Editorial
Ya No Basta con la Indignación
Los actos de corrupción del pasado gobierno que encabezó Danilo Medina Sánchez alcanzan unos niveles realmente indignantes, pero el asunto debe llegar más allá y llegar hasta las últimas consecuencias que establece el régimen punitivo nacional.
Son cantidades realmente impresionantes, podría decirse increíbles, lo cual mide la audacia de los dominicanos que han tenido el privilegio de dirigir los destinos nacionales.
Esta es una demostración de que la corrupción administrativa en la República Dominicana ha tomado una dimensión en la que nadie se quiere robar del patrimonio público cincuenta o cien millones, sino miles.
No hay ninguna trama de corrupción que sólo involucre cantidades que no superen los diez millones de pesos, sino cientos o miles de millones, mientras que el país tiene que endeudarse interna o externamente con otras naciones mediante la llamada deuda bilateral o con órganos multilaterales para poder cumplir con sus compromisos económicos y financieros.
Son cientos los políticos que hoy acumulan grandes fortunas económicas sobre la base de la depredación del patrimonio público, por lo que se impone una sanción ejemplarizadora para por lo menos enviar una señal de que las cosas tienen que cambiar.
Esa cultura de arrasar con todo debe ser detenida si es que el dominicano quiere apostar a una sociedad con otros estándares de vida, donde prevalezca la distribución equitativa o por lo menos más equilibrada de las riquezas nacionales.
El problema es tan grave que todo parece indicar que los ladrones que van al Estado a acabar con todo luego se convierten en aspirantes presidenciales y en víctimas de la supuesta persecución política, porque cuando se habla de desfalco del la cosa pública la mejor explicación o respuesta es esa para buscarse justificarse por sus malas acciones.
Con las magnitudes de los robos en perjuicio del Estado es seguro que la República Dominicana no tiene otro destino que su conversión, cuando menos en otro Haití, donde la brecha entre pobres y ricos es tan grande que no hay forma de medirla.
El país tiene una amenaza que es mucho más difícil de erradicar que enfermedades como la pandemia del Covid-19, lo cual quiere decir que la nación está frente a un fenómeno sumamente letal.
Sólo la eficiencia del órgano persecutor del delito y el crimen puede servir de dique de contención a una cultura que está en los tuétanos de los dominicanos, cuyos resultados, como ya se ha demostrado, son altamente amenazadores de la poca estabilidad económica, política y social con que se cuenta en la actualidad si el asunto se analiza en función de los próximos años.
La existencia humana es transitoria. El poder termina, las riquezas cambian de manos y las generaciones se suceden. Sin embargo, nuestras acciones pueden dejar huellas que trascienden el tiempo.
En una sociedad donde frecuentemente se confunde el éxito con la acumulación de bienes y el reconocimiento público, resulta necesario reflexionar sobre el verdadero sentido de nuestra existencia.
El valor de una vida no debería medirse por lo que acumulamos, sino por el bien que hacemos, los valores que transmitimos y las oportunidades que creamos para los demás.
La República Dominicana necesita comprender que construir un legado también significa fortalecer la educación, defender la justicia, actuar con honestidad y asumir responsabilidades frente a las futuras generaciones.
Porque, cuando llegue el momento de partir, lo verdaderamente importante no será cuánto tuvimos, sino cuánto contribuimos a mejorar el mundo que dejamos.
La vida pasa, pero el bien que sembramos puede permanecer.
La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil constituye un acontecimiento de extraordinaria trascendencia política para América Latina, no solamente porque garantiza la continuidad de un gobierno progresista en la principal economía de la región, sino porque representa un significativo revés para el bolsonarismo y las aspiraciones de influencia regional del presidente estadounidense Donald Trump.
La derrota de Flávio Bolsonaro, heredero político del expresidente Jair Bolsonaro, estrechamente vinculado al mandatario norteamericano, demuestra que el respaldo de una potencia extranjera y las afinidades ideológicas no garantizan el triunfo electoral ni sustituyen la voluntad soberana de los pueblos.
