Latinoamericanas
Vivir en Venezuela, la sombra del miedo 24 horas al día
Agencia Efe
Caracas.- María vive con miedo constante en Venezuela. El temor a ser asaltada, a que desvalijen su casa o a que secuestren a su hijo no la dejan vivir tranquila ni un solo segundo. Poco le importa si es verdad o no que la tasa de homicidios en el país haya bajado 21 puntos en 2019, según datos recientes.
“Uno está inseguro en este país. El robo es lo que más pasa en mi zona. Sales con temor de que te vayan a quitar lo que cargas para pagar el pasaje o porque no cargues nada y te puedan matar o te hagan daño”, cuenta durante una conversación con Efe, mientras oculta su rostro, María (nombre ficticio), de los Valles del Tuy, zona periférica de Caracas.
CIFRAS DUDOSAS Y DISPARES
Los datos del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) muestran que la tasa de homicidios de 2019 fue de 60,3 por cada 100.000 habitantes (16.506 víctimas), una bajada de 21,1 puntos respecto a 2018, que cerró con una tasa de 81,4 (23.047 víctimas).
Sin embargo, las cifras publicadas por el Ministerio de Relaciones Interiores Justicia y Paz difiere en varios miles de la de la organización no gubernamental. Según la institución pública, la tasa fue de 21 y 33, para 2019 y 2018, respectivamente.
Pero al margen de números que se pierden en una realidad paralela, la verdad de María es la que vive en una de las zonas más violentas de Venezuela en su día a día, desconocedora de esos datos que se manejan en instancias que le son ajenas.
Ella reitera que tiene miedo y no percibe que se haya reducido la inseguridad en los últimos tiempos, como afirman otros habitantes de zonas que, sin ser la panacea de la seguridad, registran menos delitos.
DIFERENTES PERCEPCIONES
Duval Luna, 66 años, explica a Efe que siente que bajó la inseguridad y lo mide con las pocas veces que se oye en la calle “¡Agárrenlo!”, el grito característico que alarma sobre un ladrón y que precede a otros gritos, los de auxilio de la persona robada.
“Antes se escuchaba más seguido. Ahora escucho esporádicamente gente a la que le han quitado el celular, pero menos. Me siento más tranquilo saliendo a la calle”, dice, aunque, pese a todo, asegura que sus amigos y familiares, incluso él, no andan en la calle de noche.
Wilmer Guerra y Valeria Argoy, de 18 y 16 años, respectivamente, sí salen a “rumbear”, pero no caminan en la calle, sino que piden que los dejen en una estación de metro porque “es lo más seguro. Y sin embargo…”, dice él, dejando la frase en el aire y sin concluir.
“Uno no puede estar tranquilo en la calle, siempre tiene que estar pendiente de todo a cada rato, esconder los teléfonos. Literalmente hemos descubierto maneras de esconderlo donde no deberían estar”, dice Guerra. Pero estas medidas no evitaron que hace apenas una semana lo atracaran y le quitaran su celular.
A su lado, Argoy repite a cada rato que “es horrible”. A ella no le ha pasado nada, pero trata de no estar sola nunca para evitar que le puedan robar o “hacer algo”.
Siempre hay un “pero” que relativiza la sensación de seguridad en Venezuela.
ÚLTIMO INTENTO DE MADURO FRENTE A LA INSEGURIDAD
El abogado penalista e investigador de crimen organizado Luis Izquiel explicó a Efe que, desde que el presidente Nicolás Maduro llegó al poder en 2013, ha habido cuatro planes “importantes” contra la inseguridad ciudadana, con un mismo objetivo, pero distinto resultado.
En diciembre de 2019, el mandatario firmó el decreto para la creación de la Gran Misión Cuadrantes de Paz, un plan que fue lanzado en febrero de 2020 y que pretende conseguir la “estabilidad y seguridad del pueblo venezolano”.
El plan consiste en la creación de ocho vértices para abordar la seguridad, comenzando con la prevención entre los niños, jóvenes y adolescentes.
Además, contempla la lucha contra la corrupción, la “transformación” del sistema de justicia penal, la “protección” de la paz, la gestión de riesgos, fortalecimiento de los órganos de seguridad, la “expansión” de la Policía y de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad.
Para Izquiel, este plan es “un refrito” de otro que se lanzó hace siete años y que “no dio resultado”, por lo que duda de su eficacia para hacer frente a la inseguridad que afecta al país.
OTROS PLANES… ¿EFICACES?
El Plan Patria Segura, lanzado en 2013, fue “el operativo militar más grande que se ha aplicado en Venezuela”, recordó el criminalista, quien explicó que se basó en la creación de las “Zonas de Paz”, donde se otorgaron territorios a “distintas bandas en el país, con el argumento de que ellas se iban a pacificar y entregar sus armas a cambio de programas sociales. Eso fracasó”.
