Nacionales
Adelantan que «Habrá alimentos en todos los centros escolares del país» desde hoy.
Santo Domingo, R.D.-El ano escolar 2024-2025 se inicia este lunes y el cien por ciento de las escuelas del país contará con desayuno y almuerzo, así como con los kits de útiles escolares que provee el Estado a los estudiantes a través del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie).
La información la ofreció el director de esa entidad, Víctor Castro, quien participó como invitado del Diálogo del periódico Diario Libre
«Nosotros estamos listos. Todos los suplidores para los servicios de alimentación están habilitados, adjudicados con sus contratos y, la mayoría de ellos, ya con un anticipo (de un 20 %) que establece la Ley que se le debe entregar a las Mipymes, que son el 95 % de los suplidores«.
Castro señaló que, desde finales de septiembre pasado, han estado completando los procesos para garantizar que este lunes el desayuno llegue a las 6,908 escuelas del sector público, impactando a 2,156,231 beneficiarios. Igual para el almuerzo, que sirven en unos 6,200 centros que imparten docencia en jornada extendida. El funcionario informó que también alcanzaron el 100 % de la entrega de los 1,807,340 kits escolares, con útiles, uniformes y zapatos, que este año se distribuyó en 6,469 centros a nivel nacional.
«Ya no habrá excusas, los niños van a la escuela el lunes, todos con su uniforme«, recalcó.
Castro estimó en unos 18,000 pesos el ahorro por estudiante que están teniendo las familias, gracias al aporte en útiles que se hace desde el Estado, respaldado en una inversión superior a los 33,000 millones de pesos.
Para el año escolar 2024-2025, el Inabie presentó un nuevo menú que incluye frutas como parte del Programa de Alimentación Escolar, elevando el costo por ración de 90 a unos 100 pesos.
Sin deudas y más inspección
Castro expuso como un logro de su gestión tener cuentas en cero con los suplidores de esa entidad, apagando las voces que en el pasado se levantaban con frecuencia por los atrasos en los pagos.
Aseguró que cuando llegó a dirigir el Inabie, encontró una deuda de más de 15,000 millones de pesos, pero que a la fecha son los suplidores los que deben a la institución, debido a que les entregó el 20 % de anticipo para la elaboración de los alimentos y kits escolares a distribuir para el actual periodo.
También, los planes futuros de la institución incluyen darles mayores oportunidades. Castro citó que tiene en mente dotar a las escuelas del país del servicio de agua potable permanente, y para ello podría llamar a las industrias interesadas para que sean quienes se encarguen de proveerlas.
En la actualidad, el Inabie trabaja en una política de retomar la vieja modalidad de que los alimentos que sirven a los estudiantes puedan cocerse en las escuelas, aunque muy pocas tienen cocina, lo que implicará dotar a las escuelas de cocinas. La idea que tiene Castro es que el Estado pueda construir las cocinas y que sean los mismos suplidores actuales de esos alimentos quienes se encarguen de su preparación en los centros educativos.
De más de 7,000 escuelas en el país, solo 265 cuentan con una cocina interna para preparar los alimentos que sirven y, de acuerdo con la doctora Ana Carolina Báez, directora de Formulación y Evaluación Nutricional del Inabie, la meta que tienen es llevar la cifra a 1,500 en los próximos cuatro años.
Castro señaló, además, que en su gestión han aumento las inspecciones a los suplidores, y cifró en 21 las visitas realizadas el año pasado. Durante ellas, han encontrado que algunos suplidores no cuentan con la infraestructura o mobiliario requerido para las cantidades de raciones que le contratan, como falta de cuarto frío o estufas más pequeñas de las demandadas.
Pero a esos suplidores se les acompaña para que puedan mejorar sus condiciones, logrando así que puedan seguir supliendo a la institución. Sostuvo que los únicos tres casos registrados el año pasado estuvieron asociados a químicos por fumigaciones, pero no a los alimentos servidos.
«Ustedes no han oído incidencias importantes dentro del centro educativo, la calidad de los servicios ha mejorado por dos aspectos: primero por este acompañamiento le damos a los suplidores, pero también porque hemos mejorado sustancialmente el precio al que pagamos y pagamos a tiempo». Las mejoras en el pago, explicó, motiva a las empresas a dar mejor su servicio.
Venta de zapatos del Inabie
Castro reiteró que solo fueron dos pares de zapatos los que se encontraron en venta en una tienda china, pese a tener el sello de la entidad, que tiene prohibido vender los productos que para ella se confeccionan.
Dijo que los zapatos pertenecen a un suplidor al que se el contrataron unas 55,000 unidades de zapatos, como parte de su política de entrega de uniformes a los estudiantes. Dicho suplidor, indicó, ya había entregado el total contratado y al parecer quiso vender algún excedente de producción. Aseguró que el caso es único y que ya está en manos de la Procuraduría.
