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Editorial

Ya algunos grupos económicos privilegiados por Leonel se sienten “Desalentados”

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Ya se atisban algunas protestas asordinadas de gente afectada por medidas oficiales como la anulación de la concesión del puerto de Manzanillo a un grupo empresarial de Santiago en el que se halla metido desde hace décadas el rector universitario Agripino Núñez Collado.

En el diario La Información de este lunes hay una crónica mandada a hacer con esa protesta en la que se menciona el supuesto daño al desarrollo regional por devolver al Estado una propiedad que fue regalada por Leonel Fernández como si fuese suya y no del pueblo dominicano.

El actual gobierno dejó sin efecto este regalo otorgado  a  aliados  económicamente poderosos como   Félix García, Agripino Núñez Collado y Manuel Estrella, el trío sensación que ha logrado una serie de concesiones, exoneraciones y regalos y se ha servido con la cuchara grande hasta convertirse en un nuevo grupo institucional de alto alcance.

Ese mismo grupo intentó hacerse con una concesión de terrenos para explotarlos comercialmente en las proximidades de Los Haitises.

Su irrespeto por el medio ambiente es ya legendario pues impulsaron un aeropuerto internacional concebido  comercialmente en la comunidad de Licey al Medio, donde se hallan algunas de las mejores tierras del continente.

También están bailando, aunque calladamente, como si no hubiera mú$ica de por medio en el escándalo de las concesiones para reconstruir Puerto Príncipe.

En estas concesiones, como en muchas otras hay sobrevaluaciones escandalosas que resultan inherentes al zar de las edificaciones irregulares, escandalosas y multimillonarias atribuidas a Félix Bautista, el rey Midas de las papeletas, íntimamente protegido por Leonel Fernández hasta el grado de que se considera a uno y otro como casi la misma persona sino física, al menos legalmente.

Fernández también le regaló el antiguo aeropuerto Cibao, ubicado en las proximidades del barrio El Ejido al grupo que se mantiene unido como los tres reyes magos.

Es decir, si algo no faltó fue la corrupción en el gobierno pasado cuyo partido se halla en el poder a falta de una oposición más consistente, honrada, menos escandalosa y fragmentada.

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Editorial

Un Panorama que Proyecta que el País Camina Disparejo en la Buscada de la Institucionalidad.

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En la República Dominicana son muy pocos los que se avocan a interpretar la problemática nacional desde una perspectiva integral.

Los análisis al margen del fenómeno de la falta de institucionalidad, que impacta toda la vida social, económica y cultural  del país, es una de la causa de que en la nación no haya la certeza de cómo enfrentar el problema de las grandes deficiencias que nos afectan.

Si recurriéramos a un problema ancestral que se observa a leguas, como lo es el caos y desorden jerarquizados en el transito vehicular, observaremos que si el mismo se analiza desde una óptica individual, difícilmente se encuentre respuesta a un fenómeno que tiene implicaciones profundamente culturales y que constituye  una explicación de lo que es una nación con bajos niveles de institucionalidad como resultado de valores histórico-culturales.

La solución a esta problema sólo puede ser posible mediante la modificación de prácticamente todas las leyes sobre la materia, pero que al propio tiempo se creen mecanismos para que la ejecución de las sentencias que se deriven de las mismas no tengan ningún tipo de debilidad que generan su violación.

Un buen ejemplo de lo que decimos a este respecto fue la experiencia que tuvo el país cuando se creó la Policía Metropolitana de Transporte (AMET), la cual jugó un papel muy importante en el proceso de mejoramiento del tránsito, pero el hecho de que lamentablemente se trató de una solución no integral, la misma fue impactada negativamente por los demás órganos y entes del Estado que iban en una dirección diferente.

De manera, que lo mismo se debe decir en lo referente al Tribunal Constitucional y todas sus sentencias que buscan enderezar la vida nacional, ya que son muchas las decisiones de esta alta corte que plantean o disponen soluciones a problemas muy graves de la sociedad, pero que ellas no son ejecutadas y entonces es como si nada se produjera en este sentido.

En consecuencia, si en el país no hay una sintonía entre la obra que desarrolla el Tribunal Constitucional y las instituciones del poder público que deben ejecutar sus sentencias, entonces es muy poco lo que se puede lograr en materia institucional y de derechos humanos.

Se requiere que las demás instituciones, sobre todo públicas, vayan por el mismo sendero del Tribunal Constitucional para que el país pueda arribar a un estado de progresos y bienestar general como resultado de la seguridad jurídica que imperaría en la nación.

Por esta razón, si bien se debe reconocer y estimular la extraordinaria labor del Tribunal Constitucional, también se debe advertir que el camino será mucho más largo y tormentoso si no se implementan los instrumentos que obliguen a la ejecución de las sentencias que emite esta alta corte y para que al  pasar los años cuando se haga una evaluación, el país tendría todas las leyes que necesita y las decisiones que podrían en enderezar la nación, pero que las mismas serían letras muertas que no surten ningún efecto en los propósitos buscados.

Ahora lo que se impone es crear mecanismos de sancion eficiente en contra de los desacatos que se producen en las instituciones del pais, incluidos los tribunales que no acatan los mandatos del Tribunal Constitucional mediante los precedentes vinculantes y entonces podra hablarse de resultados diferentes.

Ahí no debe haber vueltas flojas

 

 

 

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Editorial

En sus Instancias Inferiores el Ministerio Público se Constituye en una Vergüenza Nacional.

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El Ministerio Público a nivel de sus más bajas instancias ha pasado a ser una vergüenza nacional, ya que con su deficiencia no sólo afecta a las víctimas, sino que se coloca en una posición de total irrespeto ciudadano.

No hay una sola denuncia o querella que camine en las fiscalías de los diferentes distritos judiciales del país.

Es como si se tratara de un plan para que ese órgano colapse definitivamente y que se elimine la posibilidad de castigar como manda la norma a los que incurren en acciones antijuridicas.

No hay queja que valga ante una realidad que da miedo, ya que en el Ministerio Público hay mujeres y hombres que no están empeñados en hacer su trabajo para que la sociedad dominicana dé un giro positivo y saludable.

La pregunta del millón es cuál será el escollo para que la Inspectoría del Ministerio Público no tome medidas ante la incapacidad que exhiben los miembros de este órgano de persecución del crimen y el delito.

Es como si su misión fuera estimular a las victimas para que desistan de sus querellas o como si su única función sea defender y proteger al victimario o imputado.

Es urgente que se haga algo, ya que las cosas han llegado a niveles que la gente se resiste a ir y presentar una querella para que el victimario pague por el delito o crimen cometido.

La realidad es que el Ministerio Público es el espejo de que el país cada vez se acerca más a un Estado no viable, colapsado, donde se impone la ley del más fuerte.

Que podría ocurrir con la República Dominicana con la debilidad y falta de eficiencia de un órgano tan vital para detener un fenómeno como la delincuencia que cada día toma fuerza en el país.

Parece que el destino de la República Dominicana es convertirse en tierra de nadie, donde imperaría la ley de la selva, cuyo principal promotor de esa peligrosa situación es precisamente el Ministerio Público.

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Editorial

Estamos corrompidos hasta los tuétanos.

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En el curso del proceso que se sigue a una serie de funcionarios del gobierno de Danilo Medina, ha salido a relucir cómo se mueve en la fiesta de la corrupción el famoso empresario Juan Ramon Gómez Díaz, lo cual no es nuevo ni exclusivo de él.

Sin embargo, es muy poco lo que se dice al respecto, no sólo por sus propios medios, cuyos periodistas pretenden criticar las cosas malas que ocurren en el país, pero que no se atreven a hablar de cómo su jefe participa de la fiesta de la corrupción que se traga la nación.

Gómez Díaz en poco tiempo logró contratas del Gobierno por más de 21 mil millones de pesos, lo cual explica que regale millones de pesos y carros a sus empleados en tiempos navideños.

Lo peor de todo esto es que en la República Dominicana un tribunal Constitucional, tan vital para la salud moral de la sociedad, transmita su programa a través de Telemicro, propiedad de un empresario cuyas andanzas son definitivamente pecaminosas.

Pero nadie habla del asunto y todo sigue su agitado curso, mientras el sector privado y los funcionarios públicos se hartan del dinero del patrimonio nacional sin que haya un régimen de consecuencia.

Ante denuncias tan graves como la hecha por el ingeniero Pagán, lo menos que pudiera ocurrir es que todos los medios expresen su preocupación al respecto.

Además, el Tribunal Constitucional debía paralizar inmediatamente la transmisión de su programa de televisión a través de Telemicro hasta tanto ese asunto quede lo suficientemente aclarado, porque cualquiera está en el derecho de preguntarse cuál sería la actitud de esta alta corte ante un caso que llegue a sus manos y que involucre al grupo Telemicro o a su propietario Juan Ramón Gómez Diaz. Naturalmente, que la respuesta no resulta tan sencilla

Se trata de una imputación muy grave para que todo siga como si nada hubiera ocurrido, sobre todo porque no es la primera vez que este empresario se ve envuelto en semejante desvergüenza.

Se es responsable de la corrupción por comisión o por omisión y la actitud de los medios frente a tan grave denuncia es más que preocupante, ya que los involucra de forma vergonzosa con una práctica que no proyecta muy bien a la República Dominicana.

La tolerancia con Gómez Diaz le quita legitimidad a cualquier crítica en contra de ese cáncer que corroe todo el tejido social dominicano.

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