Opinión
Venezuela: el ladrón juzga por su condición
Por Narciso Isa Conde
Es difícil encontrar en la historia de la humanidad un sistema con mas capacidad de saqueo, apropiación y expoliación de las riquezas del Planeta Tierra que el modo de producción, distribución, acumulación y dominación capitalista, especialmente en su fase imperialista; ahora agravada por su “modo operanti” neo-conservador o neo-liberal y por el incremento se su voracidad, su financierización y su gansterización a la luz de su crisis de decadencia.
Como parte relevante de ese proceder del capitalismo imperialista, EEUU y sus elites empresariales, políticas y militares, han roto todos los records en prácticas de latrocinio de lo ajeno a escala mundial.
- EEUU: MÁS ALLA DEL ROBO Y LOS GENOCIDIOS.
De ahí que lo de que “el ladrón” no solo sea un recurso retórico, sino una condición demostrable.
Pero ahora no voy a caerle encima al poder imperialista y a sus conductores solo por su historia de robos impunes.
Tampoco solo por sus prácticas genocidas (terrorismo incluido), que a lo sumo requeriría desempolvar sus oscuros archivos de invasiones militares, golpes de Estado, guerras de agresión, escuelas de formación de militares asesinos y torturadores, cárceles tumbas, atentados, masacres, guerras químicas y bacteriológicas, bloqueos económicos…
O sencillamente mencionar lo que junto a sus aliados hizo recientemente o está haciendo en Palestina, Irán, Irak, Afganistán, Libia, Yemen, Kosovo, Ucrania, Honduras, Haití, Venezuela, Bolivia… Sin olvidar el Congo, Viet Nam, Cuba, Chile, Colombia, Argentina, Uruguay, Brasil, Granada, Dominicana y más.
Quiero resaltar ahora, a propósito de la mendaz acusación contra el Presidente Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y un conjunto de funcionarios civiles y militares venezolanos -incluyendo de paso y de nuevo al Comandante Jesús Santrich (FARC-EP/Nueva Marquetalia)- sus implicaciones en temas como la narco-corrupción y el develado plan de magnicidio contra el Presidente de la República Bolivariana; orquestado por la Administración Trump y la CÍA, con la colaboración del Gobierno Colombiano (presidido por Iván Duque, instrumento del narco-presidente Álvaro Uribe Vélez), Guaidó y la escoria venezolana.
El plan magnicida, luego de las confesiones y revelaciones del ex-general traidor Cliver Alcalá y de los datos ofrecidos por las autoridades chavista, no requiere más pruebas confirmatorias. Todo está dicho para asumir la veracidad de la denuncia.
Se trata de otra perversidad gringa, comparable con el atentado consumado por la tiranía trujillista contra Rómulo Bentancourt al inicio de los 60 y con los más de seiscientos intentos frustrados contra Fidel.
- EEUU: CAMPEON MUNDIAL DEL CONTUBERNIO CON EL NARCO.
Pero todo eso se queda corto respecto a las ominosas conexiones de las altas instancias del poder político, militar, policial de la superpotencia estadounidense con la narco-corrupción a escala continental y mundial.
-Comenzando por el manto de impunidad tendido a favor de los carteles estadounidenses involucrados en procesos delictivos relacionados con la enorme demanda de su mercado interno. La acción de la DEA y el FBI se concentran contra la oferta externa y el consumo menor.
-Seguido de los fenómenos relacionados con los dineros del lavado que nutren sus bancos de negocio y no pocas de sus operaciones secretas.
-Presentes en las asociaciones delictivas de la CIA, DEA, el PENTAGONO y sectores de su cuerpo diplomático con sus carteles preferidos: caso Irán-Contra, CÍA y Oliver Nort; caso control y uso de Ruta del Opio-Afganistán; caso capo boricua Figueroa Agosta- Embajador Hertell-EU en República Dominicana; informe de NACLA sobre el rol de BUSCH padre (siendo jefe de la CÍA) en la introducción de CRAC en comunidades de EEUU.