«En ningún otro centro nadie ha hablado de que se esté vendiendo uniforme«, dijo.
Ana Carolina Báez
Castro reiteró su advertencia a los suplidores de que no pueden vender la mercancía destinadas a las escuelas.
Se mantienen los niveles de sobrepeso en los estudiantes
Un estudio publicado a inicio de 2023, arrojó que el 31 % de la población estudiantil dominicana tiene sobrepeso y obesidad. Esa condición no ha cambiado a la fecha. «Nuestro sistema de vigilancia, porque nosotros todos los años evaluamos escolares y este último año tuvimos evaluación de unos 17,000 y, realmente, verificamos que la cifra sigue siendo similar: 31, 32 %», comentó la doctora Ana Carolina Báez, que acompañó al director del Inabie en el Diálogo Libre.
Adelantó que en los próximos días se publicará la encuesta nacional de micronutrientes que elaboran con el Ministerio de Salud Pública y otras instituciones, y que los datos preliminares arrojan las mismas cifras.
Báez recordó que tener una población tan pequeña con obesidad, implica una serie de riesgos de otras enfermedades y que ya las clínicas demuestran que muchos niños y adolescentes tienen hipertensión y van desarrollando diabetes. «La toma de decisiones, como la reducción de azúcar, viene basada en esto y esa es una medida que es importante… y tiene que estar por encima de cualquier interés», indicó.
Nacionales
RD tiene 14 fallas sísmicas activas, advierte la Defensa Civil y llama a la poblacion a estar alerta.
Santo Domingo.- Las alarmas se han encendido en la República Dominicana a propósito del movimiento telúrico de magnitud 5.0 registrado al sur de La Romana, sumado a los recientes fuertes terremotos en Venezuela.
El director de la Defensa Civil, Juan Salas, reiteró este viernes que el país “vive en una zona sísmicamente activa” y recordó que existen al menos 14 fallas sísmicas que pueden activarse en cualquier momento, por lo que la preparación ciudadana puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.
Salas insistió en que la población debe mantenerse informada, organizada y lista para responder ante un evento súbito, al tiempo que anunció que el organismo cuenta con una nueva herramienta técnica para ofrecer respuestas más rápidas ante emergencias.
En medio del contexto regional, el titular de la Defensa Civil advirtió sobre la vulnerabilidad del país.
“Una brigada de técnicos dominicanos está trabajando en esta dirección… lo ocurrido en Venezuela, país con una placa tectónica similar a la nuestra, nos llama a mantenernos atentos. Somos un país con 14 fallas que pudieran activarse en cualquier momento”, expresó Juan Salas.
Además, explicó que el equipo técnico realiza demostraciones constantes sobre qué hacer antes, durante y después de un sismo, destacando tres acciones esenciales:
- Mantener la calma
- Identificar salidas seguras
- Seguir un comportamiento correcto en medio de la emergencia.
Durante la jornada informativa también intervino el subdirector de la Defensa Civil, Delfín Rodríguez, quien detalló los protocolos básicos que debe seguir la población en caso de un sismo.
“Antes de un sismo hay que capacitarse, hacer un plan familiar y comunitario de emergencia para saber qué hacer antes, durante y después”, explicó.
Rodríguez enfatizó el uso del silbato como herramienta de rescate, especialmente en casos de colapso estructural.
“El silbato sirve para que, si quedamos atrapados, podamos emitir sonido y los equipos de rescate nos localicen. Si no hay silbato, se puede golpear metal o piedras para ser ubicados”, señaló.
También indicó que las unidades de rescate cuentan con equipos especializados como cámaras telescópicas con alcance de hasta 12 metros entre escombros, además de tecnología de ultrasonido para la localización de personas atrapadas.
En cuanto a la respuesta inmediata, fue enfático en la técnica básica que toda la población debe memorizar:
“Agáchate, cúbrete y protégete”, reiteró, explicando que durante el sismo las personas deben proteger la cabeza, adoptar posición segura y evitar correr de manera descontrolada.
Rodríguez explicó que el país comparte una compleja estructura tectónica en la isla, incluyendo fallas como la trinchera de los Muertos, ubicada al sur del territorio nacional, la cual ha sido históricamente responsable de eventos sísmicos en la región.
Recordó además el terremoto de Haití como un punto de reflexión para fortalecer la descentralización de los equipos de emergencia.
“Hoy contamos con equipos distribuidos en las nueve regiones del país. Si una región colapsa, otra puede brindar apoyo inmediato mientras llegan ayudas internacionales”, afirmó.
