Latinoamericanas
Violentos incidentes anoche en Caracas dejaron un militar muerto
CARACAS, Venezuela. – Violentos incidentes se registraron el viernes por la noche en la barriada de clase media-alta de Altamira, al este de Caracas, al final de una jornada en la que un efectivo de la Guardia Nacional murió baleado y otro resultó herido en la ciudad de Valencia.
Decenas de manifestantes comenzaron a lanzar bombas molotov, piedras y botellas a más de un centenar de guardias nacionales que resguardaban una avenida del lugar. Los uniformados trataban de contener a los manifestantes utilizando un camión cisternas y lanzando balas de goma.
Horas antes, el guardia Giovanny José Hernández Pantoja fue herido de bala al tratar de retirar una barricada en la ciudad centro costera de Valencia, capital del estado Carabobo,con lo que se elevan a 18 los fallecidos por los hechos violentos de las últimas semanas, informó el presidente Nicolás Maduro.
El guardia intentaba, con otros, remover unos escombros en la urbanización El Trigal, dijo Maduro durante un acto en el palacio de Miraflores, sede del gobierno.
La capital venezolana y otras ciudades del interior del país fueron escenario de nuevas protestas, con avenidas bloqueadas por decenas de manifestantes.
Al lamentar la muerte del militar, Maduro dijo que en el hecho también resultó lesionado en una pierna el guardia nacional Darwin Canelón Roa al recibir un disparo de arma de fuego.
En medio del tenso ambiente que impera en el país, Maduro realizó un nuevo llamado a la oposición a unirse a la iniciativa de diálogo promovida por el gobierno. Pero los sectores adversos rechazaron la propuesta alegando que no puede haber conversaciones si los cuerpos de seguridad mantienen la «excesiva represión» de las protestas callejeras.
Maduro invitó al líder opositor y gobernador del estado central de Miranda, Henrique Capriles, a que se sume a la «conferencia para la paz». «Creo que el país ganaría si nos vemos las caras y conversamos. Con respeto, como siempre. Yo respeto, me respetan», agregó.
El bloque opositor de la llamada Mesa de Unidad Democrática rechazó en un comunicado la iniciativa y sostuvo que «la represión no acerca, aleja, y el gobierno no muestra escrúpulos por su uso extensivo».
La MUD condenó la orden de captura que emitió un tribunal contra Carlos Vecchio, coordinador político del partido opositor Voluntad Popular y uno de los más estrechos colaboradores del dirigente Leopoldo López, detenido en una cárcel militar a las afueras de Caracas desde el 18 de febrero señalado de promover las protestas callejeras de las últimas semanas.
Por segundo día consecutivo algunas de las principales avenidas del este de la capital fueron bloqueadas con barricadas de desechos y troncos de árboles que instalaron los manifestantes en protesta contra el gobierno, al que responsabilizan de la galopante inflación, la creciente delincuencia y el desabastecimiento de bienes básicos.
Los accesos a algunos municipios capitalinos como El Hatillo amanecieron completamente bloqueados por decenas de personas que se aglomeraron alrededor de las barricadas haciendo sonar cacerolas y tapas de ollas mientras levantaban carteles en los que se leía «Cambiamos los carnavales por un pote de leche y seguridad».
Aunque las actividades públicas y comerciales fueron suspendidas desde la víspera por decisión del gobierno, que elevó de cuatro a seis días el asueto por las celebraciones del carnaval, en algunos puntos de la ciudad se observaron largas filas de vehículos debido a los bloqueos de las vías.
En otras ciudades como Valencia, Mérida y San Cristóbal también se registraron bloqueos de vías, según reportaron los medios locales.
En tanto, varios centenares de opositores realizaron una concentración en una plaza del este de la capital en rechazo a las violaciones a los derechos humanos en las que habrían incurrido algunos miembros de los cuerpos de seguridad al reprimir las protestas de las últimas semanas.
Entre banderas venezolanas y pancartas que decían «Sin justicia no hay paz» varios centenares de personas se aglomeraron en una plaza de la urbanización Las Mercedes, en el este de la ciudad.
Mientras se desarrollaba la protesta opositora, el día transcurría sin alteraciones en la populosa barriada pobre de Petare, en el este de Caracas.
Miles de personas caminaban presurosas por la llamada «Redoma de Petare» entre centenares de vendedores callejeros, apretujados en el piso, que ofrecían a la venta verduras, ropa y hasta disfraces y máscaras para los niños.
«La gente de Petare es guerrera, la gente de Petare no se paraliza por nada», afirmó Yuly Chacón, una educadora de 27 años, al restarle importancia a las protestas opositoras.
Agregó que «esas son cosas de las zonas pudientes», al argumentar por qué los habitantes pobres de Petare no se han sumado a las protestas.
Mildri Villegas, una ama de casa de 29 años, justificó la tranquilidad de los habitantes de Petare al asegurar «protestar es perder tiempo».
