COMISIÓN DE DIPUTADOS ENTREGA EL INFORME A LA PROCURADURÍA GENERAL
Expediente. La comisión de diputados explicó que los terrenos de Duquesa, donde la empresa Lajun opera el vertedero de Duquesa, fueron vendidos en el 2009 por el CEA.
Santo Domingo.-La Comisión de Contratos de la Cámara de Diputados terminó las investigaciones que realizaba en torno a la venta de los terrenos donde está ubicado el Vertedero de Duquesa y concluyó ayer que ese contrato no pasó por el Congreso Nacional.
El presidente de la comisión, el diputado Héctor Féliz, explicó que se decidió entregar su informe a la Procuraduría General para que sea esa institución la que proceda.
Féliz expresó que los terrenos de Duquesa, donde la empresa Lajun Corporation opera el vertedero, fueron vendidos en el año 2009 por el Consejo Estatal de la Azúcar (CEA), durante la gestión de Enrique Martínez.
El legislador dijo que la Procuraduría General de la República está apoderada del expediente y agregó que dará un informe pormenorizado a la prensa en los próximos días.
El diputado Feliz sostuvo que el contrato que tiene la comisión no es el original. Mientras que ayer acudieron al Congreso Nacional representantes del Bloque de Organizaciones Comunitarias y Sociales Ozama Isabela.
Francisco Reyes, presidente de BLOCOZAI. dijo que se debe aclarar las “condiciones fraudulentas como se adquirieron los terrenos del vertedero, a un precio por debajo del valor real con un préstamo del Banco Nacional de la Vivienda, por 50 millones de pesos”.
Además, considera que resulta inconcebible que esta operación supuestamente se haya realizado sin la aprobación del Congreso Nacional.
La comisión de contratos de la Cámara de Diputados había iniciado desde el año pasado un proceso de investigación para determinar si el contrato de venta fue refrendado por ambas cámaras. La venta de los terrenos de Duquesa envuelve una serie de interrogantes que ni los mismos congresistas son capaces de responder.
(+)
DENUNCIAS DE FRAUDE EN TERRENOS DUQUESA
El diputado Radhamés González, de la alianza PRDPLD por Santo Domingo Oeste, había denunciado que era falso el título de propiedad que alegaba tener la empresa Lajun Corporation. Dijo que con esas “documentaciones falsas” fueron al Tribunal de Tierras, y a pesar de que el CEA expresó que no existía expediente donde se pudiera notar que le habían vendido esos terrenos, el tribunal emitió un título de propiedad.
listindiario.com
SANTO DOMINGO.- Prisión preventiva solicitó el Ministerio Público a un tribunal como medida de coerción contra un profesor imputado de incurrir en acoso sexual en perjuicio de una estudiante de un centro educativo del Distrito Nacional.
La medida de coerción fue solicitada contra el imputado Inocencio Lebrón Montero, quien se desempeñaba como profesor de matemáticas de la adolescente.
De acuerdo con la investigación, el imputado aprovechó la relación de confianza derivada de su condición de docente para iniciar un acercamiento progresivo hacia la víctima.
El Ministerio Público establece que en ese contexto se produjeron varios encuentros dentro del vehículo del imputado, donde este presuntamente realizó tocamientos indebidos en perjuicio de la adolescente e insistió en sostener relaciones sexuales, a lo que la víctima se negó.
La investigación, también, señala, que el imputado habría reiterado las conductas denunciadas, manteniendo presión emocional sobre la menor de edad.
El imputado fue apresado el pasado 22 de abril, en virtud de una orden de arresto emitida en su contra por la Coordinación de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional.
Las procuradoras fiscales Adalgisa Tavares y Mariela Ramos, adscritas a la Unidad de Prevención de Violencia de Género y Delitos Sexuales del Distrito Nacional, depositaron la instancia con la solicitud de medida de coerción contra el imputado.
La audiencia fue aplazada por la jueza Lissa Veras, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, para este sábado, 2 de mayo, a solicitud de la defensa, que requirió más tiempo para preparar sus medios de defensa.
El Ministerio Público ha otorgado al caso la calificación jurídica de violación a los artículos 330 y 333, literal D, del Código Penal Dominicano, así como al artículo 396, literal C, de la Ley 136-03, que crea el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.
Santo Domingo, R.D.-Una gran preocupacion reina en la cumunidad educativa por un video grabado que muestra a varios niños, con edades aparentes de 8 a 12 años, portando un arma blanca en las afueras del centro educativo Pedro Livio Cedeño, ubicado en Verón, provincia La Altagracia, en aparente actitud de tratar de herir a algunos estudiantes.
En las imágenes se observa cómo varios menores se aproximan inicialmente a una niña, estudiante del centro, en actitud agresiva con un cuchillo mohoso en la mano.
Posteriormente, uno de los niños, vestido con bermuda y polocher azul, portando el cuchillo dobla una esquina del centro educativo. Acto seguido, otro menor con un polocher rojo toma el arma blanca y regresa hacia la acera frente al plantel, donde persigue a otro estudiante, quien sale corriendo.
Indicó que el video comenzó a circular ampliamente en redes sociales durante la mañana de este miércoles en Verón, Bávaro y Punta Cana, y que el caso ocurrió la tarde de ayer martes.
Santana señaló que, tras tener conocimiento del hecho, se estableció contacto con la directora del centro, Lucy Cueto, quien informó que los estudiantes involucrados ya fueron identificados. Asimismo, los padres fueron convocados para sostener una reunión y determinar las circunstancias que originaron el incidente.
«Es en el día de hoy cuando se estará investigando el por qué de esta situación», explicó Santana, al tiempo que destacó que, aunque en la zona se han detectado casos de pandillas y bandas en otros centros, principalmente en liceos, este tipo de casos no se había registrado anteriormente en esa escuela, que corresponde al nivel primario.
Sobre las posibles consecuencias, advirtió que se trata de un hecho grave que podría tener implicaciones legales. «Si el menor tiene más de doce años, podría enfrentar hasta dos años de prisión por tratarse de un acto de vandalismo. Si es menor, la responsabilidad recae en los padres», indicó.
En el ámbito educativo, Santana consideró que el hecho constituye una falta «gravísima», lo que podría conllevar sanciones severas, incluyendo la expulsión inmediata del estudiante involucrado.
La ADP aseguró que dará seguimiento al caso para verificar las medidas que adopte el centro educativo y garantizar la seguridad de la comunidad escolar.
