Análisis Noticiosos
Venezuela engrasa su locomotora económica
La República Bolivariana de Venezuela despidió el 2012 con un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 5,5 % que clasifica entre los más altos a nivel mundial y se espera que en 2013 alcance cifra similares o superiores con la reciente entrada del país en el Mercado Común del Sur (MERCOSUR).
Contra los pronósticos de las fuerzas opositoras y de los medios de comunicación que anunciaban “desastres económicos” para la nación sudamericana, resultó sumamente satisfactoria los adelantos obtenidos a través del recién concluido año, pese a los embates que representaba la profunda crisis económica que padecen Estados Unidos, Europa y Japón.
Además, el aumento del PIB venezolano va en constante correspondencia con el crecimiento del bienestar de vida de su población debido a los programas sociales que se han puesto en acción desde la llegada al poder en 1999 del presidente Hugo Chávez.
En contraposición, en varios países de la región se incrementa el PIB pero las ganancias son extraídas por las grandes transnacionales o van a parar las arcas de las minoritarias personas ricas, mientras que la población sufre hambre, miseria e insalubridades.
Por nueve trimestres consecutivos la economía de la República Bolivariana se expandió lo cual permitió un incremento significativo de la demanda agregada interna, el consumo y las inversiones, en los sectores público y privado.
Para acallar a los opositores y críticos que señalan como uno de los grandes problemas del gobierno venezolano que solo su poderío se basa en los ricos yacimientos petrolíferos del país, los datos han sido aleccionadores: la actividad económica no petrolera creció 5,7% con una incidencia de 4,4 puntos en el aumento total del PIB.
Mientras, el sector petrolero experimentó un aumento de 1,4 %, que según explicó el presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), Nelson Merentes, ese desempeño se mantiene dentro de las tendencias históricas de una rama de la economía sujeta a cuotas de producción por parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
Merentes significó en rueda de prensa que la meta era de 5 % en PIB, y en 2011 fue de 4,2 %. “Los número negativos quedaron atrás, ahora Venezuela entra en una fase de desarrollo y se ubica entre los cinco países con mayor crecimiento en Latinoamérica”, agregó.
El titular del BCV explicó que el aumento económico fue impulsado por los sectores de la construcción (16,8%), comercio (9,2%), actividades no petroleras y privado, y sobre todo de una serie de de proyectos e inversiones dirigidos a la inclusión social de la población.
Este aspecto ha sido fundamental pues al darles mayor participación a los numerosos habitantes (cerca del 70 %) que antes de 1999 vivían en estado de pobreza, el poder adquisitivo de los ciudadanos aumentó y la economía interna se retroalimenta constantemente.
Uno de los índices a destacar ha sido la disminución de la tasa de desocupación que cerró en 2012 con solo 6,4%, debido a las políticas económicas y sociales que se han desarrollo en el país.
El presidente del Instituto Nacional de Estadística (INE), Elías Eljuri informó recientemente que en agosto el desempleo alcanzó 7,9 % mientras septiembre y octubre fue de 7,3 %. La disminución ha sido progresiva, pues añadió, desde 1999 hasta 2012 se han generado 4 millones de empleos formales en el país.
Datos estadísticos señalan que el empleo formal ha crecido de 48,3 % a 57,5 %, alrededor de 9,2 puntos porcentuales, y la informalidad descendió de 51,7 % a 42,5 %.
Si los dividendos que antes se obtenían por las ventas de petróleo y derivados se extraían del país por las empresas trasnacionales ahora estan destinados al bienestar del pueblo lo que ha permitido que en 2011 la pobreza por hogar se ubicó en alrededor del 21,2 % y la extrema en 6,5 %.
Antes de 1999 la primera se situaba en cerca del 70 % y la segunda en 25 %.
En la mejoría del nivel de vida ha influido la construcción de nuevas viviendas con amplias facilidades que ofrece el gobierno (en ocasiones en forma gratuita) para que los ciudadanos puedan adquirirlas. En Caracas y en las principales ciudades venezolanas comienzan a desaparecer los miles de tugurios levantados por la población de escasos recursos en épocas anteriores.
Entre mediados de 2011 y finales de 2012 se construyeron en el país 346 718 casas lo que posibilitó cumplir el plan trazado al 99 % de la meta establecida para la Gran Misión Vivienda de 350 000 unidades.
En 2012 se erigieron 200 080 inmuebles, 147 642 fabricadas por el sector público (74 %) mientras el sector privado construyó 52 438 (26 %). Este sector creció un 16,8 % el pasado año.
Para la Gran Misión Vivienda se destinaron en los dos últimos años 98 mil millones de bolívares y para 2013 la cifra prevista es de 56 mil millones de bolívares, en un proyecto que estipula 380 000 nuevas unidades.
A la par se han puesto en funcionamiento otras 20 empresas para la fabricación de insumos para la construcción por lo cual se aseguran la mayoría de los materiales destinados a esas obras como cemento, servicios sanitarios, cables eléctricos, sin la necesidad de importarlos a altos costos.