La fiscal general Luisa Ortega Díaz indicó el viernes a la prensa que los hechos violentos registrados en Caracas y otras ciudades desde inicios de mes han dejado 261 heridos y 72 detenidos, entre ellos ocho miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, la policía política, tres guardias nacionales y tres policías.
Ortega Díaz confirmó que en la víspera falleció un joven en Carabobo tras recibir un disparo de arma de fuego cuando estaba limpiando una calle repleta de desechos de las barricadas. Con la muerte del guardia nacional y el joven en Carabobo se elevan a 18 los fallecidos por las protestas callejeras.
Universitarios y opositores, esencialmente de clase media, han protagonizado desde comienzos de mes manifestaciones callejeras contra el gobierno de Maduro. El mandatario ha atribuido las protestas a un plan de la oposición para promover un golpe de Estado.
Maduro, de 51 años, asumió el gobierno en abril de 2013 luego de la muerte del expresidente Hugo Chávez.
Agencia AFP
Perú.-La derechista Keiko Fujimori aventaja levemente al izquieridista Roberto Sánchez en los sondeos a boca de urna en un reñido balotaje presidencial (segundoa vuelta) este domingo en Perú, marcado por la inestabilidad política y la criminalidad.
Keiko Fujimori, hija del expresidente autócrata Alberto Fujimori (1990-2000), se enfrentó en su cuarto intento de llegar a la presidencia a Sánchez, heredero político del exmandatario Pedro Castillo, preso por el fallido autogolpe de Estado de 2022.
Fujimori obtiene 50,7% frente 49,3% de Sánchez, según la encuestadora privada Ipsos; y 50,5% contra 49,5%, de acuerdo con Datum, lo que muestra prácticamente un empate técnico.
Las mesas de votación cerraron a las 17H00 locales (22H00 GMT), tras una jornada sin mayores incidentes a diferencia de la caótica primera ronda plagada de fallos técnicos y denuncias de fraude.
Fujimori, administradora de 51 años, apeló al legado ambivalente de su padre, quien estabilizó la economía, derrotó a la insurgencia, pero fue acusado de crímenes de lesa humanidad.
Sánchez, congresista y exministro de 57 años, reivindicó la herencia campesina de Castillo. Como muestra de lealtad, esperó los resultados a boca de urna en la cárcel donde está recluido su mentor, a quien prometió indultar.
Los dos candidatos no superaron juntos el 30% en una primera vuelta, en abril, empañada por denuncias de fraude que aumentaron la desconfianza en las instituciones peruanas.
– «Comunismo» o «dictadura» –
«Voté por Keiko porque representa estabilidad. Lamentablemente, no le hemos dado oportunidad de gobernar», declaró Luis Bernaola, técnico electrónico de 44 años.
Sánchez moderó su discurso de «cambio radical», se distanció de los ultranacionalistas, y dijo a la AFP que quiere una relación «respetuosa» con Washington.
El izquierdista, que lleva siempre el sombrero que le regaló Castillo, acusa a Fujimori de ser parte de la «dictadura» del poderoso Congreso que derriba presidentes, donde ella tiene influencia.
Sin afectar el balotaje, un juez lo envió a juicio por presuntas anomalías financieras en su partido. Si gana la presidencia tendría inmunidad, aunque es vulnerable ante un parlamento inclinado a la derecha.
Ninguno tiene mayoría legislativa. El futuro presidente deberá tejer alianzas si quiere concluir su mandato, opinó el analista Jeffey Radzinsky.
El ganador sustituirá a partir del 28 de julio al mandatario interino José María Balcázar.
– Extorsiones, lo más crítico –
Pese a la desilusión política, la mayor preocupación de los peruanos es la inseguridad en un país donde proliferan las bandas criminales y las denuncias de extorsión aumentanon nueve veces en cinco años.
«Es lo más crítico. Espero que acaben con la delincuencia», aseguró a la AFP Carlos Altamirano, ingeniero de 49 años, tras votar en el norte de Lima.
Fujimori receta mano dura: militarizar cárceles y zonas conflictivas, y expulsar migrantes para acabar -dice- con la «lacra social» con la «misma fuerza» con que su padre venció a la insurgencia en los años 1990.
Sánchez propone encarar la corrupción en la policía y la justicia, ante lo que denuncia como una complicidad de élites políticas con la criminalidad.
Su base social está en el campo empobrecido y abandonado, donde la inseguridad es menor. Fujimori la tiene en Lima, que de 2020 a 2025 triplicó la tasa de homicidios, para llegar a un índice de 23 por cada 100.000 habitantes.
El ganador recibirá un Perú económicamente estable, con un crecimiento del PIB del 3,4% y baja inflación. Pero siete de cada diez trabajadores están en la economía informal.
Fujimori defiende las propuestas neoliberales, el respeto a la propiedad privada y la atracción de inversiones.
Sánchez ofreció alzas salariales y tratamiento de tranquilizar a los inversionistas al prometer que mantendrá la apertura económica e independencia del banco estratégico central.