– Manifiestas en sus alianzas, contubernios y protecciones a Narco-Presidentes latino-caribeños como Macri ( instrumento en Argentina de la mafia calabresa italiana), Uribe (asociado a los carteles y al paramilitarismo de Medellín y muy especialmente a Pablo Escobar), Juan Orlando Hernández (protector de laboratorios de cocaína y enlace politico con importante carteles mexicanos); Leonel Fernández (con evidentes vínculos con el capo Quirino Ernesto Paulino, con Nelson Solano, el Zar de la Heroína en el Caribe y con el propio Figueroa Agosto; Martelli, ex-presidente de Haití; y todo lo relacionado con la protección abierta durante 20 años al cartel del Cesar Peralta, a cargo de sucesivos gobiernos dominicanos incluido el que preside Danilo Medina. Y paro de mencionar…
¡El ladrón juzga por su condición y los narco-estadistas también! El dicho conocido es válido para no pocas modalidades de delincuencia de Estado.
- RAZONES DE ESAS PERVERSIDADES.
Están claras las razones por las que ninguna Administración de EEUU ha incluido a estos personeros al servicio de la política de recolonización neoliberal en sus listas punitivas, en sus planes de desestabilización y sus programas magnicidas.
Tan claro como las razones para fabricar grotescas calumnias y fraguar proyectos criminales contra el Presidente Maduro, otros dirigentes chavistas y el propio camarada y amigo Jesús Santricht.
El pecado es una suma de atributos: la soberanía, la insumisión, la insurgencia política y/o militar, el compromiso con sus respectivos pueblos, con la justicia social, el proyecto socialista continental en gestación y la solidaridad bolivariana.
Así, con esa crueldad y esa dosis de indecencia, trataron a Fidel, al Che y a Chávez.
Así tratan a Raúl y a la digna Cuba.
Esta saña contra Venezuela bolivariana y chavista se parece mucho a la de las potencias coloniales contra Haití y a la del imperialismo yanqui contra Cuba: es saña medular contra el atrevimiento de iniciar etapas diferentes a favor de la independencia continental.
Es odio, es miedo, es perversidad de imperios decadentes.
Pero NO PASARAN!!
La derechas mafiosas venezolanas con su Guaidó va camino al basurero.
Como más temprano que tarde irá a un basurero más grande y más profundo, el imperio decadente que los protege junto a sus Bolsonaro, Janine, JOH, Juvenal Moises, Danilo y demás canallas políticas continentales.
Por ROMMEL SANTOS DIAZ
Cuando se haya remitido a la CPI una situación en virtud del artículo 13 y el Fiscal haya determinado que existen fundamentos razonables para comenzar una investigación, o el Fiscal inicie una investigación en virtud de los artículos 13 y 15, éste lo notificará a todos los Estados Partes y a aquellos Estados que, teniendo en cuenta la información disponible, ejercerán normalmente la jurisdicción sobre los crímenes de que se trate. El Fiscal podrá hacer la notificación a esos Estados con carácter confidencial y, cuando lo considere necesario a fin de proteger personas , impedir la destrucción de pruebas o impedir la fuga de personas,, podrá limitar el alcance de la información proporcionada a los Estados.
Dentro del mes siguiente a la recepción de dicha notificación, el Estado podrá informar a la CPI que esta llevando a cabo o ha llevado a cabo una investigación en relación con sus nacionales u otras personas bajo su jurisdicción respecto de actos criminales que puedan constituir crímenes contemplados en el artículo 5 del Estatuto de Roma y a los que se refiera la información proporcionada en la notificación a los Estados.
A petición de dicho Estado, el Fiscal se inhibirá de su competencia a favor del Estado en relación con la investigación sobre las personas antes mencionadas, a menos que la Sala de Cuestiones Preliminares decida, a petición del Fiscal, autorizar la investigación.
