Análisis Noticiosos
Venezuela: golpe de Estado clínico
Caracas, (AVN).- Hasta hoy el único gobernante norteamericano juramentado fuera del país fue William R. King, vicepresidente del 13er. presidente Franklin Pierce, quien en 1853 enfermó de tuberculosis, viajó a Cuba para tratar de restablecerse y no estuvo presente en la toma de posesión en Washington. Una dispensa del Congreso le permitió jurar el cargo en La Habana.
Cuando el 2 de agosto de 1923 el presidente Warren Harding falleció repentinamente, su vicepresidente, Calvin Coolidge, se encontraba en una apartada zona rural de Vermont, por lo cual asumió la presidencia un día después. El juramento fue tomado por su padre. 110 años después, en noviembre de 1963, Lyndon B. Johnson tomó posesión a bordo del Air Force One.
A pesar de tan rotundos precedentes, las complicaciones post operatorias que presumiblemente impedirán, al reelecto presidente Hugo Chávez, estar en Caracas para la toma de posesión ante la Asamblea Nacional, el próximo 10 de enero, son dramatizadas y manipuladas para utilizar un hecho conocido y legalmente incuestionable como pretexto para inducir a un “golpe de estado clínico”.
Ante litigios constitucionales, las autoridades legislativas, ejecutivas y judiciales, incluido el presidente cuya opinión debe ser tomada en cuenta, están obligadas a procurar que se actúe conforme a derecho y que se cumpla la ley y, en este caso, la voluntad popular formalmente expresada y registrada. En la presente coyuntura venezolana, se trata de encontrar las fórmulas para facilitar que el mandatario electo tome posesión de su cargo, no para impedir que lo haga.
Los hechos, expuestos con buena fe y total transparencia, no dejan lugar a dudas: se trata de un presidente que en posesión del cargo para el cual fue reelecto, vivo, mentalmente apto y en uso de sus derechos, entre ellos a que se aplique la Constitución que al respecto no puede ser más clara.
En su artículo 231, sin ningún género de dudas ni margen a interpretaciones diversas, la Constitución venezolana establece que: “El candidato elegido o candidata elegida tomará posesión del cargo de Presidente o Presidenta de la República el diez de enero del primer año de su período constitucional, mediante juramento ante la Asamblea Nacional…”.
A renglón seguido el texto pauta una alternativa. “Si por cualquier motivo sobrevenido (que es el caso) el Presidente o Presidenta de la República no pudiese tomar posesión ante la Asamblea Nacional, lo hará ante el Tribunal Supremo de Justicia”.
Para el segundo ítem, precisamente por tratarse de motivos “sobrevenidos”, es decir “repentinos o imprevistos” y debido a que es imposible legislar sobre lo ignoto, el texto no establece lugar, fecha ni plazos, cosas que conscientemente los constituyentes dejaron al arbitrio de las autoridades concernidas que son: la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo y el Presidente quienes, de mutuo acuerdo, deben aplicar la norma. En este caso, lo coherente con la sustancia de la ley y lo jurídicamente significativo es que el presidente tome posesión ante las autoridades mandatadas. El modo y el momento son secundarios.
Actuando de buena fe y para consumar la voluntad popular y constitucional de que el presidente electo tome posesión, pueden tomarse varias providencias: (1) la presidencia de la Asamblea Nacional viaja a La Habana o el Tribunal Supremo se desplace y tome juramento al presidente en Cuba.
En Estados Unidos, verdadera patria del constitucionalismo liberal, nueve de sus 44 presidentes han tomado posesión de modo irregular. Cuatro de ellos lo hicieron porque el presidente murió de muerte natural en el desempeño del cargo. Otros cuatros debido a magnicidios y uno, Gerald Ford, por la renuncia de Richard Nixon.
Como datos curiosos pueden anotar que: al jurar la presidencia, por ser agnóstico, John Quincy Adams lo hizo sobre un libro de leyes, el católico Lyndon Johnson sobre un misal y Franklin Pierce utilizó la palabra “afirmo” en lugar de “juro”. Al renunciar, Richard Nixon planteó un problema inédito, pues se trataba de un hecho sin precedentes respecto a lo cual en la Constitución no hay una sola palabra. Cuentan que consultado al respecto, el presidente del Tribunal Supremo comentó: “Con hacer constar su decisión parece suficiente”
En la presente coyuntura, lo legal, ético y moralmente correcto es facilitar la toma de posesión de Chávez. La vida y la Providencia dirán si hubiera que invocar otros preceptos. Allá nos vemos.