Ciudad de Panamá, (EFE).- Una nueva respuesta humanitaria abarcará a más de 400.000 personas en Haití afectadas por la prolongada crisis de violencia en el país, donde más de la mitad de la población necesita asistencia alimentaria y sanitaria, informó este lunes la ONG global Plan International.
Esta iniciativa beneficiará a más de 400.000 personas en los departamentos de Ouest, Centre y Artibonite, y contempla la cobertura de sus necesidades más urgentes de alimentación, refugio y artículos esenciales.
«Lo que vemos cada día en Haití exige una respuesta a esta escala. Las familias desplazadas, y las comunidades que las acogen, están cargando con el peso de una crisis que no se detiene», afirmó el director de Plan International Haití, Prospery Raymond, en una comunicado de prensa.
Los servicios de nutrición ampliarán el acceso a prevención, detección y tratamiento de la desnutrición aguda severa en sitios de desplazados y comunidades de acogida, al tiempo que los servicios de protección de la niñez conectarán a niñas y niños afectados por la violencia, el desplazamiento y la separación familiar con servicios esenciales y con especial atención a las niñas y a otros grupos en mayor riesgo.
La ONG global recordó que Haití atraviesa una de las peores emergencias humanitarias de su historia reciente, impulsada por la violencia armada, el desplazamiento masivo, la inseguridad alimentaria severa y el colapso de los servicios esenciales que están dejando a millones de familias sin acceso a necesidades básicas.
«Más de 6,4 millones de personas -más de la mitad de la población- necesitan asistencia humanitaria en Haití. El hambre es una de las caras más severas de esta crisis: la actualización del IPC (Marco Integrado de Clasificación de la Seguridad Alimentaria) publicada en abril de 2026 identifica a 5,8 millones de personas en inseguridad alimentaria aguda y advierte que el 70 % de las personas que viven en sitios de desplazados en Puerto Príncipe enfrenta carencias alimentarias severas», indicó Plan.
La organización recalcó que en Puerto Príncipe y sus alrededores, grupos armados controlan amplias zonas y exponen a la niñez al reclutamiento, la explotación, la violencia sexual y la interrupción de su educación.
Agencia AFP
La Paz, Bolivia.-El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, advirtió el miércoles que la crisis «está llegando al límite», en una nueva jornada de manifestaciones que exigen su renuncia pese a la posibilidad de que declare un estado de excepción para frenar las protestas.
Paz enfrenta desde hace casi un mes una convulsión social, con bloqueos de carreteras por parte de campesinos, obreros y transportistas que pedían medidas contra la crisis económica, la peor en cuatro décadas, y ahora exigen su renuncia.
«El que quiera destruir la patria se las va a ver con este presidente y con toda la fuerza de la Constitución», advirtió, en alusión a los estados de excepción.
Pero las manifestaciones no paran. Con banderas indígenas, miles de campesinos indígenas, la mayoría mujeres, marcharon este miércoles, en el Día de la Madre, por el centro de La Paz.
La marcha de campesinas se unió en una sola protesta con choferes en huelga que han paralizado parcialmente el transporte público.
«La policía boliviana no puede reprimir contra su propio pueblo. Ellos vienen de las mismas comunidades. No pueden enfrentarse contra sus propios hermanos, contra su padre, contra su madre (…) que se repliegue», dijo a la AFP Froylan Choque, en la manifestación.
– «Peor que el covid» –
La Paz, sede del gobierno, y la vecina ciudad de El Alto, son el epicentro de las protestas y bloqueos, que han causado escasez de alimentos, medicinas y combustible. En otras ciudades, como Oruro (oeste), Potosí (suroeste) y Cochabamba (centro) el problema es menor.
Grupos de cientos de vecinos en La Paz también han marchado en estos días en contra de los bloqueos de carreteras, constató la AFP.
Según el presidente, los efectos en la economía llegan a los 600 millones de dólares de pérdidas en un país en severa crisis desde 2023, que agotó sus reservas de dólares y su inflación ronda el 15%.
«Es peor que el covid», manifestó Paz, al hablar de la escasez y la subida de precios provocada por los bloqueos en La Paz y El Alto.
En un intento por bajar las tensiones, Paz, economista de 58 años, anunció esta semana que bajará a la mitad su salario, en una medida casi simbólica pues su ingreso mensual es equivalente a 3,448 dólares.
El anuncio no ha surtido ningún efecto entre los manifestantes.
«Estamos hartos con este presidente (…) Por culpa de él, está sufriendo toda la gente boliviana», expresó este miércoles Delta Salinas, otra de las manifestantes.
El gobierno de Paz denuncia un intento de «alterar el orden democrático» y señala al expresidente socialista Evo Morales (2006-2019), prófugo por un caso de presunta trata de una menor, de impulsar los disturbios en las protestas.
El líder cocalero, refugiado en la zona del Chapare, su bastión político, insta a Paz a que llame a nuevas elecciones en 90 días.