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Opinión

¿Y qué dicen el PLD y su gobierno?

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Por Juan Bolívar Díaz

Por fortuna para esta nación agobiada, ya casi todos los sectores sociales han reaccionado vigorosamente ante la traumática interrupción de las elecciones municipales, siendo relevante  esta semana el comunicado de casi un centenar de entidades empresariales, encabezadas por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP),  y el de la Fundación Institucionalidad y Justicia al día siguiente condenando enérgicamente la interrupción de la votación y apoyando la investigación por organismos internacionales para determinar causas y responsabilidades.

Hace una semana nos quejábamos en este espacio de que se pretendía ignorar la profundidad  de la crisis al conjuro del “to e to y na e na”. Pero la multiplicación de las protestas de los jóvenes, los infinitos toques de cacerolas y de bocinas hasta en las urbanizaciones de clases medias altas  y la convocatoria de una marcha conjunta por 13 partidos opositores, que resultaría masiva, con sus respectivas demandas, terminaron por generalizar la convicción de que el país está sumido en una grave crisis política e institucional, signada por una desconfianza absoluta. Y se dieron pasos como solicitar la asistencia de la OEA y suspender el último sainete investigativo del Ministerio Público

Las movilizaciones en la Plaza de la Bandera, y en múltiples ciudades, incluyendo a muchas de los países donde encontraron refugio dos millones de emigrantes dominicanos, han logrado sacudirnos. Gran parte de los que protestan fueron participantes del movimiento Marcha Verde, y expresan la fatiga que han generado la enorme corrupción y la impunidad.

Por lo menos las protestas de ahora, no sólo de los jóvenes, son la  reactivación de las multitudinarias marchas verdes  frente a las cuales  las autoridades cuestionadas se sentaron a esperar el cansancio, sin dar respuesta. Ahora en una coyuntura electoral, están contra la pared y obligadas a responder para evitar que la indignación se convierta en ira explosiva.

Ese temor, y lo han expresado, está en la determinación con que el sector empresarial ha salido a reclamar contención del deterioro institucional que se configuró en los últimos dos años al conjuro de la eterna llama continuista que ha carbonizado la adolescente democracia dominicana. Entienden necesario un pacto político nacional. 

Ese deterioro ha sido sistemáticamente recogido en artículos y análisis de estos años, y motivó aquellas Iniciativas Democráticas (IDEM) propugnadas por muy diversas entidades y la anterior directiva del CONEP, para prevenir que el proceso continuista no sumiera la nación en una crisis como la que ahora afronta. Lamentablemente el gobierno tuvo éxito en debilitar aquel esfuerzo. Y aquí estamos unas vez más jugando con fuego, necesitando el auxilio internacional para mantener la estabilidad política, económica y social.

Un gran consenso nacional, que en enero incluyó a la Conferencia del Episcopado Dominicano, ha coincidido en reclamar transparencia democrática y decencia política. Participación Ciudadana y la FINJUS, al igual que las muy diversas organizaciones y personalidades religiosas, políticas y sociales, firmantes del Manifiesto por Elecciones Transparentes, han sido específicas en señalar las garantías necesarias para el ejercicio de la voluntad popular. Al igual que los periódicos y los comentaristas y analistas responsables que no se doblan ante el casi omnipotente y omnipresente poder gubernamental, reclaman juego democrático limpio, sin la irrupción del gobierno y cumplimiento de las normativas constitucionales de libertad, equidad, transparencia y objetividad.

Y después que 13 partidos opositores integrantes de dos coaliciones electorales   presentaran un pliego conjunto de reclamos de garantías, con las que coincide la tercera opción presidencial alternativa, demandando el pacto político social, es lógico esperar una respuesta del partido gobernante y de su gobierno, si es que no son sordos.

Ha habido tiempo para que el Partido de la Liberación Dominicana responda al clamor nacional. Mientras el presidente Danilo Medina tendrá hoy mismo la mejor oportunidad para romper su silencio, cuando acuda ante el Congreso Nacional a presentar las memorias gubernamentales del 2019. Como será su octava y última comparecencia, de acuerdo al mandato constitucional,  deberíamos esperar que predomine el estadista, el jefe del Estado, el presidente de la nación, en vez del jefe de una facción partidista en que devino Danilo Medina en su segundo período de gobierno. Debe saber que predomina una absoluta desconfianza, por lo que tendrá que hacer un serio esfuerzo para convencer.-    

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Opinión

¿De qué nos avergonzamos realmente?

