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Vincho se reunió con los cancelados de la OTTT para tratar despidos masivos

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La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) realizó una reunión con los empleados de la Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT), para tratar sobre los despidos masivos en instituciones del Estado.

El director general de la DIGIG, Marino Vinicio Castillo, dejó en claro que la DIGEIG es un organismo de control interno menor para ayudar a la transparencia de la administración, y que sus labores no son las de fiscales sino la de precursores del desempeño ético e integro de las funciones en el estado.

Los empleados de la OTTT que acudieron al encuentro fueron Marisol Lora, Cándido Cordero, Cristina Durán, Rafaela Batista, Mirtha Carrasco, Jessica Olmos y Johairon Rodríguez.

Además de los afectados por cancelaciones masivas, participaron el director ejecutivo de la OTTT, Miguel Suazo, y Maritza de la Cruz, representante del Ministerio de Administración Pública (MAP).

Los ex-empleados de la OTTT destacaron que tienen el reconocimiento de sus derechos expuestos en el artículo 146 de la Constitución que dice “La separación de servidores públicos que pertenecen a la carrera administrativa, en violación al régimen de la Función Pública, será considerada como un acto contrario a la constitución y a la ley”, pudiendo someterse al incumbente amparados en el artículo 114, por actuar de forma  inversa a lo que reza nuestra carta magna, dijeron los cancelados.

La cita continúa: “Somos ciudadanos todos, con derechos y deberes muy bien descritos ahí en la constitución” recalcó el doctor Castillo, a la vez que dejo claro que la DIGEIG, no está ajena al problema de estos empleados, aunque no puede abundarlo puesto que ya está en espera de fallo del tribunal contencioso, sin embargo, señaló que como director de la institución puede pedirle explicaciones al titular de la OTTT sobre el caso.

HOY

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Cien mil pesos por cada balazo habrían recibido los sicarios que asesinaron a abogado de Santiago.

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Alrededor de setecientos mil pesos habrían recibido los sicarios que acribillaron en Santiago al abogado Basilio Guzmán, según trascendió de una fuente vinculada a la investigación del caso.

Esos datos filtrados de la investigación que se realiza en torno al caso, revelan que quienes ejecutaron el crimen tendrían una recompensa por encima de los 700 mil pesos. Por cada balazo que penetrara el cuerpo del asesinado abogado Basilio Guzmán, sus verdugos recibirían cien mil pesos.

Esos datos, filtrados de la investigación que se realiza en torno al caso, revelan que quienes ejecutaron el crimen tendrían una recompensa por encima de los 700 mil pesos.

Aunque horas después del asesinato de Guzmán, salió a relucir un video donde se visualizan a dos hombres en un motocicleta cuando ejecutan a su víctima, hasta el momento las autoridades no han compartido datos de las identidades de los responsables. Pese a que ha trascendido que los responsables están identificados.

Exigen terminación de puente en SFM que comunica varios sectores
Exigen terminación de puente en SFM que comunica varios sectores
También se ha ventilado es que los hombres son oriundos del municipio de Tamboril, en cuyo lugar el jurista afectó intereses.

El hecho

El hecho ocurrió alrededor de las 7:00 de la mañana del día 21 de junio en el residencial El Mirador próximo a Los Cerros de Gurabo III y se desconoce si los homicidas robaron algo a Guzmán Rodríguez

Bombero resulta herido tras intentar sofocar incendio en Higüey
Bombero resulta herido tras intentar sofocar incendio en Higüey
La víctima estaba recogiendo el periódico de hoy, según las informaciones.

Alrededor de las 8:00 de la mañana se encontraban en la escena del crimen los agentes adscritos al Departamento de Homicidios de la Policía Nacional a la espera de un médico legista para trasladar el cadáver del abogado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

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RD$600 millones de pesos exige el Estado dominicano en caso Operación 13

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SANTO DOMINGO . – Una indenmnización de 600 millones de pesos exige el Estado dominicano, representado por los abogados del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público, quienes  solicitaron  este jueves al juez que sea ordenada la apertura a juicio y admita su querella con constitución en actor civil.

“En la etapa que nos encontramos, luego de que el Ministerio Público leyera su acusación, en nuestra calidad de representantes del Estado dominicano, cumplimos con nuestro rol de explicar los motivos que sustentan la querella y la constitución en actor civil interpuesta contra los imputados en este proceso», expresan los abogados Manuel Conde Cabrera, Edison Joel Peña y Carlos Moisés Almonte, quienes forman parte del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP) que representa al Estado dominicano en este proceso.

Agregaron que » lo que concierne a la acción penal, nos adherimos a la acusación presentada por el Ministerio Público, solicitando sea ordenada la apertura a juicio, y en lo civil, explicamos las razones de hecho y de derecho que justifican que el Estado dominicano sea compensado con una indemnización de 600 millones de pesos”.

