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Vuelve a resurgir el caso de los Súper Tucanos

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image_content_6363761_20160318002555REDACCIÓN. Un asesor de ventas que admite haber pagado sobornos a favor de la empresa fabricante de aviones Embraer SA declaró a los fiscales brasileños que él cree que los principales ejecutivos de la compañía, incluido el presidente ejecutivo, Frederico Curado, sabía sobre los pagos ilícitos atados a la venta de las aeronaves militares en la República Dominicana.

De acuerdo con el diario Wall Street Journal, en su versión en inglés, el consultor Elio Moti Sonnenfele hizo estas declaraciones luego de aceptar cooperar con las autoridades brasileñas que investigan un esquema de sobornos de la empresa brasileña Embraer a nivel mundial.

Diario Libre trató de conseguir reacción de la Procuraduría General de la República al respecto, pero se nos informó que están analizando la información.

En un comunicado, la empresa Embraer anunció que estaba dando “total cooperación” en el caso contra Curado; sin embargo declinó hablar sobre las alegaciones de Sonnenfeld, alegando que los resultados de la investigación realizada por abogados de la propia compañía son confidenciales y han sido revelados solo a los investigadores del Estado.

La novedad de esta publicación es el anuncio realizado por Embraer de que cooperará en esta investigación. Y es relevante por que la mayoría de la evidencia contra Sonnenfeld, de acuerdo con una persona vinculada al proceso, habría sido facilitada por los abogados de Embraer, indica Wall Street Journal.

El año pasado Sonnenfeld dijo a los investigadores que había recibido US$3.4 millones en comisión por Embraer por un trabajo profesional que nunca realizó, y que traspasó como soborno a oficiales de la RD.

El soborno, de acuerdo con las investigaciones, fue pagado posterior al acuerdo de venta ayudó a asegurar el contrato que tenía una valor de US$92 millones por los ocho Tucanos.

En 2014, los fiscales brasileños iniciaron un proceso contra Sonnenfeld y ocho exvicepresidentes, directores y gerentes de la compañía acusándolos de corrupción y lavado de dinero durante los años 2008 hasta 2010.

Sin embargo, el principal jefe de Embraer no ha sido formalmente acusado de acto de corrupción alguno.

Embraer es la tercera mayor fabricante de aeronaves en el mundo.

El resumen de las declaraciones de Sonnenfeld indican que él y el presidente ejecutivo de Embraer tenían una “relación de confianza”, y cenaban constantemente en las oficinas de la empresa en Sao Paulo.

Sonnenfeld alegó que inicialmente no tenía ninguna relación con la venta de los Tucanos a la República Dominicana, pero luego le fue solicitado participar en el proceso para traspasar el dinero.

Las investigaciones aseguran que tras la venta ejecutada en 2008, el oficial dominicano que recibió el soborno creó una compañía de carpeta, a través de la cual recibió las sumas de dinero. El departamento de control interno de Embraer percibió un primer pago irregular en abril 2009 por US$100 mil, pero esto llamó la atención, y debieron de crear otros métodos para concluir el pago. Así que Sonnenfeld, que era una persona conocida en la compañía, llamó menos la atención.

Para esto a Sonnenfeld se le asignó la labor de representante de ventas en Jordania. Su contrato, de acuerdo con las investigaciones criminales, fue el pretexto para desembolsar el pago total de la comisión por US$3.4 millones, y esa suma fue luego enviada al oficial dominicano.

El soborno fue pagado posterior al acuerdo de venta, ayudó a asegurar el contrato que tenía una valor de 92 millones de dólares por los ocho tucanos”.

 

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Piden prisión para profesor imputado por acoso sexual contra una estudiante

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SANTO DOMINGO.- Prisión preventiva solicitó el Ministerio Público a un tribunal como medida de coerción contra un profesor imputado de incurrir en acoso sexual en perjuicio de una estudiante de un centro educativo del Distrito Nacional.

La medida de coerción fue solicitada contra el imputado Inocencio Lebrón Montero, quien se desempeñaba como profesor de matemáticas de la adolescente.

De acuerdo con la investigación, el imputado aprovechó la relación de confianza derivada de su condición de docente para iniciar un acercamiento progresivo hacia la víctima.

El Ministerio Público establece que en ese contexto se produjeron varios encuentros dentro del vehículo del imputado, donde este presuntamente realizó tocamientos indebidos en perjuicio de la adolescente e insistió en sostener relaciones sexuales, a lo que la víctima se negó.

La investigación, también, señala, que el imputado habría reiterado las conductas denunciadas, manteniendo presión emocional sobre la menor de edad.

El imputado fue apresado el pasado 22 de abril, en virtud de una orden de arresto emitida en su contra por la Coordinación de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional.

Las procuradoras fiscales Adalgisa Tavares y Mariela Ramos, adscritas a la Unidad de Prevención de Violencia de Género y Delitos Sexuales del Distrito Nacional, depositaron la instancia con la solicitud de medida de coerción contra el imputado.

La audiencia fue aplazada por la jueza Lissa Veras, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, para este sábado, 2 de mayo, a solicitud de la defensa, que requirió más tiempo para preparar sus medios de defensa.

