Opinión
Vivir de las siglas
Por Andrés L. Mateo
En el bestiario político dominicano hay un fenómeno que dice mucho de nuestra singularísima concepción del Estado en pleno siglo veintiuno. Convertido en la guarida de una comunidad de cangrejos ermitaños, el Estado sirve a los numerosos personajes que viven de las siglas de partidos políticos y movimientos, apropiándose de sumas considerables de dinero provenientes del presupuesto nacional. Es la más denigrante y perjudicial práctica de clientelismo y corrupción, pero pasa casi inadvertida.
Ya nadie recuerda al PPC, un partidito de bolsillo que fundó el sacerdote Rogelio Delgado Bogaert, y que fue a parar a manos del diputado Peguero Méndez (el del “peguerazo”). El tipo administra una institución del Estado que tiene que ver con los asuntos fronterizos, y como rémora de un partido grande recibe asignación de la Junta Central Electoral. Esas siglas son una sombra benéfica que deja amplios beneficios. Pero quien sí sabe dónde se corta el bacalao es Andrés Vanderhors. Las siglas PLE (Partido Liberal la Estructura) le han servido para escalar posiciones públicas, y manejar presupuestos, y aunque ni es partido, ni es liberal, ni tiene estructura, constituye un maná inagotable. Ahora mismo lo “adquirió” Amable Aristy Castro, otra figura del bestiario político dominicano.
Hay casos hasta cómicos si no fuera por la degradación que encarnan. Luis “El gallo” tiene una entelequia cuyas siglas son UDC, y en toda su historia jamás se ha reunido la asamblea. Para joderlo, los integrantes de su “Peña” le cuestionan el por qué nunca ha convocado a una plenaria, y rápido como el celaje de un rayo él responde: “!Ajá, para que me lo dividan!” Es un partido unicelular, toda una gloria de la chabacanería política nacional. Pero maneja un presupuesto con el mismo criterio del partido. Y hay otros, también, que laceran el alma. El PTD son siglas que remiten a un pasado glorioso puesto de rodillas, atravesado por la humillación del despojo de su esencia. Administran la Dirección de caminos vecinales, ex izquierdistas para quienes ya es máscara el rostro y máscara la sonrisa. El PQD es propietario de “Bienes nacionales”, y pese a que el procurador sometió a Elías Wessin Chávez por corrupción, el segundo al mando de esas siglas asumió el puesto. Las siglas PUN, de Pedro Corporán, es como un elefante en una cristalería. Y luego vienen las siglas milagrosas que le dejó el doctor José Francisco Peña Gómez a su hijo José Francisco Peña Guaba: BIS. No hay un portador de siglas más exitoso que ése, que le ha dado duro, con un palo, al presupuesto nacional. Para terminar, las siglas del Partido Renovador de Zorrilla Ozuna, un “general” cachondo cuya “militancia” equivale exactamente a la nómina de INESPRE.
Podríamos ofrecer una lista muy amplia de siglas y “líderes” que apoyados en una racionalidad clientelar empujan sus proyectos de conformar grupos aprovechadores de los bienes públicos. Lo que ha ocurrido en el PRI, el PNVC, y hasta lo del PRD (casi siglas) y el Partido Reformista (otra sigla prominente) se inscribe en esa espiral desventurada que otorga el usufructo de instituciones estatales a pequeños ventorrillos de oportunistas para la manutención de una militancia inexistente o parasitaria. El predominio de una clase política que observa sin inmutarse la canibalización del Estado, es una de nuestras grandes miserias. En la reelección de Leonel Fernández del 2008 lo acompañaron 12 partidos y 460 movimientos de apoyo, todos financiados con dinero del presupuesto. Ése fue el nivel máximo de instrumentalización del Estado, el agotamiento de todas las perversiones de la historia contemporánea. El Estado fue despedazado, entregado sin piedad a la exacción y el robo. Yo escribí entonces en dos entregas mi artículo “El Estado piñata”, y es curioso observar que Danilo Medina dejó intactas las asignaciones realizadas por el gobierno de Leonel Fernández, que descuartizan como botín de guerra la riqueza social.
