Opinión
¿Y de Caamaño qué?
Por Hamlet Hermann
Danilo habló de no mirar hacia atrás sino siempre hacia adelante
El presidente Danilo Medina decretó para 2013 la conmemoración de varios “aniversarios redondos”. Ha puesto énfasis en los 200 años del nacimiento de Juan Pablo Duarte, padre de la patria dominicana. Asimismo, recordarán los 150 años del inicio de la guerra por la restauración de la República, los 50 años del efímero gobierno de Juan Bosch y el consecuente golpe de Estado que lo derrocó. También tendrán en cuenta el asesinato por tropas de la Fuerza Aérea Dominicana de Manolo Tavares Justo y decenas de sus compañeros del “14 Junio” en las escarpadas montañas de Quisqueya.
Por el lado de la sociedad civil, un historiador sugirió, además, que se recuerden la Corte de Cádiz que eliminó la criminal Inquisición, los nacimientos de Giuseppe Verdi y Aimée Cesaire, así como un arresto contra Gandhi en la India. No podía quedarse fuera el medio siglo de la filantrópica Asociación Dominicana de Rehabilitación.
Y entonces pregunto: ¿olvidaron que en febrero de 2013 se cumplen 40 años del asesinato del coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó y la mayoría de sus compañeros guerrilleros? Éstos que colocan a Caamaño fuera de sus respectivas memorias ¿son olvidadizos u olvidadores? Danilo habló de no mirar hacia atrás sino siempre hacia adelante. Pero todo parece indicar que cuando se decide a hurgar en el pasado, sólo atina a ver lo que le conviene. Siempre será un mal síntoma político cuando un gobernante intenta basar su poder en el olvido colectivo, como diría Mario Benedetti.
No obstante, se justifica que el presidente Medina y algunos historiadores no quieran recordar al Caamaño revolucionario y patriótico. Imagínense al gobierno peledeísta conmemorando el 16 de febrero o el 28 de abril, fechas históricas en las que Caamaño fue la figura principal. ¿Asistiría a esos actos el embajador de Estados Unidos, Raúl Izaguirre? Allí tendría que rendir homenaje al hombre que encabezó la defensa de la soberanía nacional en lucha resuelta contra las tropas de Estados Unidos que invadieron nuestro país por tercera vez en el siglo XX. ¿Rendiría homenaje a ese patriota que, aunque no venció, tampoco pudo ser vencido? No, no creo que el gobierno propicie un acto en el que el poder imperial pudiera pasar una vergüenza.
Dudo que Danilo se atreva a ordenar a las Fuerzas Armadas que rindan honores a ese Coronel que los altos mandos de entonces asesinaron luego de ser capturado con heridas leves. El Almirante de 2013 le resultaría incómodo justificar que el Almirante de 1973 cumpliera entonces con la criminal misión encomendada. Dudo que se atreviera a admitir que quien realmente debía representar a los cuerpos armados es Caamaño, defensor de la democracia y la constitucionalidad, y no la pandilla de “los 12 años”.
El gobierno quizás no podría manejar con tranquilidad que el actual canciller balaguerista rindiera honores a Caamaño a sabiendas que su líder, Joaquín Balaguer, inusualmente levantó la voz para decir aquel 16 de febrero de 1973: “Aquí no hay cárcel para ese hombre.” lo cual significaba fusilamiento inmediato.
Otra situación embarazosa para el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana podría surgir si hubiera conmemoraciones oficiales por el asesinato de Caamaño. De seguro surgirían comentarios desagradables en torno a la actuación de entonces de Juan Bosch. Podrían volver a abrirse los archivos periodísticos de 1973, época en que las actuaciones de algunos políticos dejaron mucho que desear, mientras un pequeño grupo de valientes se enfrentaba a toda la maquinaria balaguerista formada para el crimen y el abuso.
A pesar de todo esto, al gobierno de Danilo Medina no le luce asumir el rol de amnésico. El olvidador no olvida porque sí, sino por algo que puede ser culpa o disculpa, pretexto o mala conciencia, pero siempre será evasión, huida y escape de la responsabilidad. De lo que sí debe estar consciente el presidente Medina es que el pasado glorioso no puede ser encerrado como si se tratara de desechos nucleares. La verdad es como el agua subterránea que puede circular sin ser notada por mucho tiempo, y que, al encontrar una pequeña grieta, surge con toda fuerza para saciar la sed de sinceridad que ahora sufre nuestro pueblo.
¡Habrá patria!
Artículo publicado originalmente en el periódico HOY.
