Santo Domingo, RD.-Los tres nuevos casos por coronavirus registrados en el país son importados, con los que suman cinco, informó ayer el ministro de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas.Nacionales
Ya suman cinco los casos de coronavirus en el país
Santo Domingo, RD.-Los tres nuevos casos por coronavirus registrados en el país son importados, con los que suman cinco, informó ayer el ministro de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas.Detalló que se trata de cinco viajeros que ingresaron a la República Dominicana por los aeropuertos Internacional de Las Américas y Punta Cana, entre el 22 de febrero y el tres de marzo del año en curso.
De los tres casos nuevos de Covid-19, el primero es un niño de 12 años de edad de nacionalidad dominicana, quien estuvo en Francia y España, pero ingresó sin síntomas al país por el Aeropuerto Internacional de Las Américas; sin embargo, el día cinco de marzo presentó síntomas, por lo que fue llevado a un centro médico privado de Santiago.
Informó que el menor fue trasladado al Hospital Militar Doctor Ramón de Lara, donde se encuentra en aislamiento, en condiciones estables y con un cuadro respiratorio leve. Allí también fue ingresado su padre para darle seguimiento y descartar que se haya contagiado.
Explicó que el segundo caso es de una mujer de 29 años, de nacionalidad dominicana, quien ingresó al país sin síntomas por el aeropuerto de Punta Cana el pasado 29 de febrero, luego de haber recorrido gran parte del continente europeo y presentó síntomas el cuatro de marzo y por su propia cuenta se comunicó con las autoridades de salud a quienes reportó el caso y antecedentes de viaje. Se encuentra en el Ramón de Lara, estable.
“El tercer caso es una señora de 56 años de edad, dominicana y residente en Italia, quien ingresó al país el primero de marzo, por el aeropuerto Las Américas sin síntomas, pero el día cuatro presentó síntomas y fue a un centro de salud privado en la provincia Duarte”, explicó.
Se recuerda que el primer caso se trató de un turista italiano de 62 años y el segundo un canadiense de 70 años, ambos hospedados en dos hoteles de Bayahíbe, en la región Este del país.
“Queremos ratificar a toda la ciudadanía que estos tres nuevos casos también son importados. Todavía no hay evidencia comprobada de que el virus esté circulando dentro de la población dominicana. No hay circulación comunitaria del virus”, dijo el ministro de Salud, Sánchez Cárdenas.
Recomendó a toda la ciudadanía esperar con calma, sin exaltación ni pánico, la comprobación de circulación comunitaria del virus que no se ha producido a la fecha.
El ministro expresó que las escuelas y colegios deben continuar con sus actividades de manera normal y solo los niños que presenten síntomas respiratorios o que tengan historia de viaje reciente a países con circulación, deben ser retirados y notificarlos a las autoridades.
Alertas
El ministro de Salud Pública, Sánchez Cárdenas, pidió a los periodistas que entrevistaron a la mujer con coronavirus en Villa Riva, provincia Duarte, estar alertas ante cualquier síntoma de la enfermedad que presenten.
Oraida Heredia Díaz, de 56 años, es una mujer diagnosticada con Covid-19 y que por su condición de “leve”, las autoridades decidieron que podía tratarse en su residencia, donde vive sola.
Sobre su caso, se recuerda que el ministro de Salud había informado la noche del pasado sábado que la mujer se fugó del hospital donde fue atendida en la provincia Duarte, pero ésta lo desmintió.
Sánchez Cárdenas informó que hay protocolos establecidos en los que una paciente que haya dado positivo puede recibir atenciones médicas en su residencia.
DESDE ITALIA
Niega fuga.
Oraida Heredia Díaz, una mujer que llegó desde Italia el pasado 26 de febrero, desmintió las declaraciones del ministro de Salud Pública, de que estuviera aquejada de coronavirus y de que se haya fugado del hospital donde era tratada.
Atención médica.
Heredia Díaz dijo que se presentó en la Clínica Siglo XXI, en San Francisco de Macorís, ante fuerte dolor de pecho y tos, y que de ahí la dejaron ir a su casa, donde reside sola.
Dijo que dejó su dirección, razón por la que no entiende se haya fugado ya que se trató de una disposición del médico que le atendió.
Visita.
Señora señala que el médico le visitó en su residencia y que llegó sin ningún tipo de protección, por lo que no admite que esté infectada.
“Nosotros no estamos inventando nada. Son protocolos que se pueden seguir. La comunidad debe cooperar para que esa señora se mantenga en su domicilio. Esta señora no tiene una sintomatología que induzca a la hospitalización”, dijo el ministro Sánchez Cárdenas.
Los periodistas le preguntaron al ministro si habría vigilancia con seguridad en los alrededores de la vivienda, para evitar que la mujer saliera de su casa y pudiera infectar a otras personas, a lo que el ministro dijo que se mantendrán dándole seguimiento en su residencia y pidió a las personas evitar contactos con ella para no ser contagiados.
Dijo que el caso de la mujer con coronavirus en la provincia Duarte es uno leve, y por lo tanto puede seguir el tratamiento aislada en su casa, en la comunidad de Villa Riva.