¿Cuándo estos personajes inverosímiles, que andan con sus siglas a cuestas, desaparecerán del escenario nacional? ¿Por qué soportar a tantos labiosos y vividores que hacen de la práctica política una estafa? ¿Cómo poder entender que un país tan pobre tenga que pagar tan caro una verdadera diarrea de “líderes” que en realidad son ilusionistas y engañadores?
¡Oh, Dios, qué bestiario!
Por el Dr. Isaías Ramos
En una época marcada por desafíos sociales y políticos sin precedentes, la necesidad de fortalecer los cimientos de una sociedad basada en la dignidad, la equidad, la libertad y la democracia es más urgente que nunca. La búsqueda de un futuro más justo y equitativo para todos nuestros ciudadanos requiere un compromiso renovado con estos principios fundamentales, esenciales para el bienestar y el progreso de nuestra nación.
La libertad individual permite a cada persona expresar sus ideas, creencias y opiniones sin temor a represalias. Es un derecho intrínseco y un pilar indispensable de cualquier sociedad que aspira a ser justa y equitativa. Esta libertad es la esencia misma de la dignidad humana y debe ser defendida con vigor en todos los frentes, especialmente en tiempos donde puede ser amenazada por intereses partidistas o agendas autoritarias.
Paralelamente, la democracia, entendida como el sistema político que facilita la participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones que afectan sus vidas, es crucial para la salud de nuestro tejido social. A través de una democracia robusta y vibrante, podemos garantizar que los derechos fundamentales de cada individuo sean respetados y que las políticas públicas reflejen verdaderamente las necesidades e intereses del pueblo.
Sin embargo, debemos reconocer que la libertad y la democracia no son solo aspiraciones ideales; son principios concretos y palpables que deben guiar nuestras acciones cotidianas. La defensa constante y la promoción de estos valores son cruciales para mantener una sociedad justa, libre de opresión y capaz de adaptarse a los cambios de nuestro mundo globalizado.
Es esencial fortalecer las instituciones democráticas existentes para garantizar su transparencia, eficiencia e integridad. El respeto irrestricto al Estado de Derecho y el cumplimiento riguroso de las leyes son fundamentales en la protección de los derechos individuales y colectivos. Estos principios no solo preservan el orden, sino que también promueven un clima de confianza y seguridad que es vital para la estabilidad social y el desarrollo económico.
La educación desempeña un rol crucial en este panorama, actuando como el medio por el cual se inculcan los valores cívicos necesarios para fomentar una cultura basada en el respeto mutuo, la tolerancia y el diálogo constructivo. A través del acceso universal a una educación inclusiva y equitativa, podemos formar a ciudadanos informados y críticos, capacitados para participar de manera activa y consciente en la vida política y social del país.
En el Frente Cívico y Social entendemos que en estos tiempos donde las amenazas contra la libertad individual y los principios democráticos son evidentes y crecientes, es responsabilidad de todos nosotros defender estos derechos inalienables con valentía y determinación. No podemos ser complacientes ni pasivos; el compromiso con la libertad y la democracia debe ser activo y constante.
Es por esa razón que en el FCS creemos que un llamado a la acción no es solo un imperativo moral, sino también una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con un futuro donde cada persona pueda vivir con dignidad y equidad bajo un sistema robusto basado en principios sólidos e incluyentes. Juntos debemos trabajar incansablemente por fortalecer nuestra democracia, preservar nuestra libertad individual e impulsar una sociedad donde reine la justicia social para todos sus habitantes.
No dejemos pasar la oportunidad de ser parte de la construcción de un país que no solo aspire a la grandeza económica, sino que también fomente un ambiente de respeto mutuo y oportunidades equitativas. ¡Juntos, podemos construir el país digno, libre e igualitario que todos anhelamos!
¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Díaz
Según el artículo 1 del Estatuto de Roma la CPI tendrá la potestad de ejercer su competencia sobre las personas responsables ¨de los crímenes más graves de trascendencia internacional¨. El artículo 1 también estipula ̈La competencia y funcionamiento de la Corte se regirán por las disposiciones del presente Estatutillo que significa que la CPI sólo tiene competencia sobre las personas mayores de 18 años en el momento en que se cometió el crimen.