El Fiscal podrá volver a examinar la cuestión de la inhibición de su competencia al cabo de seis meses a partir de la fecha de la inhibición o cuando se haya producido un cambio significativo de circunstancias en vista de que el Estado no está dispuesto a llevar a cabo la investigación o no puede realmente hacerlo.
El Estado de que se trate o el Fiscal podrán apelar ante la Sala de Apelaciones de la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares, de conformidad con el artículo 82. La apelación podrá sustanciarse en forma sumaria.
Cuando el Fiscal se haya inhibido de su competencia en relación con la investigación con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2, podrá pedir al Estado de que se trate que le informe periódicamente de la marcha de sus investigaciones y del juicio ulterior. Los Estados Partes responderán a esas peticiones sin dilaciones indebidas.
El Fiscal podrá, hasta que la Sala de Cuestiones Preliminares haya emitido su decisión, o en cualquier momento si se hubiere inhibido de su competencia en virtud de este artículo, pedir a la Sala de Cuestiones Preliminares, con carácter excepcional, que le autorice a llevar adelante las indagaciones que estime necesarias cuando exista una oportunidad única de obtener pruebas importantes o exista un riesgo significativo de que esas pruebas no estén disponibles ulteriormente.
Finalmente, el Estado que haya apelado una decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares en virtud del artículo 18 podrá impugnar la admisibilidad de un asunto en virtud del artículo 19, haciendo valer hechos nuevos importantes o un cambio significativo de las circunstancias.
Por Isaías Ramos
Un país no fracasa porque le falten recursos. Fracasa cuando sus instituciones dejan de servir al ciudadano y comienzan a servir a los privilegios. Fracasa cuando la Constitución promete dignidad, bienestar y justicia social, pero la práctica política reparte exenciones, contratos, subsidios mal diseñados, deuda y cargas tributarias sobre los mismos hombros de siempre.
La República Dominicana no necesita escoger entre Estado y mercado. Nuestra Constitución consagra un Estado Social y Democrático de Derecho, fundado en la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación de poderes. También garantiza la libre empresa y la propiedad privada; pero ordena proteger la competencia libre y leal, evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio y del abuso de posición dominante, y reconoce que la propiedad tiene una función social. Mercado, sí; empresa, sí; propiedad, sí; pero nunca por encima de la dignidad del ciudadano.
Los países que se desarrollan no subsidian la ineficiencia: financian productividad. Usan crédito, incentivos y subsidios para crear empleo formal, innovación, exportaciones, infraestructura, energía eficiente y salarios dignos. Los países capturados hacen lo contrario: convierten el subsidio en dependencia, la exención en renta privada, el contrato en premio político y la deuda en hipoteca contra el pueblo.
La deuda pública consolidada ya no permite eufemismos. A abril de 2026, alcanzó US$82,790.8 millones, equivalente al 61.4 % del PIB: US$66,408.5 millones del Sector Público No Financiero y US$16,382.2 millones del Banco Central. Esa cifra compromete ingresos futuros y estrecha el margen para salud, educación, seguridad, vivienda, agua, transporte y energía.
Y aun así, el problema puede ser mayor. RDVial muestra la zona gris. En 2024, el fideicomiso registró recaudación de peajes por RD$9,065.7 millones, pagó intereses por RD$5,332.6 millones y cerró con RD$67,076.5 millones en deuda a largo plazo y bonos por pagar. Dicho sin maquillaje: un monto equivalente a casi el 59 % de lo recaudado en peajes terminó destinado al pago de intereses. Cuando los peajes del ciudadano financian principalmente el costo financiero de la deuda, ya no hablamos solo de infraestructura: hablamos de ingresos públicos futuros comprometidos para pagar obligaciones presentes.
