Latinoamericanas
Vivir en Venezuela, la sombra del miedo 24 horas al día
Agencia Efe
Caracas.- María vive con miedo constante en Venezuela. El temor a ser asaltada, a que desvalijen su casa o a que secuestren a su hijo no la dejan vivir tranquila ni un solo segundo. Poco le importa si es verdad o no que la tasa de homicidios en el país haya bajado 21 puntos en 2019, según datos recientes.
“Uno está inseguro en este país. El robo es lo que más pasa en mi zona. Sales con temor de que te vayan a quitar lo que cargas para pagar el pasaje o porque no cargues nada y te puedan matar o te hagan daño”, cuenta durante una conversación con Efe, mientras oculta su rostro, María (nombre ficticio), de los Valles del Tuy, zona periférica de Caracas.
CIFRAS DUDOSAS Y DISPARES
Los datos del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) muestran que la tasa de homicidios de 2019 fue de 60,3 por cada 100.000 habitantes (16.506 víctimas), una bajada de 21,1 puntos respecto a 2018, que cerró con una tasa de 81,4 (23.047 víctimas).
Sin embargo, las cifras publicadas por el Ministerio de Relaciones Interiores Justicia y Paz difiere en varios miles de la de la organización no gubernamental. Según la institución pública, la tasa fue de 21 y 33, para 2019 y 2018, respectivamente.
Pero al margen de números que se pierden en una realidad paralela, la verdad de María es la que vive en una de las zonas más violentas de Venezuela en su día a día, desconocedora de esos datos que se manejan en instancias que le son ajenas.
Ella reitera que tiene miedo y no percibe que se haya reducido la inseguridad en los últimos tiempos, como afirman otros habitantes de zonas que, sin ser la panacea de la seguridad, registran menos delitos.
DIFERENTES PERCEPCIONES
Duval Luna, 66 años, explica a Efe que siente que bajó la inseguridad y lo mide con las pocas veces que se oye en la calle “¡Agárrenlo!”, el grito característico que alarma sobre un ladrón y que precede a otros gritos, los de auxilio de la persona robada.
“Antes se escuchaba más seguido. Ahora escucho esporádicamente gente a la que le han quitado el celular, pero menos. Me siento más tranquilo saliendo a la calle”, dice, aunque, pese a todo, asegura que sus amigos y familiares, incluso él, no andan en la calle de noche.
Wilmer Guerra y Valeria Argoy, de 18 y 16 años, respectivamente, sí salen a “rumbear”, pero no caminan en la calle, sino que piden que los dejen en una estación de metro porque “es lo más seguro. Y sin embargo…”, dice él, dejando la frase en el aire y sin concluir.
“Uno no puede estar tranquilo en la calle, siempre tiene que estar pendiente de todo a cada rato, esconder los teléfonos. Literalmente hemos descubierto maneras de esconderlo donde no deberían estar”, dice Guerra. Pero estas medidas no evitaron que hace apenas una semana lo atracaran y le quitaran su celular.
A su lado, Argoy repite a cada rato que “es horrible”. A ella no le ha pasado nada, pero trata de no estar sola nunca para evitar que le puedan robar o “hacer algo”.
Siempre hay un “pero” que relativiza la sensación de seguridad en Venezuela.
ÚLTIMO INTENTO DE MADURO FRENTE A LA INSEGURIDAD
El abogado penalista e investigador de crimen organizado Luis Izquiel explicó a Efe que, desde que el presidente Nicolás Maduro llegó al poder en 2013, ha habido cuatro planes “importantes” contra la inseguridad ciudadana, con un mismo objetivo, pero distinto resultado.
En diciembre de 2019, el mandatario firmó el decreto para la creación de la Gran Misión Cuadrantes de Paz, un plan que fue lanzado en febrero de 2020 y que pretende conseguir la “estabilidad y seguridad del pueblo venezolano”.
El plan consiste en la creación de ocho vértices para abordar la seguridad, comenzando con la prevención entre los niños, jóvenes y adolescentes.
Además, contempla la lucha contra la corrupción, la “transformación” del sistema de justicia penal, la “protección” de la paz, la gestión de riesgos, fortalecimiento de los órganos de seguridad, la “expansión” de la Policía y de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad.
Para Izquiel, este plan es “un refrito” de otro que se lanzó hace siete años y que “no dio resultado”, por lo que duda de su eficacia para hacer frente a la inseguridad que afecta al país.
OTROS PLANES… ¿EFICACES?
El Plan Patria Segura, lanzado en 2013, fue “el operativo militar más grande que se ha aplicado en Venezuela”, recordó el criminalista, quien explicó que se basó en la creación de las “Zonas de Paz”, donde se otorgaron territorios a “distintas bandas en el país, con el argumento de que ellas se iban a pacificar y entregar sus armas a cambio de programas sociales. Eso fracasó”.
