Nacionales
Yeni Berenice aclara que el Ministerio Público no está para discusiones políticas.
Yeni Berenice Reynoso, directora de Persecución del Ministerio Público, aclaró este lunes que no tiene nada que responder a las declaraciones del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) sobre de que la Procuraduría General de la República se presta al juego político del gobierno por la mención del expresidente Danilo Medina en el caso Antipulpo.
“No creo que se pueda decir que hayan dicho nada sobre la acusación, porque usar clichés políticos no es referirse a la acusación”, expresó la también procuradora adjunta antes de manifestar que “las cuestiones políticas la respondan los políticos”.
“Y en modo alguno este Ministerio Público que dirige la magistrada Miriam Germán Brito no entra en discusiones políticas, el que quiera discusiones políticas que busque políticos y discuta con políticos; el que quiera discutir con el Ministerio Público que busque buenos abogados porque nuestra acusación está blindada”, dijo Reynoso a los periodistas esta tarde.
La magistrada agregó que nada de lo expuesto en el documento entregado el pasado viernes está dicho sin pruebas.
Como aún no han visto ni leído la acusación, considera que solo son cuestiones políticas y no comentarios acerca del documento.
Sobre si llamarían al expresidente Danilo Medina para testificar en el proceso, Reynoso señaló que todo el que tenga responsabilidad penal y que el órgano persecutor tenga evidencias, será incluido en el proceso “y eso no excluye a nadie, absolutamente nadie”.
Partido morado
El partido morado calificó como inaudito e inaceptable que el gobierno utilizara una institución como la Procuraduría General de la Repúblia para hacer públicas acusaciones “difamatorias contra el expresidente de la República”, lo que a su juicio demuestra que el Ministerio Público en lugar de luchar de forma seria contra la corrupción, actúa sin objetividad alguna.
“Para el PLD dicha mención solo tiene como finalidad desacreditar a Danilo Medina como figura política y, en consecuencia, desacreditar al PLD como principal partido de oposición”, señaló la organización en rueda de prensa celebrada este domingo en su casa nacional.
Acusación
Luego de más de un año de los apresamientos y allanamientos que dieron inicio a esta investigación, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección de Persecución presentaron el pasado 17 de diciembre.
La acusación formal contra 24 personas implicadas fue depositada por ante la jueza coordinadora de los juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, vinculados a supuestos actos de corrupción y lavado de activos contra el Estado dominicano.
Los acusados son: Alexis Medina Sánchez, Wacal Bernabe Méndez, José Dolores Santana, Julián Esteban Suriel, Domingo Santiago Muñoz, Aquiles Christopher, Fernando Rosa, Rafael Antonio Germosen, Wilfredo Hidalgo, Francisco Pagan y Carmen Magalys Medina Sánchez.
Le siguen los nuevos imputados María Isabel de los Milagros Torres, José Miguel Genao Torres, Pachristy Emmanuel Ramírez Pacheco, Antonio Florentino Méndez, Lina Ercilia de la Cruz Vargas, Carlos José Alarcón Veras, Rigoberto Alcántara Batista, Víctor Matías Encarnación Montero, Carlos Martín Montes de Oca, Rafael Leónidas de Oleo, Libni Arodi Valenzuela Matos, Paola Mercedes Molina Suazo, Francisco Ramón Brea Morel (a) Johnny y Lewyn Ariel Castillo Robles.
Santo Domingo, RD.-La directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, dijo este lunes que no tiene nada que responder a las declaraciones del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) sobre que la Procuraduría General de la República se presta a juego político del gobierno por la mención del expresidente Danilo Medina en el caso Antipulpo.
“No creo que se pueda decir que hayan dicho nada sobre la acusación, porque usar clichés políticos no es referirse a la acusación”, expresó la también procuradora adjunta antes de manifestar que “las cuestiones políticas la respondan los políticos”.