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Por Isaías Ramos

En el evento reciente denominado La Semanal, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, manifestó que sentía vergüenza debido a la falta de un estadio modelo que pueda acoger eventos de Grandes Ligas en nuestro país. Estas declaraciones resaltan un malestar superficial que contrasta dramáticamente con las verdaderas vergüenzas que afligen a nuestra nación.

La propuesta de solucionar esta carencia a través de «Alianzas Público-Privadas», conocidas por socializar las pérdidas y privatizar las ganancias, es indicativa de una problemática mucho más profunda y sistemática.

Esta situación nos invita a reflexionar y cuestionar: ¿No es acaso más vergonzoso que nuestros gobernantes adopten políticas neoliberales que contravienen el espíritu de la Constitución que juran proteger? ¿No deberíamos sentir una indignación más profunda cuando el régimen promueve un consumismo insostenible y un modelo económico que favorece la extracción sobre la producción genuina, despreciando así la creación de riqueza sostenible y la productividad?

Observamos con dolor cómo la palabra “político” se ha convertido en sinónimo de corrupto en el imaginario colectivo. Es desgarrador ver cómo nuestros líderes permiten que el futuro de la nación se vea comprometido por una deuda que supera los 70 mil millones de dólares en las últimas dos décadas, mientras nuestros recursos naturales son saqueados impunemente, dejando a la población solo con daños ambientales y problemas de salud irreparables.

Nuestro sistema educativo se encuentra entre los más ineficientes del mundo, deteriorándose ante nuestros ojos, y la seguridad en nuestras calles ha llegado a tal punto que la población vive prácticamente encerrada en sus propios hogares.

La implementación de leyes de «alianzas público-privadas» se ha convertido en un mecanismo legalizado para el saqueo de fondos públicos, exacerbando la corrupción ya rampante y desviando recursos que podrían mejorar la vida de todos.

¿Cómo no sentir un profundo malestar al saber que la deuda pública se ha incrementado en más de 27 mil millones de dólares en los últimos cuatro años sin mostrar ningún impacto social significativo de las inversiones realizadas?

¿No es vergonzoso que las políticas públicas hayan abandonado por completo el sector agropecuario desde 1996, permitiendo que nuestros campos sean invadidos por extranjeros siendo el desprecio más evidente para este sector bajo la actual administración del «cambio»?

Es hora de que como sociedad dominicana enfrentemos estas verdades incómodas. No podemos continuar tolerando la corrupción, el abandono de nuestra educación y salud, y la desatención hacia el bienestar general.

Desde el Frente Cívico y Social, hacemos un llamado a cada ciudadano a exigir cuentas, a reclamar transparencia y a trabajar juntos para reconstruir un país donde la dignidad, la justicia y el progreso real sean los pilares de nuestra comunidad.

¡Es tiempo de dejar atrás la vergüenza que nos paraliza y abrazar la valentía necesaria para cambiar nuestro destino colectivo! ¡Actuemos con determinación por un futuro mejor para todos!

Este es un momento crucial en nuestra historia. Debemos elegir si continuaremos permitiendo que estas prácticas vergonzosas definan nuestro país o si, en cambio, nos levantaremos para demandar y efectuar un cambio genuino y duradero que refleje el verdadero espíritu y potencial de la República Dominicana.

¡Despierta, RD!

 

 

 

 

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Opinión

Los Tribunales Militares y la Corte Penal Internacional

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Por Rommel Santos Diaz

Los tribunales militares, tal como los tribunales ordinarios, podrán procesar a los autores de un delito de la CPI. El Estatuto de Roma no hace ninguna distinción entre estos dos tipos de sistemas  y los Estados Partes pueden escoger libremente cuál tribunal nacional será competente para procesar un delito  de la CPI.

Un Estado Parte podrá decidir que los procedimientos relacionados  con el Estatuto de Roma  serán competencia de los tribunales ordinarios, de los tribunales militares, o de ambos, dependiendo de la organización general  de su sistema  judicial.

Sin embargo, los tribunales militares normalmente tienen  una competencia restringida. Solo pueden enjuiciar al personal  militar, y no tienen competencia  sobre los civiles.

Los crímenes de la competencia de la CPI , sin embargo, podrán  cometerse en tiempo de paz,  tanto por miembros de las fuerzas armadas , así como  civiles. Por ejemplo, la fuerza policial o grupos armados paramilitares pueden cometer crímenes de lesa humanidad, como un civil que participe reclutando niños o  niñas,  y que por ende cometa un crimen de guerra.

Los Estados Partes que deseen enjuiciar a los autores de un delito  de la Corte Penal Internacional  deberan, la mayor parte del tiempo , utilizar sus jurisdicciones  ordinarias, salvo que los tribunales militares cuenten con una amplia competencia  que cubra los crímenes cometidos en tiempo de paz y aquellos cometidos por civiles.

