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Adelantan que «Habrá alimentos en todos los centros escolares del país» desde hoy.
Santo Domingo, R.D.-El ano escolar 2024-2025 se inicia este lunes y el cien por ciento de las escuelas del país contará con desayuno y almuerzo, así como con los kits de útiles escolares que provee el Estado a los estudiantes a través del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie).
La información la ofreció el director de esa entidad, Víctor Castro, quien participó como invitado del Diálogo del periódico Diario Libre
«Nosotros estamos listos. Todos los suplidores para los servicios de alimentación están habilitados, adjudicados con sus contratos y, la mayoría de ellos, ya con un anticipo (de un 20 %) que establece la Ley que se le debe entregar a las Mipymes, que son el 95 % de los suplidores«.
Castro señaló que, desde finales de septiembre pasado, han estado completando los procesos para garantizar que este lunes el desayuno llegue a las 6,908 escuelas del sector público, impactando a 2,156,231 beneficiarios. Igual para el almuerzo, que sirven en unos 6,200 centros que imparten docencia en jornada extendida. El funcionario informó que también alcanzaron el 100 % de la entrega de los 1,807,340 kits escolares, con útiles, uniformes y zapatos, que este año se distribuyó en 6,469 centros a nivel nacional.
«Ya no habrá excusas, los niños van a la escuela el lunes, todos con su uniforme«, recalcó.
Castro estimó en unos 18,000 pesos el ahorro por estudiante que están teniendo las familias, gracias al aporte en útiles que se hace desde el Estado, respaldado en una inversión superior a los 33,000 millones de pesos.
Para el año escolar 2024-2025, el Inabie presentó un nuevo menú que incluye frutas como parte del Programa de Alimentación Escolar, elevando el costo por ración de 90 a unos 100 pesos.
Sin deudas y más inspección
Castro expuso como un logro de su gestión tener cuentas en cero con los suplidores de esa entidad, apagando las voces que en el pasado se levantaban con frecuencia por los atrasos en los pagos.
Aseguró que cuando llegó a dirigir el Inabie, encontró una deuda de más de 15,000 millones de pesos, pero que a la fecha son los suplidores los que deben a la institución, debido a que les entregó el 20 % de anticipo para la elaboración de los alimentos y kits escolares a distribuir para el actual periodo.
También, los planes futuros de la institución incluyen darles mayores oportunidades. Castro citó que tiene en mente dotar a las escuelas del país del servicio de agua potable permanente, y para ello podría llamar a las industrias interesadas para que sean quienes se encarguen de proveerlas.
En la actualidad, el Inabie trabaja en una política de retomar la vieja modalidad de que los alimentos que sirven a los estudiantes puedan cocerse en las escuelas, aunque muy pocas tienen cocina, lo que implicará dotar a las escuelas de cocinas. La idea que tiene Castro es que el Estado pueda construir las cocinas y que sean los mismos suplidores actuales de esos alimentos quienes se encarguen de su preparación en los centros educativos.
De más de 7,000 escuelas en el país, solo 265 cuentan con una cocina interna para preparar los alimentos que sirven y, de acuerdo con la doctora Ana Carolina Báez, directora de Formulación y Evaluación Nutricional del Inabie, la meta que tienen es llevar la cifra a 1,500 en los próximos cuatro años.
Castro señaló, además, que en su gestión han aumento las inspecciones a los suplidores, y cifró en 21 las visitas realizadas el año pasado. Durante ellas, han encontrado que algunos suplidores no cuentan con la infraestructura o mobiliario requerido para las cantidades de raciones que le contratan, como falta de cuarto frío o estufas más pequeñas de las demandadas.
Pero a esos suplidores se les acompaña para que puedan mejorar sus condiciones, logrando así que puedan seguir supliendo a la institución. Sostuvo que los únicos tres casos registrados el año pasado estuvieron asociados a químicos por fumigaciones, pero no a los alimentos servidos.
«Ustedes no han oído incidencias importantes dentro del centro educativo, la calidad de los servicios ha mejorado por dos aspectos: primero por este acompañamiento le damos a los suplidores, pero también porque hemos mejorado sustancialmente el precio al que pagamos y pagamos a tiempo». Las mejoras en el pago, explicó, motiva a las empresas a dar mejor su servicio.