En 2015 se creó la Operación Liberación del Pueblo (OLP), un plan contra la violencia en Venezuela que desde sus inicios tuvo numerosas denuncias de ejecuciones extrajudiciales y atropellos de los Derechos Humanos, según diversas ONG.
Los operativos consistían en despliegues y toma temporal de zonas donde se retenían a personas que eran “verificadas” en el Sistema Integrado de Información Policial (SIIPOL), después de recibir denuncias de los ciudadanos o realizando previamente una inspección en el sector, a fin de determinar si habían cometido algún delito.
En 2017 se creó la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), un cuerpo policial adscrito a la Policía Nacional Bolivariana (PNB), que ha recibido las mismas críticas por supuestas violaciones de derechos humanos.
Para Izquiel, esta escisión de la Policía “ha sido el emblema de la violación de Derechos Humanos en Venezuela. Hoy no hay ningún plan serio contra la inseguridad, solo una operación de exterminio masivo a través de las FAES”.
En el informe sobre Venezuela presentado en julio pasado por la Oficina de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos se recomendó la disolución de las FAES por la presunta vinculación de sus efectivos con ejecuciones extrajudiciales.
¿QUIÉN MATA A QUIÉN?
Roberto Briceño-León, director del OVV, explicó a Efe que, aunque la tasa de homicidios bajó respecto a otros años, no lo hizo “tanto y sigue siendo escandalosa, la más alta de América Latina”.
“Hay menos homicidios porque hay menos homicidas (porque) el Gobierno los mató. La oportunidad de negocio se mudó al secuestro y la extorsión. Y las bandas organizadas tomaron más control del territorio frente a las bandas pequeñas que eran las que cometían los homicidios. Hay un uso más racional de la violencia”, señala Briceño-León.
Sin embargo, hace un nuevo matiz: “Una tercera parte los cometen los cuerpos policiales de Venezuela. La violencia no ha bajado, solo que cambió de autor”.
Así lo siente Mariela Coronado, de 41 años, quien dice sentir que “uno no sabe quién es quién, quiénes son los buenos o los malos”.
Vive en un conjunto residencial popular en los Valles del Tuy donde, asegura, “la Policía hace cosas que no deben, abusan de la autoridad y matan a muchos muchachos jóvenes. Entran y los matan. No les dan la oportunidad de arrepentirse ni de rehacer su vida”.
Latinoamericanas
Tercer día de huelga de hambre avanza en demanda de libertad para presos políticos en Venezuela
Caracas, Venezuela.-Con cansancio, angustia y enfado, mujeres familiares de presos políticos entraron el lunes en su tercer día de huelga de hambre en Caracas para presionar por más excarcelaciones, tras aplazarse la semana pasada por segunda vez la aprobación de una ley de amnistía.
«Ya el cuerpo comienza a resentirse, pues. (Siento) mucha debilidad, cansancio cuando me levanto. Y bueno, ya ni siquiera se puede descansar. Dormir bien, nada de eso», cuenta a la AFP Evelin Quiaro, de 46 años, con una botella con agua y electrolitos a su lado.
Una decena de mujeres comenzó la huelga al romper el alba el 14 de febrero en la entrada de los calabozos de la Policía Nacional conocidos como Zona 7 en Caracas, donde acampan familias desde hace semanas.
Dentro permanecen unos 60 detenidos políticos y, según sus allegados, también están en huelga de hambre desde el sábado.
Sus caras demacradas muestran una debilidad que se entremezcla con rabia, angustia y desesperación.
«¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nos van a tener en esto?», se queja Quiaro. «Ya tenemos mucho tiempo acá durmiendo en carpas, conviviendo acá de una manera inhumana. O sea, ya las condiciones están al límite y nosotros también estamos al límite», denuncia.
– «Peligroso» –
Durante la madrugada del 14 de febrero fueron excarcelados 17 presos políticos de esos calabozos donde está también detenido el hijo de Quiaro de 30 años desde noviembre de 2025, acusado de terrorismo, asociación para delinquir y financiamiento al terrorismo.
«Tenemos la convicción de que esto tiene que surtir efecto», confía Quiaro.
Una de las diez mujeres tuvo que abandonar el ayuno por problemas de tensión, señala Rafael Arreaza, un médico que las asiste.
Enroscándose en una cadena, Narwin Gil, cuyo cuñado está preso pero su hermana fue excarcelada, cierra el paso a un agente que llega con comida para los guardias del centro de detención.
«Si nuestros familiares no comen, ellos tampoco deben comer», le dice al policía, que da media vuelta.
«¡Basta, basta! Y necesito no que sean uno ni sean dos, son todos, todos, todos los que están en Venezuela» deben salir, pide Gil. «Nosotras ninguna queremos estar aquí. No queremos estar aquí».