El artículo 11 del Estatuto de Roma estipula que la CPI tiene competencia sólo respecto a los delitos cometidos posteriormente a la entrada en vigor del Estatuto de Roma .Si un Estado deviene Estado Parte luego de la entrada en vigor , entonces la CPI podrá ejercer su competencia sólo respecto a los crímenes cometidos luego de la entrada en vigor del Estatuto en ese Estado, excepto cuando se haga la declaración estipulada en el artículo 12, en que se acepte la competencia de la Corte como un Estado no Parte.
Si un Estado Parte desea enjuiciar a alguien por un crimen de la CPI deberá contar, como mínimo, con una legislación que le permita ejercer competencia territorial sobre tales delitos y competencia extraterritorial sobre sus nacionales que cometen los delitos en el extranjero.
Los Estados que deseen enjuiciar a una persona por un delito de la CPI deberán asegurarse de contar con la legislación nacional que les permita ejercer su competencia sobre aquellas personas que cometan estos delitos dentro de su territorio, y los nacionales que los cometan en el exterior. Esto podría requerir simplemente de una enmienda al código penal nacional.
Adicionalmente, el Estado podría tomar en cuenta para ejercer su competencia sería la ̈competencia universal ̈, tal y como se estipula en las Convenciones de Ginebra de 1949 y sus Protocolos de 1977, relacionados a las ¨faltas graves Cabe resaltar los distintos conceptos de ̈competencia universal¨ que existen: algunos interpretan este término en cuanto a que un Estado puede ejercer su competencia sobre cualquier persona que se encuentre en su territorio, mientras que otros lo interpretan de tal manera que significa que un Estado puede arrestar a cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, sin tomar en cuenta cualquier relación que tenga con el Estado en cuestión. Además otros Estados podrían considerar incluir la competencia basada en el estatus de víctima.
Por Nelson Encarnación
Entre las preocupaciones que suelen perturbar el sueño de los gobernantes, la seguridad de los ciudadanos es una, si tomamos en cuenta que el Estado está obligado a garantizar la tranquilidad y el desplazamiento seguro de los gobernados.
Es por ello que asumir esta como una prioridad refiere el interés de que el territorio desenvuelva su cotidianidad dentro de un ambiente de paz y sosiego.
Sobre todo, un país como el nuestro, cuya economía está atada a dos renglones muy espantadizos: el turismo y la inversión extranjera directa.
Cuando el presidente Luis Abinader asume el combate a la delincuencia como una de sus preocupaciones—y también ocupaciones—es precisamente por el impacto negativo que esta tiene en el clima de negocios, pero igual por el interés de propiciar la tranquilidad nacional.
Con frecuencia escuchamos sobre el entendible temor que genera la delincuencia, lo que deja la impresión de que vivimos en el país más inseguro del continente, lo cual no es cierto.
Y no lo digo yo, sino el informe de InSight Crime de 2023, que recoge las cifras de homicidios en América Latina y el Caribe, en el cual aparecemos entre los más seguros de la región.
Según este informe, la tasa de homicidios se ubicó en 11.5 por cada 100,000 habitantes, una reducción del 7% respecto de 2022, lo que nos sitúa por debajo de países competidores en turismo como Jamaica (60.9), y Puerto Rico (14.4), para solo citar dos ejemplos caribeños.
El Ecuador revienta la balanza en países de más de 10 millones de habitantes, con la astronómica tasa de 44.5 homicidios por cada 100,000, (más que Haití, 40.9), con la agravante de que ha registrado un aumento del 74.5% en los últimos cinco años.
Una verdadera catástrofe sin fin, en contraste con su vecino Perú, que apenas registra 3.2 homicidios por cada 100,000 habitantes.
Sobre nuestro país, el informe resalta que, a pesar de ser territorio de tránsito de cocaína, no experimentó un aumento en la violencia en 2023, sino una reducción del 7%.
“El crimen organizado no parece ser un detonante determinante de la violencia en la República Dominicana, ya que la mayor parte de los casos (45,4%) están relacionados con conflictos sociales, y solo el 24,3% parecen estar vinculados a la delincuencia”. Un dato importantísimo.