“Y en modo alguno este Ministerio Público que dirige la magistrada Miriam Germán Brito no entra en discusiones políticas, el que quiera discusiones políticas que busque políticos y discuta con políticos; el que quiera discutir con el Ministerio Público que busque buenos abogados porque nuestra acusación está blindada”, dijo Reynoso a los periodistas esta tarde.
La magistrada agregó que nada de lo expuesto en el documento entregado el pasado viernes está dicho sin pruebas.
Como aún no han visto ni leído la acusación, considera que solo son cuestiones políticas y no comentarios acerca del documento.
Sobre si llamarían al expresidente Danilo Medina para testificar en el proceso, Reynoso señaló que todo el que tenga responsabilidad penal y que el órgano persecutor tenga evidencias, será incluido en el proceso “y eso no excluye a nadie, absolutamente nadie”.
Partido morado
El partido morado calificó como inaudito e inaceptable que el gobierno utilizara una institución como la Procuraduría General de la Repúblia para hacer públicas acusaciones “difamatorias contra el expresidente de la República”, lo que a su juicio demuestra que el Ministerio Público en lugar de luchar de forma seria contra la corrupción, actúa sin objetividad alguna.
“Para el PLD dicha mención solo tiene como finalidad desacreditar a Danilo Medina como figura política y, en consecuencia, desacreditar al PLD como principal partido de oposición”, señaló la organización en rueda de prensa celebrada este domingo en su casa nacional.
Acusación
Luego de más de un año de los apresamientos y allanamientos que dieron inicio a esta investigación, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección de Persecución presentaron el pasado 17 de diciembre.
La acusación formal contra 24 personas implicadas fue depositada por ante la jueza coordinadora de los juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, vinculados a supuestos actos de corrupción y lavado de activos contra el Estado dominicano.
Los acusados son: Alexis Medina Sánchez, Wacal Bernabe Méndez, José Dolores Santana, Julián Esteban Suriel, Domingo Santiago Muñoz, Aquiles Christopher, Fernando Rosa, Rafael Antonio Germosen, Wilfredo Hidalgo, Francisco Pagan y Carmen Magalys Medina Sánchez.
Le siguen los nuevos imputados María Isabel de los Milagros Torres, José Miguel Genao Torres, Pachristy Emmanuel Ramírez Pacheco, Antonio Florentino Méndez, Lina Ercilia de la Cruz Vargas, Carlos José Alarcón Veras, Rigoberto Alcántara Batista, Víctor Matías Encarnación Montero, Carlos Martín Montes de Oca, Rafael Leónidas de Oleo, Libni Arodi Valenzuela Matos, Paola Mercedes Molina Suazo, Francisco Ramón Brea Morel (a) Johnny y Lewyn Ariel Castillo Robles.
Santo Domingo, R.D.-La defensa del imputado Lenin Torres y la persona moral Lenin Auto Import recusaron al juez Cirilo Salomón Sánchez del Quinto Juzgado de la Instrucción de Santiago, lo que generó el aplazamiento para el 9 de enero del 2025 de la audiencia preliminar del caso Falcón.
El abogado José de los Santos Hiciano argumentó la recusación en medio de un proceso que ha enfrentado múltiples retrasos. Este incidente ocurre poco después del arresto en Colombia de Erick Randiel Mosquea Polanco, señalado como líder de la red criminal.
El Ministerio Público, representado por los fiscales Yeny Liranzo, Reyna Jiménez y Pedro Martínez, calificó la recusación como infundada y extemporánea, reiterando su disposición para avanzar con el proceso judicial.
La operación Falcón desmanteló una red de crimen organizado que se dedicaba al narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas y otros delitos, movilizando miles de millones de pesos bajo la apariencia de actividades comerciales legítimas.
El Ministerio Público presentó una acusación formal contra más de 70 personas y entidades, aportando miles de documentos como pruebas. El desmantelamiento de la red contó con el apoyo de la DEA y otros organismos internacionales.
El aplazamiento prolonga un proceso que ha sido marcado por constantes recursos de la defensa. Las autoridades reiteraron su compromiso de garantizar justicia para un caso de alto impacto en la lucha contra el crimen organizado en el país.
