Santo Domingo, R.D.-Bajo el lema «¡Que la dignidad comience por casa!», jueces, juezas y servidores judiciales del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva denunciaron precariedades extremas, falta de personal, salarios desactualizados frente al costo de la vida y el gasto millonario de la institución en «cuestiones superfluas» como un árbol navideño de 11 millones de pesos.

A través del documento titulado «Manifiesto por la Dignidad de la Justicia«, leído por la jueza Suinda Brito, el colectivo declaró su profunda preocupación y el agotamiento acumulado ante las precarias condiciones materiales, humanas, salariales e institucionales en las que desempeñan sus delicadas funciones.

El documento enfatiza que la administración de justicia no puede sostenerse de forma exclusiva sobre la base de la vocación y el sacrificio personal de quienes operan el sistema.

Falta crítica de personal y de jueces

Sostienen que esto provoca que un solo servidor o magistrado termine asumiendo la carga laboral de dos, tres o hasta cuatro personas.

Los sueldos percibidos están completamente desactualizados frente al constante aumento del costo de la vida y no guardan coherencia con la alta responsabilidad de sus cargos.

Aducen que una fuga constante de personal administrativo debido al desgaste laboral crónico.

Abandono severo de las plantas físicas de múltiples tribunales a nivel nacional y desprotección en los palacios de justicia.

Uno de los puntos más álgidos y contundentes del manifiesto radica en la abierta denuncia a la disparidad económica existente dentro del Poder Judicial.

Los manifestantes contrastaron la realidad de los tribunales frente a las esferas de dirección interna, detallando que ciertos secretarios o empleados administrativos de la cúpula devengan salarios que superan con creces los de cualquier juez o jueza titular.

Asimismo, criticaron con severidad que mientras los juzgados operan con carencias básicas, las altas direcciones cuentan con presupuestos millonarios destinados a gastos de viajes, hospedajes, restaurantes, publicidad, eventos e influencers.

Como ejemplo de este desvío de prioridades, revelaron la indignante inversión de cerca de 11 millones de pesos en la instalación de un árbol navideño institucional, catalogado por los servidores como una ofensa frente a las urgencias operativas del sistema.

Rechazo propuestas del Consejo

Los magistrados aclararon que esta protesta surge tras años de haber agotado todos los canales institucionales formales, solicitudes y llamados al diálogo por parte de las asociaciones judiciales, los cuales fueron históricamente recibidos con «silencio, indiferencia, irrespeto y desdén institucional».

De igual forma, expresaron su enérgico rechazo a las respuestas que el Consejo del Poder Judicial (CPJ) emitió el pasado 19 de mayo, calificándolas de «imprecisas, condicionadas e ineficaces».

Detallaron que la propuesta de indexación salarial quedó sujeta de forma incierta a la aprobación de un presupuesto complementario por parte del Ministerio de Hacienda, sin plazos ni parámetros claros de ejecución.

Las medidas de movilidad judicial se redujeron a una indefinida «hoja de ruta» sujeta a futuros procesos participativos, careciendo de acciones específicas inmediatas.

Se omitieron temas trascendentales como la eliminación de la ilegal suplencia horizontal, la desigualdad generada por el actual manual de salarios y la movilidad de la carrera administrativa.

El manifiesto concluye con una advertencia contundente por parte del cuerpo judicial, afirmando que este movimiento es solo el inicio de una lucha firme y que no se dejarán amedrentar ni desmayarán hasta recibir soluciones ejecutables y hechos concretos.

«Porque no puede haber justicia verdadera donde quienes la sirven son tratados con indiferencia. No puede haber Estado de Derecho donde el derecho se aplica a todos menos a quienes lo custodian. No puede haber dignidad para el ciudadano si el juez que lo escucha, el alguacil que notifica, el secretario que certifica y el conserje que abre las puertas del tribunal cada mañana, no tienen dignidad propia», sentencia el enérgico cierre del documento.

Previo, a la lectura del manifiesto se entorno el himno nacional y el himno del Poder Judicial.

Santo Domingo, R.D.-Agentes de diversas agencias de seguridad requisaron una narcolancha en las costas de Santo Domingo y decomisaron 978 paquetes de supuesta cocaína. 

El monitoreo resultó en la intercepción del bote, próximo al sur de las costas de Santo Domingo que ocupaba en su interior 33 pacas en las que se encontraba la presunta sustancia ilícita, empacada con cinta adhesiva y diversos logotipos.

En el operativo participaron agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la Armada de República Dominicana (ARD), la Fuerza Aérea (FARD), respaldados por la Fuerza de Tarea Interagencial Sur (JIATFS), la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y la Armada Francesa con su Buque tipo Fragata, FS Germinal.

El arresto de los individuos y la detención de la narcolancha es el resultado del fortalecimiento en la capacidad operativa de las instituciones en contra del crimen organizado. De acuerdo con la DNCD, las Fuerzas Armadas, la Procuraduría, agencias de Inteligencia del Estado y cooperación internacional, el modo en el que operan es a través de ingresar al país con grandes cantidades de narcóticos en lanchas que proceden de Sudamérica.

El MP y la DNCD están ampliando las investigaciones para determinar la participación de otras personas involucradas en el sistema criminal, para arrestarlos y ponerlos a disposición de la justicia.

SANTO DOMINGO.– Como resultado de  un caso de soborno en el Aeropuerto Internacional de las Americas (AILA) el Ministerio Público solicitó prisión preventiva como medida de coerción contra un inspector de la Dirección General de Migración (DGM) acusado de exigir dinero a un pasajero extranjero.

El imputado, Albert Isaac Pérez Ferreras, fue arrestado en flagrante delito el pasado 17 de mayo, tras ser señalado por solicitar el pago de 200 dólares a un ciudadano español y a su acompañante, bajo el alegato de que ambos debían cubrir una supuesta penalidad por exceder el tiempo permitido de permanencia en el país.

Según la acusación, el inspector indicó que los pasajeros permanecerían tres meses en territorio dominicano, superando el plazo autorizado, por lo que debían realizar el pago correspondiente. Sin embargo, las víctimas afirmaron que habían ingresado previamente al país sin inconvenientes ni cobros similares.

El hecho quedó registrado en las cámaras del sistema de circuito cerrado del aeropuerto (CCTV), donde se observa la interacción entre el inspector y los pasajeros, así como la entrega del dinero.

La solicitud de coerción fue presentada por la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), junto a los fiscales Yoneivy González, Ernesto Guzmán Alberto y Elizabeth Paredes Ramírez, ante la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción de Santo Domingo Este.

Las autoridades señalaron que la acusación está sustentada en pruebas documentales, testimoniales, audiovisuales y materiales, entre ellas los videos entregados por Migración en formato digital.

El Ministerio Público informó además que las investigaciones del caso continúan en desarrollo.