Con la reciente entrada de Venezuela en el MERCOSUR, este país tendrá asegurado otro gran mercado donde colocar sus cada vez más diversificadas producciones lo que augura una mayor estabilidad económica para los próximos años.
Por José Cabral.
Nadie puede negar que la República Dominicana está en medio de la gran posibilidad de que pueda surgir un “outsider” en la política nacional, aunque el problema descansa en que no se ha articulado una propuesta que responda al nicho que se ha creado en esta dirección.
Prácticamente todas las encuestas colocan en un 54 ó 55 por ciento, aunque se piensa que es mucho mayor, las personas que no sienten ningún respeto ni vinculación con los partidos políticos, los cuales han llegado a un nivel de descrédito que nadie podía imaginarse.
Es tan grave el problema que esa realidad amenaza la democracia representativa, ya que en las últimas elecciones el país ha terminado con autoridades que no cuentan con la legitimidad necesaria para garantizar una buena gobernabilidad.
Pero frente a esa realidad la pregunta que todo el mundo se hace es si valdría la pena que en el país se produzca el fenómeno del “outsider” como que ya ha pasado en muchas naciones latinoamericanos e incluso en los Estados Unidos de América.
El último caso de este tipo se ha producido en Colombia, donde un abogado penalista, un depravado, defensor de narcotraficantes, de evasores de impuestos y de los paramilitares ha quedado en primer lugar en las elecciones presidenciales.
A Abelardo de la Espriella, un ultraderechista, sin ningún mérito, pero sin venir de las estructuras tradicionales del partidarismo político, se ha colocado en la puerta de la presidencia de Colombia, con un discurso agresivo y con una visión de cuestionamiento del derecho internacional que lo acerca al actual jefe de Estado de los Estados Unidos, Donald Trump, quien incluso ya lo ha apoyado.
El asunto es que este tipo de “outsider” no es saludable para que ningún país del mundo, porque representa un antivalor, un enemigo del derecho internacional y además un depravado que no respeta absolutamente nada ni a nadie.
Entonces, si la República Dominicana se viera en ese espejo estaría en un escenario que significa un evidente retroceso al bienestar que se supone debe garantizar todo aquel que se opone a la partidocracia, que nadie puede negar que en todas estas naciones ha implicado una gran desgracia para los pueblos.
Por esta razón es que creo que, si en la República Dominicana se crean las condiciones, como ya parece que ocurre, para desplazar del poder a los partidos políticos, tiene que ser para bien, no para mal, ya que debe ser un “outsider” que cuente con un plan programático y estratégico a corte, mediano y largo plazo para poder lograr las transformaciones que demanda la sociedad.
Naturalmente, la preocupación de que el problema del país no sólo descansa en el funcionario público, el cual procede de los partidos políticos, instancias totalmente corrompidas y enemigas del progreso nacional, sino también en la visión y actitud distorsionada del ciudadano como resultado del neoliberalismo salvaje introducido en el país por Leonel Fernández.
Tal vez ahí esté la explicación de que una opción con una visión colectiva, no individual, no haya podido consolidarse en el país, ya que articular este tipo de propuesta implica, según lo que se ve, romper con lo que luce ser una utopía por la forma en que el neoliberalismo se ha apropiado de la mente y el sentir de la gente.
Pero si Dios quiere y en razón de que las condiciones están dadas para que en el país surja un “outsider”, ojalá sea para bien y no para mal, contrario a como se observa que se produce en Colombia y en otros países latinoamericanos.
El “outsider” dominicano tiene que ser para romper con la vieja política, a los fines de acabar con la corrupción y los principales males que aquejan a la sociedad en asuntos tan fundamentales para tener crecimiento y desarrollo nacionales como el empleo, la institucionalidad, la seguridad pública y ciudadana y en otros aspectos que durante décadas han representado una retranca para la nación.
Por José Cabral.
Los jueces y juezas son considerados emperadores que tienen el privilegio de juzgar la conducta de los demás, pero nunca la de ellos, convirtiéndose muchas veces en los funcionarios públicos que violan más que cualquier otro agente del Estado los derechos de las personas.
La explicación del abuso de poder desde la condición de juez, jueza o fiscal consiste en que somos una nación donde la democracia existe más de apariencia que de realidad y que ello obedece a la herencia patriarcal, machista, caudillista y de amiguismo que genera mucha tolerancia con el que infringe la ley desde la sombrilla del Estado, cuya visión descansa en la herencia histórico-cultural anti-democrática.
La República Dominicana ha pretendido desarrollar una democracia en la que prevalezca el principio de legalidad, juridicidad y de igualdad, pero este propósito ha resultado ser una utopía porque los tiempos de dictaduras tienen un fuerte peso en la vida nacional.
En el Estado democrático los derechos no están por encima de los deberes, ambos van de la mano, pero en los países con escaso nivel de desarrollo la gente piensa que no tiene que cumplir con sus obligaciones y que los derechos son absolutos.
Hace muy pocos días que los actores del sistema de justicia se lanzaron a un paro de labores en demandas de mejores condiciones salariales y de trabajo en sentido general, lo que nadie le regatea porque la realidad es que las mismas son deprimentes, aunque ello no justifica la forma en que muchos tribunales se manejan en los casos que les llegan.
