Opinión
¿Y si el mausoleo de Moca hubiese existido?
Por Isaías Ramos
¿Y si el mausoleo de Moca hubiese existido? ¿Y si esa tragedia —la masacre del 3 de abril de 1805— hubiese sido honrada con un monumento digno, permanente, pedagógico? ¿Habríamos tolerado con tanta pasividad la invasión silenciosa que nos consume hoy? ¿Habríamos permitido que gobernantes, durante casi tres décadas, renunciaran sin resistencia a nuestra soberanía?
No hablamos de un símbolo cualquiera. Hablamos de la sangre dominicana derramada sin justicia. De un crimen racial cometido por tropas haitianas bajo el mando de Jean-Jacques Dessalines y Henri Christophe. Cientos de dominicanos —niños, mujeres, ancianos y hombres— fueron degollados. Las mujeres y los niños fueron encerrados en la iglesia y asesinados allí mismo. Los hombres, ejecutados públicamente en la plaza. Así lo relató Gaspar Arredondo y Pichardo, testigo directo de aquella barbarie. Y aunque el Otsego Herald de Nueva York reportó ese mismo mes la entrada violenta de las tropas haitianas, el crimen quedó sin eco en la conciencia nacional.
¿Y qué hizo el pueblo dominicano? Nada. Dos siglos después, construimos con recursos de la nación una universidad para honrar a uno de nuestros propios verdugos: Henri Christophe. Ese acto no fue ignorancia. Fue complicidad histórica.
La historia no se borra. Se repite.
Y peor aún: cuando no se enfrentan con memoria, justicia y verdad, esos mismos errores vuelven a suceder, bajo nuevas formas, nuevos rostros o nuevas circunstancias.
Porque abril —en nuestra historia— es el mes donde la sangre dominicana ha sido derramada con mayor brutalidad… y con mayor dignidad.
Abril de 1805: Moca fue masacrada.
Abril de 1965: el pueblo se alzó en defensa de su Constitución, desarmado pero invencible. Y aunque no fue gracias al esfuerzo del Estado que esta gesta se mantiene viva, aún perdura por la memoria de sus protagonistas y el compromiso de sus descendientes, que han levantado monumentos, realizado actos y, en 2007, incluso intentamos llevar esa epopeya a películas, miniseries y documentales. Fui parte de ese esfuerzo, pero nunca recibimos apoyo financiero, ni siquiera a través de los incentivos de la Ley de Cine.
Abril de 2025: una estructura colapsada se convirtió en tumba para cientos de dominicanos, víctimas de un Estado corrompido y negligente.
Todos estos crímenes comparten algo más que la fecha: comparten la impunidad. Comparten el olvido institucional. Comparten la traición.
Hoy, mientras el tema de la “invasión” vuelve a ocupar los titulares, no podemos ignorar una verdad amarga: se está poniendo en el tapete con el objetivo de desviar la atención del caso Jet Set. No es la primera vez. La clase política ha recurrido al discurso migratorio cada vez que necesita ocultar escándalos, apagar el fuego de la indignación pública o distraer a una población que empieza a despertar. No existe verdadera voluntad de establecer el orden migratorio ni de aplicar la ley con dignidad: lo que hay es oportunismo, manipulación y cobardía.
Ambos crímenes —el de Moca y el del Jet Set— no pueden entenderse como hechos aislados. Están conectados por la impunidad, por el olvido, por una clase política sin alma y un pueblo que ha sido despojado de su memoria.
Por eso, desde el Frente Cívico y Social proponemos dos memoriales:
Uno en Moca, donde se enseñe a cada generación lo que ocurre cuando se odia al dominicano por su identidad, y se nos intenta borrar como pueblo.
Otro donde estuvo el Jet Set, para que cada piedra recuerde que la corrupción también mata, y que los privilegios de unos pocos se están pagando con la sangre de muchos.
Pero más allá del mármol o el bronce, lo que pedimos es un cambio profundo en la conciencia nacional. Porque la ausencia del mausoleo de Moca no fue solo una omisión: fue un acto de renuncia colectiva. Nos acostumbramos al silencio. A sobrevivir sin exigir justicia.
¿Si el mausoleo de Moca hubiese existido? Tal vez hoy tendríamos una ciudadanía más vigilante, una clase política menos impune, una nación más firme frente a la entrega de su soberanía.
Es hora de construir memoria donde hubo silencio, y dignidad donde hubo vergüenza.
¡Despierta, RD!
