Opinión
Venezuela y las confesiones premiables del comando sur y departamento de estado USA
Por Narciso Isa Conde
…“el que no esté con nosotros debe pasar por los más dolorosas privaciones, las más terribles inseguridades, las más penosas necesidades de todo aquello que durante tanto tiempo disfrutó teniéndonos por aliado…” ELLIOT ABRAHAM.
Hay confesiones premiables que el coro mundial dominante contra Venezuela bolivariana, auspiciado por el poderío mediático del imperialismo occidental, se encarga de ocultar y /o subvalorar en cuanto a evidencias de delitos de Estado, violaciones a derechos humanos y agresiones a la autodeterminación de pueblos.
Hablo de confesiones descaradas, que implican crímenes de lesa humanidad a cargo de instituciones y personeros estadounidenses con capacidad de provocar genocidios, en tantos voceros de su Gobierno y de sus Fuerzas Armadas.
-Revisen estas declaraciones de factura militar:
“Intensificar el derrocamiento definitivo del chavismo y la expulsión de su representante, socavar el apoyo popular….alentar la insatisfacción popular aumentando el proceso de desestabilización y desabastecimiento…
Incrementar la inestabilidad interna a niveles críticos, intensificando la descapitalización del país, la fuga de capital extranjero y el deterioro de la moneda nacional, mediante la aplicación de nuevas medidas inflacionarias que incrementen ese deterioro…obstruir todas las importaciones y al mismo tiempo desmotivar a los posibles inversores foráneos”.
(KURT TIDD, Jefe del Comando Sur de Estados Unidos, tomado del documento “El Golpe Maestro de EEUU contra Venezuela”, 9-05-2018. Citado por Stella Caloni en artículo publicado en la Red Voltaire)
-Pero observen además con atención estos párrafos del informe político presentado por el halcón Elliot Abraham a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de EEUU:
¿Entonces vamos acaso a permitir que en Venezuela sea exitoso el socialismo, señores Representantes? ¿Pueden ustedes creer lo que eso provocaría en toda la región de América Latina?, ¿Ustedes pueden imaginarse lo que representa construir tres millones de viviendas sin la participación de la empresa privada? ¿Cuál sería el destino de nuestro modelo si no intervenimos allí en los proyecto de salud o educación, en la formación de sus militares y en la adquisición de los elementos para su defensa?, ¿Vamos entonces a permitir que en ese país triunfe el socialismo, un sistema al que le hemos venido declarando la guerra desde que nos constituimos en democracia líder del libre mercado? Por lo tanto, el que no esté con nosotros debe pasar por los más dolorosas privaciones, las más terribles inseguridades, las más penosas necesidades de todo aquello que durante tanto tiempo disfrutó teniéndonos por aliado y por el sostén de sus costumbres, de sus hábitos y entretenimientos más preciados…”.
- LA VERDAD AL DESNUDO.
Estas confesiones dejan claro que la crisis que afecta a Venezuela ha sido provocada por la cúpula del poder estadounidense, que el deterioro de la economía en los niveles actuales, los desabastecimientos, la híper-inflación y la devaluación gigantesca de la moneda nacional, las “privaciones” y “necesidades penosas”, los intentos de golpes de Estado y de desestabilización, la violencia, inseguridad, obstrucción de las importaciones y fuga de divisas y capitales…han sido consecuencias de un plan fríamente programado y ejecutado por el Departamento de Estado y el Pentágono de EEUU. Y ahora resucitan el TIAR, fuerza de intervención militar continental “a pedido de Guaidó”.
Esto es, que lo que se le atribuye al Gobierno de Nicolás Maduro y al chavismo, lo que se le endilga sistemáticamente y en volúmenes sin precedentes para desacreditarlos, satanizarlos y derrocarlos ha sido fundamentalmente obra del imperialismo estadounidense y sus socios continentales y mundiales.
Estas dos confesiones, fruto del descaro que emana de una prepotencia y una soberbia imperial sin límites, deberían ser premiadas como pruebas de la perversidad que acompañan sus propósitos de recolonización de Venezuela y de Nuestra América; es decir, los intentos de desconocer el derecho de autodeterminación, aplastando esa y todas las soberanías.