Por Narciso Isa Conde
Santo Domingo.– Al aceptar la determinación de Trump y del Pentágono, de intervenir militarmente los aeropuertos de San Isidro y Las Américas, el espacio aéreo y aguas territoriales de nuestro país, para agredir militarmente a Venezuela y a otros países de la región, Luis Abinader ha cometido el delito de traición a la patria dominicana y la peligrosa afrenta de sumarse al plan de guerra e intervención de EE.UU. en esta región.
¿Qué implica la intervención militar en bases dominicanas?
La base militar de San Isidro es la más grande del país, concentra el mayor poder de fuego (aviación, cuerpo de paracaidistas, infantería y blindados) y pasa a ser intervenida por el Comando Sur del Pentágono.
No se había visto una cosa parecida luego de la intervención militar de abril de 1965: en los últimos 60 años la intervención militar de EE.UU. se mantuvo camuflada como «asesorías», «visitas», «ejercicios» y «operaciones» puntuales; pero ahora la intervención se asume directa, invasiva, indefinida y con tropas especializadas.
La Constitución vigente -a pesar de lo conservador, autoritario y neoliberal de su contenido- obliga a Abinader a rechazar cualquier agresión a nuestra soberanía y cualquier intervención en los asuntos internos de otros países.
¿Cuál es el contexto político y regional de esta acción?
En verdad, no se trató de un «acuerdo», sino de una orden de Trump y el Pentágono, fielmente cumplida por Abinader, en medio de un despliegue naval en el Caribe y áreas del Pacífico; apuntando contra Venezuela y Cuba, en primer lugar y sucesivamente.
Pero también contra los gobiernos de México y Colombia (Colombia ya invadida por 10 bases militares), sin descartar Nicaragua, ni a otros países que no se le dobleguen a un imperio furioso por su decadencia, empecinado en saquear petróleo, gas, minerales estratégicos, biodiversidad y fuentes de agua en Nuestra América.
El cartel mayor del Hemisferio Occidental es Wall Street y el mercado más grande es el Norte Revuelto y Brutal, mientras aquí abundan las narco-complicidades en altas instancias del Estado.
Este es un narco-estado y si no lo creen, examinen los largos años de impunidad de altos funcionarios civiles, militares y empresarios protectores de los capos Quirino, Figueroa Agosto, Toño Leña, Cesar El Abusador, Arturo del Tiempo, Nelson Solano, Miguel Gutiérrez, Miki López, Yamil Abreu y los capos del Cartel del Cibao, que primero financió al PLD y luego al PRM.
Examinen la narco-política del PRM y por qué las conexiones del narco con sus jefes políticos en funciones gubernamentales no se atacan ni se sancionan.
Por Isaías Ramos
Santiago nos golpeó con dos tragedias que el país no puede normalizar. Noelvin Jeremías Cabrera, de 14 años, murió tras un conflicto vinculado al entorno escolar luego de salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo; otro adolescente guarda prisión preventiva mientras se conoce el proceso.
Días después, Stephora Anne‑Mircie Joseph, de 11 años, falleció por ahogamiento durante una excursión escolar del Colegio Leonardo Da Vinci. Según informó el Ministerio Público, el caso se investiga como homicidio involuntario y se detuvo a cuatro personas, alegando presuntas fallas graves de supervisión y seguridad.
Estos episodios no son accidentes desconectados. Son síntomas de un deterioro profundo: en demasiados entornos escolares se ha debilitado la fuerza formativa, la autoridad moral y la coherencia institucional. Durante casi treinta años, la formación moral y cívica ha sido relegada y, al mismo tiempo, la disciplina ha sido malinterpretada como autoritarismo, dejando un vacío que hoy se expresa en conductas violentas, negligencia, irrespeto y una cultura escolar sin límites claros.
El Gobierno reaccionó anunciando una mesa interinstitucional “permanente” entre el Ministerio de Educación y la Procuraduría, enfocada en prevención, monitoreo y protocolos de actuación. Es un paso necesario. Pero debemos ser honestos: la República Dominicana está cansada de anuncios que no pasan de la rueda de prensa. La ciudadanía exige resultados medibles, responsables identificables y continuidad real. Lo que no se supervisa se pierde; lo que no se mide se diluye.
El problema de fondo excede cualquier mesa técnica. La Constitución es clara: el artículo 63, numeral 13, ordena como obligatoria en todas las escuelas —públicas y privadas— la formación social, cívica y ética, la enseñanza de la Constitución, los derechos fundamentales y la convivencia pacífica. La Ley 66‑97 insiste en principios como el respeto a la vida, la democracia, la solidaridad, la verdad y los valores que sostienen la dignidad humana. Sin embargo, entre la teoría legal y la práctica cotidiana hay un abismo que seguimos pagando con vidas jóvenes.