Todo el mundo sabe o por lo menos constitucionalmente está establecido que los jueces son garantes fundamentales de la justicia y la paz social, ya que su principal papel es administrar justicia mediante la solución de conflictos de manera imparcial, aunque este concepto luce ser una utopía.
Los jueces se supone que actúan como puente mediador entre las leyes y los ciudadanos, asegurando la equidad, el respeto a las garantías constitucionales y la estabilidad del Estado de Derecho, ya que en la sociedad contemporánea el ejercicio de la judicatura abarca funciones esenciales que van más allá de simplemente aplicar la ley escrita, sobre todo en una época en que el derecho ha entrado en un profundo proceso de constitucionalización.
Sin embargo, cuando el sistema de justicia no cumple con su rol, entonces llega la distorsión que tiene que ver con la vía de hecho, dado que éste tiene la misión teórica de darle a cada ciudadano lo que le corresponde, a los fines de evitar hacer justicia con sus propias manos y para garantizar una convivencia ordenada.
La justicia también debe velar porque prevalezca el principio de legalidad y de juridicidad para el control del poder, ya que representa un contrapeso vital al supervisar que los actos de los otros órganos del Estado se ajusten a la Constitución y al bien común, pero todo ello requiere, además, que los jueces, juezas y demás actores de la judicatura nacional también ajusten sus actuaciones a los deberes que les impone la ley sustantiva de la nación y las normas por las que se rige el Poder Judicial.
Análisis Noticiosos
Es imperdonable que Subero Isa haya mal asesorado al presidente de la República.
Por José Cabral
Cuando el Congreso Nacional aprobó en violación de la Constitución la promulgada Ley 13-26 que persigue anular las candidaturas independientes, muchos confiamos en la amplia formación y la vocación democrática del expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, quien ahora se desempeña como Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo.
Siempre pensé que lo mínimo que podía sugerirle Subero Isa a Luis Abinader era no promulgar esa pretendida ley y en su lugar recomendar observarla por constituir una violación muy grave a la Constitución de la República y a una jurisprudencia del Tribunal Constitucional que el jefe de Estado prometió cumplir cuando se juramentó en el cargo.
Pero aun después de la promulgación en una conversación con el promotor de la acción directa de inconstitucionalidad en contra de los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23, Alberto Fiallo, éste decía que parece que Subero Isa no había jugado ningún papel en semejante agravio a la democracia y al proceso de constitucionalización del derecho en la República Dominicana.
E incluso planteó el amigo Fiallo que Subero Isa no había tenido ninguna participación en semejante disparate jurídico, porque se veía que se trataba de un asunto manejado políticamente desde el Partido Revolucionario Moderno (PRM), lo cual parece lógico en razón de que fue algo manejado por los cuadros más importantes de la organización oficial.
Sin embargo, luego de ver la recomendación al presidente Abinader de Subero Isa en su condición de consultor jurídico del Poder Ejecutivo de que no se meta en lo referente al conflicto entre los jueces, juezas y demás personal del Consejo del Poder Judicial, todo indica que de igual modo debió haberlo hecho con la promulgación de la Ley 13—26.
No hay ninguna razón de que Subero Isa no haya intervenido en la decisión del presidente en lo que respecta a la promulgación de la Ley 13-26, máxime cuando el consultor jurídico ya había hecho pública su posición en contra de las candidaturas independientes.
De ser así, Subero Isa ha incurrido en su peor error como hombre público y jurista de una larga trayectoria, porque se trata de una acción antijurídica y que de alguna manera desmiente la creencia que nos hemos creado muchos de que este expresidente de la Suprema Corte de Justicia es un profesional del derecho lo suficientemente acabado y formado para el mejor de los consejos.
Si esta hipótesis es cierta entonces estaríamos ante un gran fiasco, porque no sé si Subero Isa sabe que con lo que podría ser esa asesoría a un hombre como el presidente Abinader, quien no tiene la menor idea de asuntos constitucionales, lo ha sumergido en una grave violación al derecho interno y externo, lo cual perdurará para toda la historia del país.
Sería imperdonable que Subero Isa no entienda la importancia que tiene en la democracia nacional el proceso de constitucionalización del derecho que se inicia en el país con la Constitución del 2010 y de la que se deriva la referida figura jurídica y que tampoco digiera el fenómeno que tiene que ver con la defensa y preservación de los derechos fundamentales en la sociedad dominicana, ya que la decisión de Abinader busca arruinar y eliminar el derecho, valores y principios de legalidad, proporcionalidad, pro participación y de dignidad humana.
No es que Subero Isa no tiene el derecho de estar en contra de lo que considere, pero de igual modo se entiende que es totalmente inaceptable que él se ponga en contra de una jurisprudencia que tiene el sustento del mandato de la Constitución.
Considero que la figura de Subero Isa se degrada y queda muy mal parada cuando entra en el juego de la politiquería al recomendar, si fue que así ocurrió, la promulgación de la Ley 13-26, que en buen derecho no es más que un contrasentido jurídico y que no puede tener otro destino que su nulidad.