– «Desgastadas» –
Las mujeres se quejan del aplazamiento -dos veces- de la aprobación de una ley de amnistía que en teoría abarca los 27 años de chavismo gobernante. Se espera que la norma se traduzca en la libertad de cientos de detenidos.
La próxima sesión legislativa está pautada para el 19 de febrero cuando se prevé la discusión final de la normativa para su aprobación.
Es «terrible, terrible porque nos cambió nuestra dinámica», lamenta María Escalona, de 41 años, cuyo esposo está detenido desde septiembre.
«Mis niños pequeños (8 y 9 años) sufren porque no están con su papá. Entonces es estresante, es preocupante. Estamos desgastadas ya con esta huelga de hambre».
Escalona espera que la ley sea examinada el jueves. Pero ya no quiere esperar. «Quiero que salgan ya. Tiene que ser antes del jueves».
El opositor Edmundo González Urrutia, que reivindica la victoria en las presidenciales de 2024, se quejó desde su exilio en Madrid. «Detrás de cada preso político hay una familia que resiste. ¡Familias en huelga de hambre! Lo hacen porque sienten que no les dejan otra opción. Lo hacen desde el dolor y la angustia», escribió en X.
Más de 600 presos políticos siguen tras las rejas y 444 han conseguido libertad condicional desde el 8 de enero, según la ONG Foro Penal.
Agencia EFE
Puerto Príncipe, Haití.-Al menos 299 personas fueron asesinadas en enero de 2026 en Haití, víctimas de bala o de enfrentamientos, según reveló este miércoles un informe de la ONG local Orden de Defensores de los Derechos Humanos (Ordedh), que denuncia una «explosión de secuestros» que desafía la autoridad del Estado.
El balance estadístico elaborado por esta ONG local pone de relieve la hegemonía de los grupos armados, en particular de la coalición Viv Ansanm, responsable de un 42.81 % de la mortalidad registrada, según el informe.
«Paralelamente a esta carnicería, la industria del secuestro está experimentando un auge que paraliza el espíritu mismo de la población. A pesar de los repetidos anuncios y los escasos esfuerzos de la Policía Nacional de Haití (PNH), el secuestro sigue siendo un reto insuperable para la institución», indica el informe.
Estos datos revelan una concentración de la violencia mortal en el departamento del Oeste -donde se ubica la capital, Puerto Príncipe-, que por sí solo registra un 85.28 % de las muertes a escala nacional.
La ONG recordó que 2026 comenzó «con una constatación absolutamente sombría», debido a que «la vida humana en Haití parece haber perdido su valor sagrado».
«Los ciudadanos, atrapados entre la impotencia de las autoridades y la agresividad de los grupos armados, viven en un estado de sitio permanente», señaló.
También, la organización humanitaria apuntó que los resultados operativos de la Policía Nacional de Haití (PNH) «siguen siendo vagos y muy insuficientes ante la magnitud del desastre».
«Esta incapacidad para frenar los secuestros crea una sensación de abandono total, en la que el Estado parece espectador del sufrimiento de sus propios ciudadanos, entregados a merced de depredadores sin escrúpulos», indicó.
Exige tomar medidas
De acuerdo con la ONG, la magnitud de estos hechos exige una «toma de conciencia inmediata e inequívoca» por parte de los actores nacionales e internacionales.
Según ella, la situación exige una solidaridad activa y una intervención diplomática que vaya «más allá de las simples promesas de apoyo».
También, «es imperativo» que los socios de Haití reconozcan la actual emergencia humanitaria y de seguridad «como una prioridad absoluta, ya que cada día de retraso en la asistencia técnica y estratégica se traduce en nuevas pérdidas de vidas humanas», afirmó la Ordedh.
«La supervivencia de la nación depende de la capacidad de los actores nacionales e internacionales para restablecer, con carácter urgente, la autoridad de la ley y el respeto por la vida» dijo la ONG.
Haití vive una crisis política y social severa, y según la oficina de las Naciones Unidas en el país casi 6,000 personas murieron y otras 2,708 resultaron heridas en Haití en 2025 a causa de la violencia de las bandas y las operaciones de las fuerzas de seguridad para combatirlas.
BRASILIA.- Al menos quince personas han muerto y varias más han resultado heridas después de que el autobús en el que viajaban volcara a su paso por la localidad de São José da Tapera, en el oeste del estado de Alagoas, en el este de Brasil.
Entre los fallecidos hay tres menores de edad. El autobús transportaba a un total de 60 personas, quienes regresaban de una celebración católica en la localidad de Juazeiro do Norte, en el estado vecino de Ceará, informa el portal G1.
El gobernador de Alagoas, Paulo Dantas, ha lamentado informado de lo ocurrido en redes sociales, desde donde ha expresado su solidaridad para con las víctimas. «Ante esta tragedia que entristece a todo nuestro estado, he decretado luto oficial de tres días», ha anunciado.
of-am