En 2015 se creó la Operación Liberación del Pueblo (OLP), un plan contra la violencia en Venezuela que desde sus inicios tuvo numerosas denuncias de ejecuciones extrajudiciales y atropellos de los Derechos Humanos, según diversas ONG.
Los operativos consistían en despliegues y toma temporal de zonas donde se retenían a personas que eran “verificadas” en el Sistema Integrado de Información Policial (SIIPOL), después de recibir denuncias de los ciudadanos o realizando previamente una inspección en el sector, a fin de determinar si habían cometido algún delito.
En 2017 se creó la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), un cuerpo policial adscrito a la Policía Nacional Bolivariana (PNB), que ha recibido las mismas críticas por supuestas violaciones de derechos humanos.
Para Izquiel, esta escisión de la Policía “ha sido el emblema de la violación de Derechos Humanos en Venezuela. Hoy no hay ningún plan serio contra la inseguridad, solo una operación de exterminio masivo a través de las FAES”.
En el informe sobre Venezuela presentado en julio pasado por la Oficina de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos se recomendó la disolución de las FAES por la presunta vinculación de sus efectivos con ejecuciones extrajudiciales.
¿QUIÉN MATA A QUIÉN?
Roberto Briceño-León, director del OVV, explicó a Efe que, aunque la tasa de homicidios bajó respecto a otros años, no lo hizo “tanto y sigue siendo escandalosa, la más alta de América Latina”.
“Hay menos homicidios porque hay menos homicidas (porque) el Gobierno los mató. La oportunidad de negocio se mudó al secuestro y la extorsión. Y las bandas organizadas tomaron más control del territorio frente a las bandas pequeñas que eran las que cometían los homicidios. Hay un uso más racional de la violencia”, señala Briceño-León.
Sin embargo, hace un nuevo matiz: “Una tercera parte los cometen los cuerpos policiales de Venezuela. La violencia no ha bajado, solo que cambió de autor”.
Así lo siente Mariela Coronado, de 41 años, quien dice sentir que “uno no sabe quién es quién, quiénes son los buenos o los malos”.
Vive en un conjunto residencial popular en los Valles del Tuy donde, asegura, “la Policía hace cosas que no deben, abusan de la autoridad y matan a muchos muchachos jóvenes. Entran y los matan. No les dan la oportunidad de arrepentirse ni de rehacer su vida”.
CARACAS.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, experimenta una creciente soledad diplomática en América Latina tras las derrotas electorales de dos de sus principales aliados regionales: los oficialismos en Honduras y San Vicente y las Granadinas, en un contexto en el que persiste la tensión con Estados Unidos debido al despliegue militar en el Caribe.
En Honduras, los resultados preliminares de los comicios del domingo pasado muestran que Rixi Moncada, apoyada por la presidenta Xiomara Castro -aliada de Maduro-, cayó al tercer lugar sin posibilidades de revertir la tendencia. El conteo está centrado entre dos candidatos de derecha, Salvador Nasralla y Nasry Asfura, este último respaldado públicamente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ambos prometieron romper relaciones con el régimen de Maduro.
CAMBIO DE MANDO EN SAN VICENTE
En San Vicente y las Granadinas, el primer ministro Ralph Gonsalves, reconocido por su respaldo a Venezuela, perdió el poder tras casi un cuarto de siglo. El gobierno del país pasó a manos de Godwin Friday, político de centroderecha cuyo partido logró 14 de los 15 escaños parlamentarios.
Incluso las naciones gobernadas por líderes progresistas o de centroizquierda, como Brasil, Chile, México y Colombia, restringieron su relación con el régimen de Maduro. Y lo hicieron, fundamentalmente, tras los cuestionados comicios de 2024 en los que se proclamó su reelección pese a denuncias de irregularidades.
ARGENTINA
Los vínculos diplomáticos entre Venezuela y Argentina se cortaron casi por completo con el triunfo de Mauricio Macri en 2015 y quedaron prácticamente sin restablecer tras la llegada al poder del actual presidente, Javier Milei. A esto se suma el distanciamiento de otras naciones de la región que migraron hacia gobiernos de derecha en el último tiempo, entre ellas Ecuador, El Salvador y Bolivia.
BRASIL
En cuanto a Brasil, el lazo bilateral osciló entre etapas de cooperación durante los mandatos de Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, y graves tensiones bajo administraciones de derecha. El regreso de Lula al Palacio del Planalto reabrió el diálogo con Caracas, aunque sin alcanzar el nivel de cercanía anterior.
CUBA
Si la crisis en el Caribe se profundiza, Venezuela dispone de pocos aliados activos en el continente. El gobierno de Cuba continúa manifestando su respaldo a Maduro. El ministro de Relaciones Exteriores de la isla, Bruno Rodríguez, afirmó en diálogo con CNN a fines de septiembre que la isla “apoya de forma plena y completa” a Caracas.
