Editorial
La disminicion de la violencia, una meta no alcanzada en el país.
La reducción de determinados indicadores de criminalidad constituye una noticia alentadora para la República Dominicana. Cuando disminuyen los homicidios, los robos y otros hechos delictivos, el país tiene razones para reconocer los resultados de las políticas públicas que han contribuido a mejorar la seguridad ciudadana.
Pero sería un error confundir una mejoría estadística con la solución definitiva del problema.
La violencia continúa manifestándose de múltiples maneras en nuestra sociedad. Está presente en las calles, pero también detrás de las puertas de muchos hogares. Aparece en las riñas, en los conflictos vecinales, en la violencia intrafamiliar y de género, en las amenazas, en el maltrato psicológico, en el abuso sexual y en situaciones aparentemente cotidianas que pueden terminar convertidas en tragedias.
Por eso, hablar de violencia en la República Dominicana exige mirar más allá de las cifras.
Cada homicidio representa una vida perdida. Cada mujer agredida representa una persona cuya integridad y dignidad han sido vulneradas. Cada niño que crece presenciando violencia en su hogar corre el riesgo de asumir como normal una conducta que nunca debe serlo. Y detrás de cada familia afectada queda una huella que las estadísticas difícilmente pueden reflejar.
El país necesita continuar fortaleciendo la capacidad de respuesta de la Policía Nacional, el Ministerio Público y las demás instituciones responsables de garantizar la seguridad y perseguir el delito. Sin embargo, la actuación represiva, aunque necesaria, llega generalmente después de que el conflicto se ha producido.
El verdadero desafío está también en prevenir.
Prevenir significa identificar oportunamente a una mujer amenazada antes de que se convierta en una víctima mortal. Significa intervenir en comunidades donde los conflictos de convivencia comienzan a escalar. Significa retirar armas ilegales de las calles, pero también enseñar a nuestros jóvenes que una diferencia no se resuelve mediante una agresión.
La prevención comienza en la familia y continúa en la escuela, la comunidad, los clubes deportivos, las iglesias, las organizaciones sociales y los medios de comunicación.
Necesitamos enseñar desde edades tempranas el respeto por la vida, la tolerancia, el manejo de las emociones y la resolución pacífica de los conflictos. Pero también debemos ofrecer oportunidades reales de educación, empleo, deporte, cultura y desarrollo a los jóvenes que viven en comunidades vulnerables.
No podemos reclamarles paz a nuestros barrios mientras abandonamos las condiciones sociales que contribuyen a generar desesperanza, exclusión y violencia.
Igualmente preocupante resulta la normalización de determinadas conductas. Los insultos, las amenazas, los celos extremos, el control económico y la agresión psicológica todavía son minimizados en algunos hogares hasta que la situación alcanza niveles irreversibles.
La violencia nunca debe considerarse una demostración de amor, autoridad, hombría o respeto.
Una sociedad que desea disminuir verdaderamente sus niveles de violencia necesita aprender a reconocer sus primeras señales.
También corresponde al Estado garantizar que una persona que decide denunciar encuentre instituciones capaces de escucharla, protegerla y responder oportunamente. La confianza ciudadana resulta indispensable: cuando una víctima siente que denunciar no producirá ninguna consecuencia, el silencio termina convirtiéndose en otro aliado del agresor.
República Dominicana ha conseguido avances importantes en materia de seguridad. Esos resultados deben preservarse y profundizarse. Pero nuestra aspiración nacional no puede limitarse a reducir una tasa de homicidios.
Debemos proponernos algo mucho más ambicioso: construir una cultura de convivencia y respeto por la vida.
Eso requiere una política de Estado sostenida en el tiempo, independientemente de los gobiernos de turno. Requiere instituciones eficientes, justicia oportuna, prevención comunitaria, educación, oportunidades y participación ciudadana.
La seguridad no es responsabilidad exclusiva de la Policía ni la violencia puede combatirse solamente desde los tribunales.
Es una responsabilidad compartida.
El Estado debe proteger. La justicia debe actuar. Las comunidades deben prevenir. Las familias deben educar. Los medios debemos contribuir a crear conciencia. Y cada ciudadano debe comprender que ninguna diferencia justifica poner en peligro la integridad o la vida de otra persona.
Las estadísticas pueden decirnos cuánto hemos avanzado.
La verdadera transformación llegará cuando una sociedad más segura pueda medirse no solamente por la cantidad de delitos que disminuyen, sino por la cantidad de conflictos que logramos evitar antes de que terminen en tragedia.
Ese debe ser el próximo gran objetivo de la República Dominicana.
La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil constituye un acontecimiento de extraordinaria trascendencia política para América Latina, no solamente porque garantiza la continuidad de un gobierno progresista en la principal economía de la región, sino porque representa un significativo revés para el bolsonarismo y las aspiraciones de influencia regional del presidente estadounidense Donald Trump.