Santo Domingo, R.D.-Un gran impacto podría tener la sentencia del Tribunal Constitucional de la República Dominicana en la redefinición de la participación política en el país.
El caso, conocido como TC/0788/24, declaró inconstitucionales los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23 sobre el régimen electoral, disposiciones que regulaban de forma restrictiva las candidaturas independientes.
Esta decisión llega tras la acción de inconstitucionalidad interpuesta por Alberto Emilio Fiallo-Billini, quien argumentó que dichas normas «vulneran principios constitucionales como el pro-participación, la igualdad en derechos políticos y el pluralismo político».
El fallo, en esencia, podría allanar el camino para una mayor diversidad en las opciones políticas, así como reforzar el principio de participación ciudadana, al eliminar requisitos como la conformación de «cuadros directivos fijos» similares a la de las organizaciones políticas, para las candidaturas independientes.
A pesar de mostrarse como una idea democrática, el éxito de este cambio dependerá en gran medida de la implementación de medidas que garanticen condiciones equitativas para las candidaturas independientes, así como los ajustes necesarios tanto a las legislaciones como a los procesos electorales.
La sentencia del Tribunal Constitucional marca un hito en la historia democrática de la República Dominicana. Su impacto real dependerá de cómo los actores políticos, el electorado y las instituciones electorales adopten esta nueva realidad.
La decisión del TC
En el proceso de aprobación, nueve jueces del Tribunal Constitucional votaron a favor de eliminar estos requisitos que exigían a las candidaturas independientes lo mismo que los partidos políticos, pero dos votaron en contra por considerar que el pleno se excedió en sus atribuciones y asumió funciones del Poder Legislativo.
«El mecanismo previsto para la presentación de candidaturas independientes requiere la creación de agrupaciones políticas accidentales, estructuradas de manera similar a los partidos políticos tradicionales. Esto desnaturaliza la figura de las candidaturas independientes y limita su accesibilidad para quienes deseen optar por esta vía», indica el fallo.
El Tribunal Constitucional recomendó una nueva redacción de los artículos 152 y 157 para determinar los requisitos para presentar una candidatura independiente en los siguientes procesos electorales.
Santo Domingo, R.D.-La Republica Dominicana fue notificada de la entrada en vigor del acuerdo de transporte aéreos de Cielos Abiertos con Estados Unidos, según lo informó el presidente Luis Abinader.
Fue a través de una publicación en su cuenta de X (antiguo Twitter), donde el mandatario dominicano indicó que el país agotó los procedimientos necesarios para la entrada en vigencia del acuerdo, suscrito en agosto de este año por el ministro de Turismo, David Collado y el subsecretario de Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente de Estados Unidos, José W. Fernández.
En ese sentido, a través de la misma red social, Abinader felicitó a la comisión integrada por Collado, Leonel Melo, Práxedes Castillo; la viceministra Patricia Mejía y Natacha Domínguez, así como el apoyo de Manuel Estrella, Monika Infante y Frank Elías Rainieri.
Las autoridades dominicanas han dicho que este acuerdo busca fortalecer las conexiones aéreas entre ambos países, promoviendo la competencia, ampliando rutas y reduciendo los costos para los viajeros.
Según han informado, entre los beneficios previstos está el permitir a las aerolíneas de ambas naciones operar vuelos internacionales en rutas definidas, incluyendo transporte exclusivo de carga, escalas no comerciales y vuelos combinados.
En noviembre de este año el Tribunal Constitucional (TC) revisó el acuerdo, el cual declaró constitucional.
La decisión, contenida en la Sentencia TC/0670/24, subraya que el acuerdo cumple con los principios de soberanía nacional, libre competencia y armonización con el ordenamiento jurídico dominicano. Sin embargo, la sentencia contó con un voto disidente del juez Domingo Gil, quien cuestionó que el texto no garantizara explícitamente la soberanía plena y exclusiva del país sobre su espacio aéreo.