Por Robinson Lebrón Céspedes.
La mercantilización del sufragio: Compra de votos y pérdida de autonomía.
A pesar del blindaje garantista introducido por la reforma constitucional de 2010 y la modernización logística de la Junta Central Electoral (JCE), el mercado electoral dominicano durante el periodo 2006-2026 ha seguido condicionado por la persistencia del clientelismo sistémico. La práctica de la compra directa e indirecta de votos en las inmediaciones de los recintos electorales comúnmente operada a través de las denominadas «casas de campaña» informales o logísticas partidarias de último minuto constituye una de las agresiones más severas a la dignidad humana.
Desde una perspectiva ética y sociológica, la transacción monetaria o el intercambio del voto por bienes materiales (como raciones de alimentos, materiales de construcción o promesas de empleo público) despoja al ciudadano de su condición de agente político libre y deliberativo. Este fenómeno genera una «mercantilización del sufragio», donde el votante es percibido por las élites partidarias no como un depositario de la soberanía nacional, sino como un recurso transaccional cuantificable. La autonomía moral del individuo núcleo esencial de la dignidad según la doctrina constitucional queda subordinada a la coacción de sus necesidades materiales básicas, viciando el consentimiento político y erosionando la legitimidad moral de la representación democrática. El uso político-electoral del gasto social estatal.
La instrumentalización de los programas de asistencia social del Estado representa otra vulneración estructural a la dignidad de los sectores más vulnerables de la sociedad dominicana. Durante las últimas dos décadas, y a pesar de la introducción de legislaciones restrictivas como la Ley No. 33-18 de Partidos Políticos y la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral, la frontera entre la acción institucional del Gobierno y la promoción de las candidaturas oficialistas ha sido históricamente difusa.
El condicionamiento implícito o explícito de subsidios condicionados, tarjetas de ayuda social, programas de transferencias monetarias y planes de empleo coyunturales durante los meses previos a los comicios electorales lesiona gravemente la dignidad ciudadana. Al utilizar los recursos públicos —que constituyen un derecho colectivo— como un mecanismo de chantaje o de inducción del voto, el aparato político instrumentaliza la pobreza. Esta práctica reduce al ciudadano a una condición de dependencia y subordinación psicológica ante el gobernante de turno, transformando lo que constitucionalmente debe ser un ejercicio de libertad soberana en un acto de supervivencia económica forzada.
Desigualdad en el financiamiento y la exclusión de candidaturas idóneas.
La dignidad humana, en su vertiente política, no solo ampara el derecho a elegir en libertad, sino también el derecho a ser elegido en condiciones de equidad e igualdad de oportunidades (artículo 39 de la Constitución). Sin embargo, el ecosistema electoral dominicano ha operado bajo una profunda distorsión provocada por el alto costo de las campañas políticas y la insuficiencia de los mecanismos de fiscalización del financiamiento privado.
La irrupción de capitales no transparentes y el desborde de los topes de gastos permitidos por la ley generan una plutocratización fáctica de la política. Aquellos ciudadanos e intelectuales idóneos que aspiran a puestos de elección popular, pero que carecen de grandes fortunas personales, el patrocinio corporativo o el acceso a redes clientelares, quedan excluidos de facto de la competencia electoral. Esta asimetría económica no solo vulnera el derecho a la igualdad de los aspirantes, sino que limita la libertad de opción de los electores, quienes ven reducida su oferta política a opciones validadas por el poder económico y no por el mérito programático, consolidando una democracia de exclusión que lesiona la dignidad del debate público.
Las prácticas de clientelismo, la instrumentalización de los programas sociales y la desigualdad en el financiamiento electoral representan desafíos estructurales para la democracia dominicana, al comprometer la dignidad humana y la libertad del sufragio. Superar estas distorsiones requiere fortalecer la transparencia, la fiscalización y la educación cívica, garantizando procesos electorales más equitativos y respetuosos de los principios constitucionales y del Estado social y democrático de derecho.
Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
Abogado y Docente Universitario.
Análisis Noticiosos
Irresponsabilidad del Estado ante la posible ocurrencia de un terremoto en Santiago.
