Latinoamericanas
Venezuela se olvida de Chávez y abre petróleo al sector privado
CARACAS.- El petróleo ha sido una pieza clave en el nuevo escenario que se ha abierto en Venezuela. Apenas unos días despúes de la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, el chavismo puso en marcha una reforma acelerada de la ley de hidrocarburos, que ha provocado un giro de 180 grados en la política de nacionalización impulsada por Hugo Chávez, base de la revolución bolivariana.
El nuevo marco legal prioriza la rentabilidad para inversores nacionales y extranjeros, con el objetivo de atraer capital que permita reflotar la producción petrolera. A continuación, una serie de preguntas y respuestas que aclaran las cuestiones más importantes de la nueva legislación.
¿Qué cambia con la nueva ley?
Los cambios se concentran en tres aspectos: la apertura amplia al sector privado nacional e internacional en la exploración, explotación, producción y comercialización del crudo. En segundo lugar en la reducción de impuestos y regalías (el porcentaje del valor del petróleo extraído que las empresas deben pagar obligatoriamente al Estado) para aumentar la rentabilidad de las inversiones privadas. También se refuerza la seguridad jurídica mediante la incorporación de mecanismos de arbitraje y mediación internacionales, que permiten resolver controversias fuera de los tribunales venezolanos.
Las empresas privadas extranjeras ya participaban en la exploración y explotación petrolera, pero siempre como socios minoritarios del Estado. La nueva ley amplía de forma inédita su rol al permitirles intervenir también en la comercialización del crudo y otorgarles el control total de la gestión y disposición de los ingresos. La normativa autoriza además que los pagos por la venta de petróleo se depositen en cuentas fuera de Venezuela, sin pasar por el Banco Central, como ocurría hasta ahora.
Aunque desde 1977 el petróleo pertenece al Estado venezolano, durante el chavismo se consolidó el modelo de “soberanía petrolera”, que revirtió la apertura de los años noventa. Hugo Chávez impuso el esquema de empresas mixtas, con mayoría accionaria y control operativo estatal, lo que llevó a la expropiación de activos de Exxon Mobil tras negarse a aceptar esas condiciones.
La reforma actual impulsa un esquema en el que el socio privado negocia directamente con el Ejecutivo, sin el control parlamentario que exigía la legislación anterior, y flexibiliza el régimen fiscal para garantizar mayor rentabilidad al capital extranjero. Impuestos y cargas pueden ser exonerados o reducidos discrecionalmente, lo que implica una disminución significativa de los ingresos que recibirá Venezuela por la explotación petrolera a cargo de terceros.
La reforma abre un proceso de desnacionalización y privatización de la industria petrolera. PDVSA deja de ser una empresa operadora para asumir un rol principalmente fiscalizador, mientras la actividad productiva pasa a manos privadas. “De lo que se trata es de preparar el terreno y motivar a los capitales internacionales a invertir en la industria”, explica el economista petrolero Rafael Quiroz, quien compara este proceso con anteriores aperturas petroleras vividas en el país.
Ante la imposibilidad de aumentar la producción por falta de capacidad técnica y financiera, el chavismo ha dado finalmente un giro aperturista. Los yacimientos, no obstante, continúan siendo propiedad de la República.
La licencia general 46 fue emitida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos minutos después de que la Asamblea Nacional aprobara la reforma de la ley de hidrocarburos, y ambas medidas están directamente conectadas. Mientras el Gobierno venezolano abre la industria al sector privado, Washington habilita a las empresas estadounidenses a participar en actividades antes prohibidas, como la exportación, venta, transporte, comercialización y refinación de petróleo venezolano, pese a que el régimen general de sanciones sigue vigente.
La licencia permite operar directamente con PDVSA y con el Gobierno venezolano, siempre que los contratos se rijan por jurisdicción estadounidense y que los pagos a entidades sancionadas se canalicen a través de cuentas designadas por el Tesoro. Solo pueden acogerse empresas constituidas antes del 29 de enero de 2025; se prohíben pagos en oro o criptomonedas y se autorizan intercambios de crudo por diluyentes.
El texto establece además un estricto control desde Washington sobre los flujos financieros y prohíbe operaciones con Irán, Cuba, Rusia y Corea del Norte. La vicepresidenta Delcy Rodríguez ha solicitado al Tribunal Supremo de Justicia revisar la licencia para preservar la jurisdicción venezolana y no limitar las relaciones comerciales con otros países.
