Editorial
Ya No Basta con la Indignación
Los actos de corrupción del pasado gobierno que encabezó Danilo Medina Sánchez alcanzan unos niveles realmente indignantes, pero el asunto debe llegar más allá y llegar hasta las últimas consecuencias que establece el régimen punitivo nacional.
Son cantidades realmente impresionantes, podría decirse increíbles, lo cual mide la audacia de los dominicanos que han tenido el privilegio de dirigir los destinos nacionales.
Esta es una demostración de que la corrupción administrativa en la República Dominicana ha tomado una dimensión en la que nadie se quiere robar del patrimonio público cincuenta o cien millones, sino miles.
No hay ninguna trama de corrupción que sólo involucre cantidades que no superen los diez millones de pesos, sino cientos o miles de millones, mientras que el país tiene que endeudarse interna o externamente con otras naciones mediante la llamada deuda bilateral o con órganos multilaterales para poder cumplir con sus compromisos económicos y financieros.
Son cientos los políticos que hoy acumulan grandes fortunas económicas sobre la base de la depredación del patrimonio público, por lo que se impone una sanción ejemplarizadora para por lo menos enviar una señal de que las cosas tienen que cambiar.
Esa cultura de arrasar con todo debe ser detenida si es que el dominicano quiere apostar a una sociedad con otros estándares de vida, donde prevalezca la distribución equitativa o por lo menos más equilibrada de las riquezas nacionales.
El problema es tan grave que todo parece indicar que los ladrones que van al Estado a acabar con todo luego se convierten en aspirantes presidenciales y en víctimas de la supuesta persecución política, porque cuando se habla de desfalco del la cosa pública la mejor explicación o respuesta es esa para buscarse justificarse por sus malas acciones.
Con las magnitudes de los robos en perjuicio del Estado es seguro que la República Dominicana no tiene otro destino que su conversión, cuando menos en otro Haití, donde la brecha entre pobres y ricos es tan grande que no hay forma de medirla.
El país tiene una amenaza que es mucho más difícil de erradicar que enfermedades como la pandemia del Covid-19, lo cual quiere decir que la nación está frente a un fenómeno sumamente letal.
Sólo la eficiencia del órgano persecutor del delito y el crimen puede servir de dique de contención a una cultura que está en los tuétanos de los dominicanos, cuyos resultados, como ya se ha demostrado, son altamente amenazadores de la poca estabilidad económica, política y social con que se cuenta en la actualidad si el asunto se analiza en función de los próximos años.
Como muy bien establece el reportaje que sirve de base a este editorial, el negocio legal e ilegal de hacer dinero con la deportación de haitianos erosiona mucho la credibilidad del Estado dominicano en el manejo del problema.
Lo grave del asunto es que no sólo se trata del tráfico humano de personas que únicamente persiguen trabajar en tierras extranjeras para mejorar las condiciones de vida de sus familias, sino que tiene perfiles asociados al bajo mundo, como el tráfico de drogas, la prostitución y el contrabando de una gran variedad.
Es, puede decirse, una vía para que los corruptos produzcan grandes cantidades de dinero de forma fácil, sin muchos esfuerzos, ya que los canales al respecto están totalmente abiertos desde hace una gran cantidad de años.
Este cuadro, que está reforzado con la designación en los consulados dominicanos en Haití de personas de confianza de los gobernantes de turno, también cobran de forma ilegal cantidades respetables por diligencias fuera de los canales instituciones e incluso por el otorgamiento de visas que son vendidas a razón de 500 dólares cada una, cuyo dinero termina en el bolsillo del funcionario, no del fisco nacional.
Todo este entramado de corrupción, que tiene una vinculación innegable con otros igual de dañino para el pais, es el cuadro que termina proyectándose a través de la frontera, convirtiéndose en un problema dramáticamente humano, amén de los componentes degradantes que lo caracterizan.
Y no se trata de quitarle legitimidad a los derechos de cualquier nación de controlar y de establecer políticas, muchas veces rígidas, para controlar la migración ilegal, sino de un problema que trasciende lo legal para entrar en un mundo profundo de la ilegalidad, de violación vulgar de la ley sobre la materia.
La migración haitiana, a pesar de ser una piedra en los zapatos de una sociedad como la dominicana, la cual no está lejos en términos de institucionalidad de la haitiana, no parece dejar de ser un problema que podría poner en peligro la estabilidad de ambas naciones.
Habría que preguntarse si el Estado dominicano está en la capacidad de manejar con una visión diferente el problema de la migración haitiana en un país donde el dinero es el lenguaje que se habla en todos los escenarios y cuando esa mercancía está presente donde quiera y se entrega a cambio de cualquier cosa por tenerla.
