Análisis Noticiosos
Venezuela engrasa su locomotora económica
La República Bolivariana de Venezuela despidió el 2012 con un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 5,5 % que clasifica entre los más altos a nivel mundial y se espera que en 2013 alcance cifra similares o superiores con la reciente entrada del país en el Mercado Común del Sur (MERCOSUR).
Contra los pronósticos de las fuerzas opositoras y de los medios de comunicación que anunciaban “desastres económicos” para la nación sudamericana, resultó sumamente satisfactoria los adelantos obtenidos a través del recién concluido año, pese a los embates que representaba la profunda crisis económica que padecen Estados Unidos, Europa y Japón.
Además, el aumento del PIB venezolano va en constante correspondencia con el crecimiento del bienestar de vida de su población debido a los programas sociales que se han puesto en acción desde la llegada al poder en 1999 del presidente Hugo Chávez.
En contraposición, en varios países de la región se incrementa el PIB pero las ganancias son extraídas por las grandes transnacionales o van a parar las arcas de las minoritarias personas ricas, mientras que la población sufre hambre, miseria e insalubridades.
Por nueve trimestres consecutivos la economía de la República Bolivariana se expandió lo cual permitió un incremento significativo de la demanda agregada interna, el consumo y las inversiones, en los sectores público y privado.
Para acallar a los opositores y críticos que señalan como uno de los grandes problemas del gobierno venezolano que solo su poderío se basa en los ricos yacimientos petrolíferos del país, los datos han sido aleccionadores: la actividad económica no petrolera creció 5,7% con una incidencia de 4,4 puntos en el aumento total del PIB.
Mientras, el sector petrolero experimentó un aumento de 1,4 %, que según explicó el presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), Nelson Merentes, ese desempeño se mantiene dentro de las tendencias históricas de una rama de la economía sujeta a cuotas de producción por parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
Merentes significó en rueda de prensa que la meta era de 5 % en PIB, y en 2011 fue de 4,2 %. “Los número negativos quedaron atrás, ahora Venezuela entra en una fase de desarrollo y se ubica entre los cinco países con mayor crecimiento en Latinoamérica”, agregó.
El titular del BCV explicó que el aumento económico fue impulsado por los sectores de la construcción (16,8%), comercio (9,2%), actividades no petroleras y privado, y sobre todo de una serie de de proyectos e inversiones dirigidos a la inclusión social de la población.
Este aspecto ha sido fundamental pues al darles mayor participación a los numerosos habitantes (cerca del 70 %) que antes de 1999 vivían en estado de pobreza, el poder adquisitivo de los ciudadanos aumentó y la economía interna se retroalimenta constantemente.
Uno de los índices a destacar ha sido la disminución de la tasa de desocupación que cerró en 2012 con solo 6,4%, debido a las políticas económicas y sociales que se han desarrollo en el país.
El presidente del Instituto Nacional de Estadística (INE), Elías Eljuri informó recientemente que en agosto el desempleo alcanzó 7,9 % mientras septiembre y octubre fue de 7,3 %. La disminución ha sido progresiva, pues añadió, desde 1999 hasta 2012 se han generado 4 millones de empleos formales en el país.
Datos estadísticos señalan que el empleo formal ha crecido de 48,3 % a 57,5 %, alrededor de 9,2 puntos porcentuales, y la informalidad descendió de 51,7 % a 42,5 %.
Si los dividendos que antes se obtenían por las ventas de petróleo y derivados se extraían del país por las empresas trasnacionales ahora estan destinados al bienestar del pueblo lo que ha permitido que en 2011 la pobreza por hogar se ubicó en alrededor del 21,2 % y la extrema en 6,5 %.
Antes de 1999 la primera se situaba en cerca del 70 % y la segunda en 25 %.
En la mejoría del nivel de vida ha influido la construcción de nuevas viviendas con amplias facilidades que ofrece el gobierno (en ocasiones en forma gratuita) para que los ciudadanos puedan adquirirlas. En Caracas y en las principales ciudades venezolanas comienzan a desaparecer los miles de tugurios levantados por la población de escasos recursos en épocas anteriores.
Entre mediados de 2011 y finales de 2012 se construyeron en el país 346 718 casas lo que posibilitó cumplir el plan trazado al 99 % de la meta establecida para la Gran Misión Vivienda de 350 000 unidades.
En 2012 se erigieron 200 080 inmuebles, 147 642 fabricadas por el sector público (74 %) mientras el sector privado construyó 52 438 (26 %). Este sector creció un 16,8 % el pasado año.
