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Vincho se reunió con los cancelados de la OTTT para tratar despidos masivos

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La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) realizó una reunión con los empleados de la Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT), para tratar sobre los despidos masivos en instituciones del Estado.

El director general de la DIGIG, Marino Vinicio Castillo, dejó en claro que la DIGEIG es un organismo de control interno menor para ayudar a la transparencia de la administración, y que sus labores no son las de fiscales sino la de precursores del desempeño ético e integro de las funciones en el estado.

Los empleados de la OTTT que acudieron al encuentro fueron Marisol Lora, Cándido Cordero, Cristina Durán, Rafaela Batista, Mirtha Carrasco, Jessica Olmos y Johairon Rodríguez.

Además de los afectados por cancelaciones masivas, participaron el director ejecutivo de la OTTT, Miguel Suazo, y Maritza de la Cruz, representante del Ministerio de Administración Pública (MAP).

Los ex-empleados de la OTTT destacaron que tienen el reconocimiento de sus derechos expuestos en el artículo 146 de la Constitución que dice “La separación de servidores públicos que pertenecen a la carrera administrativa, en violación al régimen de la Función Pública, será considerada como un acto contrario a la constitución y a la ley”, pudiendo someterse al incumbente amparados en el artículo 114, por actuar de forma  inversa a lo que reza nuestra carta magna, dijeron los cancelados.

La cita continúa: “Somos ciudadanos todos, con derechos y deberes muy bien descritos ahí en la constitución” recalcó el doctor Castillo, a la vez que dejo claro que la DIGEIG, no está ajena al problema de estos empleados, aunque no puede abundarlo puesto que ya está en espera de fallo del tribunal contencioso, sin embargo, señaló que como director de la institución puede pedirle explicaciones al titular de la OTTT sobre el caso.

HOY

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Procuradora ordena investigar actuación de Violencia de Género tras feminicidio en Alma Rosa

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Santo Domingo, R.D.-Yeni Berenice Reynoso, procuradora general de la República lamentó el asesinato de Esmeralda Moronta de los Santos, de 33 años, quien fue ultimada a tiros por su expareja tras haber acudido a denunciarlo el mismo día del crimen.

Reynoso informó que ha dispuesto una investigación exhaustiva para esclarecer las circunstancias del hecho y, de manera crítica, verificar si la Unidad Integral de Atención a la Violencia de Género de Santo Domingo Este agotó los protocolos de protección correspondientes tras recibir la denuncia de la víctima.

Según el informe preliminar, el trágico suceso ocurrió la tarde del miércoles en el sector Alma Rosa. Moronta de los Santos había acudido esa misma mañana, acompañada de una amiga a la unidad del Ministerio Público ubicada en la calle Puerto Rico para buscar auxilio ante las amenazas de su agresor.

La investigación interna tiene el objetivo de determinar si hubo fallas en el sistema de protección que debió garantizar la integridad de Moronta, quien deja en la orfandad a dos menores de 10 y 3 años.

«El caso será investigado con el rigor que exige la gravedad del hecho», afirmó la procuradora, quien además manifestó su solidaridad con el dolor de los familiares ante la pérdida.

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Gobierno busca unificar entrada en vigencia de leyes en Gran Santo Domingo.

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Santo Domingo, R.D.-Un anteproyecto para modificar el articulo 1 del Codigo Civil trabaja la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo con el objetivo de que las leyes entren en vigencia al mismo tiempo en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo.

La iniciativa procura eliminar la diferencia existente en la actualidad sobre el momento en que las normas se consideran obligatorias en ambos territorios. Actualmente, el Código Civil establece que las leyes se reputan conocidas al día siguiente de su publicación en el Distrito Nacional, mientras que en el resto de las provincias ocurre el segundo día.

Con la reforma, el Poder Ejecutivo busca adecuar esa disposición a la realidad territorial e institucional surgida tras la creación de la provincia Santo Domingo mediante la Ley 163-01, ya que dicho territorio anteriormente formaba parte del Distrito Nacional, indica un documento.

  • La Consultoría Jurídica considera que mantener plazos distintos carece de sentido jurídico, tomando en cuenta que hoy ambos territorios conforman el Gran Santo Domingo y mantienen una estrecha integración administrativa, económica y social.

El anteproyecto también persigue fortalecer la seguridad jurídica y garantizar mayor coherencia normativa en la aplicación de las leyes, evitando diferencias en el inicio de su obligatoriedad entre territorios que históricamente estuvieron unificados.

La propuesta forma parte del proceso de actualización del ordenamiento jurídico nacional impulsado por el Poder Ejecutivo, en respuesta a los cambios institucionales y territoriales experimentados por el país en las últimas décadas.

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Libertad a implicados en armas ilegales y presuntos vínculos con “Nino Dólar”

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Santo Domingo, R.D.-Yirbety Polanco, jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago,  ordenó la libertad de diez personas acusadas de integrar una presunta red vinculada a posesión ilegal de armas y sustancias controladas, tras ser arrestadas durante un operativo realizado en una villa de San José de las Matas, provincia Santiago.

Como parte de la decisión judicial, la magistrada impuso medidas de coerción consistentes en el pago de una garantía económica de 500 mil pesos mediante una compañía aseguradora, presentación periódica ante las autoridades e impedimento de salida del país para los imputados.

Entre los señalados en el expediente figuran Yapur Ramian Díaz, alias “Shampoo”, y Leury Damián Mata Castillo, ambos identificados por las autoridades como presuntos prófugos de la justicia. Asimismo, fue detenido Carlos José Troche, conocido como “Nino Dólar”, quien supuestamente estaría vinculado a la alegada estructura criminal, según informaciones oficiales.

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