La discusión constitucional es inevitable: si un fideicomiso administra patrimonio público, derechos de cobro públicos o flujos pagados por ciudadanos, su deuda y sus riesgos fiscales deben transparentarse. No basta decir que no está en el presupuesto ordinario. Si el pueblo paga, el pueblo tiene derecho a saber. En RDVial, los estados financieros identifican como activos intangibles los derechos recibidos del Estado dominicano sobre ingresos por cobro y recaudación de peajes.
Ahora se presenta la Ley 30-26 bajo el discurso de crecimiento, sostenibilidad fiscal y protección social. El Gobierno afirma que busca captar entre RD$40,000 y RD$50,000 millones adicionales, sin modificar la tasa ni la base del ITBIS. Pero incluye el aumento del impuesto a cheques y transferencias electrónicas de 0.15 % a 0.2 % y diez dólares adicionales al impuesto sobre pasajes aéreos.
La pregunta no es solo quién firma el impuesto; es quién termina pagándolo. En mayo de 2026, la inflación interanual fue 5.35 %, con alimentos y bebidas no alcohólicas en 6.56 % y transporte en 7.47 %. En ese contexto, elevar costos financieros, operativos y de transporte puede trasladarse a precios, servicios y consumo. Tal vez no se llame impuesto a la canasta básica, pero cuando sube el costo de mover dinero, transportar personas y operar negocios, el consumidor termina pagando.
La contradicción se agrava al mirar las exenciones. Para 2026, el gasto tributario estimado asciende a RD$393,541.54 millones, equivalente al 4.54 % del PIB: casi ocho veces la meta máxima de la reforma. No todo gasto tributario es privilegio; algunas exenciones protegen bienes y servicios esenciales. Pero cuando una exención no demuestra retorno social, empleo digno, productividad, innovación, competencia o reducción de precios, deja de ser incentivo y se convierte en privilegio. Y cuando ese privilegio se financia con deuda e impuestos al pueblo, se vuelve ilegítimo, injusto e inmoral.
También se castiga a la diáspora. El aumento de diez dólares al pasaje aéreo golpea al dominicano ausente que viene a ver a su madre, invertir sus ahorros, enterrar a un familiar o traer a sus hijos para que no pierdan la patria. Esa misma diáspora envió US$5,170.1 millones en remesas entre enero y mayo de 2026. No es una caja registradora: es parte viva de la nación. No se puede celebrarla cuando envía remesas y castigarla cuando regresa.
En el Frente Cívico y Social entendemos que la República Dominicana necesita una reforma, sí; pero una reforma que empiece por el poder, no por el bolsillo del pueblo. Una reforma que audite exenciones, condicione incentivos, transparente fideicomisos, revise subsidios, reduzca deuda improductiva, transparente gastos e inversiones públicas y proteja a quienes sostienen la economía real: la clase media, los trabajadores, los productores, los emprendedores y la diáspora dominicana. Una reforma para que el crecimiento deje de ser estadística y se convierta en dignidad cotidiana. No estamos contra la empresa. Estamos contra el abuso. No estamos contra la riqueza. Estamos contra un Estado corporativo, clientelar y de privilegios.
Ya basta. Es tiempo de gobernar. Es tiempo de activar el orden constitucional.
Por Rosario Espinal
La eventual candidatura de Santiago Matías representa, en gran medida, una expresión del desencanto ciudadano con las estructuras políticas existentes. No es casual que su discurso encuentre receptividad entre sectores que consideran que los partidos tradicionales han dejado de escuchar a la población.
La reciente posibilidad de una candidatura presidencial de Santiago Matías (Alofoke) ha generado debates, entusiasmo y preocupación en diversos sectores de la sociedad dominicana. Más allá de las simpatías o rechazos que pueda despertar su figura, el fenómeno merece un análisis más profundo, pues no se trata únicamente de una persona, sino de un síntoma de una transformación política que se viene gestando desde hace años.