Al ser consultado sobre una posible acción militar en apoyo a Venezuela, Rodríguez declaró que “es un escenario hipotético. Cuando me informen que ha ocurrido una intervención militar, le haré saber la respuesta”.
El régimen cubano enfrenta una de las peores crisis económicas de su historia reciente, lo que limita su capacidad de asistencia efectiva.
NICARAGUA
El otro socio relevante que le queda a Venezuela es Nicaragua, encabezada por los “copresidentes” Daniel Ortega y Rosario Murillo. Los mandatarios, que cargan con denuncias de atropellos a los derechos humanos, adoptaron una postura reservada y brindaron escaso soporte a Caracas. No obstante, en septiembre, Ortega denunció el incremento de la presencia militar estadounidense en el Caribe y acusó a Washington de buscar “apoderarse del petróleo venezolano, fingiendo que la droga proviene de ese país”.
La posición de Estados Unidos ha determinado el marco actual. El Pentágono desplegó más de una docena de barcos de guerra y alrededor de 15.000 efectivos en la región bajo la operación conocida como “Lanza del Sur”.
jt-am
La Habana (EFE).- Un apagón masivo en la mitad occidental de Cuba dejó este miércoles a unos 3,5 millones de personas sin corriente eléctrica, incluida La Habana, según informó el Ministerio de Energía y Minas (Minem).
El fallo del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) se produjo sobre las 5.00 de la mañana hora local (9.00 GMT) por motivos que por el momento no se han divulgado, después de días con tasas récord de déficit de generación que ya estaban provocando prolongados apagones diarios. De acuerdo con las autoridades, el corte masivo afecta a cuatro provincias: Pinar del Río, La Habana, Artemisa y Mayabeque.
El lunes, el 59 % del país sufrió apagones de forma simultánea por el déficit en la generación. Se trató de la mayor tasa desde que se cuenta con registros diarios.
Profunda crisis energética
Cuba sufre una profunda crisis energética desde mediados de 2024 por las frecuentes averías de sus obsoletas centrales termoeléctricas y la falta de divisas del país para adquirir el combustible necesario para sus unidades de generación con fueloil y diesel.
En el último año, el SEN ha sufrido cinco colapsos totales -en algunos de ellos, el restablecimiento tardó días en lograrse- y varios parciales, el último en octubre.
La delicada situación energética de la isla está provocando que los cortes diarios, un problema de años, se extiendan hasta más de 20 horas o más al día en extensas áreas del país.
Expertos independientes señalan que la crisis energética en Cuba responde a una infrafinanciación crónica de este sector, completamente en manos del Estado desde el triunfo de la revolución en 1959. Varios estudios independientes estiman que serían precisos entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar el sistema.
an/am
Latinoamericanas
México reporta 23 defunciones y 5.231 casos asociadas al brote de sarampión desde febrero
Ciudad de México.-La Secretaría de Salud (SSa) de México reportó que hasta la fecha se registran 23 defunciones y 5.231 casos de sarampión en el país asociadas al primer brote que ocurrió en febrero.
En un comunicado, la dependencia indicó que del total de casos «sólo 64 permanecen activos al día de hoy y se distribuyen en seis estados: Chihuahua, Estado de México Guerrero, Jalisco, Michoacán y Oaxaca».
Además, dijo que es importante señalar que «la curva de contagios ha mostrado descenso importante», resultado de las acciones intensivas de vigilancia epidemiológica, la búsqueda intencional de casos, el seguimiento de contactos y la aplicación de cercos vacunales en las zonas afectadas.
«Hasta la fecha, se han aplicado 9,76 millones dosis de la vacuna triple viral y SR, lo que ha permitido ampliar la protección de la población susceptible y fortalecer el control del brote», apuntó la SSa.
Además, dijo que se enviaron equipos de respuesta rápida a las zonas afectadas, se llevan a cabo visitas domiciliarias y se mantienen sesiones permanentes de los consejos estatales de vacunación.
El pasado 13 de noviembre, el epidemiólogo y especialista en vacunación Rodrigo Romero, advirtió que México enfrenta un “riesgo muy grande” de perder en febrero de 2026 la certificación de eliminación del sarampión, un reconocimiento que otorga la Organización Panamericana de la Salud (OPS) cuando una región demuestra la interrupción de la transmisión del virus durante doce meses.
En entrevista con EFE, el experto explicó que, para conservar la acreditación, el país no debe registrar contagios sostenidos hasta febrero próximo, un escenario que parece lejano tras el brote iniciado en Chihuahua en febrero de 2025, que acumula más de 5.000 casos confirmados de sarampión y 23 defunciones.
El especialista atribuyó la crisis a una “tormenta perfecta” provocada por más de una década de debilitamiento del programa nacional de inmunizaciones.