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Wander Franco a juicio por cargos de abuso sexual y trata de personas en Dominicana
Santo Domingo, R.D.-El paracorto de los Rays de Tampa Bay, Wander Franco, va a juicio el jueves en República Dominicana por abuso sexual en perjuicio de una niña de 14 anos.
Ahora con 23 años, Franco tenía una temporada brillante en 2023 antes de que las autoridades dominicanas comenzaran a investigar las acusaciones de que había sostenido una relación con una menor y le había pagado miles de dólares a la madre de la joven para que diera su consentimiento.
Enseguida, lo que hay que saber sobre el juicio:
Franco ha sido acusado de abuso sexual a una menor, explotación sexual y comercial contra una menor y trata de personas. Después de una investigación que duró más de un año, el juez Pascual Valenzuela de la provincia norteña de Puerto Plata, República Dominicana, dictaminó en septiembre que las pruebas presentadas por los fiscales eran suficientes para llevar el caso a juicio.
Los documentos que los fiscales presentaron al juez en julio y que fueron vistos por The Associated Press alegan que Franco, a través de su madre Yudelka Aybar, transfirió 1 millón de pesos o 17.000 dólares a la mamá de la menor el 5 de enero de 2023, para consentir el abuso. La madre de la menor ha sido acusada de lavado de dinero y está bajo arresto domiciliario.
Los fiscales dicen que la madre de la menor pasó de ser empleada de un banco a llevar una vida ostentosa y adquirir activos con los fondos que recibió de Franco. Durante los allanamientos en la casa de la madre de la menor, los fiscales dicen que encontraron 68.500 y 35.000 dólares que, según alegan, fueron entregados por Franco.
El juicio se llevará a cabo el 12 de diciembre en un tribunal de Puerto Plata. El caso será escuchado por tres o cinco jueces. No hay juicios por jurado en República Dominicana. Los jueces escucharán los argumentos de ambas partes y las declaraciones de los testigos. Luego, analizarán las pruebas y emitirán un veredicto. El juicio podría tardar hasta ocho meses en concluir, con base en la duración promedio de los procesos en República Dominicana.
Si es condenado, Franco podría enfrentar hasta 20 años de prisión.
Franco ha estado bajo libertad supervisada, aunque se le había requerido hacer visitas mensuales de control al juez.
También fue arrestado y se le concedió otra liberación supervisada en noviembre por llevar ilegalmente un arma en su vehículo. El arresto siguió a una discusión en el estacionamiento de un complejo de apartamentos.
La jueza dominicana Viamerca Ruiz dijo que Franco debe reportarse al tribunal una vez al mes mientras se le investiga por llevar el arma de fuego que estaba registrada a nombre de su tío. Uno de los abogados de Franco dijo que, dado que el arma tiene licencia, «no hay nada ilegal en ello».
Una condena por posesión ilegal de un arma de fuego podría acarrear una sentencia de prisión de tres a cinco años.
No, pero continuó recibiendo paga durante casi un año después de que las autoridades dominicanas abrieron su investigación.
Franco, quien firmó un contrato de 182 millones de dólares y 11 años con los Rays en 2021, fue brevemente colocado en la lista de peloteros restringidos y quedó bajo licencia administrativa en agosto de 2023 cuando las autoridades dominicanas abrieron su investigación. Dado que la licencia administrativa no es una medida disciplinaria bajo la política conjunta del deporte sobre violencia doméstica, agresión sexual y abuso infantil, Franco obtuvo su remuneración durante ese tiempo.
Técnicamente, no hay licencia durante los recesos entre campañas. Franco fue nuevamente colocado bajo licencia administrativa al inicio de la temporada 2024 hasta que los fiscales presentaron los cargos actuales el 10 de julio.
En ese momento, la oficina de las Grandes Ligas colocó a Franco, quien tenía un salario de 2 millones de dólares en 2024, en su lista restringida, cortando el pago que había estado recibiendo bajo licencia administrativa.
Había estado obteniendo el 50% de su salario en licencia administrativa, dijo a la AP una persona familiarizada con su situación, quien habló bajo condición de anonimato porque ese detalle no había sido divulgado públicamente. Eso significaba que Franco había acumulado 559.140 dólares, o la mitad de su salario por 104 días de la temporada de 186 jornadas.
Es probable que la MLB espere hasta que concluya el juicio dominicano antes de decidir si habrá alguna medida disciplinaria.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
SANTO DOMINGO.- La Novena Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional, presidida por la jueza Milagros Ramírez, aplazó este lunes para el próximo 16 de marzo la continuación del nuevo juicio contra Elizabeth Silverio (neurocientífica), directora del Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, acusada de ejercer la medicina de manera ilegal en el país.
La decisión fue tomada luego de que el tribunal escuchara a varios testigos presentados por el Ministerio Público, entre ellos madres y padres de las presuntas víctimas del caso. Los testigos relataron las situaciones que vivieron y pidieron justicia por los perjuicios que, según denunciaron, sufrieron sus hijos.
Durante la audiencia también ofreció su testimonio el director de Habilitación del Ministerio de Salud Pública, como parte de las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
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Previo al inicio del proceso, Elizabeth Silverio aseguró que demostrará su inocencia frente a los hechos que se le imputan.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, Silverio ejercía la medicina sin contar con el exequátur correspondiente, en violación de la ley, lo que presuntamente afectó la salud de decenas de menores con condiciones especiales.
Asimismo, se le atribuye el uso de títulos falsos, con los cuales hacía creer que era psicóloga con especialidad en neurociencia.
Se recuerda que el 10 de octubre de 2025, los jueces de la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional anularon la sentencia que condenaba a Silverio a siete años de prisión, dictada el 21 de octubre de 2024 por las magistradas del Tercer Tribunal Colegiado.
Tras esa decisión, la corte ordenó la celebración de un nuevo juicio.
Centro Kogland fue clausurado
El Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, ubicado en el sector Gascue, fue creado en diciembre de 2021. Su directora, Elizabeth Silverio, de 30 años, afirmaba poseer cinco maestrías.
La situación provocó que Silverio fuera intimada a presentar su exequátur ante el Ministerio de Salud Pública y, ante la inexistencia de la documentación correspondiente, se procedió al cese de las operaciones del centro Kogland.
Santo Domingo, R.D.-Un aplazamiento de la audiencia incial en el Tribunal del Distrito Columbia de Estados Unidos fue concedido en el caso por presunta corrupción contra el dominicano Melitón Cordero, acusado de gestionar más de 100 solicitudes de visado en abuso del programa para informantes confidenciales mientras se desempeñaba como supervisor de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en República Dominicana.
La audiencia inicial, prevista para el 6 de marzo, fue pospuesta por un plazo de 30 días para permitir que la defensa se reorganice y el gobierno prepare la evidencia, con la posibilidad de que el caso se resuelva antes de llegar a un juicio formal, según establecen documentos judiciales a los que este medio tuvo acceso.
En ese sentido, la audiencia preliminar quedó programada para el próximo 6 de abril a las 12:30 de la tarde.
La decisión del juez también incluye detener temporalmente el conteo del plazo legal que permite la celebración de un juicio rápido. Esto significa que los días entre el 6 de marzo y el 6 de abril no contarán para el cálculo de ese plazo.
Esto se debe a que, normalmente, el gobierno estadounidense dispone de 30 días desde el arresto para presentar cargos ante un gran jurado.
La decisión de posponer la audiencia preliminar fue tomada por el tribunal el 26 de febrero de 2026, un día después de que la defensa presentara la solicitud.
Los documentos judiciales explican varias razones por las que se concedió el aplazamiento en el caso penal federal contra Cordero. La primera de ellas es la contratación de una nueva abogada por parte del dominicano, quien pasa de ser representado por un defensor público federal a la abogada Mary Carpenito, que aún se encuentra en proceso de incorporarse formalmente al caso.
Otro de los motivos es que el gobierno entregará evidencia previa a la acusación formal, así como la intención de ambas partes de contar con más tiempo para prepararse.
Además, existe la posibilidad de resolver el caso antes de una acusación formal, lo que podría evitar un juicio, según se desprende de los documentos.
El pasado 12 de febrero, la embajadora estadounidense en República Dominicana, Leah Francis Campos, informó el cierre de la oficina de la DEA en el país «hasta nuevo aviso», mediante un comunicado difundido en redes sociales en el que calificó la corrupción como «una violación repugnante y deshonrosa de la confianza pública».
La acusación sostiene que Cordero, de 47 años, habría utilizado su posición en la DEA para tramitar al menos 119 solicitudes de visa bajo un esquema fraudulento, presentando a los solicitantes como supuestas «fuentes confidenciales» de la agencia antidrogas. A cambio, se habrían pagado hasta 10,000 dólares por cada trámite.
Santo Domingo, R.D.-La medida de coercion en contra varias ejecutivas del colegio Loenardo Da Vinci fue ratificada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo por la muerte de la estudiante haitiana Stephonrra Mircie Jopseph, de 11 años de edad, quien se ahogó durante una excursioon escolar.
El tribunal confirmó la decisión dictada en primera instancia, que establece como medida de coerción una garantía económica de 500 mil pesos mediante compañía aseguradora, presentación periódica ante las autoridades e impedimento de salida del país contra las cuatro imputadas.
Las imputadas en el caso son Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del centro educativo; Gisela Altagracia de las Mercedes González Estrella, coordinadora general y asesora del equipo directivo; Francisca Josefina Tavares Vélez, orientadora, y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario. Acudieron a la audiencia, y gozan de libertad, ya que cumplen medida poco gravosa.
A la salida de la audiencia, el abogado de la familia de la niña, Miguel Valdez Mar Díaz, cuestionó que en el proceso no se haya incluido a otros posibles responsables vinculados al centro educativo y al lugar donde ocurrió la tragedia.
El jurista indicó que durante la audiencia se discutió que las personas señaladas no serían las únicas responsables del descuido que provocó la muerte de la menor.
Valdez Mar Díaz también criticó el accionar del Ministerio Público, al señalar que el proceso ha sido complejo para la familia y que, hasta el momento, la madre de la niña no ha recibido las pertenencias que la menor llevó el día de la excursión, pese a los requerimientos realizados.
Asimismo, informó que el tribunal fijó para el 26 de marzo una audiencia en la que se conocerá el proceso contra representantes del colegio y los propietarios de la Hacienda Los Caballos.
La mujer estuvo acompañada por varios familiares, quienes intentaban consolarla mientras reiteraba su llamado para que las autoridades establezcan responsabilidades en el caso.
De su lado, la abogada de parte de las imputadas, María del Pilar Zuleta, manifestó su satisfacción con la decisión adoptada por el tribunal.
“La corte conoció el caso, tomó su tiempo y decidió ratificar la medida. Entendemos que fue una decisión ajustada a derecho y que no existe ninguna presunción de culpa contra nuestras representadas”, expresó.
Indicó además que el Ministerio Público había solicitado un aumento de la garantía económica impuesta como medida de coerción, solicitud que finalmente no fue acogida por el tribunal.