Santo Domingo.- El pago en efectivo por concepto de ventas a consumidores finales ha sido detectado como el mayor renglón dado a incurrir en evasión fiscal en República Dominicana.Nacionales
Ventas en efectivo: principal reto para la DGII
Santo Domingo.- El pago en efectivo por concepto de ventas a consumidores finales ha sido detectado como el mayor renglón dado a incurrir en evasión fiscal en República Dominicana.En una entrevista para Listín Diario el director general de Impuestos Internos (DGII), Magín Díaz, afirmó que en la actualidad el control de las ventas en efectivo es el principal reto de la DGII.
De igual modo, sostuvo que de acuerdo al comportamiento internacional en el ámbito fiscal el Código Tributario se revisa cada 20 años y, sin embargo, en el país éste data de 25 años, lo que revela que existe una gran oportunidad para la discusión del Pacto Fiscal.
Entre otros temas, el funcionario explicó que la evasión del Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (Itbis) se ha reducido. Esto debido a los controles que se aplican en la administración tributaria. También dijo que cada vez menos empresas declaran pérdidas. Habló del proceso de facilitación para el cumplimiento voluntario de los contribuyentes y las causas por las cuáles aún no comienza la “factura electrónica”.
“El tamaño que representan las ventas a consumidores finales en la economía no es para nada despreciable”, dijo el director general de la DGII al explicar que de acuerdo con estadísticas del Banco Central el gasto final privado ha representado en promedio el 80% del producto interno bruto (PIB) del país, lo que quiere decir que “esto pone en clara evidencia la magnitud y reto a que se enfrenta la Administración Tributaria para hacerle frente a la evasión fiscal”, agregó.
En ese contexto, el funcionario citó el avance que en ese aspecto han alcanzado otras administraciones al hacer uso de impresoras fiscales y de puntos de control.
13%
En el segundo semestre de 2016 el promedio de crecimiento de las recaudaciones fue de 13%, según la DGII.
42.9%
El porcentaje de incumplimiento tributario del Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) fue de 42.9% en 2015.
Impuestos Internos aumenta controles
¿En qué porcentaje ha disminuido la evasión fiscal del Impuesto Sobre la Renta y del Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS)?
El porcentaje de incumplimiento tributario del ITBIS (que incluye evasión y elusión) fue de 42.9% en el 2015.
Las proyecciones indican que este porcentaje será menor para el 2016 dado el crecimiento que ha experimentado la recaudación en ese periodo, y con mayor intensidad en el segundo semestre (ver Gráfico No. 1). En el primer semestre, el promedio de crecimiento fue de 8.1%, mientras que en el segundo semestre fue de 13%.
Este crecimiento es explicado principalmente por las medidas de control implementadas por la Administración Tributaria que han incrementado la percepción del riesgo por parte de los contribuyentes.
¿Cuál sector de la economía se presta más al incumplimiento?
El control de las ventas a consumidores finales es una de las áreas más críticas del cumplimiento tributario, siendo la omisión de estas una de las prácticas más recurrentes por los contribuyentes para evadir el pago de impuestos, especialmente si las operaciones se efectúan utilizando como medio de pago el efectivo.
El tamaño que representan las ventas a consumidores finales en la economía no es para nada despreciable. Según estadísticas del Banco Central, el gasto de consumo final privado ha representado en promedio 80% del PIB, lo cual pone en clara evidencia la magnitud y el reto a que se enfrenta la Administración Tributaria para hacerle frente a la evasión fiscal.
Para afrontar este problema, algunas Administraciones Tributarias de la región han adoptado, entre otras medidas, una novedosa solución tecnológica con resultados muy positivos. Esta medida es conocida como Impresoras Fiscales (IF) y su tecnología permite habilitar puntos de control dentro de los negocios para el registro y envío de las transacciones de ventas a las Administraciones Tributarias. Experiencias exitosas, al implementar este sistema en la región, se muestran en Chile (2003), Argentina (1998), Brasil, Venezuela (1994) y República Dominicana (2008).
¿Cuáles proyectos se están aplicando para facilitar el cumplimiento voluntario?
Con respecto a proyectos para facilitar el cumplimiento tributario, se está trabajando en diferentes áreas, incluyendo:
. Revisión de los procesos para el registro de los contribuyentes (incorporación y modificaciones) de cara a la simplificación y agilización de trámites;
. Revisión del régimen simplificado de tributación (PST);
Mejoras en los sistemas de facturación, con inclusión de medidas de validación que faciliten la presentación y el pago de ITBIS;
. Mejora en la Estrategia de Atención al Contribuyente con:
. Ampliación de servicios que puede realizar vía OFV y vía el portal de DGII (rectificativas, validaciones en línea, pago a cuentas, entre otros);
. Ampliación de canales de atención, trabajando actualmente con el establecimiento de un canal de atención especializada (a mayor profundidad), así como un canal de atención para las MIPyMES;
. Mejora del contenido y calidad de los materiales informativos de Educación Tributaria, así como del alcance de las capacitaciones;
. Cambios en formularios y diseño de tutoriales para pago de impuesto (se trabajó con el IR-2 y se está trabajando con ITBIS)
. Mejora de las instalaciones físicas de las administraciones locales e inclusión de área de servicios;
. Revisión y homologación de las preguntas y respuestas que se entregan a los contribuyentes a través de los diferentes canales de asistencia.