Por José Cabral
La indignación del ciudadano dominicano no tiene otra razón de ser que la irresponsabilidad, la negligencia y la complicidad de las autoridades edilicias de Santiago y de todo el Estado ante la posibilidad de que el país pueda ser afectado por un terremoto que supere los siete grados como ha ocurrido en Venezuela.
Ya Santiago muchas décadas atrás fue víctima de un fenómeno natural que prácticamente borró del mapa a la segunda ciudad en importancia del país.
Sin embargo, por las propias características de una ciudad que ya representa una gran metrópolis como lo es Santiago, sus residentes están expuestos a un gran peligro, a una tragedia nacional de magnitudes insospechadas.
Los grandes terremotos son cíclicos, ya que hay expertos que sostienen que se producen cada 60 ó 70 años, el cual no debe ser el punto de referencia para que las autoridades tomen las medidas pertinentes, no para que no ocurran, sino para que los daños no sean tan cuantiosos, sobre todo en lo que respecta a pérdida de vidas humanas.
Pero como el asunto tiene su base en una cultura como la improvisación y la falta de planificación estratégica de las autoridades que gobiernan el país, no sólo de las actuales, sino también de las pasadas, en Santiago, cuyo suelo no es recoso, han permitido la construcción de grandes torres que representan una gran amenaza ante la ocurrencia de este tipo de fenómeno natural.
Lo peor de todo es que nada les sirve de escarmiento y sólo el problema se aborda cuando surge una tragedia, como la que ha afectado a Venezuela, la cual luce que esperan tanto las autoridades municipales como las nacionales.
Un ejemplo de la irresponsabilidad y cómo opera el tráfico de influencia es que, por la propia naturaleza del tipo de suelo de Santiago, la ciudad tenia prohibida la construcción de edificios que superaran las cuatro plantas, pero de unos años para acá ha tolerado el levantamiento de altas torres en lugares como “La Trinitaria”, donde algunas alcanzan hasta casi los 30 pisos.
El tema ha sido puesto sobre el tapete ante los terremotos y la gran tragedia que se ha producido en Venezuela por causas parecidas a las que se concretan en Santiago, donde la llamada falla de la zona Septentrional atraviesa la cordillera del mismo nombre, cuyo desplazamiento horizontal parte del límite de la que se conocen como las placas de Norteamérica y del Caribe.
Esta falla atraviesa el norte del país por unos 228 kilómetros desde la bahía de Manzanillo en Montecristi y llega hasta la de Samaná, la cual tiene una gran cercanía a centros urbanos como Santiago y Puerto Plata, la cual es considerada la más peligrosa y con mayor potencial para generar grandes sismos en la región.
Lo más grave del asunto es que hay personas que se les ha ocurrido construir viviendas hasta en la falda de la Cordillera Septentrional, cuyo peligro tiene mucho que ver con la tolerancia, la ignorancia, pero sobre todo con la irresponsabilidad de las autoridades.
A Dios que reparta suerte.
Por Antonio Salcedo
El descredito de los partidos políticos en la República Dominicana ya deja la sensación de que en el 2028 cualquier cosa puede ocurrir.
Pero el hecho de que cualquiera se pueda encamarar en el poder es un fenómeno que ya ha ocurrido en más de una ocasión en el país y en otras naciones del hemisferio.
La República Dominicana ya ha tenido que soportar a varios presidentes que definitivamente no tienen bien puestas sus cabezas.
La cualquierización de que hablo podría representar un gran peligro para la nación, porque ello podría traer consigo una debacle nacional, tal vez el abismo total del país.
Sin embargo, a pesar de la fuerza que toma el fenómeno de que alguien venga desde fuera de la política tradicional y se encaramarse en el poder, es una posibilidad muy real, pero no luce que el país pueda fijarse en una figura vulgar y estrafalaria como Alofoque.
Aunque, repito, cualquier cosa puede ocurrir, ya que cuando una sociedad entra en crisis puede producirse lo que nadie se imagina.
No obstante, no me luce que Alofoke pueda capitalizar la crisis que impacta a los partidos políticos, porque muy difícilmente una figura de las redes sociales con las características de este personaje pueda tener éxito político.
De lo que sí hay que estar consciente es que en la República Dominicana las travesuras de los actores de la clase política no van a dejar nada bueno.
Pero me ratifico en la idea de que no será un Alofoke, un personaje de muy mala procedencia y con una pobre formación, quien capitalice la decepción del ciudadano con la partidocracia.
El tiempo hablará.