Ambas confesiones destilan un odio que va más allá de la rapacidad de un imperialismo decadente que procura apropiarse por la fuerza de nuestras riquezas (petróleo, oro, litio, “tierras raras”, biodiversidad, tierras fértiles, fuentes de agua…) y devela su ira contra todo lo que atente contra su coloniaje, su afán de aplastar nuestras identidades culturales, la supremacía blanca, su racismo proverbial y su indecente desprecio por estas sociedades mestizas, mulatas, negras y sus pueblos originarios.
Pero lo peor de todo es como la mentira -pasándole por encima a confesiones de este calibre y gravedad- se ha convertido en matriz de medios, cadenas informativas, noticieros, analistas, periodistas, políticos, empresarios, pastores, militares…que en todos nuestros países han conformado impresionantes redes de reproductores en gran escala de esta trágica inversión de la realidad.
Inconducta que se podría entender inocente, resultado de la alienación masiva, en personas confundidas, desinformadas o ignorantes de lo que realmente acontece en Venezuela y en el mundo; pero no en los casos de gobernantes, profesionales de la política y la economía, periodistas y comunicadores, representantes de las ciencias sociales, la cultura, iglesias y universidades, la diplomacia, la tecnocracia, la farándula, el deporte profesional y el quehacer militar y policial.
Eso se llama optar conscientemente por intereses espurios y versiones reñidas con verdades conocidas y comprobables, aunque poco difundidas.
Optar por la defensa de privilegios y acomodamientos personales, atropellando la verdad y hasta obviando confesiones como las anotadas.
Disposición a difundir mentiras y medias verdades por temor a las represalias, por falta de valor.
Evadir responsabilidades en desmedro de la ética profesional.
Y, en el mejor de los casos, erigir el liberalismo, el neoliberalismo y el conservadurismo de factura europea y estadounidense en dogmas convenientes, o negarse a reflexionar o investigar antes de hablar o escribir para montarse en la corriente de opinión dominante.
Entre esa camada no faltan bocinas bien pagadas y además pericos y cotarras repetidoras de infundios reaccionarios “made in usa”.
Gracias Almirante o Mariscal Tidd, gracias Mr Abraham por ponerlos en evidencia con estas confesiones y/o “delaciones” premiables. ¡Aplaudo a su pérfida sinceridad!
Por Narciso Isa Conde
Vivimos una sociedad de grandes injusticias, discriminaciones y opresiones, las que son mayores si se examinan en la relación hombre-mujer; lacerantes y crueles en temas como el acceso al empleo y los ingresos, derecho a la salud, relación de poder en la familia y la sociedad, forma de participar en la política y cruel despliegue de la violencia masculina.
La violencia no se detiene ni se revierte con Estados y Gobiernos que se niegan a combatir la ideología patriarcal-machista, a educar en torno a la teoría de género, a defender los derechos de la población femenina, a superar los fundamentalismos religiosos, a impartir educación sexual y promover la enseñanza basada en los permanentes adelanto de la ciencia.
La matriz de las modalidades de violencia de género es ideológica-cultural, constantemente reproducida por la clase dominante y el Estado bajo su tutela, incluido su poderoso sistema de comunicación, sus instancias educativas públicas y privadas, sus poderes eclesiales y sus diversos.
No es solo cuestión de reconocer y condenar verbalmente los feminicidios.
No es asunto que se solucione con establecer, como simple formalidad, un Ministerio de la Mujer.
No es tema para limitarse expresar pesares o allantar con medidas superficiales y con leyes que no se cumplen.
A eso se limita la clase dominante-gobernante dominicana, su Estado, su Gobierno, las cúpulas de sus iglesias y el propio presidente Abinader con su equipo de gobierno.
Aquí el sistema educativo, los aparatos de comunicación y cultura han sido asaltados por la ideología machista.
El Estado ha pisoteado el laicismo y el valor de las humanidades y las ciencias sociales, con la anuencia y participación de Luis Abinader,
Importa mucho por eso destacar esa realidad y detenernos siempre en dos características relevantes de la sociedad dominicana: la opresión y la explotación de las mujeres:
La opresión tiene sus raíces en un sistema capitalista plagado de desigualdades, que le da continuidad a una cultura dominante machista que coloca a las mujeres en posición subordinada frente a los hombres; quienes abusivamente se asumen como propietarios de sus vidas y de sus cuerpos.