Venta de zapatos del Inabie
Castro reiteró que solo fueron dos pares de zapatos los que se encontraron en venta en una tienda china, pese a tener el sello de la entidad, que tiene prohibido vender los productos que para ella se confeccionan.
Dijo que los zapatos pertenecen a un suplidor al que se el contrataron unas 55,000 unidades de zapatos, como parte de su política de entrega de uniformes a los estudiantes. Dicho suplidor, indicó, ya había entregado el total contratado y al parecer quiso vender algún excedente de producción. Aseguró que el caso es único y que ya está en manos de la Procuraduría.
«En ningún otro centro nadie ha hablado de que se esté vendiendo uniforme«, dijo.
Ana Carolina Báez
Castro reiteró su advertencia a los suplidores de que no pueden vender la mercancía destinadas a las escuelas.
Se mantienen los niveles de sobrepeso en los estudiantes
Un estudio publicado a inicio de 2023, arrojó que el 31 % de la población estudiantil dominicana tiene sobrepeso y obesidad. Esa condición no ha cambiado a la fecha. «Nuestro sistema de vigilancia, porque nosotros todos los años evaluamos escolares y este último año tuvimos evaluación de unos 17,000 y, realmente, verificamos que la cifra sigue siendo similar: 31, 32 %», comentó la doctora Ana Carolina Báez, que acompañó al director del Inabie en el Diálogo Libre.
Adelantó que en los próximos días se publicará la encuesta nacional de micronutrientes que elaboran con el Ministerio de Salud Pública y otras instituciones, y que los datos preliminares arrojan las mismas cifras.
Báez recordó que tener una población tan pequeña con obesidad, implica una serie de riesgos de otras enfermedades y que ya las clínicas demuestran que muchos niños y adolescentes tienen hipertensión y van desarrollando diabetes. «La toma de decisiones, como la reducción de azúcar, viene basada en esto y esa es una medida que es importante… y tiene que estar por encima de cualquier interés», indicó.
SANTO DOMINGO.- La Novena Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional, presidida por la jueza Milagros Ramírez, aplazó este lunes para el próximo 16 de marzo la continuación del nuevo juicio contra Elizabeth Silverio (neurocientífica), directora del Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, acusada de ejercer la medicina de manera ilegal en el país.
La decisión fue tomada luego de que el tribunal escuchara a varios testigos presentados por el Ministerio Público, entre ellos madres y padres de las presuntas víctimas del caso. Los testigos relataron las situaciones que vivieron y pidieron justicia por los perjuicios que, según denunciaron, sufrieron sus hijos.
Durante la audiencia también ofreció su testimonio el director de Habilitación del Ministerio de Salud Pública, como parte de las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
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Previo al inicio del proceso, Elizabeth Silverio aseguró que demostrará su inocencia frente a los hechos que se le imputan.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, Silverio ejercía la medicina sin contar con el exequátur correspondiente, en violación de la ley, lo que presuntamente afectó la salud de decenas de menores con condiciones especiales.
Asimismo, se le atribuye el uso de títulos falsos, con los cuales hacía creer que era psicóloga con especialidad en neurociencia.
Se recuerda que el 10 de octubre de 2025, los jueces de la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional anularon la sentencia que condenaba a Silverio a siete años de prisión, dictada el 21 de octubre de 2024 por las magistradas del Tercer Tribunal Colegiado.
Tras esa decisión, la corte ordenó la celebración de un nuevo juicio.
Centro Kogland fue clausurado
El Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, ubicado en el sector Gascue, fue creado en diciembre de 2021. Su directora, Elizabeth Silverio, de 30 años, afirmaba poseer cinco maestrías.
La situación provocó que Silverio fuera intimada a presentar su exequátur ante el Ministerio de Salud Pública y, ante la inexistencia de la documentación correspondiente, se procedió al cese de las operaciones del centro Kogland.
Santo Domingo, R.D.-Un aplazamiento de la audiencia incial en el Tribunal del Distrito Columbia de Estados Unidos fue concedido en el caso por presunta corrupción contra el dominicano Melitón Cordero, acusado de gestionar más de 100 solicitudes de visado en abuso del programa para informantes confidenciales mientras se desempeñaba como supervisor de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en República Dominicana.
La audiencia inicial, prevista para el 6 de marzo, fue pospuesta por un plazo de 30 días para permitir que la defensa se reorganice y el gobierno prepare la evidencia, con la posibilidad de que el caso se resuelva antes de llegar a un juicio formal, según establecen documentos judiciales a los que este medio tuvo acceso.
