Haití exige una respuesta a esta escala. Las familias desplazadas, y las comunidades que las acogen, están cargando con el peso de una crisis que no se detiene», afirmó el director de Plan International Haití, Prospery Raymond, en una comunicado de prensa.
Los servicios de nutrición ampliarán el acceso a prevención, detección y tratamiento de la desnutrición aguda severa en sitios de desplazados y comunidades de acogida, al tiempo que los servicios de protección de la niñez conectarán a niñas y niños afectados por la violencia, el desplazamiento y la separación familiar con servicios esenciales y con especial atención a las niñas y a otros grupos en mayor riesgo.
La ONG global recordó que Haití atraviesa una de las peores emergencias humanitarias de su historia reciente, impulsada por la violencia armada, el desplazamiento masivo, la inseguridad alimentaria severa y el colapso de los servicios esenciales que están dejando a millones de familias sin acceso a necesidades básicas.
«Más de 6,4 millones de personas -más de la mitad de la población- necesitan asistencia humanitaria en Haití. El hambre es una de las caras más severas de esta crisis: la actualización del IPC (Marco Integrado de Clasificación de la Seguridad Alimentaria) publicada en abril de 2026 identifica a 5,8 millones de personas en inseguridad alimentaria aguda y advierte que el 70 % de las personas que viven en sitios de desplazados en Puerto Príncipe enfrenta carencias alimentarias severas», indicó Plan.
La organización recalcó que en Puerto Príncipe y sus alrededores, grupos armados controlan amplias zonas y exponen a la niñez al reclutamiento, la explotación, la violencia sexual y la interrupción de su educación.
Agencia AFP
La Paz, Bolivia.-El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, advirtió el miércoles que la crisis «está llegando al límite», en una nueva jornada de manifestaciones que exigen su renuncia pese a la posibilidad de que declare un estado de excepción para frenar las protestas.
Paz enfrenta desde hace casi un mes una convulsión social, con bloqueos de carreteras por parte de campesinos, obreros y transportistas que pedían medidas contra la crisis económica, la peor en cuatro décadas, y ahora exigen su renuncia.
«El que quiera destruir la patria se las va a ver con este presidente y con toda la fuerza de la Constitución», advirtió, en alusión a los estados de excepción.
Pero las manifestaciones no paran. Con banderas indígenas, miles de campesinos indígenas, la mayoría mujeres, marcharon este miércoles, en el Día de la Madre, por el centro de La Paz.
La marcha de campesinas se unió en una sola protesta con choferes en huelga que han paralizado parcialmente el transporte público.
«La policía boliviana no puede reprimir contra su propio pueblo. Ellos vienen de las mismas comunidades. No pueden enfrentarse contra sus propios hermanos, contra su padre, contra su madre (…) que se repliegue», dijo a la AFP Froylan Choque, en la manifestación.
– «Peor que el covid» –
La Paz, sede del gobierno, y la vecina ciudad de El Alto, son el epicentro de las protestas y bloqueos, que han causado escasez de alimentos, medicinas y combustible. En otras ciudades, como Oruro (oeste), Potosí (suroeste) y Cochabamba (centro) el problema es menor.
Grupos de cientos de vecinos en La Paz también han marchado en estos días en contra de los bloqueos de carreteras, constató la AFP.
Según el presidente, los efectos en la economía llegan a los 600 millones de dólares de pérdidas en un país en severa crisis desde 2023, que agotó sus reservas de dólares y su inflación ronda el 15%.
«Es peor que el covid», manifestó Paz, al hablar de la escasez y la subida de precios provocada por los bloqueos en La Paz y El Alto.
En un intento por bajar las tensiones, Paz, economista de 58 años, anunció esta semana que bajará a la mitad su salario, en una medida casi simbólica pues su ingreso mensual es equivalente a 3,448 dólares.
El anuncio no ha surtido ningún efecto entre los manifestantes.
«Estamos hartos con este presidente (…) Por culpa de él, está sufriendo toda la gente boliviana», expresó este miércoles Delta Salinas, otra de las manifestantes.
El gobierno de Paz denuncia un intento de «alterar el orden democrático» y señala al expresidente socialista Evo Morales (2006-2019), prófugo por un caso de presunta trata de una menor, de impulsar los disturbios en las protestas.
El líder cocalero, refugiado en la zona del Chapare, su bastión político, insta a Paz a que llame a nuevas elecciones en 90 días.