Para la Gran Misión Vivienda se destinaron en los dos últimos años 98 mil millones de bolívares y para 2013 la cifra prevista es de 56 mil millones de bolívares, en un proyecto que estipula 380 000 nuevas unidades.
A la par se han puesto en funcionamiento otras 20 empresas para la fabricación de insumos para la construcción por lo cual se aseguran la mayoría de los materiales destinados a esas obras como cemento, servicios sanitarios, cables eléctricos, sin la necesidad de importarlos a altos costos.
Con la reciente entrada de Venezuela en el MERCOSUR, este país tendrá asegurado otro gran mercado donde colocar sus cada vez más diversificadas producciones lo que augura una mayor estabilidad económica para los próximos años.
Por José Cabral
Un total de 450 jueces y juezas de los 737 que hay en todo el país, así como sus 6,516 empleados fijos del Poder Judicial han paralizado sus laborares en demanda de aumento e indexación salarial, contratación de más personal en los tribunales y por mejores condiciones de trabajo.
Estos reclamos no pueden ser soslayados porque el sistema está lleno de deficiencias y debilidades de las que no se puede excluir a nadie, ya que todo obedece a las grandes distorsiones que sufre el Estado.
Entiendo que es un grave problema de institucionalidad, lo cual afecta a todos los actores del sistema, desde los jueces, fiscales y personal administrativo.
Tengo este criterio porque nadie puede discutir que las distorsiones que caracterizan al Estado no sólo se pueden ver en el sistema de justicia, sino también en el Poder Legislativo y el Ejecutivo.
Entonces, en el marco de estas debilidades y deficiencias que ponen en tela de juicio la democracia, se encuentran los bajos salarios de los jueces y todo el personal de la judicatura nacional.
Esta realidad lleva a todo el que tiene dos dedos de frente a entender que las demandas de los jueces y juezas son justas desde cualquier perspectiva que se vea y a cuyo problema debe buscársele una salida saludable, sin soslayar los demás asuntos que impactan negativamente al sistema de justicia.
El Consejo del Poder Judicial no sólo debe procurar darle salida a esa deficiencia y a sus problemas financieros, sino que al propio tiempo debe crear los mecanismos necesarios para que los tribunales del país tengan otro desempeño.
De manera, que la solución debe ser integral, no sólo a nivel de los salarios y las mejores condiciones laborales de los jueces, ya que las deficiencias tienen implicaciones que también tienen que ver con la arbitrariedad con que se manejan los casos en los tribunales, lo que muchas veces implican la violación de los derechos de los que buscan hacer justicia sobre la base de los derechos fundamentales.
Es decir, que, si bien los bajos salarios de los jueces es un problema grave en el marco del Estado dominicano, también debe decirse que hay otros de igual o peor magnitud que no tienen la mejor de las salidas.
Lo que pretendo establecer es que el problema no sólo tiene que ver con los salarios, el cúmulo de trabajo y el poco personal, sino también del manejo jurídico de los casos, porque es bueno que se entienda que muchos jueces y juezas violan hasta el derecho de recurrir de muchos justiciables y naturalmente los que incurren en esas inconductas no es que deben tener un mal salario, sino que deben ser expulsados del sistema de justicia para bien de la sociedad y la democracia.
Es oportuna la ocasión para que los que dirigen el Estado dominicano no sólo se aboquen a mejorar los salarios y las condiciones de trabajo de los jueces y juezas, lo cual me parece de justicia, sino también a fiscalizar mejor su desempeño porque hay que buscar la forma de mejorar el sistema justicia para bien de todas y cada de las personas, porque no hay derechos sin deberes.
Por José Cabral
Este miércoles participé de una conciliación en la fiscalía del juzgado de paz de Santiago sobre una pensión alimenticia y el magistrado que condujo la misma expresó tantos contrasentidos jurídicos que cualquiera siente vergüenza ajena.
Entre los disparates jurídicos de este fiscalizador está que antes de que se iniciara la vista de conciliación, que se hizo a solicitud de un padre que propone el pago de un monto especifico y concreto de pensión alimenticia, el funcionario incitó a la madre citada a que presentada una denuncia en contra de éste en violación de los procedimientos establecidos al respecto.
Pero peor fue todo lo que dijo este señor, como por ejemplo sostener que cualquier poder de una de las partes que llegue a sus manos de antemano es cuestionado porque alega que allí se llevan muchos títulos auténticos de este tipo falsificados, lo cual me llevó a llamar a la atención a este funcionario porque las leyes establecen los procedimientos al respecto.