En ese sentido, la audiencia preliminar quedó programada para el próximo 6 de abril a las 12:30 de la tarde.
La decisión del juez también incluye detener temporalmente el conteo del plazo legal que permite la celebración de un juicio rápido. Esto significa que los días entre el 6 de marzo y el 6 de abril no contarán para el cálculo de ese plazo.
Esto se debe a que, normalmente, el gobierno estadounidense dispone de 30 días desde el arresto para presentar cargos ante un gran jurado.
La decisión de posponer la audiencia preliminar fue tomada por el tribunal el 26 de febrero de 2026, un día después de que la defensa presentara la solicitud.
Los documentos judiciales explican varias razones por las que se concedió el aplazamiento en el caso penal federal contra Cordero. La primera de ellas es la contratación de una nueva abogada por parte del dominicano, quien pasa de ser representado por un defensor público federal a la abogada Mary Carpenito, que aún se encuentra en proceso de incorporarse formalmente al caso.
Otro de los motivos es que el gobierno entregará evidencia previa a la acusación formal, así como la intención de ambas partes de contar con más tiempo para prepararse.
Además, existe la posibilidad de resolver el caso antes de una acusación formal, lo que podría evitar un juicio, según se desprende de los documentos.
El pasado 12 de febrero, la embajadora estadounidense en República Dominicana, Leah Francis Campos, informó el cierre de la oficina de la DEA en el país «hasta nuevo aviso», mediante un comunicado difundido en redes sociales en el que calificó la corrupción como «una violación repugnante y deshonrosa de la confianza pública».
La acusación sostiene que Cordero, de 47 años, habría utilizado su posición en la DEA para tramitar al menos 119 solicitudes de visa bajo un esquema fraudulento, presentando a los solicitantes como supuestas «fuentes confidenciales» de la agencia antidrogas. A cambio, se habrían pagado hasta 10,000 dólares por cada trámite.
Santo Domingo, R.D.-La medida de coercion en contra varias ejecutivas del colegio Loenardo Da Vinci fue ratificada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo por la muerte de la estudiante haitiana Stephonrra Mircie Jopseph, de 11 años de edad, quien se ahogó durante una excursioon escolar.
El tribunal confirmó la decisión dictada en primera instancia, que establece como medida de coerción una garantía económica de 500 mil pesos mediante compañía aseguradora, presentación periódica ante las autoridades e impedimento de salida del país contra las cuatro imputadas.
Las imputadas en el caso son Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del centro educativo; Gisela Altagracia de las Mercedes González Estrella, coordinadora general y asesora del equipo directivo; Francisca Josefina Tavares Vélez, orientadora, y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario. Acudieron a la audiencia, y gozan de libertad, ya que cumplen medida poco gravosa.
A la salida de la audiencia, el abogado de la familia de la niña, Miguel Valdez Mar Díaz, cuestionó que en el proceso no se haya incluido a otros posibles responsables vinculados al centro educativo y al lugar donde ocurrió la tragedia.
El jurista indicó que durante la audiencia se discutió que las personas señaladas no serían las únicas responsables del descuido que provocó la muerte de la menor.
Valdez Mar Díaz también criticó el accionar del Ministerio Público, al señalar que el proceso ha sido complejo para la familia y que, hasta el momento, la madre de la niña no ha recibido las pertenencias que la menor llevó el día de la excursión, pese a los requerimientos realizados.
Asimismo, informó que el tribunal fijó para el 26 de marzo una audiencia en la que se conocerá el proceso contra representantes del colegio y los propietarios de la Hacienda Los Caballos.
La mujer estuvo acompañada por varios familiares, quienes intentaban consolarla mientras reiteraba su llamado para que las autoridades establezcan responsabilidades en el caso.
De su lado, la abogada de parte de las imputadas, María del Pilar Zuleta, manifestó su satisfacción con la decisión adoptada por el tribunal.
“La corte conoció el caso, tomó su tiempo y decidió ratificar la medida. Entendemos que fue una decisión ajustada a derecho y que no existe ninguna presunción de culpa contra nuestras representadas”, expresó.
Indicó además que el Ministerio Público había solicitado un aumento de la garantía económica impuesta como medida de coerción, solicitud que finalmente no fue acogida por el tribunal.