Por Narciso Isa Conde
Santo Domingo.– Al aceptar la determinación de Trump y del Pentágono, de intervenir militarmente los aeropuertos de San Isidro y Las Américas, el espacio aéreo y aguas territoriales de nuestro país, para agredir militarmente a Venezuela y a otros países de la región, Luis Abinader ha cometido el delito de traición a la patria dominicana y la peligrosa afrenta de sumarse al plan de guerra e intervención de EE.UU. en esta región.
¿Qué implica la intervención militar en bases dominicanas?
La base militar de San Isidro es la más grande del país, concentra el mayor poder de fuego (aviación, cuerpo de paracaidistas, infantería y blindados) y pasa a ser intervenida por el Comando Sur del Pentágono.
No se había visto una cosa parecida luego de la intervención militar de abril de 1965: en los últimos 60 años la intervención militar de EE.UU. se mantuvo camuflada como «asesorías», «visitas», «ejercicios» y «operaciones» puntuales; pero ahora la intervención se asume directa, invasiva, indefinida y con tropas especializadas.
La Constitución vigente -a pesar de lo conservador, autoritario y neoliberal de su contenido- obliga a Abinader a rechazar cualquier agresión a nuestra soberanía y cualquier intervención en los asuntos internos de otros países.
¿Cuál es el contexto político y regional de esta acción?
En verdad, no se trató de un «acuerdo», sino de una orden de Trump y el Pentágono, fielmente cumplida por Abinader, en medio de un despliegue naval en el Caribe y áreas del Pacífico; apuntando contra Venezuela y Cuba, en primer lugar y sucesivamente.
Pero también contra los gobiernos de México y Colombia (Colombia ya invadida por 10 bases militares), sin descartar Nicaragua, ni a otros países que no se le dobleguen a un imperio furioso por su decadencia, empecinado en saquear petróleo, gas, minerales estratégicos, biodiversidad y fuentes de agua en Nuestra América.
El cartel mayor del Hemisferio Occidental es Wall Street y el mercado más grande es el Norte Revuelto y Brutal, mientras aquí abundan las narco-complicidades en altas instancias del Estado.
Este es un narco-estado y si no lo creen, examinen los largos años de impunidad de altos funcionarios civiles, militares y empresarios protectores de los capos Quirino, Figueroa Agosto, Toño Leña, Cesar El Abusador, Arturo del Tiempo, Nelson Solano, Miguel Gutiérrez, Miki López, Yamil Abreu y los capos del Cartel del Cibao, que primero financió al PLD y luego al PRM.
Examinen la narco-política del PRM y por qué las conexiones del narco con sus jefes políticos en funciones gubernamentales no se atacan ni se sancionan.
Por Isaías Ramos
Santiago nos golpeó con dos tragedias que el país no puede normalizar. Noelvin Jeremías Cabrera, de 14 años, murió tras un conflicto vinculado al entorno escolar luego de salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo; otro adolescente guarda prisión preventiva mientras se conoce el proceso.
Días después, Stephora Anne‑Mircie Joseph, de 11 años, falleció por ahogamiento durante una excursión escolar del Colegio Leonardo Da Vinci. Según informó el Ministerio Público, el caso se investiga como homicidio involuntario y se detuvo a cuatro personas, alegando presuntas fallas graves de supervisión y seguridad.
Estos episodios no son accidentes desconectados. Son síntomas de un deterioro profundo: en demasiados entornos escolares se ha debilitado la fuerza formativa, la autoridad moral y la coherencia institucional. Durante casi treinta años, la formación moral y cívica ha sido relegada y, al mismo tiempo, la disciplina ha sido malinterpretada como autoritarismo, dejando un vacío que hoy se expresa en conductas violentas, negligencia, irrespeto y una cultura escolar sin límites claros.
El Gobierno reaccionó anunciando una mesa interinstitucional “permanente” entre el Ministerio de Educación y la Procuraduría, enfocada en prevención, monitoreo y protocolos de actuación. Es un paso necesario. Pero debemos ser honestos: la República Dominicana está cansada de anuncios que no pasan de la rueda de prensa. La ciudadanía exige resultados medibles, responsables identificables y continuidad real. Lo que no se supervisa se pierde; lo que no se mide se diluye.
El problema de fondo excede cualquier mesa técnica. La Constitución es clara: el artículo 63, numeral 13, ordena como obligatoria en todas las escuelas —públicas y privadas— la formación social, cívica y ética, la enseñanza de la Constitución, los derechos fundamentales y la convivencia pacífica. La Ley 66‑97 insiste en principios como el respeto a la vida, la democracia, la solidaridad, la verdad y los valores que sostienen la dignidad humana. Sin embargo, entre la teoría legal y la práctica cotidiana hay un abismo que seguimos pagando con vidas jóvenes.
Hay, sin embargo, una señal alentadora: la Ordenanza 02‑2025 del Ministerio de Educación, que establece la implantación formal de la asignatura Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana en todos los niveles a partir del año escolar 2025‑2026. Es un avance importante, pero no será suficiente si no se acompaña de tres elementos indispensables: formación docente rigurosa, coherencia institucional y supervisión real. Una asignatura sin cultura institucional es como sembrar sin preparar la tierra.
En el Frente Cívico y Social entendemos que volver a educar el carácter implica recuperar la disciplina como virtud cívica, no como castigo. Disciplina significa dar estructura, sostener límites razonables y construir hábitos que fortalezcan la voluntad. Significa ser coherente —los adultos primero—, persistente —todos los días— y consistente —consecuencias claras, justas y previsibles—. La disciplina bien aplicada protege al alumno, dignifica la convivencia y devuelve a la escuela su papel como taller de ciudadanía.
Esta visión ha sido afirmada desde perspectivas distintas pero convergentes. Elena G. de White advirtió que la verdadera educación desarrolla la facultad de pensar y hacer, evitando que los jóvenes sean “simples reflectores del pensamiento de otros”. Y Camila Henríquez Ureña alertó contra reducir la educación a instrucción técnica, recordándonos que formar el ser es más decisivo que enseñar destrezas.
Hoy, en plena era de la inteligencia artificial, esta verdad es más urgente: la información se obtiene en segundos; el carácter se forma con esfuerzo cotidiano y con entornos que sostengan lo correcto cuando haya presión.
En medio de tanta preocupación, pude ver una señal de esperanza. Recientemente compartí con el personal docente y administrativo del Colegio Adventista Salvador Álvarez de Jababa, Moca: la escuela donde estudié de niño, fundada en 1925 y portadora de cien años de legado educativo y cristiano. Allí, en una actividad anual organizada por la familia Álvarez‑Piantini‑Schliemann, reafirmamos un compromiso: trabajar juntos para que este colegio rural se convierta en un referente nacional de educación integral y disciplina con propósito. En tiempos de crisis, los ejemplos valen más que los discursos.
Si queremos honrar a Noelvin y a Stephora, debemos transformar el duelo en acción verificable. Necesitamos un protocolo nacional obligatorio para excursiones escolares y actividades de riesgo, con auditoría anual y sanciones claras cuando se incumpla. Necesitamos indicadores públicos de convivencia —con estricta protección de identidad— y, más importante aún, que se publiquen de forma trimestral por distrito educativo: incidentes reportados, tiempos de respuesta, medidas aplicadas y avances en prevención. Y necesitamos la ejecución seria, no decorativa, de la formación moral y cívica, con acompañamiento docente, supervisión independiente y continuidad sostenida.
Porque una sociedad que educa el carácter reduce la violencia. Y una que renuncia a esa tarea termina llorando a sus hijos.
Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Otro de los derechos accesorios al derecho a la participación es el derecho a la notificación. Una vez que las víctimas sean reconocidas como tales frente a la Corte Penal Internacional, en una situación o en un caso, directamente o a través de sus representantes legales, las víctimas tienen derecho a ser notificadas e informadas de los avances del procedimiento, de las decisiones de la Sala correspondiente, de las fechas de las audiencias, de la interposición de recursos por las partes , entre otras diligencias.
Tanto la publicidad de los procedimientos como la notificación a las víctimas son claves para garantizar que esta pueda ejercer su derecho a la participación.
Esta importancia es reconocida por algunas disposiciones que hacen expresa la necesidad de que las víctimas tengan conocimiento del estado de los procedimientos; por ejemplo la norma 87 establece la obligación explícita del Fiscal de notificar a las víctimas de acuerdo a la regla 50(1) y la regla 92(2). Igualmente, derivado del artículo 15 del Estatuto de Roma, la Secretaría podrá asistir en esta notificación si así es requerida por la Fiscalía.
Igualmente, existe la obligación de notificar y dar adecuada publicidad de las actuaciones por medios generales de acuerdo a las reglas 92(8) y 96(1).
Esta función se encuentra regulada en el Reglamento de la Secretaría de la Corte Penal Internacional en donde se reconoce la importancia de que esta información sea accesible a las víctimas para facilitar el ejercicio de sus derechos.
Finalmente es importante mencionar que los jueces al ser los garantes del debido proceso y el ejercicio de las víctimas, tienen la facultad de rechazar una solicitud de participación si consideran que en ella no se ha acreditado la calidad de víctima frente a la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, las víctimas podrán presentar otra solicitud en una etapa ulterior de acuerdo a la regla 89(2).Finalmente las víctimas si así lo desean, podrán retirar su solicitud de participación en cualquier momento si así conviniere a sus intereses.