Opinión
Venezuela: el ladrón juzga por su condición
Por Narciso Isa Conde
Es difícil encontrar en la historia de la humanidad un sistema con mas capacidad de saqueo, apropiación y expoliación de las riquezas del Planeta Tierra que el modo de producción, distribución, acumulación y dominación capitalista, especialmente en su fase imperialista; ahora agravada por su “modo operanti” neo-conservador o neo-liberal y por el incremento se su voracidad, su financierización y su gansterización a la luz de su crisis de decadencia.
Como parte relevante de ese proceder del capitalismo imperialista, EEUU y sus elites empresariales, políticas y militares, han roto todos los records en prácticas de latrocinio de lo ajeno a escala mundial.
- EEUU: MÁS ALLA DEL ROBO Y LOS GENOCIDIOS.
De ahí que lo de que “el ladrón” no solo sea un recurso retórico, sino una condición demostrable.
Pero ahora no voy a caerle encima al poder imperialista y a sus conductores solo por su historia de robos impunes.
Tampoco solo por sus prácticas genocidas (terrorismo incluido), que a lo sumo requeriría desempolvar sus oscuros archivos de invasiones militares, golpes de Estado, guerras de agresión, escuelas de formación de militares asesinos y torturadores, cárceles tumbas, atentados, masacres, guerras químicas y bacteriológicas, bloqueos económicos…
O sencillamente mencionar lo que junto a sus aliados hizo recientemente o está haciendo en Palestina, Irán, Irak, Afganistán, Libia, Yemen, Kosovo, Ucrania, Honduras, Haití, Venezuela, Bolivia… Sin olvidar el Congo, Viet Nam, Cuba, Chile, Colombia, Argentina, Uruguay, Brasil, Granada, Dominicana y más.
Quiero resaltar ahora, a propósito de la mendaz acusación contra el Presidente Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y un conjunto de funcionarios civiles y militares venezolanos -incluyendo de paso y de nuevo al Comandante Jesús Santrich (FARC-EP/Nueva Marquetalia)- sus implicaciones en temas como la narco-corrupción y el develado plan de magnicidio contra el Presidente de la República Bolivariana; orquestado por la Administración Trump y la CÍA, con la colaboración del Gobierno Colombiano (presidido por Iván Duque, instrumento del narco-presidente Álvaro Uribe Vélez), Guaidó y la escoria venezolana.
El plan magnicida, luego de las confesiones y revelaciones del ex-general traidor Cliver Alcalá y de los datos ofrecidos por las autoridades chavista, no requiere más pruebas confirmatorias. Todo está dicho para asumir la veracidad de la denuncia.
Se trata de otra perversidad gringa, comparable con el atentado consumado por la tiranía trujillista contra Rómulo Bentancourt al inicio de los 60 y con los más de seiscientos intentos frustrados contra Fidel.
- EEUU: CAMPEON MUNDIAL DEL CONTUBERNIO CON EL NARCO.
Pero todo eso se queda corto respecto a las ominosas conexiones de las altas instancias del poder político, militar, policial de la superpotencia estadounidense con la narco-corrupción a escala continental y mundial.
-Comenzando por el manto de impunidad tendido a favor de los carteles estadounidenses involucrados en procesos delictivos relacionados con la enorme demanda de su mercado interno. La acción de la DEA y el FBI se concentran contra la oferta externa y el consumo menor.
-Seguido de los fenómenos relacionados con los dineros del lavado que nutren sus bancos de negocio y no pocas de sus operaciones secretas.
-Presentes en las asociaciones delictivas de la CIA, DEA, el PENTAGONO y sectores de su cuerpo diplomático con sus carteles preferidos: caso Irán-Contra, CÍA y Oliver Nort; caso control y uso de Ruta del Opio-Afganistán; caso capo boricua Figueroa Agosta- Embajador Hertell-EU en República Dominicana; informe de NACLA sobre el rol de BUSCH padre (siendo jefe de la CÍA) en la introducción de CRAC en comunidades de EEUU.
– Manifiestas en sus alianzas, contubernios y protecciones a Narco-Presidentes latino-caribeños como Macri ( instrumento en Argentina de la mafia calabresa italiana), Uribe (asociado a los carteles y al paramilitarismo de Medellín y muy especialmente a Pablo Escobar), Juan Orlando Hernández (protector de laboratorios de cocaína y enlace politico con importante carteles mexicanos); Leonel Fernández (con evidentes vínculos con el capo Quirino Ernesto Paulino, con Nelson Solano, el Zar de la Heroína en el Caribe y con el propio Figueroa Agosto; Martelli, ex-presidente de Haití; y todo lo relacionado con la protección abierta durante 20 años al cartel del Cesar Peralta, a cargo de sucesivos gobiernos dominicanos incluido el que preside Danilo Medina. Y paro de mencionar…
¡El ladrón juzga por su condición y los narco-estadistas también! El dicho conocido es válido para no pocas modalidades de delincuencia de Estado.
- RAZONES DE ESAS PERVERSIDADES.
