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«Vinieron a masacrarnos», relatan supervivientes del festival israelí atacado por Hamás
Agencia Efe
Ayer, cuando los servicios de emergencias israelíes lograron acceder al lugar, encontraron 260 cuerpos sin vida y rastros de una matanza sin precedentes.
Tel Aviv.- La madrugada del sábado, mientras unos 3,000 jóvenes israelíes bailaban al ritmo de música electrónica en un festival en el desierto, milicianos de Hamás llegados desde Gaza irrumpieron armados hasta los dientes, masacraron a 260 personas y secuestraron a varios más, en el que es el episodio más sangriento de esta nueva guerra.
Sobre las 06:30 de la mañana del sábado, con los primeros rayos del sol, las alarmas antiaéreas y el sonido de los cohetes lanzados desde Gaza obligaron a parar la música del festival Tribe of Nova y mandaron a correr a los asistentes.
Ayer, cuando los servicios de emergencias israelíes lograron acceder al lugar, encontraron 260 cuerpos sin vida y rastros de una matanza sin precedentes.
El evento tuvo lugar a en las afueras del kibbutz Reim, ubicado a menos de diez kilómetros de la valla de separación que atravesaron cientos de milicianos del movimiento islamista Hamás, desencadenando una guerra que ha dejado ya más de 900 muertos y 2.600 heridos en Israel y al menos 560 fallecidos y 2.900 heridos en Gaza por los bombardeos israelíes de represalia.
«Estaba en la fiesta, pasando el rato con mis amigos y sobre las 06.30 escuchamos las sirenas por los misiles que venían desde Gaza. Intentamos salir de la zona de la fiesta pero entendimos que muchos terroristas habían venido a masacrarnos», relata a Efe Gal Raz, israelí de 31 años, desde su vivienda en las afueras de Tel Aviv.
«Intentamos escapar, pero la ruta estaba bloqueada por autos cuyos pasajeros habían sido asesinados por los terroristas. Vimos muchos cuerpos», agrega el joven, que desde entonces casi no sale de casa y que, ante el llamado del Ejército para alistarse a la reserva, explicó que no sentía estar en condiciones de servir.
Raz, que con los primeros cohetes y el ruido de disparos se separó del amigo con el que había acudido, decidió entonces escapar rumbo al sur con otro grupo de israelíes, pero a pocos metros dieron con una emboscada de milicianos palestinos que abrieron fuego contra el vehículo en el que viajaban.
«Logramos escapar pero el coche se detuvo y tuvimos que seguir a pie», narra. Su plan entonces fue correr a la comunidad más cercana, a seis kilómetros, pero sus familiares les informaron de que Hamás había tomado el control de varias localidades cercanas y les sugirieron esconderse entre la maleza.
Allí permaneció junto a cuatro personas, acostado y con la cabeza junto a la tierra, viendo pasar a milicianos a pocos metros de donde estaba, durante las ocho horas que tardó en llegar el Ejército. Fue en ese momento cuando pudo observar a través de su celular un vídeo en el que veía a su amigo, Avinatán Or, siendo secuestrado y llevado a Gaza junto a su novia, Noa Argamani, imágenes que se viralizaron rápidamente en las redes sociales.
Desde entonces conviven en el la tristeza, la desesperación y la furia. Si bien expresa frustración por la lenta reacción de las fuerzas de seguridad israelíes, su ira apunta contra las milicias palestinas: «Después de lo que hicieron el sábado, Hamás y la Yihad Islámica Palestina deben dejar de existir».
«No solo se llevaron a Avinatán y a Noa, se llevaron a madres, mujeres embarazadas, niños, personas mayores. Sólo vinieron a causar pánico y desastre a nuestra gente», cierra Raz, que se ha sumado a una campaña para presionar por la liberación de las más de 100 personas capturadas por Hamás.
Entre la incontable cantidad de israelíes que buscan desde el sábado a sus seres queridos sin obtener respuesta, está Daizy Moshe, cuyo hermano menor, Oz Moshe, no ha dado señales de vida desde que intentó escapar del mismo festival.
Esa madrugada, el joven de 24 años se comunicó con su hermana por videollamada mientras huía del ataque tras haber recibido tres disparos: uno en una pierna, uno en el pecho y otro en la espalda.