Visto desde la realidad nacional, la deportación de haitianos o la implementación de una política migratoria que se corresponda con los planes y los intereses más sanos de la sociedad, parece algo quimérico, por no decir imposible.
El cáncer de la corrupción se come prácticamente la sociedad dominicana, así como la haitiana es abatida por la pobreza y las bandas que hoy están presentes en todos los escenarios de la vida de la hermana nación.
Este periodo confiesa que está pesimista con la aplicación de una política de deportación que no se corresponda con el interés nacional, ya que se trata como de pedir peras al olmo
Hay quienes piensan que la violación de la Constitución y de la ley es parte del juego democrático, sin darse cuenta que ese detalle es un instrumento de atraso y de los tiempos de la caverna.
Lo preocupante del fenómeno es que un órgano como la Junta Central Electoral sea parte de ese juego sucio y que se constituye en una grave amenaza en contra del progreso y el crecimiento nacionales.
La Junta Central Electoral debe entender que su focalización no pueden ser los partidos políticos, sino los ciudadanos, que son los que conforman el pueblo dominicano y en los que descansa la soberanía nacional.
Apoyándose en los ciudadanos este órgano no está supuesto a hacertar el chantaje de los partidos políticos, que como dijo este periódico ensu reportaje de esta semana, no creen en el respeto a la ley y la transparencia.
La falsa democracia nacional se fundamenta en el fraude, la corrupción y la distorsión de las mejores prácticas del sistema representativo.
El hecho de que la JCE se sume a esa forma de democracia la hace inmerecedora de la confianza que demanda el sistema electoral del país.
Naturalmente, no se puede ver el asunto al margen de fenómeno general, cuya regla del juego consiste en hacer lo mal hecho, fuera del régimen legal, para ser merecedor de jugar un papel de primer orden en la corrompida democracia dominicana.
La JCE debe definir su compromiso con esa partidocracia totalmente corrompida de una sociedad que demanda mejor suerte, un comportamiento diferente de los actores de la vida política nacional.
Talvez es mucho pedir en un sistema en el que todo se fundamenta en la búsqueda de beneficios personales, tráficos de influencia y la componenda entre los actores de una partidocracia que por el camino que va echará todo a perder.
El reportaje histórico-interpretativo de esta semana parte del legado ético moral de los tres grandes líderes de las últimas décadas, naturalmente guardando las diferencias entre ellos, lo que lleva a este periódico a sostener que su legado parece que ha servido de poco.
Los tres, Balaguer, Pena Gómez y Bosch, representan una época que luce que no volverá, porque la sociedad dominicana ha entrado en un marcado deterioro en los detalles que constituyeron las principales fortalezas de estos prohombres.
Estamos hablando de la visión ética de los tres, uno más que otro, pero que actuaron durante toda su trayectoria no apegados a lo que es el comportamiento de la figura del depredador del patrimonio público, el cual acompaña la historia nacional desde los tiempos de la colonia.
La muerte de los tres líderes ha traído consigo una profundización del problema ético en la política, ya que se ha visto que el asunto es tan serio que nadie entra a esta actividad para servir, sino para servirse, cuyas aspiraciones no es llevarse del Estado 1,50 o cien millones de pesos, sino miles.
Los casos de corrupción que no paran son el mejor ejemplo de la realidad por la que atraviesa la sociedad dominicana, ya que se puede afirmar que con el dinero público sustraído se pueden construir varias republicas dominicanas y más grande que la que tenemos.
El panorama nacional luce bastante feo, dado que los déficits fiscales de la nación están asociados a un gasto público definitivamente poco racional y explicado por los niveles tan altos de corrupción administrativa, cuya deuda externa también impactada por ese deseo de acumulación de bienes materiales de los actores de la vida política nacional.
Es muy común escuchar que si se quiere acumular riquezas hay que incursionar en la actividad política partidista o vender drogas o ascender al control del patrimonio público y cuando esto no ocurra perseguir una contrata del Estado para de entrada llevarse a sus bolsillos no menos de un 80 por ciento del presupuesto de la misma, la cual tiene la opción de aumentar el monto originalmente aprobado mediante adendas que cuadruplican el valor de la obra.
Todo ello deja claro que el problema del país es ético-moral, pero que este discurso no encaja con ninguno de los partidos que tienen reales posibilidades de ascender al poder, porque ya han sido probados y los mismos continuarán pregonando lo que no practican.
Es decir, que el legado de los líderes políticos ya fallecidos, no le sirve de mucho al país, ya que la formación de los actores de la vida política nacional consiste más en llenar sus bolsillos que apegarse al legado de prohombres que pregonaron durante toda su vida política la ética y la moral en el manejo de la administración pública.