¿Cuándo comienza a aplicarse la factura electrónica?
Hasta el momento no se ha definido el plazo para la aplicación. Nos encontramos en la etapa de evaluación de los modelos de facturación electrónica ya implementados (con la experiencia de algunos países de América Latina) para determinar cuál es factible utilizar en República Dominicana.
¿Muchos contribuyentes consideran que el sistema tributario está plagado de inequidades, qué opina usted?
El Sistema Tributario ha sido evaluado en varias ocasiones por organismos internacionales, por ejemplo el Banco Mundial, en su informe Doing Business 2017, posiciona al país en el lugar 129 de 190 economías analizadas en el renglón Pago de Impuestos. El informe destaca que se han logrado avances en reformas para mejorar el Sistema Tributario, subrayando mejoras en la Administración Tributaria. Sin embargo, importantes retos se mantienen como la simplificación del Sistema Tributario para seguir escalando posiciones equivalentes a países miembros de la OECD. Por su parte, Fenochietto et al. (2011) pág 7, se refiere al Sistema Tributario Dominicano de esta forma: “se ha creado así un régimen tributario complejo, inestable (seis reformas en 9 años) y difícil de controlar, que no cumple con ninguno de los principios básicos de tributación: suficiencia (para financiar un gasto público mínimo); equidad (que los habitantes de un país contribuyan a las arcas del Estado en la medida de su capacidad) y eficiencia (que el régimen altere mínimamente las decisiones de los productores y consumidores)”.
En este sentido, lo anterior sugiere un nivel considerable de complejidad en la legislación tributaria dominicana lo que puede atentar contra la efectividad del control que puede aplicar la Administración Tributaria, y al mismo tiempo desalentar el cumplimiento tributario por parte de los actuales y potenciales contribuyentes. Por lo cual existe una gran oportunidad para discusión en el Pacto Fiscal.
El Código Tributario de la República Dominicana tiene 25 años de edad, no obstante, la experiencia internacional indica que este debe reformarse por lo menos cada 20 años.
¿Hay algún sector que esté afectando la recaudación efectiva, con la elusión?
El Código Tributario de la República Dominicana data del año 1992, esto quiere decir que estamos administrando una economía moderna con un Código de hace 25 años. La experiencia internacional sugiere que estos deben revisarse completamente y reformarse por lo menos cada 20 años. Los avances de la economía moderna hacen necesaria estas reformas para poder hacerle frente a la elusión y evasión. Un ejemplo de estas complejidades son: el seguimiento y tratamiento de las ganancias de capital, transacciones internacionales, la definición de establecimiento permanente, la globalización, fideicomisos, los precios de transferencia, el tratamiento fiscal de los productos y servicios digitales (ejemplo: software, video, música, datos), entre otros.
listindiario.com
Nacionales
Son imprescriptibles actos de corrupcion de exministros de Danilo Medina por tratarse de criminalidad organizada, dice MP.
Santo Domingo, R.D.-La titular de la Procuraduria Especializada de Persecucion de Corrupcion Administrativa (PEPCA), Mirna Ortiz, sostuvo al responderlle a la defensa del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, que la corrupción administrativa, como la que se le imputa al exfuncionario y a otros más de los gobiernos del expresidente Danilo Medina, «son casos de criminalidad organizada«, los cuales la ley establece que son «imprescriptibles».
Durante la continuación de la réplica ante el Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Ortiz sostuvo que la acusación contra Guerrero y los también exministros Gonzalo Peralta y José Ramón Peralta son procesos de criminalidad organizada porque «contienen todas y cada una de las características» de la criminalidad compleja u organizada.
Tiene la particularidad de ser «un grupo de funcionarios públicos que se coalicionan, que se asocian con empresarios, con testaferros, que pagan sobornos, que mueven activos, que falsifican documentos, que crean estrategias para estafar al Estado», aseveró.
Sostuvo que no solamente la Ley 10-05 del Código Procesal Penal, modificada por la 97-25, contempla que el crimen organizado es imprescriptible, también los tratados internacionales, a los cuales está suscrito la República Dominicana y que tienen el mismo imperio de la normativa local.
La procuradora adjunta manifestó también que, en cuanto al plazo razonable, la jurisprudencia y los acuerdos internacionales han concluido que la extinción de la acción penal no puede plantearse con un simple «conteo matemático» en casos de corrupción como los que se conocen actualmente en el país por la complejidad de estos procesos.
Aclaró, asimismo, a la defensa de Donald Guerrero que la investigación por la que se sometió a este funcionario no fue por la que se le citó a finales del 2020 y a raíz de una declaración jurada por posible enriquecimiento ilícito.
Las indagatorias por las que se llevó a los tribunales se hicieron en el 2021 por los hechos que se le cuestionan durante su gestión en el Ministerio de Hacienda, añadió Ortiz.