El historiador británico Eric Hobsbawm, en el capítulo «La caída del liberalismo» de su obra Historia del siglo XX (1998), explicó cómo los períodos de crisis de representación y pérdida de confianza en las instituciones tradicionales crean espacios para el surgimiento de nuevos liderazgos capaces de canalizar el descontento social. Aunque la República Dominicana actual está muy lejos de las dramáticas circunstancias de la Europa de entreguerras, existen elementos que invitan a la reflexión.
Los partidos políticos dominicanos continúan siendo las principales estructuras de acceso al poder, pero enfrentan un progresivo deterioro de su capacidad para representar las aspiraciones de la ciudadanía. Como señala el sociólogo Bernardo Matías, la principal característica de la crisis política dominicana es la creciente desconexión entre los partidos y la sociedad. La militancia ideológica ha sido sustituida por el pragmatismo electoral, el clientelismo y la búsqueda de beneficios individuales.
Esta realidad ha provocado que amplios sectores de la población, especialmente los jóvenes, perciban a los partidos tradicionales como organizaciones alejadas de sus preocupaciones cotidianas. El aumento de la abstención electoral y la disminución de la identificación partidaria son señales evidentes de este fenómeno.
Es precisamente en ese escenario donde emerge la figura de Alofoke. Su fortaleza no proviene de una estructura política tradicional ni de una larga trayectoria partidaria. Su principal capital es una comunidad digital construida durante años a través de las redes sociales y los medios de comunicación alternativos. En una época en que la comunicación política se desarrolla cada vez más en plataformas digitales, su capacidad de influencia constituye una ventaja que pocos actores políticos poseen.
La eventual candidatura de Santiago Matías representa, en gran medida, una expresión del desencanto ciudadano con las estructuras políticas existentes. No es casual que su discurso encuentre receptividad entre sectores que consideran que los partidos tradicionales han dejado de escuchar a la población. Tampoco es casual que su propuesta surja en un contexto donde más de la mitad de los ciudadanos no manifiestan simpatía por ninguna organización política.
Sin embargo, la historia demuestra que la popularidad mediática por sí sola no garantiza el éxito político. Gobernar un país requiere mucho más que influencia comunicacional. Exige propuestas concretas, equipos técnicos, capacidad institucional y una visión clara sobre los desafíos nacionales. La verdadera prueba para cualquier outsider político consiste en transformar el apoyo emocional de sus seguidores en un proyecto de gobierno viable.
De cara a las elecciones de 2028, la República Dominicana podría enfrentar uno de los procesos electorales más interesantes de las últimas décadas. Si los partidos tradicionales no logran renovar sus liderazgos, fortalecer sus vínculos con la sociedad y ofrecer respuestas efectivas a las demandas ciudadanas, es probable que continúen surgiendo figuras ajenas al sistema político convencional.
La lección que ofrece Hobsbawm es clara: cuando las instituciones dejan de representar eficazmente a la sociedad, aparecen nuevos actores dispuestos a ocupar ese espacio. La pregunta no es si Alofoke puede convertirse en presidente, sino qué condiciones sociales y políticas han hecho posible que una candidatura como la suya sea considerada seriamente por una parte importante de la población.
El desafío para la democracia dominicana no consiste en impedir la aparición de nuevos liderazgos, sino en fortalecer las instituciones para que la competencia política se base en propuestas, programas y soluciones reales a los problemas nacionales. De lo contrario, la crisis de representación seguirá profundizándose y los ciudadanos continuarán buscando alternativas fuera de los canales tradicionales de la política.
Bibliografía
Hobsbawm, E. J. (1998). Historia del siglo XX (J. Faci, J. Ainaud y C. Castells, trads.). Buenos Aires, Argentina: Crítica.
Matías, B. (2020, 23 de junio). La crisis de los partidos en República Dominicana. Acento. La crisis de los partidos en República Dominicana
Jovine Rijo, F. A. (2026, 22 de junio). ¿Alofoke, presidente? Listín Diario. ¿Alofoke, presidente?