«Estuvimos en contacto durante unos 15 minutos, se escuchaban los disparos y las explosiones de fondo y Neomí, su novia, hablaba con los servicios de emergencias para que le dijeran cómo ayudarlo», narra en diálogo con Efe Daizy.
«En un momento él me dijo que le habían disparado a la chica que conducía y ahí comencé a escuchar gritos desesperados, seguidos de una ola de disparos. Luego fue todo silencio. Estuve 10 minutos en la llamada, en silencio», cuenta, con la voz rota y recién llegada del funeral de Neomí, cuyo cuerpo fue identificado ayer por una muestra de ADN.
Tras no recibir información sobre su hermano, Daizy viajó junto al resto de su familia rumbo al lugar del festival para intentar encontrarlo.
«No encontramos su auto, su cuerpo, nada. Vimos muchísimos coches destruidos y cuerpos por todos lados. No hemos hallado tampoco a sus amigos, creemos que están todos muertos o secuestrados, pero la única información que recibimos es lo que vemos en televisión», añade.
Internacionales
Fondos obtenidos de ayudas por COVID-19 habrían financiado complot contra Jovenel Moïse
Fiscales estadounidenses investigan el uso fraudulento de recursos de programas creados durante la pandemia para financiar parte de la operación que culminó con el asesinato del presidente haitiano en 2021.
MIAMI, Estados Unidos.– Dinero obtenido fraudulentamente de programas de asistencia económica creados por Estados Unidos durante la pandemia de COVID-19 habría sido utilizado para financiar parte de la conspiración que culminó con el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, ocurrido el 7 de julio de 2021.
La investigación de las autoridades estadounidenses sostiene que recursos procedentes de programas como el Paycheck Protection Program (PPP) y los préstamos de emergencia EIDL fueron desviados y utilizados para contribuir a la adquisición de armas, equipos tácticos y otros recursos vinculados con la operación.
Las autoridades también sitúan al sur de Florida como uno de los principales centros desde donde se habrían desarrollado actividades de planificación y financiamiento relacionadas con el complot.
El caso ha cobrado nueva relevancia tras el traslado desde Haití hacia Estados Unidos de 18 hombres acusados en relación con el magnicidio, quienes deberán enfrentar procesos ante la justicia federal estadounidense.
Trasladan 18 acusados a Estados Unidos
Los detenidos llegaron bajo custodia de autoridades estadounidenses y fueron puestos a disposición de la justicia federal en Miami.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó el traslado como parte de una nueva etapa de las investigaciones sobre el asesinato del mandatario haitiano.
El fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, Jason Reding Quiñones, indicó que las autoridades continuarán investigando a las personas que presuntamente financiaron, facilitaron o participaron en la operación.
La investigación estadounidense se ha extendido durante años y ha permitido presentar cargos contra decenas de personas por distintos niveles de participación en la conspiración.
El rastro del dinero
Uno de los elementos que ha adquirido mayor importancia dentro del expediente es determinar de dónde procedieron los recursos utilizados para preparar la operación.
Según la investigación citada, parte del dinero habría sido obtenido fraudulentamente mediante programas federales creados para auxiliar a empresas y trabajadores afectados económicamente durante la pandemia.
Las autoridades estadounidenses atribuyen a Walter Veintemilla un papel importante dentro del esquema financiero. De acuerdo con el Departamento de Justicia, habría acordado aportar US$175,000 mediante un préstamo relacionado con recursos procedentes de los programas PPP y EIDL.
Otro financista vinculado al expediente fue condenado a 20 años de prisión por lavar cientos de miles de dólares provenientes fraudulentamente de esos programas y utilizados para contribuir al financiamiento de la conspiración.
Los investigadores sostienen que los recursos ayudaron a costear elementos necesarios para ejecutar la operación, mientras otros participantes habrían facilitado armas, municiones, chalecos antibalas, radios y equipos tácticos.
Intereses económicos detrás del complot
La investigación estadounidense también apunta a posibles intereses económicos de algunos de los organizadores.