La derrota de Flávio Bolsonaro, heredero político del expresidente Jair Bolsonaro, estrechamente vinculado al mandatario norteamericano, demuestra que el respaldo de una potencia extranjera y las afinidades ideológicas no garantizan el triunfo electoral ni sustituyen la voluntad soberana de los pueblos.
Este resultado adquiere mayor relevancia en momentos en que varios gobiernos latinoamericanos cercanos a Washington enfrentan crecientes cuestionamientos ciudadanos. En Argentina, Javier Milei registra importantes niveles de rechazo, mientras que en Chile, José Antonio Kast, y en Ecuador, Daniel Noboa, afrontan dificultades para mantener la confianza de amplios sectores de sus respectivas poblaciones.
Aunque cada nación presenta circunstancias económicas, sociales y políticas particulares, existe una lección común: los ciudadanos no pueden alimentarse de discursos ideológicos ni resolver sus necesidades mediante alianzas internacionales que no se traducen en beneficios concretos.
La inflación, la inseguridad, el desempleo, la desigualdad y el deterioro de las condiciones de vida terminan imponiéndose sobre cualquier estrategia de propaganda o confrontación política.
Sin embargo, sería prematuro interpretar la victoria de Lula como el inicio inevitable de una derrota generalizada de la derecha latinoamericana. Tampoco significa que la izquierda tenga asegurado el respaldo popular. El propio resultado brasileño evidencia una sociedad profundamente dividida y un electorado que exige respuestas a sus problemas cotidianos.
Lo verdaderamente significativo es que Brasil ha reafirmado su capacidad para decidir su destino político, manteniendo un importante contrapeso frente a los intentos de ampliar la influencia ideológica de Washington en la región.
Donald Trump conserva un considerable poder internacional, pero su influencia tiene límites cuando se enfrenta a la voluntad democrática de sociedades que defienden sus propios intereses.
América Latina necesita gobiernos comprometidos con el desarrollo económico, la justicia social, la institucionalidad democrática y la independencia de sus decisiones. No requiere dirigentes cuya principal fortaleza política sea la cercanía con una potencia extranjera.
El triunfo de Lula deja una enseñanza que debería resonar en todo el continente: la soberanía no se negocia, la confianza ciudadana no se hereda y ningún liderazgo extranjero puede sustituir el derecho de los pueblos a decidir su propio futuro.
La verdadera legitimidad de un gobierno no depende de quién lo respalde desde el exterior, sino de su capacidad para responder a las necesidades y aspiraciones de la sociedad que lo eligió.
La tragedia de la discoteca Jet Set, que dejó 236 fallecidos y más de 180 heridos, debe convertirse en un punto de partida para revisar la seguridad de las edificaciones en República Dominicana. La protección de la vida humana no puede depender de la improvisación ni de que ocurra una desgracia para que las autoridades actúen.
La decisión judicial de modificar la calificación jurídica del caso hacia el homicidio voluntario sustentado en el dolo eventual abre un importante debate sobre la responsabilidad penal de quienes, conociendo riesgos estructurales graves, permiten que sus establecimientos continúen funcionando sin adoptar las medidas necesarias.
Aunque corresponde a los tribunales determinar la responsabilidad de los imputados, respetando la presunción de inocencia, el caso plantea una interrogante nacional: ¿cuántas edificaciones presentan deterioro, sobrecargas o modificaciones estructurales que podrían poner en peligro a sus ocupantes?
El Estado tiene la obligación de fortalecer la supervisión de los inmuebles, especialmente aquellos donde se concentran grandes cantidades de personas. Pero esta responsabilidad también corresponde a propietarios, administradores y comunidades de condominios, conforme a sus obligaciones legales.
No basta con aprobar planos y otorgar permisos de construcción. Se necesitan inspecciones periódicas basadas en criterios de riesgo, mantenimiento preventivo y medidas correctivas oportunas.
La seguridad estructural no debe considerarse un gasto opcional, sino una inversión indispensable para proteger vidas.
La República Dominicana no puede permitir que las advertencias técnicas sean ignoradas hasta que se produzca una tragedia. El caso Jet Set debe impulsar una verdadera cultura de prevención, fiscalización y cumplimiento de las normas.
Porque la responsabilidad de proteger vidas comienza mucho antes de que un edificio se desplome.
La verdadera amenaza del narcotráfico no reside únicamente en las drogas que circulan por el territorio nacional, sino en los capitales ilícitos que pueden introducirse en la economía, distorsionar los mercados, corromper instituciones y comprometer el desarrollo del país.
La República Dominicana enfrenta un desafío que trasciende la persecución de los narcotraficantes y el decomiso de grandes cargamentos de sustancias prohibidas. Se trata de determinar hasta qué punto las ganancias del crimen organizado están encontrando espacios dentro de las actividades económicas formales, creando una apariencia de prosperidad que podría esconder profundas distorsiones.