Los contrasentidos del magistrado no pararon e incluso llegó a decir que en términos de pensión o manutención los hermanos y otros familiares del padre son también responsables de suplir de alimentos al niño víctima de una situación de irresponsabilidad paternal, pese a que no era el caso de la especie, lo que también me llevó a recordarle que lo que decía era una violación al principio constitucional de que nadie es responsable por los hechos que cometen otros sin importar los vínculos de familiaridad, a menos de que se trate de un menor no emancipado.
Este fiscal llegó al colmo de violar la Constitución de la República cuando mandó a retirarse a todos aquellos abogados que él considera que tienen una edad que a su juicio deben darles paso a otros profesionales del derecho más jóvenes, lo que también representa una vulneración del artículo 39 la carta magna cuando dice que nadie debe ser discriminado por sexo, color, edad y preferencia sexual, entre otras cosas.
Este comportamiento del Ministerio Público no es de ahora, ya que se trata de una debilidad que arrastra desde hace décadas, porque la verdad es que nadie sabe de dónde saca el órgano a este tipo de personaje, quien además decía y reiteraba con la anuencia de algunos abogados presentes que un poder no tenía validez en la jurisdicción de niñas, niños y adolescentes por tratarse de una ley especial.
Yo he sido uno de los que se han quejado por la tolerancia con que el sistema trata la emisión de actos auténticos que no cumplen con las formalidades de ley y que representan una falsedad, no sólo material, sino también intelectual, pero el problema consiste en que es letra muerta lo que dispone la Ley 140-15 y el propio Código Civil Dominicano al respecto.
Regularmente los jueces no estatuyen sobre este tipo de delito, pero ello de ninguna manera justifica que un fiscal o fiscalizador ignore los procedimientos a seguir cuando sospeche que un título autentico es falso, porque no puede hacer como el personaje de este miércoles que actúa como si tuviera la competencia para emitir sentencias o desempañar funciones jurisdiccionales.
Y no se trata sólo de un abuso de poder, sino de una gran ignorancia que daña y lesiona gravemente la credibilidad de todo el sistema de justicia.
No obstante, no es mucho lo que se puede pedir al respecto, porque es un problema integral que sólo una transformación total del Estado podrá resolver.
Por José Cabral
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) mantiene una campaña para crear la percepción de que la mora judicial ha sido reducida a su más mínima expresión.
Sin embargo, cuando cualquier ciudadano se aboca a un análisis de fondo del problema, descubre que se trata de un truco para vender una percepción que no tiene nada que ver con la realidad.
La disminución de la mora judicial ha sido concebida sobre la base de la negación de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, porque el arma usada para este fin es la figura de la inadmisibilidad.
Ello se puede observar con el llamado interés casacional, el cual se sustenta en un criterio subjetivo del derecho, pero que la figura puede ser utilizada para descongestionar el sistema de justicia sobre la base de decisiones que se apoyan en la inadmisiblidad.
Este mecanismo jurídico permite que se proyecte una eficiencia que no existe y que tampoco representa una solución a un problema que en vez de disminuir se complica.
Por lo que se ve, la SCJ utiliza un arma que no es válida para acabar un problema que desde cualquier perspectiva que se analice representa denegación de justicia.
Justicia tardía es, sin lugar a dudas, denegación de justicia, pero peor aún recurrir a una interpretación como el interés casacional para declarar inadmisibles una gran cantidad de casos y buscar descongestionar el sistema y en esas condiciones en el país no se puede hablar de una mejoría del Estado Social Democrático de Derecho.
Lo que se sí ocurre ahora con el recurso extraordinario de casación es un aumento preocupante de la figura de la inadmisibilidad, a los fines de proyectar lo que en la realidad no se produce, aunque ciertamente genera un descongestionamiento sobre una base ficticia y negadora de derechos.
En este aspecto sostengo que se reasume una percepción que ha hecho tanto daño a la democracia dominicana, cuya credibilidad ya parece irrecuperable.
La mora judicial es un fenómeno que abarca todo el sistema de justicia, desde los juzgados de paz hasta los tribunales de primera instancia y las cortes de apelación, pero naturalmente en el nivel que causa mucha mayor preocupación es en casación, cuya Ley 2-23 se ha convertido en un instrumento para ahora apoyarse en la inadmisibilidad para la denegación de justicia.