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Vuelve a resurgir el caso de los Súper Tucanos
REDACCIÓN. Un asesor de ventas que admite haber pagado sobornos a favor de la empresa fabricante de aviones Embraer SA declaró a los fiscales brasileños que él cree que los principales ejecutivos de la compañía, incluido el presidente ejecutivo, Frederico Curado, sabía sobre los pagos ilícitos atados a la venta de las aeronaves militares en la República Dominicana.
De acuerdo con el diario Wall Street Journal, en su versión en inglés, el consultor Elio Moti Sonnenfele hizo estas declaraciones luego de aceptar cooperar con las autoridades brasileñas que investigan un esquema de sobornos de la empresa brasileña Embraer a nivel mundial.
Diario Libre trató de conseguir reacción de la Procuraduría General de la República al respecto, pero se nos informó que están analizando la información.
En un comunicado, la empresa Embraer anunció que estaba dando “total cooperación” en el caso contra Curado; sin embargo declinó hablar sobre las alegaciones de Sonnenfeld, alegando que los resultados de la investigación realizada por abogados de la propia compañía son confidenciales y han sido revelados solo a los investigadores del Estado.
La novedad de esta publicación es el anuncio realizado por Embraer de que cooperará en esta investigación. Y es relevante por que la mayoría de la evidencia contra Sonnenfeld, de acuerdo con una persona vinculada al proceso, habría sido facilitada por los abogados de Embraer, indica Wall Street Journal.
El año pasado Sonnenfeld dijo a los investigadores que había recibido US$3.4 millones en comisión por Embraer por un trabajo profesional que nunca realizó, y que traspasó como soborno a oficiales de la RD.
El soborno, de acuerdo con las investigaciones, fue pagado posterior al acuerdo de venta ayudó a asegurar el contrato que tenía una valor de US$92 millones por los ocho Tucanos.
En 2014, los fiscales brasileños iniciaron un proceso contra Sonnenfeld y ocho exvicepresidentes, directores y gerentes de la compañía acusándolos de corrupción y lavado de dinero durante los años 2008 hasta 2010.
Sin embargo, el principal jefe de Embraer no ha sido formalmente acusado de acto de corrupción alguno.
Embraer es la tercera mayor fabricante de aeronaves en el mundo.
El resumen de las declaraciones de Sonnenfeld indican que él y el presidente ejecutivo de Embraer tenían una “relación de confianza”, y cenaban constantemente en las oficinas de la empresa en Sao Paulo.
Sonnenfeld alegó que inicialmente no tenía ninguna relación con la venta de los Tucanos a la República Dominicana, pero luego le fue solicitado participar en el proceso para traspasar el dinero.
Las investigaciones aseguran que tras la venta ejecutada en 2008, el oficial dominicano que recibió el soborno creó una compañía de carpeta, a través de la cual recibió las sumas de dinero. El departamento de control interno de Embraer percibió un primer pago irregular en abril 2009 por US$100 mil, pero esto llamó la atención, y debieron de crear otros métodos para concluir el pago. Así que Sonnenfeld, que era una persona conocida en la compañía, llamó menos la atención.
Para esto a Sonnenfeld se le asignó la labor de representante de ventas en Jordania. Su contrato, de acuerdo con las investigaciones criminales, fue el pretexto para desembolsar el pago total de la comisión por US$3.4 millones, y esa suma fue luego enviada al oficial dominicano.
El soborno fue pagado posterior al acuerdo de venta, ayudó a asegurar el contrato que tenía una valor de 92 millones de dólares por los ocho tucanos”.
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Director de La República advierte que Congreso Nacional no tiene la facultad para anular candidaturas independientes.
Por Elba García
El doctor José Cabral Salcedo, especialista en derecho constitucional, además de periodista y empresario, quien ostenta la dirección del diario La República, aclaró que no es verdad que el proyecto que se conoce actualmente en la Cámara de Diputados y que ya fue aprobado en el Senado de la República elimine las candidaturas independientes.
El profesional del derecho sostuvo que el esfuerzo de los diputados y senadores más que en contra de las candidaturas independientes se trata de una aspiración que pone en peligro todo el sistema legal e institucional de la nación.
Dice que intentar eliminar las candidaturas independientes es conspirar en contra de la propia Constitución de la República, ya que es la carta magna la que otorga la facultad al TC de interpretar las normas que chocan con la ley sustantiva de la nación, a los fines de procurar que las mismas se ajusten al control de la constitucionalidad.
La intención de eliminar las candidaturas independientes es lo mismo que conspirar en contra del sistema democrático e institucional de la nación, lo que indica el estado de desesperación de los partidos políticos ante el descredito que les afecta, añadió el periodista, abogado y empresario.
Cabral Salcedo advirtió que de aprobarse el proyecto de ley que se conoce ahora en la Cámara de Diputados deja el problema en manos del presidente Luis Abinader, quien tiene la opción de promulgarla u observarla en virtud de que la misma sería un contrasentido jurídico que cuestionaría todo el régimen jurídico interno y externo.
