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“Ví la sangre de Lora Fernández…”, dice testigo batalla del hotel Matum
SANTIAGO (R. Dominicana).- Wall ofreció su testimonio de lo acontecido el domingo 19 de diciembre de 1965, hace 48 años, en el hotel Matum de Santiago, adonde Caamaño junto con sus compañeros había ido a desayunar luego de participar en una misa y una ofrenda floral en honor de Rafael Fernández Domínguez, héroe de la revolución.
Según cuenta Wall, quien para entonces se encontraba en el país al frente del Royal Bank of Canada, esa mañana el hotel estaba repleto de niños y mujeres porque en la explanada frontal se exhibía un circo americano. “Yo había amanecido en el hotel porque me invitaron unos amigos a una fiesta en el Club Recreo para acompañar a una muchacha que luego se convirtió en mi esposa”.
Cuando Wall salió de la habitación, con la primera persona que se encontró fue con Héctor Aristy, quien lo puso al tanto de lo que sucedía, y luego con Montes Arache. “A ambas personas las conocí en la Zona Colonial de la capital cuando los constitucionalistas la tomaron bajo control, yo tenía salvoconducto para entrar y allí conocí a Caamaño y muchos de sus compañeros en el edificio Copello”.
Los militares querían matar a Caamaño ese día pero no pudieron por la intervención de la Iglesia católica y representantes de la embajada de los Estados Unidos.
Poco a poco y ayudado por fotografías de la época, Wall va tejiendo un relato que parece hacer vivir a los presentes como si se tratara de la actualidad. Imágenes de edificios y personajes recrean las escenas de un país que ya se encontraba apaciguado. Caamaño había entregado la presidencia en septiembre y ya se había firmado la paz.
Pero, de acuerdo con las palabras de Wall, quien tenía importantes conexiones en el mundo político y económico dominicano por representar tal vez el más importante banco extranjero en el país en ese momento, los militares querían matar a Caamaño ese día pero no pudieron por la intervención de la Iglesia católica y representantes de la embajada de los Estados Unidos.
Sin embargo, la lucha fue encarnizada, relata, eran 17 hombres constitucionalistas y más de 200 del lado contrario, el balance resultó con varios heridos y tres muertos, entre ellos el comandante Manuel Lora Fernández, a quien los “entreguistas” no le perdonaban haber planificado y dirigido el asalto a la Fortaleza Ozama, hecho simbólico de la gallardía de los dominicanos y que generó un nuevo equilibro durante la guerra de abril de 1965.
“Yo vi la sangre de Lora Fernández, vi mucha gente nerviosa, niños y mujeres llorando, pánico y un puñado de hombres dispuestos a defenderse”, expresó Wall al público compuesto por familiares y amigos que todos los años para esta fecha se reúnen a conmemorar el acontecimiento histórico.
“Vi a Caamaño con un teléfono en la mano preocupado porque no se podía comunicar, también vi a Montes Arache preparar las armas y disparar contra sus atacantes”, expresa el ciudadano británico casi a la misma hora del mismo día cuando se cumplen 48 años del enfrentamiento.
Manifiesta que después del miedo y el espanto lo que le quedó de aquel día fue la rabia, rabia porque el hotel estaba lleno de personas inocentes y “sé que si los militares atacaban con la aviación y los tanques de guerra aquello sería una masacre”.
Antes del testimonio de Wall, frente al hotel Matum las fundaciones Caamaño y Lora Fernández, hicieron un homenaje a los héroes del abril donde resaltaron su valentía y arrojo al enfrentar el ejército más preparado del planeta en ese momento. También celebraron una misa en la parroquia La Altagracia, el mismo lugar donde Caamaño aquel 19 de diciembre había participado en una ceremonia religiosa en conmemoración de su compañero Fernández Domínguez.
Durante el acto también hablaron Claudio Caamaño, encargado de inteligencia militar del lado constitucionalista, y Minerva López, representante de las fundaciones.
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.