El narcotráfico no representa solamente un problema de seguridad ciudadana. Constituye también una amenaza económica, social e institucional, porque el dinero que genera necesita circular, invertirse y, sobre todo, adquirir apariencia de legalidad.
Ese proceso puede involucrar operaciones inmobiliarias, establecimientos comerciales, compraventa de vehículos, proyectos empresariales y otras actividades susceptibles de ser utilizadas para el lavado de activos.
Esto no significa que las inversiones millonarias o el crecimiento de determinados sectores sean necesariamente producto de operaciones ilegales. Sin embargo, sería igualmente irresponsable ignorar que las organizaciones criminales buscan mecanismos para incorporar sus ganancias a los circuitos económicos legítimos.
Uno de los efectos más perjudiciales de esta práctica es la competencia desleal.
Mientras un empresario honesto debe enfrentar los costos de electricidad, salarios, impuestos, financiamiento, seguridad social y demás obligaciones, una estructura empresarial sostenida con capital ilícito puede soportar pérdidas, realizar inversiones aparentemente injustificables y competir bajo condiciones que distorsionan el mercado.
La consecuencia podría ser el desplazamiento de negocios legítimos y la concentración de actividades económicas en manos de quienes disponen de recursos cuyo origen no responde necesariamente a la productividad ni al esfuerzo empresarial.
El sector inmobiliario merece particular atención. La adquisición de propiedades mediante capitales ilícitos puede contribuir a presiones especulativas y dificultar el acceso a viviendas en determinadas zonas. No obstante, cualquier señalamiento concreto debe sustentarse en investigaciones, porque el aumento de los precios también responde a múltiples factores económicos legítimos.
Pero existe una consecuencia todavía más peligrosa: la capacidad del dinero del narcotráfico para penetrar las instituciones públicas y corromper las estructuras encargadas de combatirlo.
Cuando el poder económico criminal intenta comprar protección, influencias o impunidad, la amenaza deja de limitarse al mercado y alcanza directamente la credibilidad del Estado, la seguridad jurídica y la institucionalidad democrática.
Por eso, resulta insuficiente presentar las toneladas de drogas decomisadas como el único indicador del éxito de la lucha contra el narcotráfico.
La sociedad dominicana también necesita conocer cuántas investigaciones financieras concluyen con resultados efectivos, qué patrimonio de origen criminal ha sido identificado, cuántas sentencias definitivas sancionan el lavado de activos y cómo se garantiza la recuperación legal de los bienes vinculados con estas actividades.
La Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo proporciona instrumentos jurídicos para enfrentar este fenómeno. Sin embargo, la efectividad de una legislación no depende exclusivamente de su existencia, sino de la capacidad institucional para aplicarla de manera rigurosa, independiente y sin privilegios.
El Estado dominicano tiene la responsabilidad de fortalecer los mecanismos de supervisión financiera, la transparencia sobre los beneficiarios reales de las empresas y la coordinación entre las instituciones encargadas de investigar el crimen organizado.
También debe evitar que la lucha contra el lavado de activos se convierta en una persecución indiscriminada contra empresarios o inversionistas legítimos. La vigilancia debe sustentarse en evidencias, respetar el debido proceso y perseguir operaciones sospechosas mediante procedimientos legalmente establecidos.
No existen datos públicos suficientemente verificables que permitan establecer qué porcentaje de la economía dominicana depende de recursos procedentes del narcotráfico. Precisamente por ello, es necesario profundizar las investigaciones y producir información que permita dimensionar este riesgo sin recurrir a especulaciones.
Desde La República consideramos que el crecimiento económico pierde parte de su valor social cuando las instituciones no pueden garantizar que la riqueza se construya bajo reglas transparentes, competencia legítima y respeto a la ley.
Un país no alcanza el verdadero desarrollo simplemente porque aumenten las construcciones, circulen grandes cantidades de dinero o se multipliquen las inversiones. El progreso requiere que esas actividades generen bienestar, oportunidades, empleos dignos y confianza en las instituciones.
La República Dominicana no puede permitir que las ganancias del narcotráfico encuentren en la economía formal el refugio que las autoridades les niegan mediante la persecución penal.
Combatir el narcotráfico exige incautar drogas, pero también seguir la ruta del dinero, identificar sus beneficiarios y desarticular las estructuras económicas que permiten sostener las operaciones criminales.
Porque una economía puede aparentar prosperidad mientras el dinero ilícito debilita silenciosamente las bases sobre las cuales debe construirse el desarrollo nacional.
Y la gran pregunta que corresponde responder al Estado dominicano es inevitable:
¿Estamos combatiendo únicamente el tráfico de drogas o también el poder económico que permite al narcotráfico sobrevivir, multiplicarse y penetrar nuestra sociedad?