De acuerdo con las autoridades, varias personas relacionadas con el plan buscaban obtener oportunidades comerciales y contratos con el Gobierno haitiano después de provocar un cambio de poder.
El plan habría evolucionado a través de diferentes etapas.
Las autoridades estadounidenses sostienen que inicialmente existió la intención de derrocar a Moïse y establecer un gobierno favorable a determinados intereses. Posteriormente se habría contemplado secuestrar al mandatario, hasta que finalmente la operación derivó en el ataque contra su residencia.
El asesinato de Jovenel Moïse
Durante la madrugada del 7 de julio de 2021, un grupo armado penetró en la residencia privada del presidente haitiano.
Moïse fue asesinado a tiros y su esposa, Martine Moïse, resultó gravemente herida.
Entre los participantes señalados por las investigaciones figuran exmilitares colombianos y otras personas de diferentes nacionalidades.
Otro elemento incorporado al expediente es que algunos de los participantes presuntamente utilizaron indumentaria y distintivos para aparentar que pertenecían a la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).
Las evidencias presentadas en los procesos judiciales incluyen fotografías de equipos tácticos, radios y distintivos relacionados con esa falsa identificación.
Cerca de 30 personas acusadas
La investigación estadounidense ha derivado en acusaciones contra alrededor de 30 personas por distintos delitos relacionados con la conspiración.
Los cargos varían según la participación atribuida a cada acusado e incluyen, entre otros, conspiración para matar o secuestrar a una persona fuera de Estados Unidos y delitos vinculados al fraude.
Cuatro de los principales acusados fueron declarados culpables en mayo por un jurado federal en Miami y enfrentan posibles condenas de cadena perpetua.
El traslado de los 18 detenidos desde Haití abre ahora una nueva etapa judicial en un caso que, cinco años después del magnicidio, continúa revelando detalles sobre cómo se habría organizado, financiado y ejecutado una de las operaciones criminales de mayor impacto político en la historia reciente del Caribe.
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CNN, MS NOW y Politico llevan a Trump ante los tribunales por veto en la Casa Blanca
Los tres medios cuestionan judicialmente la retirada de sus acreditaciones y sostienen que la decisión vulnera la libertad de prensa y el debido proceso protegidos por la Constitución estadounidense.
WASHINGTON, Estados Unidos.– La confrontación entre el presidente Donald Trump y varios de los principales medios de comunicación estadounidenses abrió un nuevo capítulo judicial luego de que CNN, MS NOW y Politico demandaran a su administración por impedir a sus periodistas acceder a la Casa Blanca.
Los medios acudieron al Tribunal Federal del Distrito de Columbia después de que las credenciales de sus periodistas fueran desactivadas y estos no pudieran ingresar al complejo presidencial.
La demanda sostiene que la decisión constituye una represalia basada en el contenido de su cobertura y plantea posibles violaciones de la Primera Enmienda, que protege las libertades de expresión y de prensa, así como de las garantías de debido proceso de la Quinta Enmienda.
Los demandantes solicitaron además una orden judicial temporal que permita restablecer su acceso mientras los tribunales deciden el fondo del conflicto. La acción fue presentada el lunes 21 de septiembre.
Trump defiende su decisión
El presidente había anunciado previamente la exclusión de los tres medios argumentando que difundían lo que él considera informaciones falsas.
Tras conocerse la demanda, Trump negó que su actuación constituya un ataque contra la libertad de prensa y sostuvo que sus cuestionamientos están dirigidos a lo que denomina “fake news”.
La Casa Blanca, por su parte, ha defendido que el acceso a sus instalaciones es un privilegio y no un derecho irrestricto.
Una controversia constitucional
El caso coloca nuevamente en discusión los límites que tiene un presidente estadounidense para controlar el acceso de periodistas a la sede del Poder Ejecutivo.
La Constitución no concede a los profesionales de la comunicación un derecho ilimitado a participar en todos los actos presidenciales ni a entrar en espacios restringidos. Sin embargo, precedentes judiciales han establecido límites a la capacidad del Gobierno para retirar acreditaciones arbitrariamente o discriminar a periodistas por el contenido o punto de vista de sus publicaciones.
Uno de los antecedentes relevantes es Sherrill v. Knight, de 1977, en el que una corte federal estableció garantías procesales relacionadas con las acreditaciones de prensa de la Casa Blanca.