Explicó que la señora mantiene una actitud muy cooperadora y que como se trata de un caso con sintomatología leve puede ser tratada en su domicilio. El ministro dijo que ella estará siendo visitada por personal médico para darle seguimiento.
Nuevas pruebas
República Dominicana recibirá el martes 2,000 nuevas pruebas de coronavirus, donadas por la Organización Panamericana de Salud (OPS).
La información la dio a conocer Sánchez Cárdenas, tras señalar que aún el país tiene en existencia.
También informó que hay más de 45 personas bajo vigilancia por el Covid-19 en República Dominicana, y que el caso de la niña que se presumía estaba infectado, salió negativo.
listindiario.com
Nacionales
Juez evaluará este miércoles solicitud de Pepca para extender investigación del caso Senasa.
Santo Domingo, R.D.-Deiby Peguero, juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, fijó para este miércoles el conocimiento de la solicitud de prórroga de cuatro meses presentada por el Ministerio Público para concluir la investigación y depositar la acusación contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Marcelo Hazim, y los demás implicados en el caso Cobra.
La solicitud de prórroga fue depositada por fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con el propósito de analizar minuciosamente las evidencias recabadas durante allanamiento. Así lo informó recientemente el procurador adjunto, Wilson Camacho.
Camacho indicó que la institución cuenta con un equipo especializado dedicado al estudio del contenido de 16,800 cajas de documentos ocupadas durante los recientes operativos de intervención como parte de la investigación que realiza del caso.
El exdirector de SeNaSa, Santiago Marcelo Hazim, junto a otros imputados, es señalado de conformar una estructura criminal que habría perpetrado un desfalco superior a RD$15 mil millones en perjuicio del Estado dominicano, a través de la entidad pública de salud.
Además de Hazim, figuran como imputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes cumplen distintas medidas de coerción impuestas en diciembre de 2025.
Santo Domingo, R.D.-Jhovanny de Jesus Metz Crus, conocido como «Macho», señalado como el principal sospechoso de la muerte del conductor Deivy Carlos Abreu Quezada, quien falleció luego de ser atacado por una turba de motociclistas durante una persecución, fue apresado en Jamaica.
La información fue confirmada a Diario Libre por una fuente de la Procuraduría General de la República (PGR).
De acuerdo con las investigaciones, «Macho» habría sido quien presuntamente propinó varias estocadas a Abreu Quezada durante el ataque ocurrido el pasado 17 de abril en el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, donde la víctima intentó refugiarse tras ser perseguida durante varios kilómetros por un grupo de motociclistas.
En principio, se informó que la persecución se produjo a raíz de un incidente de tránsito.
Posteriormente, trascendió que la agresión habría sido motivada por una presunta deuda económica que el conductor mantenía con sus atacantes.
Visado a JamaicaEn marzo pasado, Jamaica eliminó el requisito de visa para los dominicanos que viajen a ese país por turismo o negocio por un periodo de 180 días.
Mets Cruz también enfrenta un proceso judicial por las heridas de bala ocasionadas en 2023 al sargento de la Policía Nacional Christopher Almánzar García, adscrito a la unidad SWAT.
El imputado no se presentó al juicio de fondo pautado para el miércoles 20 de mayo ante el Cuarto Tribunal Colegiado de Santiago, por lo que la sala ordenó declararlo en rebeldía y activar las consecuencias legales correspondientes.
En ese expediente, Mets Cruz enfrenta acusaciones por intento de homicidio y asociación de malhechores.
El hecho ocurrió el 7 de mayo de 2023 en el sector El Ejido, de Santiago.
Durante el incidente, el sargento Almánzar García sufrió fracturas en el fémur y la rodilla izquierda, mientras que su sobrino, Jeison Willian Almánzar Núñez, resultó herido en la pierna izquierda cuando intentaba auxiliarlo.
Según las informaciones ofrecidas en el tribunal, Mets Cruz cumplía medidas de coerción consistentes en presentación periódica, impedimento de salida del país y orden de alejamiento de las víctimas.
Tras su incomparecencia al juicio, el tribunal dispuso su declaratoria en rebeldía, mientras las autoridades activaron su búsqueda.
Ahora, con su detención en Jamaica, las autoridades dominicanas deberán realizar las gestiones correspondientes para establecer su eventual retorno al país y que responda ante la justicia por los procesos que tiene pendientes.
Formalmente no hay un tratado de extradición entre República Dominicana y Jamaica. El intercambio judicial y la colaboración policial se apoyan en organismos internacionales como Interpol.
Santo Domingo, R.D.-Declaro inadmisible el Tribunal Constitucional (TC) por notoria improcedencia, la acción de amparo interpuesta por el empresario Alexander Montilla Sierra, con la que pretendía suspender un proceso de embargo inmobiliario en su contra y obtener la reposición de los plazos procesales de dicho caso.
La Alta Corte, mediante la sentencia TC/0784/26, tomó la decisión al rechazar la acción presentada por el cuñado del expresidente Danilo Medina contra la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y la señora Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.