Sin embargo, advirtió que ante la conversión en ley del proyecto que se conoce ahora en la Cámara de Diputados y si es promulgado por el presidente Abinader implicaría la presentación de una acción directa de inconstitucionalidad ante el mismo Tribunal Constitucional que es el único facultado para interpretar la constitucionalidad de una norma.
Explico que decir que la Constitución habla de que las aspiraciones políticas sólo pueden ser canalizadas a través de los partidos, según la interpretación que se le ha querida dar al artículo 216 de la carta magna, pese a que la ley sustantiva de la nación debe leerse íntegramente y naturalmente incluyendo el artículo 22 que habla de los derechos ciudadanos, sobre todo en lo que respecta al principio de elegir y ser elegido.
El abogado, periodista y empresario advierte que la jurisprudencia del TC sólo puede ser eliminarla por el propio alto tribunal mediante la figura del overrruling, la cual es la técnica jurídica mediante la cual un tribunal constitucional revoca o cambia un precedente vinculante anterior, sustituyéndolo por una nueva doctrina, a los fines de adaptar el derecho a nuevos contextos sociales, morales, económicos y políticos, lo que permite superar normas jurisprudenciales obsoletas, injustas o incompatibles con el ordenamiento actual.
Sin embargo, el profesional del derecho aclara que ese no es el caso de la sentencia que sienta jurisprudencia sobre las candidaturas independientes, la TC/0788/24, ya que para que el TC cambie el criterio en esta materia tiene que producirse una afectación de un derecho fundamental cuando en la misma se produce todo lo contrario con la protección del principio de elegir y ser elegido, pero además del de igualdad, proporcionalidad, legalidad, pro participación y el de dignidad humana.
Esta situación hace prácticamente imposible la posibilidad de que las pretensiones de los diputados y senadores se concrete, porque sencillamente no hay forma de que sus acciones al margen del principio de legalidad tengan éxito, ya que la interpretación del Tribunal Constitucional se ajusta del artículo 47 de la Ley 137-11 y también al 184 y 185 de la constitución de la República.
Cabral Salcedo sostuvo que con el proyecto de ley que busca eliminar las candidaturas independientes el Congreso Nacional no sólo se pone al margen del régimen legal, sino también de la institucionalidad de la nación y además deja claro que los legisladores de la llamada partidocracia se creen dueños del sistema, principalmente los perremeistas que fundamentaron su llegada al poder en que en la República Dominicana se consolidaba un partido-Estado a través del PLD, pero resulta que ahora ellos son más antidemocráticos que las pasadas autoridades.
Cabral Salcedo llamó al presidente Luis Abinader a no ser parte de un plan que compromete la responsabilidad civil y penal del Estado por tratarse de la violación de un derecho fundamental como el de elegir y ser elegido, consignado, además, en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos de San José, Costa Rica.
Santo Domingo, R.D.-El mantenimiento del arresto domiciliario dispuso la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional en contra del coronel Andrés Pacheco Valera, implicado en la Operación Lobo.
La magistrada Yanibet Rivas tomó la decisión tras rechazar una solicitud de variación de la medida presentada por el acusado, a través de su abogado Félix Portes Núñez.
De inmediato, el abogado del imputado anunció que apelará la decisión, alegando violación al principio de igualdad, ya que otros coimputados han recibido medidas menos severas.
El imputado es acusado de formar parte de una red que se dedicaba a la distribución de sobornos para agenciarse la contratación y el mantenimiento de contratos de seguridad privada en instituciones públicas.
Entre las instituciones se encuentran el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EdeNorte), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste) y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EdeSur).
Entre los implicados se encuentran el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz, así como los coroneles de ese organismo Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández Vásquez y Elías Camaño Pérez.
Además, el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar y el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González y el coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz. En Santiago fue arrestado Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
Santo Domingo, R.D.-La decision de el Septimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional será apelada por el Ministerio Público mediante la cual otorgó un auto de no ha lugar en favor de Jean Andrés Pumarol Fernández, imputado de ultimar a una mujer y herir a otras cinco personas en un hecho ocurrido en el sector Naco.
El órgano acusador rechazó, en un comunicado de prensa, la decisión del juez Deiby Antonio Timoteo Peguero, al considerar que no se corresponde con las pruebas aportadas durante el proceso.
Sostiene que existen méritos suficientes para recurrir la decisión, al entender que el tribunal incurre en contradicción, ya que en principio no acoge la declaratoria de inimputabilidad, pero termina aplicando los efectos jurídicos de dicha figura al dictar el auto de no ha lugar.
La acusación presentada por el Ministerio Público, representado por la fiscal Vidalis Mora, explica que el 23 de julio de 2025 el imputado irrumpió en varias viviendas del residencial Naco Dorado IV, donde agredió a distintos residentes, incluyendo a Yolanda Handal Abugabir, a quien le provocó la muerte.
Durante el hecho, también hirió a Gricelda Ozuna Torres, Francisco Texano, Teresa Fabián de Heredia, Victoria Heredia y Guillermo Ramón Pumarol Castellanos, además de ocasionar la muerte de una mascota.
El Ministerio Público recordó que, en atención a la gravedad de los hechos y las evidencias presentadas, previamente, le fue impuesta prisión preventiva como medida de coerción, la cual cumplía en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya, en Higüey, provincia La Altagracia.