Latinoamericanas
Colombia y Costa Rica refuerzan cooperación contra el narcotráfico y el crimen organizado
Abelardo de la Espriella y Laura Fernández se reúnen este martes en Barranquilla para abordar estrategias conjuntas de seguridad frente a las organizaciones criminales transnacionales.
BARRANQUILLA, Colombia.– La lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional marcará la agenda de la reunión que sostendrán este martes los presidentes de Colombia, Abelardo de la Espriella, y de Costa Rica, Laura Fernández, en momentos en que ambos gobiernos buscan fortalecer la cooperación regional en materia de seguridad.
El encuentro se realizará en Barranquilla y fue acordado previamente durante una conversación entre ambos mandatarios, en la que coincidieron en la necesidad de ampliar los mecanismos de colaboración para enfrentar organizaciones delictivas que operan más allá de las fronteras nacionales.
Entre los asuntos previstos figuran el intercambio de información e inteligencia, la coordinación institucional y posibles acciones conjuntas frente al narcotráfico y otras estructuras criminales transnacionales.
Fernández considera urgente fortalecer la cooperación
La presidenta costarricense ha otorgado especial importancia al encuentro ante su preocupación por las repercusiones que las operaciones contra el narcotráfico en Colombia puedan tener sobre otros países de la región.
Fernández calificó previamente la reunión como urgente y manifestó su interés en evitar que el desplazamiento de estructuras criminales termine afectando a Costa Rica. Sus declaraciones se producen en medio de la preocupación de su Gobierno por la actividad del narcotráfico y del crimen organizado.
La visita tiene además una relevancia particular para la mandataria costarricense, al constituir su primer viaje al exterior desde que asumió la Presidencia en mayo de 2026.
Seguridad, prioridad para Colombia
El Gobierno colombiano ha colocado el combate contra el narcotráfico y las organizaciones armadas y criminales entre los principales componentes de su política de seguridad.
Según cifras divulgadas por la propia Presidencia de Colombia, durante las primeras semanas de la administración de De la Espriella las autoridades han desarrollado operaciones contra distintas estructuras criminales, con capturas, decomisos de narcóticos, incautaciones de armas y erradicación de cultivos de coca.
La reunión con Fernández forma parte de los esfuerzos del Gobierno colombiano por ampliar la cooperación internacional ante fenómenos delictivos que no se limitan al territorio de un solo país.
Una amenaza que traspasa fronteras
El narcotráfico representa un desafío regional debido a la capacidad de las organizaciones criminales para modificar rutas, establecer redes logísticas en distintos países y trasladar sus operaciones cuando aumenta la presión de las autoridades en determinados territorios.
Por esa razón, Colombia y Costa Rica buscan profundizar mecanismos de intercambio de información y coordinación que permitan responder de manera conjunta a esas estructuras.
La reunión de este martes adquiere así una dimensión que supera las relaciones bilaterales entre ambos países: la discusión se concentra en cómo coordinar respuestas regionales frente a organizaciones criminales que actúan sin reconocer fronteras.
Para los dos gobiernos, el desafío será convertir la cooperación política en mecanismos concretos de intercambio de inteligencia, prevención y persecución del narcotráfico y otros delitos transnacionales.
Washington vincula la operación con una supuesta plataforma marítima de apoyo al narcotráfico atribuida a Los Choneros; familiares de tripulantes de embarcaciones intervenidas rechazan las acusaciones
QUITO.– Fuerzas militares de Estados Unidos abordaron este sábado una embarcación ecuatoriana en aguas internacionales del océano Pacífico, en una nueva operación que Washington vincula con actividades de apoyo logístico al narcotráfico y que eleva a cuatro las embarcaciones intervenidas en esa zona durante los últimos nueve días.
La nave, identificada como “María Candelaria”, fue interceptada aproximadamente a 270 millas náuticas —unos 500 kilómetros— de la costa de Ecuador, según las informaciones difundidas sobre el operativo.
El Mando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) sostuvo que la embarcación formaba parte de una estructura compuesta por varios barcos utilizados como plataforma de reabastecimiento de combustible para apoyar el transporte de drogas por el Pacífico.
Washington atribuyó esa estructura logística a Los Choneros, organización criminal ecuatoriana a la que las autoridades estadounidenses califican de “narco-terrorista”.