Los abogados del exministro Guerrero aseguraron durante la presentación de su defensa la semana pasada que el caso lleva ya «cinco años, a partir del primer interrogatorio» ocurrido en el 2020.
La titular de al Pepca citó que el Tribunal Constitucional, en su sentencia TC-0770-24 y la Corte Interamericana han establecido que, aunque los plazos están establecidos por ley, «hay condiciones y circunstancias que deben verificarse para establecer la razonabilidad de esos plazos. Dilaciones del proceso propias de la misma dinámica de los procesos», subrayó.
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La defensa del exministro de Hacienda aseguró que en la réplica que ha hecho el Ministerio Público no ha logrado presentar ni una sola prueba que otorgue posibilidad de que el exfuncionario sea condenado por las acusaciones.
María del Pilar Zuleta, del equipo de abogados de Guerrero, sostuvo que debe preocupar que el órgano acusador manifieste que el plazo para investigar en el proceso penal no tiene un límite, cuando no es así.
«El Código Procesal Penal le fija unos límites para investigar, especialmente cuando el ciudadano está sometido a medidas de coerción«, sostuvo Pilar Zuleta fuera del tribunal a periodistas.
Otro de los puntos que, según dice hay que cuestionar, es sobre que en la acusación no se deben depositar las pruebas, solo enunciarlas.
«Y estas dos afirmaciones del Ministerio Público son preocupantes porque demuestran que no están dispuestos a someterse al debido proceso para hacer sus acusaciones«, dijo la abogada.
San Francisco de Macorís.-Un médico general, identificado como Wilber Polanco Sanz, quien trabaja en una policlínica en el municipio de Las Guáranas, provincia Duarte, fue acusado de violar a una joven haitiana, de 20 años de edad, mientras acudió a ese centro a hacerse una sonografía.
La joven indicó que después de que el doctor le introdujo el transductor endovaginal y le informó que no estaba embarazada, le dijo que tenía “una enfermedad, no sé cómo se llama, unos cositos y él me dijo que no es peligroso», que me pondría unos medicamentos y se me iban a quitar. «Después él dijo que me volteara encima de la cama”, y supuestamente abusó de ella diciéndole que “era un procedimiento normal”.
Tras la acción, dijo que el galeno la amenazó con llamar a Migración si informaba lo ocurrido.
Ante esto, la joven acudió a la Policía Nacional a denunciar la agresión, mientras que el doctor fue a la fiscalía “a decir que la joven lo estaba difamando”.
De acuerdo a la fiscal de la Unidad de Atención Integral a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, Sandra Sierra Difó, el galeno tiene tres denuncias por haber violado a otras mujeres, por lo que, al intercambiar información con el cuerpo del orden, fue detenido.
Al ser cuestionado sobre las acusaciones, Polanco Sanz negó los hechos y dijo que la joven que supuestamente es evangélica no sabía que para el estudio había que introducirle un aparato por su vagina.
“Ella parece que es evangélica y sintió vergüenza y se tapó la cara”. “Le introduzco el transductor, le hago el estudio y le entrego su estudio; la secretaria se lo entra en un sobre y la paciente sale muy normal”, dijo.
“Ahora díganme ustedes, ¿una persona a la que uno haya intentado abusar de ella, como ella dice, que yo me desnudé, que la violé, que le introduje los dedos, va a salir caminando normal? Yo tengo todo grabado; ella puede decir que hasta la cabeza le introduje, pero es su palabra contra la mía; yo tengo cámaras, que dicen cómo salió ella de allá”, sostuvo Polanco.
De acuerdo a la fiscal, se están realizando todas las investigaciones necesarias para sustentar el caso. El profesional de la salud será sometido a la justicia en las próximas horas.
SANTO DOMINGO.-Mirna Ortiz, procuradora de corte, sostuvo este miércoles que la defensa del acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez se muestra desordenada y continúa presentando argumentos débiles frente a las pruebas aportadas por el Ministerio Público en el proceso judicial que se lleva en su contra por corrupción administrativa.
“Tenemos tres días escuchando incidentes planteados de forma desorganizada, que no permiten al tribunal concretar ciertamente cuáles son las pretensiones de las partes y el tribunal dio un plazo hasta el miércoles a las 2:00 de la tarde para que organicen su estrategia y se presenten de forma organizada en el tribunal”, dijo la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Mirna Ortiz, quien representó al Ministerio Público en la audiencia junto a los fiscales Emmanuel Ramírez y Aurelio Valdez, ofreció detalles del proceso en respuesta a preguntas de periodistas que cubren el juicio que se ventila en el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
En la jornada de este miércoles la defensa del acusado Alfredo Solano Augusto continuó presentando incidentes.
Conforme al expediente, Rodríguez Sánchez malversó más de RD$6,000 millones mediante procesos fraudulentos entre 2016 y 2020, años en que se desempeñó como procurador General de la República.
También, Alejandro Martín Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos, Isis Tapia, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Rolando Rafael Sebelén Torres, César Nicolás Rizik Pimentel y José Luis Liriano Adames.
Jean Alain Rodríguez Sánchez y los demás procesados enfrentan cargos por corrupción, incluyendo soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos.