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Wander Franco a juicio por cargos de abuso sexual y trata de personas en Dominicana
Santo Domingo, R.D.-El paracorto de los Rays de Tampa Bay, Wander Franco, va a juicio el jueves en República Dominicana por abuso sexual en perjuicio de una niña de 14 anos.
Ahora con 23 años, Franco tenía una temporada brillante en 2023 antes de que las autoridades dominicanas comenzaran a investigar las acusaciones de que había sostenido una relación con una menor y le había pagado miles de dólares a la madre de la joven para que diera su consentimiento.
Enseguida, lo que hay que saber sobre el juicio:
Franco ha sido acusado de abuso sexual a una menor, explotación sexual y comercial contra una menor y trata de personas. Después de una investigación que duró más de un año, el juez Pascual Valenzuela de la provincia norteña de Puerto Plata, República Dominicana, dictaminó en septiembre que las pruebas presentadas por los fiscales eran suficientes para llevar el caso a juicio.
Los documentos que los fiscales presentaron al juez en julio y que fueron vistos por The Associated Press alegan que Franco, a través de su madre Yudelka Aybar, transfirió 1 millón de pesos o 17.000 dólares a la mamá de la menor el 5 de enero de 2023, para consentir el abuso. La madre de la menor ha sido acusada de lavado de dinero y está bajo arresto domiciliario.
Los fiscales dicen que la madre de la menor pasó de ser empleada de un banco a llevar una vida ostentosa y adquirir activos con los fondos que recibió de Franco. Durante los allanamientos en la casa de la madre de la menor, los fiscales dicen que encontraron 68.500 y 35.000 dólares que, según alegan, fueron entregados por Franco.
El juicio se llevará a cabo el 12 de diciembre en un tribunal de Puerto Plata. El caso será escuchado por tres o cinco jueces. No hay juicios por jurado en República Dominicana. Los jueces escucharán los argumentos de ambas partes y las declaraciones de los testigos. Luego, analizarán las pruebas y emitirán un veredicto. El juicio podría tardar hasta ocho meses en concluir, con base en la duración promedio de los procesos en República Dominicana.
Si es condenado, Franco podría enfrentar hasta 20 años de prisión.
Franco ha estado bajo libertad supervisada, aunque se le había requerido hacer visitas mensuales de control al juez.
También fue arrestado y se le concedió otra liberación supervisada en noviembre por llevar ilegalmente un arma en su vehículo. El arresto siguió a una discusión en el estacionamiento de un complejo de apartamentos.
La jueza dominicana Viamerca Ruiz dijo que Franco debe reportarse al tribunal una vez al mes mientras se le investiga por llevar el arma de fuego que estaba registrada a nombre de su tío. Uno de los abogados de Franco dijo que, dado que el arma tiene licencia, «no hay nada ilegal en ello».
Una condena por posesión ilegal de un arma de fuego podría acarrear una sentencia de prisión de tres a cinco años.
No, pero continuó recibiendo paga durante casi un año después de que las autoridades dominicanas abrieron su investigación.
Franco, quien firmó un contrato de 182 millones de dólares y 11 años con los Rays en 2021, fue brevemente colocado en la lista de peloteros restringidos y quedó bajo licencia administrativa en agosto de 2023 cuando las autoridades dominicanas abrieron su investigación. Dado que la licencia administrativa no es una medida disciplinaria bajo la política conjunta del deporte sobre violencia doméstica, agresión sexual y abuso infantil, Franco obtuvo su remuneración durante ese tiempo.
Técnicamente, no hay licencia durante los recesos entre campañas. Franco fue nuevamente colocado bajo licencia administrativa al inicio de la temporada 2024 hasta que los fiscales presentaron los cargos actuales el 10 de julio.
En ese momento, la oficina de las Grandes Ligas colocó a Franco, quien tenía un salario de 2 millones de dólares en 2024, en su lista restringida, cortando el pago que había estado recibiendo bajo licencia administrativa.
Había estado obteniendo el 50% de su salario en licencia administrativa, dijo a la AP una persona familiarizada con su situación, quien habló bajo condición de anonimato porque ese detalle no había sido divulgado públicamente. Eso significaba que Franco había acumulado 559.140 dólares, o la mitad de su salario por 104 días de la temporada de 186 jornadas.
Es probable que la MLB espere hasta que concluya el juicio dominicano antes de decidir si habrá alguna medida disciplinaria.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
Santiago. -Este jueves el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción ante el Tribunal de Atención Permanente de Santiago contra los apresados en la Operación XL526, quienes alegadamente integran una presunta red dedicada a estafas, extorsiones y lavado de activos con víctimas en Estados Unidos de América.
El jurista Kilvio González, quien representa a Danny Rafael Laguar Ferreira, asegura que su defendido es un ingeniero civil dedicado a la construcción de viviendas en el distrito municipal de San Francisco de Jacagua, y no.parte de una estructura criminal.
El también abogado José Reynoso García asegura que se han cometido violaciones al debido proceso de los apresados.
Criticó que fueran trasladados a distintos centros de reclusión, incluyendo el Palacio de Justicia, el centro de la fortaleza Fernando Valerio y posteriormente Rafey, dificultando que pudieran verlos.
La Operación XL526 fue ejecutada el.pasado martes con operativos en Santiago y Puerto Plata, donde fueron arrestadas 20 personas señaladas de integrar una estructura criminal. En el.caso de Santiago, la estructura funcionaba desde Los Cocos de Jacagua y utilizaba amenazas, simulación de carteles de drogas y herramientas tecnológicas para extorsionar a víctimas en Estados Unidos.
Santiago, R.D.-El Ministerio Público ha realizado en los últimos tres años, el Ministerio Público cerca de 50 allanamientos vinculados a delitos cibernéticos en la provincia de Santiago, concentrando gran parte de sus operaciones en sectores como Los Cocos de Jacagua, Los Ciruelitos y el municipio de Villa González.
Del mismo modo, otros operativos se realizaron durante 2025 en sectores como Villa González, Jacagua, Camboya, entre otros. En estas ocasiones, los procedimientos correspondían al mismo tipo de delitos, mientras que otros estuvieron relacionados con el tráfico de sustancias ilícitas.
Durante un operativo realizado la madrugada de este martes, las autoridades arrestaron a 20 personas investigadas por presuntas violaciones a la Ley sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Esta red criminal desmantelada por el Ministerio Público supuestamente utilizaba amenazas y extorsiones para obtener dinero de sus víctimas en Estados Unidos. Además, ocultaban y movilizaban los fondos obtenidos ilícitamente a través de transferencias electrónicas.
La defensa de varios de los detenidos, quienes tienen entre 18 y 25 años, denunció presuntas irregularidades durante el proceso de arresto, al asegurar que tanto familiares como abogados han sido impedidos de comunicarse con los imputados desde el momento de los allanamientos.
“Desde el momento del allanamiento, a las 4:00 de la mañana, no han permitido el acceso a familiares ni abogados para ver a los detenidos”, afirmó.
El jurista sostuvo que, al intentar acceder a las instalaciones donde permanecen recluidos los arrestados, recibió negativas por parte de las autoridades responsables de la custodia.
Ante esta situación, los representantes legales de los imputados anunciaron la interposición de una acción constitucional de hábeas corpus, al considerar que se han vulnerado derechos fundamentales relacionados con la defensa técnica y el debido proceso.
“La forma en que se está ejecutando este arresto es arbitraria y vulnera el artículo 96 en lo relativo al contacto con el representado, la verificación de su estado y la posibilidad de brindarle asesoría legal”, concluyó.
Santo Domingo.- Yanibel Rivas, jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá este viernes si envía o no a juicio de fondo al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, a José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) y a los demás implicados del denominado caso Camaleón, acusados de adjudicar de manera fraudulenta un contrato millonario para la modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
La magistrada adoptará su decisión luego de ponderar la acusación presentada por el Ministerio Público, las pruebas aportadas por el órgano persecutor y los escritos de la defensa.
Además de Beras y Gómez, figuran como acusados Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant; Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; y Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant. También están encartados Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
De acuerdo con la acusación instrumentada por las autoridades, se determinó que mediante contratos y convenios irregulares se otorgó acceso privilegiado a diversas empresas privadas, las cuales habrían sido utilizadas para desviar fondos públicos y ejecutar operaciones de lavado de activos, vulnerando los principios de transparencia y seguridad nacional.
Según el expediente, el eje central del esquema es José Ángel Gómez Canaán, quien mantiene vínculos societarios, financieros y operativos con las principales compañías señaladas.
En la distribución de responsabilidades, Jochi Gómez es señalado como el principal beneficiario de los contratos fraudulentos y se le atribuye el control ilícito de los sistemas semafóricos, de videovigilancia y espionaje. Por su parte, Hugo Beras habría facilitado adjudicaciones a empresas sin capacidad técnica comprobada, participando en la manipulación del sistema.
Otros exfuncionarios jugaron roles clave: Frank Díaz Warden es acusado de manipular licitaciones; Samuel Baquero Sepúlveda habría facilitado el control técnico de la red y falsificado certificaciones; y Juan Francisco Álvarez Carbuccia es señalado por emitir certificaciones falsas de disponibilidad presupuestaria. Los demás implicados habrían operado como testaferros, intermediarios financieros en el lavado de activos y ejecutores del sabotaje a los semáforos.
El entramado societario involucra a varias personas jurídicas. La acusación establece que Transcore Latam S.R.L. fue utilizada para ejecutar los contratos fraudulentos y controlar la red semafórica. Paralelamente, PagoRD Xchange S.R.L. habría servido para la apropiación de ingresos públicos y la adquisición de bienes de lujo, mientras que Industria Soltex Dominicana S.R.L. se vincula directamente al contrabando y lavado de dinero.
El órgano persecutor detalla además que Dekolor S.R.L. sirvió para encubrir y manipular licencias, y Aurix S.A.S. habría sido destinada al espionaje. Finalmente, Inprosol S.R.L. funcionó presuntamente como vehículo financiero y OML Inversiones S.R.L. fue utilizada para adquirir bienes inmuebles con fondos ilícitos.
Debido a la magnitud del caso, los acusados enfrentan un extenso y severo catálogo de cargos que incluyen coalición de funcionarios, asociación de malhechores, lavado de activos, desfalco y estafa contra el Estado.
Sumado a esto, se les imputan delitos contra la seguridad nacional como sabotaje, robo de identidad, crímenes y delitos contra la nación, delitos de alta tecnología y actos de terrorismo, según lo contemplado en la legislación dominicana.