En ese contexto toda independencia femenina, toda resistencia a ser propiedad masculina, todo desamor provocado por el maltrato y el menosprecio, se paga con agresiones y hasta con la vida, pasando por sufrimientos inenarrables.
Así opera la sociedad patriarcal-machista dirigida por un Estado generador y complaciente frente a distintas formas de violencia y exclusión machista (física, psicológica, económica) contra mujeres y niñas. Todo un poder dominante que opera como una fábrica de feminicidios
La explotación se sustenta en una cultura dominante clasista que empobrece hombres y mujeres trabajadoras -y que mezclada con la división sexual del trabajo y basada en el interés exclusivo del capital por la ganancia- genera y se apropia de más riquezas en base al trabajo desvalorizado de las mujeres en múltiples labores y también en el trabajo absolutamente no remunerado, asignándoles unilateralmente a las mujeres las tareas del cuidado de la familia y del hogar.
La paternidad irresponsable, del abandono total de la familia por los hombres, que determina que la mitad de los hogares estén a cargo de mujeres, se suma a ese despliegue de calamidades.
Aquí y en gran parte del planeta. las mujeres viven múltiples formas de maltrato y discriminación que son tanto más graves y dolorosas cuando ellas son más pobres, negras y con menos oportunidades.
La lucha de las mujeres por la igualdad es cuestión de poder y contra ese poder es necesario que juntos encaucemos la lucha para alcanzar la liberación de todos/as los/as oprimidos/as y explotados/as.
Se ha dicho con razón, que lo personal, en este y muchos casos es también político, y lo político implica valorar que la base de esta gran trampa opresora es el sistema y que hay que cambiarlo por otro que desplace y reemplace la alianza criminal del patriarcado con el capital.
Por Rommel Santos Diaz
Las solicitudes de asistencia se cumplirán de conformidad con el procedimiento aplicable en el derecho interno del Estado requerido y, salvo si ese derecho lo prohíbe, en la forma especificada en la solicitud, incluidos los procedimientos indicados en ella y la autorización a las personas especificadas en ella para estar presentes y prestar asistencia en el trámite.
En el caso de una solicitud urgente y cuando la Corte Penal Internacional lo pida, los documentos o pruebas incluidos en la respuesta serán transmitidos con urgencia.
El Estatuto de Roma establece que las respuestas del Estado Parte requerido serán transmitidas en su idioma y forma original.
Cuando resulte necesario en el caso de una solicitud que pueda ejecutarse sin necesidad de medidas coercitivas, en particular la entrevista a una persona o la recepción de pruebas de una persona voluntariamente, aun cuando sea sin la presencia de las autoridades del Estado Parte requerido si ello fuere esencial para la ejecución de la solicitud, y el reconocimiento de un lugar u otro recinto que no entrañe un cambio en el , el Fiscal podrá ejecutar directamente la solicitud en el territorio de un Estado.
Cuando el Estado Parte requerido fuere un Estado en cuyo territorio se hubiera cometido presuntamente el crimen, y hubiere habido una de admisibilidad de conformidad con los artículos 18 o 19, el Fiscal podra ejecutar directamente la solicitud tras celebrar todas las consultas posibles con el Estado Parte requerido.
En los demás casos, el Fiscal podra ejecutar la solicitud tras celebrar consultas con el Estado Parte requerido y con sujeción a cualquier condición u observación razonable que imponga o haga ese Estado Parte.
Cuando el Estado Parte requerido considere que hay problemas para la ejecución de una solicitud de conformidad con las solicitudes a que se hace referencia en los artículos 933 y 96 del Estatuto de Roma, celebrará consultas sin demora con la Corte Penal Internacional para resolver la cuestión.
Finalmente, las disposiciones en virtud de las cuales una persona que sea oída o interrogada por la Corte Penal Internacional con arreglo al artículo 72 podrá hacer valer las restricciones previstas para impedir la divulgación de información confidencial relacionada con la seguridad nacional serán igualmente aplicables al cumplimiento de las solicitudes de asistencia a que se hace referencia en el presente artículo.
Opinión
La dignidad humana y los procesos político-electorales en la República Dominicana (2006–2026).