Ocupantes fueron entregados a Ecuador
Las personas encontradas a bordo de la “María Candelaria” fueron entregadas posteriormente a las autoridades ecuatorianas, de acuerdo con la versión oficial estadounidense.
Las embarcaciones involucradas en la operación fueron vaciadas antes de ser hundidas.
El Ministerio de Defensa de Ecuador confirmó la intervención y la calificó como un nuevo golpe contra Los Choneros, al tiempo que indicó que la ubicación registrada aparentemente correspondía a aguas internacionales.
La circunstancia adquiere particular importancia debido a que la operación fue ejecutada por fuerzas militares estadounidenses fuera de las aguas territoriales ecuatorianas.
Tripulante transmitió el abordaje
Uno de los ocupantes de la embarcación transmitió parte de la intervención en directo mediante redes sociales y ofreció una versión diferente sobre las actividades que realizaban.
El hombre sostuvo que habían salido a pescar tres días antes y cuestionó que, según su relato, los militares no establecieran previamente comunicación por radio con la tripulación.
La versión de los ocupantes contrasta con la información de las autoridades estadounidenses y ecuatorianas, que relacionan la embarcación con operaciones logísticas utilizadas para apoyar el narcotráfico.
Cuatro embarcaciones intervenidas en nueve días
El abordaje de la “María Candelaria” se produce después de otras tres operaciones contra embarcaciones ecuatorianas desarrolladas en menos de una semana.
El 28 de agosto fue destruida y hundida la embarcación “Tres Hermanos”, procedente de Jaramijó.
Posteriormente, el 2 de septiembre, las fuerzas estadounidenses atacaron y destruyeron la “Conquista II”, mientras que el 3 de septiembre fue intervenida la “OM 2”.
Estas dos últimas embarcaciones eran de Manta.
Las autoridades de Estados Unidos y Ecuador sostienen que algunas de esas naves operaban como estaciones flotantes de abastecimiento de combustible, presuntamente utilizadas para prolongar la autonomía de otras embarcaciones relacionadas con actividades ilícitas.
Familiares rechazan vínculos con narcotráfico
Las acusaciones oficiales han sido cuestionadas por familiares de algunos de los tripulantes.
Estos niegan que sus parientes estuvieran vinculados con organizaciones criminales y sostienen que las embarcaciones desarrollaban actividades distintas a las atribuidas por las autoridades.
La controversia introduce interrogantes sobre las evidencias utilizadas para identificar las naves como parte de estructuras de apoyo al narcotráfico.
Hasta el momento, la información suministrada no detalla públicamente qué elementos específicos fueron encontrados en cada embarcación para establecer su presunta relación con organizaciones criminales.
Operaciones estadounidenses aumentan en el Pacífico
La sucesión de cuatro intervenciones en apenas nueve días evidencia una intensificación de las operaciones estadounidenses contra las rutas marítimas que Washington considera utilizadas para el transporte y apoyo logístico del narcotráfico en el Pacífico oriental.
El caso de la “María Candelaria” agrega, además, un elemento sensible: mientras Estados Unidos y Ecuador presentan la intervención como parte de la lucha contra una estructura vinculada a Los Choneros, uno de los ocupantes sostiene que se encontraba realizando labores de pesca.
La determinación de las circunstancias exactas de la operación y de la eventual responsabilidad de los tripulantes dependerá ahora de las investigaciones correspondientes y de las evidencias que presenten las autoridades.
Efe
La Habana.-Las 176 reformas económicas y sociales de Cuba comienzan a plasmarse oficialmente en nuevas normativas que permiten empresas privadas de más de 100 trabajadores, la contratación directa, la inversión de cubanos en el exterior, el usufructo de tierras por tiempo indeterminado y una mayor apertura del comercio y el turismo.
El viceprimer ministro y titular de Comercio Exterior, Óscar Pérez-Oliva, aseguró este jueves que las nuevas normas «podrían tener un impacto en la economía a corto plazo», aunque consideró que no es posible calcular su alcance real debido al «componente de presión externa que no podemos desconocer».
Por su parte, el viceministro Carlos Luis Jorge Méndez afirmó el martes, en una entrevista replicada por la cuenta en X del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, que las reformas responden a un proceso que «va en serio» y que «este es un proceso real».
- A continuación las cinco claves sobre las reformas que ya están en el papel:
1. Empresa privada
En Cuba ya puede haber empresas privadas de más de 100 trabajadores, que se añaden a las figuras existentes desde 2021: micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES).