Los actos de corrupción del pasado gobierno que encabezó Danilo Medina Sánchez alcanzan unos niveles realmente indignantes, pero el asunto debe llegar más allá y llegar hasta las últimas consecuencias que establece el régimen punitivo nacional.
Son cantidades realmente impresionantes, podría decirse increíbles, lo cual mide la audacia de los dominicanos que han tenido el privilegio de dirigir los destinos nacionales.
Esta es una demostración de que la corrupción administrativa en la República Dominicana ha tomado una dimensión en la que nadie se quiere robar del patrimonio público cincuenta o cien millones, sino miles.
No hay ninguna trama de corrupción que sólo involucre cantidades que no superen los diez millones de pesos, sino cientos o miles de millones, mientras que el país tiene que endeudarse interna o externamente con otras naciones mediante la llamada deuda bilateral o con órganos multilaterales para poder cumplir con sus compromisos económicos y financieros.
Son cientos los políticos que hoy acumulan grandes fortunas económicas sobre la base de la depredación del patrimonio público, por lo que se impone una sanción ejemplarizadora para por lo menos enviar una señal de que las cosas tienen que cambiar.
Esa cultura de arrasar con todo debe ser detenida si es que el dominicano quiere apostar a una sociedad con otros estándares de vida, donde prevalezca la distribución equitativa o por lo menos más equilibrada de las riquezas nacionales.
El problema es tan grave que todo parece indicar que los ladrones que van al Estado a acabar con todo luego se convierten en aspirantes presidenciales y en víctimas de la supuesta persecución política, porque cuando se habla de desfalco del la cosa pública la mejor explicación o respuesta es esa para buscarse justificarse por sus malas acciones.
Con las magnitudes de los robos en perjuicio del Estado es seguro que la República Dominicana no tiene otro destino que su conversión, cuando menos en otro Haití, donde la brecha entre pobres y ricos es tan grande que no hay forma de medirla.
El país tiene una amenaza que es mucho más difícil de erradicar que enfermedades como la pandemia del Covid-19, lo cual quiere decir que la nación está frente a un fenómeno sumamente letal.
Sólo la eficiencia del órgano persecutor del delito y el crimen puede servir de dique de contención a una cultura que está en los tuétanos de los dominicanos, cuyos resultados, como ya se ha demostrado, son altamente amenazadores de la poca estabilidad económica, política y social con que se cuenta en la actualidad si el asunto se analiza en función de los próximos años.