Este resultado adquiere mayor relevancia en momentos en que varios gobiernos latinoamericanos cercanos a Washington enfrentan crecientes cuestionamientos ciudadanos. En Argentina, Javier Milei registra importantes niveles de rechazo, mientras que en Chile, José Antonio Kast, y en Ecuador, Daniel Noboa, afrontan dificultades para mantener la confianza de amplios sectores de sus respectivas poblaciones.
Aunque cada nación presenta circunstancias económicas, sociales y políticas particulares, existe una lección común: los ciudadanos no pueden alimentarse de discursos ideológicos ni resolver sus necesidades mediante alianzas internacionales que no se traducen en beneficios concretos.
La inflación, la inseguridad, el desempleo, la desigualdad y el deterioro de las condiciones de vida terminan imponiéndose sobre cualquier estrategia de propaganda o confrontación política.
Sin embargo, sería prematuro interpretar la victoria de Lula como el inicio inevitable de una derrota generalizada de la derecha latinoamericana. Tampoco significa que la izquierda tenga asegurado el respaldo popular. El propio resultado brasileño evidencia una sociedad profundamente dividida y un electorado que exige respuestas a sus problemas cotidianos.
Lo verdaderamente significativo es que Brasil ha reafirmado su capacidad para decidir su destino político, manteniendo un importante contrapeso frente a los intentos de ampliar la influencia ideológica de Washington en la región.
Donald Trump conserva un considerable poder internacional, pero su influencia tiene límites cuando se enfrenta a la voluntad democrática de sociedades que defienden sus propios intereses.
América Latina necesita gobiernos comprometidos con el desarrollo económico, la justicia social, la institucionalidad democrática y la independencia de sus decisiones. No requiere dirigentes cuya principal fortaleza política sea la cercanía con una potencia extranjera.
El triunfo de Lula deja una enseñanza que debería resonar en todo el continente: la soberanía no se negocia, la confianza ciudadana no se hereda y ningún liderazgo extranjero puede sustituir el derecho de los pueblos a decidir su propio futuro.
La verdadera legitimidad de un gobierno no depende de quién lo respalde desde el exterior, sino de su capacidad para responder a las necesidades y aspiraciones de la sociedad que lo eligió.
La tragedia de la discoteca Jet Set, que dejó 236 fallecidos y más de 180 heridos, debe convertirse en un punto de partida para revisar la seguridad de las edificaciones en República Dominicana. La protección de la vida humana no puede depender de la improvisación ni de que ocurra una desgracia para que las autoridades actúen.
La decisión judicial de modificar la calificación jurídica del caso hacia el homicidio voluntario sustentado en el dolo eventual abre un importante debate sobre la responsabilidad penal de quienes, conociendo riesgos estructurales graves, permiten que sus establecimientos continúen funcionando sin adoptar las medidas necesarias.
Aunque corresponde a los tribunales determinar la responsabilidad de los imputados, respetando la presunción de inocencia, el caso plantea una interrogante nacional: ¿cuántas edificaciones presentan deterioro, sobrecargas o modificaciones estructurales que podrían poner en peligro a sus ocupantes?
El Estado tiene la obligación de fortalecer la supervisión de los inmuebles, especialmente aquellos donde se concentran grandes cantidades de personas. Pero esta responsabilidad también corresponde a propietarios, administradores y comunidades de condominios, conforme a sus obligaciones legales.
No basta con aprobar planos y otorgar permisos de construcción. Se necesitan inspecciones periódicas basadas en criterios de riesgo, mantenimiento preventivo y medidas correctivas oportunas.
La seguridad estructural no debe considerarse un gasto opcional, sino una inversión indispensable para proteger vidas.
La República Dominicana no puede permitir que las advertencias técnicas sean ignoradas hasta que se produzca una tragedia. El caso Jet Set debe impulsar una verdadera cultura de prevención, fiscalización y cumplimiento de las normas.
Porque la responsabilidad de proteger vidas comienza mucho antes de que un edificio se desplome.