Santo Domingo, R.D.-El Tribunal Constitucional (TC) volvió a pronunciarse sobre un problema recurrente: la negativa de autoridades e instituciones a devolver bienes o recursos cuya retención ya no tiene sustento legal.
En una nueva sentencia, la alta corte ordenó al Banco Agrícola devolver ocho millones de pesos que permanecían retenidos pese a que habían cesado las medidas de coerción que dieron origen a la garantía económica.
La decisión se suma a otros fallos recientes del TC relacionados con la devolución de bienes y recursos vinculados a procesos judiciales, en los que el tribunal ha advertido que las autoridades no pueden mantener bajo su control dinero o propiedades cuando desaparece la causa legal que justificó la medida.
Posteriormente, el 3 de octubre de 2017, el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Romana dictó un auto de no ha lugar y dispuso el cese de todas las medidas de coerción impuestas en ese proceso.
La entidad financiera alegó que la garantía estaba respaldada por un certificado financiero emitido a nombre de la Procuraduría Fiscal de La Romana y no a nombre de Michel, por lo que entendía que los fondos no podían ser entregados al reclamante. También sostuvo que este carecía de interés directo sobre esos valores y que la devolución podía afectar el patrimonio de la institución.
Ante la negativa, Michel presentó una acción de amparo alegando una vulneración de su derecho de propiedad. El Tribunal Superior Administrativo (TSA) acogió el recurso y, mediante una sentencia emitida en agosto de 2019, ordenó al Banco Agrícola devolver los fondos.
Los jueces verificaron que el dinero había sido aportado originalmente por Michel mediante un cheque de administración emitido por el Banco de Reservas y que esos recursos nunca fueron transferidos ni cedidos al imputado ni al Estado como propietarios de los fondos.
El TC concluyó que el certificado financiero emitido a nombre de la Procuraduría respondía al mecanismo utilizado para instrumentar la garantía judicial, pero no modificaba la titularidad del dinero.
«Resultaba jurídicamente improcedente la retención de los montos depositados», sostuvo el tribunal al confirmar la devolución de los 8 millones de pesos.
La alta corte recordó que el artículo 237 del Código Procesal Penal dispone que las garantías económicas deben cancelarse y los bienes afectados devolverse cuando cesa la medida que les dio origen.
Asimismo, reiteró un criterio fijado recientemente según el cual las personas que enfrenten la negativa de una autoridad a devolver bienes o valores cuya restitución sea obligatoria pueden recurrir al amparo de cumplimiento para exigir la ejecución de esa obligación legal.
Con esta decisión, el TC confirmó la devolución de los fondos reclamados por Michel y reafirmó que la retención de bienes o recursos no puede mantenerse cuando desaparece la causa legal que la justificaba.
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Los hermanos Espaillat van a juicio de fondo a la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional.
Santo Domingo, R.D.-Fue apoderada para conocer el juicio de fondo contra Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, acusados de su presunta responsabilidad en el colapso del techo del referido establecimiento, tragedia que dejó como resultado la muerte de 236 personas y más de 180 heridos, la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional.
El expediente fue asignado al tribunal, presidido por la magistrada Clara Luz Almonte, mediante el sistema de sorteo aleatorio computarizado de la presidencia de la Cámara Penal del Distrito Nacional, luego de que un juez determinara que debía seguir el proceso en un juicio de fondo.
Con este paso, la magistrada procederá próximamente a emitir el auto de fijación de audiencia para citar formalmente al Ministerio Público, a la defensa de los imputados y a las partes querellantes.
Tras un análisis exhaustivo del expediente, el magistrado tipificó los hechos como homicidio culposo o imprudente, rechazando la solicitud de un sector de las víctimas que buscaba que el caso fuera juzgado bajo la figura de homicidio voluntario.
Uno de los puntos relevantes de la decisión del juez Mejía es la exclusión del Ayuntamiento del Distrito Nacional, el Ministerio de Obras Públicas y otras instituciones estatales del proceso penal.
El juez argumentó que, ante la conducta procesal demostrada por los imputados, quienes han mostrado arraigo y disposición de asistir voluntariamente a las audiencias, la prisión preventiva no resulta procedente, recordando que en el sistema constitucional dominicano la libertad es la regla y la prisión la excepción.
No obstante, en el ámbito civil, el tribunal dictó medidas de coerción reales contra los imputados, consistentes en la inmovilización de bienes y medidas conservatorias para garantizar la reparación del daño a las víctimas.
El tribunal confirmó que las evidencias, tanto documentales como materiales, fueron recabadas respetando los derechos fundamentales y ajustándose a los artículos 140, 173, 174 y 197 del Código Procesal Penal, así como a la Resolución 38-69 de la Suprema Corte de Justicia.