Por Robinson Lebrón
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El presente artículo analiza de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos político-electorales de la República Dominicana durante el periodo 2006–2026. A partir de la reforma constitucional de 2010, la dignidad humana se consagró como el principio fundante del Estado Social y Democrático de Derecho, transformando la dimensión procedimental del voto en un derecho fundamental sustantivo. Mediante un enfoque cualitativo y dogmático, la investigación examina el balance entre la expansión formal de los derechos ciudadanos evidenciada en políticas de inclusión como el Voto Accesible, el Voto Penitenciario y la tutela judicial efectiva del debido proceso partidario por parte del Tribunal Superior Electoral (TSE) y la realidad fáctica de los procesos electorales dominicanos.
El análisis revela que, a pesar del blindaje institucional y jurisprudencial, subsisten patologías estructurales arraigadas como el clientelismo sistémico, la mercantilización del voto y la instrumentalización político-electoral del gasto social del Estado. Asimismo, se constata que la transición del debate hacia el entorno digital ha generado nuevas amenazas a la integridad moral a través de campañas de desinformación automatizada mediante robots y violencia política de género en redes sociales. Se concluye que la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas sigue supeditada a una profunda transformación cultural del sistema de partidos y a la aplicación efectiva de regímenes sancionatorios que erradiquen la coerción basada en la vulnerabilidad económica de la población.
El sistema democrático contemporáneo ha superado la concepción procedimental del voto para orientarse hacia un modelo sustantivo, donde el ciudadano es el eje central de las decisiones públicas. En el ordenamiento jurídico de la República Dominicana, esta visión adquirió un carácter vinculante a partir de la reforma constitucional del 26 de enero de 2010. Dicha reforma refundó el Estado dominicano bajo el modelo de un Estado Social y Democrático de Derecho, consagrando explícitamente en su artículo 5 que la Constitución se fundamenta en el respeto irrestricto a la dignidad humana. De este modo, la dignidad dejó de ser un enunciado meramente filosófico para convertirse en un principio jurídico superior, una norma transversal y un derecho fundamental absoluto e inviolable (artículo 38) que debe guiar la actuación de todos los poderes públicos, incluidos los órganos electorales.
Bajo este marco constitucional, los procesos político-electorales celebrados en el país durante las últimas dos décadas (2006–2026) han experimentado una profunda transformación normativa e institucional. El ejercicio de los derechos de ciudadanía —concebidos como el derecho a elegir y ser elegido en condiciones de equidad— se vincula directamente con la autonomía moral y la libertad del individuo. Durante este periodo, la promulgación de normativas clave como la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, la Ley No. 15-19 (y su posterior evolución hacia la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral), así como las jurisprudencias del Tribunal Superior Electoral (TSE) y del Tribunal Constitucional (TC), han buscado estructurar un ecosistema político que garantice la inclusión social, el debido proceso partidario, la paridad de género y el acceso al sufragio de poblaciones históricamente vulnerabilidades, tales como los internos preventivos y las personas con discapacidad.
Sin embargo, el análisis del periodo 2006–2026 revela una persistente desigualdad entre el marco garantista del derecho positivo y la realidad fáctica de las campañas electorales dominicanas. A pesar de los significativos avances tecnológicos y logísticos implementados por la Junta Central Electoral (JCE), la dignidad de los electores continúa enfrentando serios desafíos culturales y estructurales. Fenómenos sistémicos como el clientelismo arraigado, la compra abierta de voluntades en los recintos electorales, la desproporción en el financiamiento de los candidatos y el uso instrumentalizado de los recursos asistenciales del Estado tienden a cosificar al ciudadano, reduciendo su condición de agente político soberano a la de una mercancía económica.
Asimismo, el auge de los entornos digitales en la última década ha introducido nuevas amenazas a la integridad personal a través de campañas de difamación automatizada y la vulneración del derecho al honor. Frente a este escenario, el presente artículo tiene como objetivo analizar de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos políticos electorales de la República Dominicana durante los últimos veinte años. A través de un enfoque cualitativo y dogmático, se examina el balance entre la expansión formal de los derechos políticos y la persistencia de prácticas tradicionales que erosionan la autonomía del votante. Se sostiene como tesis central que, si bien el Estado dominicano ha blindado institucional y jurisprudencialmente las garantías del sufragio, la pervivencia de una cultura política de subordinación económica y el desborde ético en las campañas digitales constituyen los principales reductos que limitan la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas.
Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
rlebroncespedes@gmail.com
El autor es abogado y Docente Universitario.