Están claras las razones por las que ninguna Administración de EEUU ha incluido a estos personeros al servicio de la política de recolonización neoliberal en sus listas punitivas, en sus planes de desestabilización y sus programas magnicidas.
Tan claro como las razones para fabricar grotescas calumnias y fraguar proyectos criminales contra el Presidente Maduro, otros dirigentes chavistas y el propio camarada y amigo Jesús Santricht.
El pecado es una suma de atributos: la soberanía, la insumisión, la insurgencia política y/o militar, el compromiso con sus respectivos pueblos, con la justicia social, el proyecto socialista continental en gestación y la solidaridad bolivariana.
Así, con esa crueldad y esa dosis de indecencia, trataron a Fidel, al Che y a Chávez.
Así tratan a Raúl y a la digna Cuba.
Esta saña contra Venezuela bolivariana y chavista se parece mucho a la de las potencias coloniales contra Haití y a la del imperialismo yanqui contra Cuba: es saña medular contra el atrevimiento de iniciar etapas diferentes a favor de la independencia continental.
Es odio, es miedo, es perversidad de imperios decadentes.
Pero NO PASARAN!!
La derechas mafiosas venezolanas con su Guaidó va camino al basurero.
Como más temprano que tarde irá a un basurero más grande y más profundo, el imperio decadente que los protege junto a sus Bolsonaro, Janine, JOH, Juvenal Moises, Danilo y demás canallas políticas continentales.
Por José Cabral
Son muy variados los ejemplos de personajes de la política nacional que luego de ser señalados por el rumor popular o luego de habérseles instrumentado un expediente por corrupción pasan a ser aspirantes o candidatos presidenciales.
Hay otros casos en los que algunos de los que han sustraído fondos públicos desde un ministerio o cualquier otro cargo en el Estado pasan a ser legisladores y se les ocurre presentar un proyecto de ley para combatir la corrupción cuando ya tienen a través de ese mismo ilícito los bolsillos llenos.
Este fenómeno es muy común en países como la República Dominicana y otros tantos de Latinoamérica, ya que incluso el corrupto que se apropió de dinero del patrimonio público se presenta en los medios de comunicación como una persona limpia, sin tachas.
Este asunto, que debe ser parte de un debate nacional, amenaza con que no pocos de este tipo de personajes pretendan presentarse como candidatos en las elecciones del 2028.
El escollo consiste para exigirles a este tipo de personajes que rindan cuentas en que siempre se apoyan en la presunción de inocencia, sobre todo porque en el país no existe una fortaleza institucional que permita exigirles que expliquen la procedencia de sus fortunas.
Sin embargo, sería bueno que para una próxima contienda electoral estos personales digan al pueblo dominicano cómo adquirieron las riquezas que tienen, porque resulta prácticamente imposible que se pueda iniciar algún proceso legal en su contra.
Pero para que sus aspiraciones tengan mayor legitimidad deben hablar de los orígenes de sus fortunas, porque no parece haber vías que las justifiquen.
Entre los que ahora aparecen en el escenario electoral a destiempo están Francisco Javier García, quien se afirma que posee una fortuna relativamente muy grande, la cual, si es verdad que la tiene, su procedencia tiene que ser necesariamente del Estado dominicano.
Ya anteriormente hubo otros aspirantes o candidatos presidenciales que aprovecharon su riqueza para ser candidatos presidenciales, como por ejemplo Abel Martínez, Amarante Baret, Temístocles Montás, entre otros tantos, que han tenido por consigna enriquecerse primero y aspirar después.
Lo grande del problema es que ahora comienzan a intoxicar prematuramente como si sus pecados no tuvieron ninguna importancia para un pueblo lleno de precariedades y limitaciones mientras su dinero es disfrutado por pelafustanes de la politiquería nacional.
Por Isaías Ramos
En LA Semanal de este lunes, el Presidente de la República reveló una verdad dolorosa: más del 40 % de la población dominicana vive en extrema pobreza y miseria. Un sistema político neoliberal salvaje, implantado desde 1996 y acentuado en los últimos años, ha sumido al pueblo en condiciones inhumanas.
Es indignante que un fracaso rotundo se promocione como un logro. El hecho de que 1.496.000 hogares dominicanos reciban apenas 1.650 pesos mensuales a través del programa Supérate —una cifra insignificante que no alcanza ni 1 dólar diario— contrasta cruelmente con la opulencia desmedida de una élite privilegiada que se beneficia del saqueo de los recursos nacionales.
Este modelo económico excluyente ha dejado de lado el bienestar del pueblo, violando flagrantemente el mandato constitucional de un Estado Social y Democrático de Derecho.
Este gobierno, al igual que los anteriores, actúa de manera cruel, protegiendo únicamente los intereses de una élite política y financiera en detrimento del resto de la sociedad. Se está produciendo una clara violación del principio de igualdad y justicia social sobre el cual debería regirse un Estado Social y Democrático de Derecho.
Es preocupante que, bajo este contexto constitucional, se promueva un sistema económico basado en un liberalismo extremo que favorece a unos pocos privilegiados mientras ignora las necesidades básicas y los derechos humanos del resto de la población. Esta situación constituye una aberración ética y moral, ya que va en contra de los principios fundamentales de dignidad humana, equidad e inclusión que deben guiar cualquier forma legítima de gobierno.