El Ministerio Público ha otorgado al caso la calificación jurídica de violación a los artículos 330 y 333, literal D, del Código Penal Dominicano, así como al artículo 396, literal C, de la Ley 136-03, que crea el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.

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Apelarán condena de 30 años a anciano de 83 años por tentativa de asesinato.

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Santo Domingo, R.D.-Milagros del Carmen Rodriguez, abogada de la Defensoría Pública, anunció que recurrirá la sentencia de 30 años de prisión impuesta a Nicolás Suárez, de 83 años, condenado por tentativa de feminicidio contra su expareja Erminia Núñez Durán, en el distrito municipal de Santiago Oeste (Cienfuegos), quien  argumenta que la edad avanzada y el deteriorado estado de salud del imputado hacen inviable su reclusión en un centro penitenciario.

El Tercer Tribunal Colegiado del distrito judicial de Santiago, integrado por las juezas Ingrid LiberatoDeyanira Méndez y Kimberly Tatis, impuso a Suárez la pena máxima por tentativa de asesinato. Sin embargo, la defensa sostiene que el tribunal no tomó en cuenta las atenuantes presentadas durante el proceso.

La abogada Milagros Del Carmen Rodríguez señaló que Suárez padece diabetes avanzada que le ha provocado la pérdida de la visión, condición que motivó que durante todo el proceso judicial permaneciera en prisión domiciliaria.

«Hemos solicitado varios permisos para ir al médico porque no ve; tiene una situación de diabetes que le ha quitado la vista», declaró la defensora pública.

Los hechos que originaron el proceso ocurrieron el 17 de julio de 2024 en un barrio del distrito municipal de Santiago Oeste (Cienfuegos), cuando Nicolás Suárez agredió a su expareja, Erminia Núñez Durán, en un hecho calificado por la justicia como tentativa de asesinato.

A pesar de que el tribunal no acogió los argumentos atenuantes presentados por la defensa, la abogada insiste en que una condena de 30 años resulta desproporcionada e inaplicable dadas las condiciones del imputado.

La Defensoría Pública solicita que, en caso de mantenerse la calificación de tentativa de asesinato, la pena sea sustituida por una condena suspendida que no exceda los tres años.

La defensora invocó el principio de humanización de las penas, establecido en el ordenamiento jurídico dominicano, como fundamento central del recurso de apelación.

«No es posible que en este caso no se tome en cuenta el principio de humanización», afirmó Rodríguez.

El principio de humanización de las penas reconoce que la ejecución de una condena no debe atentar contra la dignidad del condenado ni agravar su situación más allá de lo que la propia pena implica. En casos de personas de edad avanzada con enfermedades graves, los tribunales de alzada dominicanos han considerado este principio como criterio válido para modificar sanciones.

La apelación será presentada ante la Corte de Apelación del departamento judicial de Santiago.

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Con arma blanca niños intentan agredir alumnos en las afueras de escuela primaria de Verón.

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Santo Domingo, R.D.-Una gran preocupacion reina en la cumunidad educativa por un video grabado que muestra a varios niños, con edades aparentes de 8 a 12 años, portando un arma blanca en las afueras del centro educativo Pedro Livio Cedeño, ubicado en Verón, provincia La Altagracia, en aparente actitud de tratar de herir a algunos estudiantes.

En las imágenes se observa cómo varios menores se aproximan inicialmente a una niña, estudiante del centro, en actitud agresiva con un cuchillo mohoso en la mano.

Posteriormente, uno de los niños, vestido con bermuda y polocher azul, portando el  cuchillo dobla una esquina del centro educativo. Acto seguido, otro menor con un polocher rojo toma el arma blanca y regresa hacia la acera frente al plantel, donde persigue a otro estudiante, quien sale corriendo.

Indicó que el video comenzó a circular ampliamente en redes sociales durante la mañana de este miércoles en Verón, Bávaro y Punta Cana, y que el caso ocurrió la tarde de ayer martes.

Santana señaló que, tras tener conocimiento del hecho, se estableció contacto con la directora del centro, Lucy Cueto, quien informó que los estudiantes involucrados ya fueron identificados. Asimismo, los padres fueron convocados para sostener una reunión y determinar las circunstancias que originaron el incidente.

«Es en el día de hoy cuando se estará investigando el por qué de esta situación», explicó Santana, al tiempo que destacó que, aunque en la zona se han detectado casos de pandillas y bandas en otros centros, principalmente en liceos, este tipo de casos no se había registrado anteriormente en esa escuela, que corresponde al nivel primario.

Sobre las posibles consecuencias, advirtió que se trata de un hecho grave que podría tener implicaciones legales. «Si el menor tiene más de doce años, podría enfrentar hasta dos años de prisión por tratarse de un acto de vandalismo. Si es menor, la responsabilidad recae en los padres», indicó.

En el ámbito educativo, Santana consideró que el hecho constituye una falta «gravísima», lo que podría conllevar sanciones severas, incluyendo la expulsión inmediata del estudiante involucrado.

La ADP aseguró que dará seguimiento al caso para verificar las medidas que adopte el centro educativo y garantizar la seguridad de la comunidad escolar.

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