Acusaciones

Los referidos abogados señalaron que por la contundencia de la acusación presentada por el Ministerio Público y los motivos en los que se sustenta la querella con constitución en actor civil presentada por el Estado, una vez superada la audiencia preliminar y el caso sea conocido en el juicio de fondo, los imputados resultarán condenados y se les ordenará pagar a favor del Estado la indemnización solicitada por los cuantiosos daños causados.

Recordamos que el hecho que dio origen a la investigación y posterior acusación fue el fraude orquestado desde la Lotería Nacional consistente en la manipulación del sorteo de fecha 1 de mayo del año 2021, para que resultara seleccionado el número 13, tal y como ocurrió.

Este hecho lesionó la imagen y credibilidad del Estado dominicano y la Lotería Nacional.

Las personas que están siendo señaladas como responsables de planificar y ejecutar este fraude son los señores Luis Maisichell Dicent (ex – administrador de la Loteria Nacional), William Lizandro Rosario Ortiz, Felipe Santiago Toribio (Chago), Eladio Batista Valerio (El Gago), Carlos Manuel Beriguete Pérez, Jonathan Augusto Brea Ovalles, Valentina Rosario Cruz (presentadora de televisión), Miguel Arsenio Mejía Rodríguez, Edison Manuel Perdomo Peralta y Rafael Mesa Nova.

Por su alegada participación en este fraude, guardan prisión preventiva el ex – administrador de la Lotería Nacional, Luis Maisichell Dicent, así como los señores William Lizandro Rosario Ortiz y Eladio Batista Valerio.

Los coimputados Valentina Rosario Cruz, Jonathan Brea, Carlos Berigüete y Felipe Santiago Toribio, solo les fue dictada la prisión domiciliaria, mientras que Edison Manuel Perdomo Peralta, Miguel Mejía y Rafael Mesa cuentan con presentación periódica e impedimento de salida del país como medida de coerción.

Actualmente se encuentra prófugo Leónidas Medina Arvelo (Nazaret), quien fue declarado en rebeldía.

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Confeso asesino de Jorge Mera realiza más peticiones para “esclarecer hechos”

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Miguel Cruz, asesino del ministro Orlando Jorge Mera ha realizado más peticiones al Ministerio Público y esta vez quiere que se realice una serie de diligencias con las que, argumentó, se podrán establecer con certeza lo sucedido.

A través de sus abogados, Fausto Miguel Cruz, quien cumple prisión preventiva en la cárcel Najayo, solicitó a la fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, que se interroguen nueve personas, que están relacionadas con el Ministerio de Medio Ambiente, luego le disparó a Jorge Mera por supuestamente negarse a otorgarles unos permisos.

Entre estas personas se encuentran el consultor jurídico de Medio Ambiente, Edilio Segundo Florián Santana; el encargado de la Oficina provincial de Medio Ambiente en Samaná, Alfonso Mendoza; el director del Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa), coronel Cepeda; como también Milvio Linares Villegas, quien dice es sobrino del malogrado ministro y el “autorizado a dar los permisos”.

Pide grabaciones y conversaciones

Además, pidió copias de las grabaciones de las cámaras de video vigilancia, tanto en imágenes como sonido captados el día del hecho en el despacho y antedespacho de Jorge Mera, como en otras áreas del Ministerio de Medio Ambiente.

Por igual, le solicitó a la fiscal Ramos que se le entregue copias de las conversaciones del ministro Jorge Mera y del suyo el día del hecho, como también un listado de las llamadas entrantes y salientes de los dispositivos móviles.

También, solicitó copias de los reportes médicos que se le realizaron desde el día de su arresto, incluyendo el informe de evaluación psicológica y el reporte de los medicamentos suministrados, hechos en la cárcel preventiva de Ciudad Nueva, como las realizadas en la cárcel Najayo.

Pidió, también por vía de sus abogados, la copia del interrogatorio que se le realizó, “sobre todo, donde se hace constar la supuesta confesión.

Los abogados de Cruz, Manuel Sierra e Ybo René Sánchez, basaron esta solicitud de proposición de diligencias en varios artículos del Código Procesal Penal, la Ley Orgánica del Ministerio Público, y la Constitución de la República.

Indicaron que el artículo 260 del Código Procesal Penal establece que es obligación del Ministerio Público extender la investigación a las circunstancias de cargo y también a las que sirvan para descargo del imputado, procurando recoger con urgencia los elementos probatorios y actuando en todo momento conforme a un criterio objetivo.

Aún sin respuesta pedido de entrevista en prisión

Previo a estas peticiones, el 15 de junio pasado, Cruz pidió que se le permita ser entrevistado por periodistas en su celda en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo- Hombres. El imputado dijo, mediante instancia, que desea “explicarle al país… cómo fue que desembocó el lamentable suceso”. Esta solicitud será decidida la procuradora, Miriam German, ya que la fiscal Ramos se la remitió. Aún se está a la espera de que se responda a la petición.

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