La controversia actual plantea precisamente si la exclusión de CNN, MS NOW y Politico respondió a razones legítimas relacionadas con el control de acceso o si, como sostienen los demandantes, se produjo como consecuencia de una cobertura periodística que desagrada al presidente.
Antecedentes de enfrentamientos con la prensa
No es la primera vez que una controversia sobre las acreditaciones de periodistas durante una administración de Trump llega a los tribunales.
En 2018, durante su primer mandato, la Casa Blanca retiró temporalmente la credencial del entonces corresponsal de CNN Jim Acosta después de un enfrentamiento verbal con el mandatario durante una conferencia de prensa. Un juez federal ordenó posteriormente restituir temporalmente la acreditación.
Más recientemente, The Associated Press también sostuvo una disputa judicial con la administración después de que se restringiera su participación en determinados actos presidenciales.
Estos antecedentes son relevantes porque muestran la diferencia jurídica entre el control presidencial de espacios físicos especialmente restringidos y una eventual exclusión motivada por el contenido de la cobertura periodística.
El conflicto afecta la cobertura presidencial
La decisión contra CNN también repercutió en el denominado “pool” de prensa de la Casa Blanca, el sistema mediante el cual un grupo reducido de periodistas y camarógrafos cubre determinadas actividades presidenciales y comparte posteriormente el material con otros medios.
CNN tenía asignadas funciones dentro de ese esquema cuando se produjo la prohibición. La situación llevó a otras cadenas a suspender su participación en determinadas actividades del pool, ampliando el impacto de la controversia.
Los jueces tendrán la palabra
El conflicto deja ahora en manos de los tribunales una cuestión de alcance constitucional: hasta dónde puede llegar la autoridad presidencial para regular el acceso a la Casa Blanca sin convertir esa facultad en un mecanismo de represalia contra determinados medios por su línea de cobertura.
CNN, MS NOW y Politico sostienen que fueron excluidos precisamente por el contenido de sus informaciones. La administración Trump rechaza que se trate de un ataque contra la prensa y defiende su potestad para controlar el acceso a la sede presidencial.
El tribunal deberá determinar si las circunstancias concretas de la exclusión vulneraron las garantías constitucionales invocadas por los demandantes.
Más allá de la disputa entre Trump y tres organizaciones periodísticas, el resultado podría contribuir a precisar nuevamente los límites entre el poder presidencial, la libertad de prensa y el derecho del público a recibir información independiente sobre la actuación del Gobierno.
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Nepal mantiene las búsquedas 11 días después de la riada tras nuevos rescates con vida
Agencia Efe
Katmandú.- Nepal mantuvo este sábado las operaciones de búsqueda once días después de la riada que devastó el norte del país, alentado por los nuevos rescates con vida registrados en las últimas horas, mientras centenares de trabajadores continúan desaparecidos en centrales hidroeléctricas arrasadas por el agua y el barro.
El ministro del Interior, Sudhan Gurung, afirmó tras los rescates que los hallazgos habían dejado “un rayo de esperanza” y aseguró que las operaciones continuarían dentro de los túneles.
La búsqueda sigue activa en varios de los complejos hidroeléctricos más afectados, con apoyo de especialistas de la India, China y Corea del Sur, según las últimas actualizaciones oficiales del Gobierno nepalí.
Upper Trishuli-1 concentra uno de los mayores operativos: más de 1400 personas vinculadas al proyecto se encontraban ahí cuando se produjo la catástrofe; 557 permanecen sin localizar y alrededor de 115 podrían haber quedado atrapadas en la zona de la presa y el túnel principal, según la empresa promotora.
El último balance consolidado por la Policía de Nepal elevaba a 1.344 los cuerpos y restos humanos recuperados y a 4.887 las personas todavía sin localizar, mientras los cuerpos de seguridad participan en un operativo que continúa también en comunidades de Rasuwa y Nuwakot y a lo largo del corredor del Trishuli, donde equipos terrestres y helicópteros buscan desaparecidos, evacúan a afectados y llevan suministros a poblaciones aisladas por la destrucción de carreteras y puentes.