En muchos países, los procedimientos ante los tribunales militares son distintos a aquellos  ante un tribunal ordinario.

Los procedimientos son a veces  más expeditos ante un tribunal militar, y en algunas jurisdicciones el debido proceso puede que no se garantice al mismo nivel  que en los procedimientos penales comunes.

Sin embargo, la Corte Penal Internacional no puede admitir  un caso que se esté persiguiendo en una jurisdicción nacional, en el que el procedimiento a nivel nacional  tenga como fin proteger  de su responsabilidad penal o se esté llevando a cabo de manera contraria a la intención de llevar a la persona  ante la justicia.

Cualquier procedimiento militar que se  lleve  cabo de buena fe normalmente no será asumido  posteriormente por la competencia de la Corte Penal Internacional, sólo porque el proceso fue expedito.

Los tribunales militares deberán determinar la responsabilidad penal de un individuo tal y como lo describe el Estatuto de Roma, tomando en consideración a manera de lo posible, las definiciones de los delitos, los medios de defensa, y los principios generales de derecho penal descritos en el Estatuto de Roma.

El Estatuto de Roma no establece explícitamente las obligaciones de los Estados Partes  relacionadas a la dirección de sus ejércitos.Sin embargo, uno de los propósitos del Estatuto es asegurar un mayor respeto de las leyes de los conflictos armados al mismo tiempo que muchos de los crímenes de la CPI están relacionados a la práctica militar.

Cada prohibición que resulte de las definiciones de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra deberá  ser aplicable a los miembros de las fuerzas armadas de los Estados Partes.

Adicionalmente, los principios generales del derecho penal, y las ofensas establecidas en el Estatuto de Roma deberán incorporarse en los códigos militares.

 Finalmente, como medidas preventivas, los Estados Partes deberían incluir en su manual militar y adaptar la capacitación e instrucción de sus tropas, a medida de lo necesario,  con el fin de respetar la prohibición de utilizar ciertas armas establecidas por el Estatuto de Roma. La misma medida debería tomarse en relación con las cuestiones relacionadas a las órdenes de superiores.

[email protected]

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Opinión

¡Ojo con el plan en las EDE!

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Nelson Encarnación

El proceso de capitalización de las empresas públicas fue una iniciativa que, sin ninguna duda, estaba justificado desde el punto de vista gerencial, pues se suponía que el Estado se quitaba de las espaldas una pesada carga de subsidios a unidades “productivas” cuya permanencia solo se justificaba en el interés de disponer dónde acoger una empleomanía inútil. En lo concerniente al sector eléctrico, de una gigantesca Corporación Dominicana de Electricidad (CDE) surgieron ocho empresas y tres entidades, es decir, once espacios para albergar una plantilla de personal casi siempre superior al que existía antes de la capitalización.

El proceso en su génesis fue bueno, si lo vemos desde la perspectiva del ahorro para el Estado, pero fue desvirtuado en lo esencial, al asignar a las distribuidoras el papel de balones en la cancha pública, que pasaron del Estado al sector privado, volvieron al Estado, y ahora posiblemente regresen a ser administradas por particulares.

Es lo que prima en la lógica empresarial del licenciado Celso Marranzini, y parece que esa lógica cuajará, pues también es del agrado de algunos funcionarios, entre ellos el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte. Poner gerentes privados en las distribuidoras no sería nada nuevo, pues en su origen dichas empresas estuvieron dirigidas por ejecutivos privados —para colmo extranjeros— que cobraban un dineral con resultados financieros muy cuestionables.

Pero ya muchos años antes se había incurrido en un experimento similar, cuando en los albores del gobierno del presidente Antonio Guzmán en 1978, fueron designados numerosos empresarios privados como administradores en unidades de la entonces todopoderosa Corporación de Empresas Estatales (Corde), heredera del patrimonio corporativo del dictador Rafael L. Trujillo que fue pasado al dominio público.

¿Qué resultado obtuvieron esos administradores privados como gerentes de las empresas de Corde? Un fracaso absoluto. De modo que, como experiencia, esa fue bastante negativa.

¿Y qué decir de los socios estratégicos del Estado en la capitalización de la parte comercial del negocio eléctrico? Otro fracaso, sin decir que en algunos casos fue más bien un atraco.

La pregunta obligada es: ¿incurriremos nuevamente en la experiencia negativa del presidente Guzmán, del negocio de capar perros con Unión Fenosa o el fiasco de los administradores sudamericanos, caros e ineficientes? Con los pies se camina, pero también se tropieza.

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