Hay, sin embargo, una señal alentadora: la Ordenanza 02‑2025 del Ministerio de Educación, que establece la implantación formal de la asignatura Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana en todos los niveles a partir del año escolar 2025‑2026. Es un avance importante, pero no será suficiente si no se acompaña de tres elementos indispensables: formación docente rigurosa, coherencia institucional y supervisión real. Una asignatura sin cultura institucional es como sembrar sin preparar la tierra.
En el Frente Cívico y Social entendemos que volver a educar el carácter implica recuperar la disciplina como virtud cívica, no como castigo. Disciplina significa dar estructura, sostener límites razonables y construir hábitos que fortalezcan la voluntad. Significa ser coherente —los adultos primero—, persistente —todos los días— y consistente —consecuencias claras, justas y previsibles—. La disciplina bien aplicada protege al alumno, dignifica la convivencia y devuelve a la escuela su papel como taller de ciudadanía.
Esta visión ha sido afirmada desde perspectivas distintas pero convergentes. Elena G. de White advirtió que la verdadera educación desarrolla la facultad de pensar y hacer, evitando que los jóvenes sean “simples reflectores del pensamiento de otros”. Y Camila Henríquez Ureña alertó contra reducir la educación a instrucción técnica, recordándonos que formar el ser es más decisivo que enseñar destrezas.
Hoy, en plena era de la inteligencia artificial, esta verdad es más urgente: la información se obtiene en segundos; el carácter se forma con esfuerzo cotidiano y con entornos que sostengan lo correcto cuando haya presión.
En medio de tanta preocupación, pude ver una señal de esperanza. Recientemente compartí con el personal docente y administrativo del Colegio Adventista Salvador Álvarez de Jababa, Moca: la escuela donde estudié de niño, fundada en 1925 y portadora de cien años de legado educativo y cristiano. Allí, en una actividad anual organizada por la familia Álvarez‑Piantini‑Schliemann, reafirmamos un compromiso: trabajar juntos para que este colegio rural se convierta en un referente nacional de educación integral y disciplina con propósito. En tiempos de crisis, los ejemplos valen más que los discursos.
Si queremos honrar a Noelvin y a Stephora, debemos transformar el duelo en acción verificable. Necesitamos un protocolo nacional obligatorio para excursiones escolares y actividades de riesgo, con auditoría anual y sanciones claras cuando se incumpla. Necesitamos indicadores públicos de convivencia —con estricta protección de identidad— y, más importante aún, que se publiquen de forma trimestral por distrito educativo: incidentes reportados, tiempos de respuesta, medidas aplicadas y avances en prevención. Y necesitamos la ejecución seria, no decorativa, de la formación moral y cívica, con acompañamiento docente, supervisión independiente y continuidad sostenida.
Porque una sociedad que educa el carácter reduce la violencia. Y una que renuncia a esa tarea termina llorando a sus hijos.
Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Otro de los derechos accesorios al derecho a la participación es el derecho a la notificación. Una vez que las víctimas sean reconocidas como tales frente a la Corte Penal Internacional, en una situación o en un caso, directamente o a través de sus representantes legales, las víctimas tienen derecho a ser notificadas e informadas de los avances del procedimiento, de las decisiones de la Sala correspondiente, de las fechas de las audiencias, de la interposición de recursos por las partes , entre otras diligencias.
Tanto la publicidad de los procedimientos como la notificación a las víctimas son claves para garantizar que esta pueda ejercer su derecho a la participación.
Esta importancia es reconocida por algunas disposiciones que hacen expresa la necesidad de que las víctimas tengan conocimiento del estado de los procedimientos; por ejemplo la norma 87 establece la obligación explícita del Fiscal de notificar a las víctimas de acuerdo a la regla 50(1) y la regla 92(2). Igualmente, derivado del artículo 15 del Estatuto de Roma, la Secretaría podrá asistir en esta notificación si así es requerida por la Fiscalía.
Igualmente, existe la obligación de notificar y dar adecuada publicidad de las actuaciones por medios generales de acuerdo a las reglas 92(8) y 96(1).
Esta función se encuentra regulada en el Reglamento de la Secretaría de la Corte Penal Internacional en donde se reconoce la importancia de que esta información sea accesible a las víctimas para facilitar el ejercicio de sus derechos.
Finalmente es importante mencionar que los jueces al ser los garantes del debido proceso y el ejercicio de las víctimas, tienen la facultad de rechazar una solicitud de participación si consideran que en ella no se ha acreditado la calidad de víctima frente a la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, las víctimas podrán presentar otra solicitud en una etapa ulterior de acuerdo a la regla 89(2).Finalmente las víctimas si así lo desean, podrán retirar su solicitud de participación en cualquier momento si así conviniere a sus intereses.