La decisión fue aprobada por la mayoría de los jueces del pleno. Por su parte, el magistrado José Alejandro Vargas se inhibió de participar en la deliberación y el fallo, debido a que intervino en el proceso en su anterior condición de juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, cuando conoció una medida de coerción vinculada al caso penal.
El caso se remonta a una investigación de la PEPCA dirigida contra Alexander Montilla Sierra y su hermano Maxy Gerardo, junto a otras personas físicas y jurídicas. Las indagatorias se originaron en una de las líneas de investigación de la Operación Antipulpo, por presuntos actos de corrupción y lavado de activos relacionados con contratos públicos y licitaciones irregulares.
En esas pesquisas, la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, autorizó entre diciembre de 2020 y enero de 2021 la inmovilización de fondos y la oposición a transferencias de bienes muebles e inmuebles de los investigados.
Según el expediente, estas medidas dejaron a Alexander Montilla Sierra sin capacidad para disponer de su patrimonio, impidiéndole honrar un pagaré notarial por RD$20,000,000.00 suscrito en 2018 con Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.
Ante el incumplimiento de pago, Castillo de los Santos inició en 2021 un proceso de embargo inmobiliario sobre dos propiedades de Montilla Sierra: una unidad en el condominio Terrazas del Mirador II y un apartamento en el condominio Karla I.
Tras un acuerdo de colaboración entre Maxy Montilla y la PEPCA, la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción autorizó, mediante auto del 12 de diciembre de 2025, el levantamiento parcial de las oposiciones e inmovilizaciones. La PEPCA tramitó la ejecución de dicha orden ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Superintendencia de Bancos el 30 de diciembre de 2025.
El 6 de febrero de 2026 antes de tener conocimiento formal del levantamiento, notificado por la DGII el 17 de febrero, Alexander Montilla interpuso una acción de amparo en la que solicitó la publicidad registral de las oposiciones, la suspensión del embargo inmobiliario y la reposición de los plazos procesales.
La Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional declaró inadmisible dicha acción el 3 de marzo de 2026 (Sentencia núm. 037-2026-SSEN-00109), al considerar que había perdido su objeto tras el levantamiento parcial de las medidas.
Montilla Sierra recurrió el fallo ante el Tribunal Constitucional alegando vulneraciones al debido proceso, la tutela judicial efectiva, el derecho de propiedad, la igualdad de armas y el principio de inviolabilidad de las nulidades constitucionales, entre otros.
El TC coincidió en que la sentencia de primera instancia era errónea, pero por una razón distinta a la planteada por el recurrente: consideró que el juez de amparo no debió declarar la inadmisibilidad por «falta de objeto», sino por «notoria improcedencia». Esto se apoya en su jurisprudencia reiterada, la cual establece que el amparo no puede utilizarse para suspender, modificar o dejar sin efecto decisiones dictadas por otro tribunal en un proceso judicial ordinario en curso.
En consecuencia, el TC revocó la sentencia recurrida y, actuando directamente sobre el fondo de la acción original, concluyó que las pretensiones de Montilla Sierra excedían el ámbito del amparo. De concederlas, el juez constitucional estaría sustituyendo a la jurisdicción ordinaria en la conducción de un proceso iniciado desde el año 2021.
El tribunal señaló que cualquier objeción sobre la falta de publicidad de las oposiciones administrativas debió plantearse oportunamente ante el propio juez del embargo, mediante los mecanismos procesales correspondientes.
Cabe destacar que el Ministerio Público obtuvo la homologación de un acuerdo bajo el criterio de oportunidad, mediante el cual Maxy Gerardo Montilla Sierra y un grupo de sus empresas aceptaron su responsabilidad penal y autorizaron el decomiso de RD$2,000 millones en efectivo a favor del Estado dominicano.
El acuerdo, homologado por el juez Raymundo Mejía del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, compromete a Montilla a pagar una indemnización de RD$600 millones a las distribuidoras de electricidad EdeEste, EdeSur y EdeNorte, en resarcimiento por los perjuicios ocasionados.
Asimismo, contempla la disolución en un plazo de dos años de las empresas Transformadores Solomon Dominicana, S.A.S., Electrocable Aluconsa, S.A.S., NSD, Importaciones Diversas, SRL, Distribuidora de Materiales Eléctricos FEE, SRL, Distribuidora Eléctrica Henan Jinshui, SRL, Importadora Eaglerise, SRL, TLC Negocios Globales, SRL, Watmax Lighting, SRL, Herrajes Eléctricos RPC, SRL, y MG Solomon Corporation.
También fija el pago de RD$431,816,307.90 a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y el decomiso de un terreno de 200.18 metros cuadrados ubicado en la avenida Roberto Pastoriza núm. 2, Ensanche Naco, valorado en RD$50,901,692.13.
Por el caso Antipulpo, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, a siete años de prisión en el centro penitenciario de Najayo.
La decisión fue recurrida y está pendiente de revisión para el próximo 8 de septiembre en la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Otros imputados recibieron penas menores y algunos fueron declarados noculpables, entre ellos Magaly Medina.