La entrega progresiva de las instituciones públicas a intereses corporativos solo garantiza la consolidación del poder en manos de unos pocos, empeorando la situación ya crítica en la que se encuentra la mayoría. Si permitimos que esta clase política continúe con su agenda destructiva, estaremos condenados a vivir en condiciones peores que las de países como Haití, Cuba o Venezuela.
Detrás de este acelerado deterioro se encuentran desafíos devastadores como el desempleo, la violencia, la migración y la educación precaria, que exacerban el subdesarrollo en nuestra nación.
Es hora de despertar y alzar nuestra voz contra esta injusticia. Enfrentémonos unidos para defender nuestros derechos fundamentales y luchar por un verdadero Estado Social y Democrático. No podemos permitir que nos arrebaten nuestra dignidad ni que conviertan al país en un feudo donde solo unos pocos prosperan a costa del sufrimiento colectivo.
Esto subraya la urgencia de implementar políticas más efectivas y sostenibles que aborden las causas estructurales de la pobreza y promuevan un mayor bienestar social para todos los ciudadanos.
Desde el frente cívico y social, hacemos un llamado urgente a todos los dominicanos comprometidos con la justicia y la libertad: es momento de resistir y defender nuestro futuro como nación soberana. No caigamos en el letargo ni permitamos que nos despojen de lo poco que nos queda. Levantémonos juntos por el sueño de Duarte, por un país donde prime la igualdad y el respeto por los derechos humanos consagrados en nuestra constitución.
Juntos podemos construir un mejor mañana si nos mantenemos firmes ante las adversidades y luchamos incansablemente por una sociedad más equitativa e íntegra para todos. ¡Despierta RD!
Por Rommel Santos Diaz
Una vez que se remita a la Corte Penal Internacional una situación que requiera atención a la CPI, o una vez que el Fiscal de la CPI identifique la aparente comisión de un crimen con competencia de la CPI, el Fiscal de la CPI debe determinar si existe fundamento razonable para iniciar una investigación. El Fiscal deberá solicitar a la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI la autorización de cualquier investigación iniciada de oficio por el Fiscal.
Desde el momento en que el Fiscal inicie la investigación basada en la referencia de un Estado Parte, se debe notificar a todos los Estados Partes. El Fiscal debe también notificar a cualquier otro Estado que normalmente sería competente sobre los crímenes en cuestión.
Se debe de resaltar que el Fiscal puede notificar de forma confidencial, y limitar la información provista a los Estados, si es necesario para proteger a ciertas personas, prevenir la destrucción de prueba, o impedir que ciertas personas evadan la justicia.
El artículo 18 del Estatuto de Roma señala que los Estados cuentan con un mes después de la recepción de la notificación, para informar a la Corte Penal Internacional de que esta llevando o ha llevado a cabo una investigación respecto al mismo caso, y para solicitar al Fiscal que renuncie a su competencia a favor del Estado.
Ese corto plazo asegura que la Corte Penal Internacional no padezca de retrasos innecesarios con el cumplimiento de sus funciones. El artículo 18 del Estatuto de Roma también prevé que ¨el Estado podrá informar a la Corte de sus propias investigaciones¨.
En otro orden, los Estados no están obligados a informar a la Corte Penal Internacional de sus propias investigaciones, por lo que seria aconsejable que un Estado informará a la Corte sobre sus propias investigaciones, para así evitar una duplicación innecesaria de esfuerzos y asegurar que la CPI se inhiba de su competencia a favor del Estado.
Una vez que un Estado solicite la inhibición de competencia de la Corte Penal Internacional de una investigación, el Fiscal esta obligado a suspender la investigación del caso. Sin embargo, el Fiscal podrá solicitar a estos Estados que le informen periódicamente de la marcha de sus investigaciones y del juicio ulterior. Los Estados partes deben responder a esas peticiones sin dilaciones indebidas.
Aun si un Estado no solicita al Fiscal la inhibición de su competencia a favor del Estado, el Fiscal puede suspender la investigación de la CPI. El Fiscal podra solicitar al Estado de que se trate que le comunique sobre las actuaciones. En ese orden los Estados pueden solicitar que dicha información sea confidencial.
Si el Fiscal o la Sección de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional tienen reparos sobre la conducción de la investigación y el juicio llevado a cabo por un Estado, la Sala de Cuestiones puede autorizar al Fiscal para que proceda con una investigación , ya sea por primera vez, o después de un periodo de suspensión, o cuando ha habido cambios significativos de circunstancias en el Estado.
Finalmente, los Estados pueden apelar la resolución preliminar ante la Sala de Apelaciones. Cuando el Fiscal decida inhibirse de su competencia en una investigación sin notificación del Estado, el Estado de que se trate deberá ser notificado si el Fiscal decide posteriormente reabrir la investigación, según el artículo 19 del Estatuto de Roma. En algunos casos, los Estados podrán impugnar la admisibilidad del caso, según el mismo artículo 19 del Estatuto de Roma.