Nacionales
Yeni Berenice aclara que el Ministerio Público no está para discusiones políticas.
Yeni Berenice Reynoso, directora de Persecución del Ministerio Público, aclaró este lunes que no tiene nada que responder a las declaraciones del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) sobre de que la Procuraduría General de la República se presta al juego político del gobierno por la mención del expresidente Danilo Medina en el caso Antipulpo.
“No creo que se pueda decir que hayan dicho nada sobre la acusación, porque usar clichés políticos no es referirse a la acusación”, expresó la también procuradora adjunta antes de manifestar que “las cuestiones políticas la respondan los políticos”.
“Y en modo alguno este Ministerio Público que dirige la magistrada Miriam Germán Brito no entra en discusiones políticas, el que quiera discusiones políticas que busque políticos y discuta con políticos; el que quiera discutir con el Ministerio Público que busque buenos abogados porque nuestra acusación está blindada”, dijo Reynoso a los periodistas esta tarde.
La magistrada agregó que nada de lo expuesto en el documento entregado el pasado viernes está dicho sin pruebas.
Como aún no han visto ni leído la acusación, considera que solo son cuestiones políticas y no comentarios acerca del documento.
Sobre si llamarían al expresidente Danilo Medina para testificar en el proceso, Reynoso señaló que todo el que tenga responsabilidad penal y que el órgano persecutor tenga evidencias, será incluido en el proceso “y eso no excluye a nadie, absolutamente nadie”.
Partido morado
El partido morado calificó como inaudito e inaceptable que el gobierno utilizara una institución como la Procuraduría General de la Repúblia para hacer públicas acusaciones “difamatorias contra el expresidente de la República”, lo que a su juicio demuestra que el Ministerio Público en lugar de luchar de forma seria contra la corrupción, actúa sin objetividad alguna.
“Para el PLD dicha mención solo tiene como finalidad desacreditar a Danilo Medina como figura política y, en consecuencia, desacreditar al PLD como principal partido de oposición”, señaló la organización en rueda de prensa celebrada este domingo en su casa nacional.
Acusación
Luego de más de un año de los apresamientos y allanamientos que dieron inicio a esta investigación, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección de Persecución presentaron el pasado 17 de diciembre.
La acusación formal contra 24 personas implicadas fue depositada por ante la jueza coordinadora de los juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, vinculados a supuestos actos de corrupción y lavado de activos contra el Estado dominicano.
Los acusados son: Alexis Medina Sánchez, Wacal Bernabe Méndez, José Dolores Santana, Julián Esteban Suriel, Domingo Santiago Muñoz, Aquiles Christopher, Fernando Rosa, Rafael Antonio Germosen, Wilfredo Hidalgo, Francisco Pagan y Carmen Magalys Medina Sánchez.
Le siguen los nuevos imputados María Isabel de los Milagros Torres, José Miguel Genao Torres, Pachristy Emmanuel Ramírez Pacheco, Antonio Florentino Méndez, Lina Ercilia de la Cruz Vargas, Carlos José Alarcón Veras, Rigoberto Alcántara Batista, Víctor Matías Encarnación Montero, Carlos Martín Montes de Oca, Rafael Leónidas de Oleo, Libni Arodi Valenzuela Matos, Paola Mercedes Molina Suazo, Francisco Ramón Brea Morel (a) Johnny y Lewyn Ariel Castillo Robles.
Santo Domingo, RD.-La directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, dijo este lunes que no tiene nada que responder a las declaraciones del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) sobre que la Procuraduría General de la República se presta a juego político del gobierno por la mención del expresidente Danilo Medina en el caso Antipulpo.
“No creo que se pueda decir que hayan dicho nada sobre la acusación, porque usar clichés políticos no es referirse a la acusación”, expresó la también procuradora adjunta antes de manifestar que “las cuestiones políticas la respondan los políticos”.
“Y en modo alguno este Ministerio Público que dirige la magistrada Miriam Germán Brito no entra en discusiones políticas, el que quiera discusiones políticas que busque políticos y discuta con políticos; el que quiera discutir con el Ministerio Público que busque buenos abogados porque nuestra acusación está blindada”, dijo Reynoso a los periodistas esta tarde.
La magistrada agregó que nada de lo expuesto en el documento entregado el pasado viernes está dicho sin pruebas.
Como aún no han visto ni leído la acusación, considera que solo son cuestiones políticas y no comentarios acerca del documento.
Sobre si llamarían al expresidente Danilo Medina para testificar en el proceso, Reynoso señaló que todo el que tenga responsabilidad penal y que el órgano persecutor tenga evidencias, será incluido en el proceso “y eso no excluye a nadie, absolutamente nadie”.
Partido morado
El partido morado calificó como inaudito e inaceptable que el gobierno utilizara una institución como la Procuraduría General de la Repúblia para hacer públicas acusaciones “difamatorias contra el expresidente de la República”, lo que a su juicio demuestra que el Ministerio Público en lugar de luchar de forma seria contra la corrupción, actúa sin objetividad alguna.
“Para el PLD dicha mención solo tiene como finalidad desacreditar a Danilo Medina como figura política y, en consecuencia, desacreditar al PLD como principal partido de oposición”, señaló la organización en rueda de prensa celebrada este domingo en su casa nacional.
Acusación
Luego de más de un año de los apresamientos y allanamientos que dieron inicio a esta investigación, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección de Persecución presentaron el pasado 17 de diciembre.
La acusación formal contra 24 personas implicadas fue depositada por ante la jueza coordinadora de los juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, vinculados a supuestos actos de corrupción y lavado de activos contra el Estado dominicano.
Los acusados son: Alexis Medina Sánchez, Wacal Bernabe Méndez, José Dolores Santana, Julián Esteban Suriel, Domingo Santiago Muñoz, Aquiles Christopher, Fernando Rosa, Rafael Antonio Germosen, Wilfredo Hidalgo, Francisco Pagan y Carmen Magalys Medina Sánchez.
Le siguen los nuevos imputados María Isabel de los Milagros Torres, José Miguel Genao Torres, Pachristy Emmanuel Ramírez Pacheco, Antonio Florentino Méndez, Lina Ercilia de la Cruz Vargas, Carlos José Alarcón Veras, Rigoberto Alcántara Batista, Víctor Matías Encarnación Montero, Carlos Martín Montes de Oca, Rafael Leónidas de Oleo, Libni Arodi Valenzuela Matos, Paola Mercedes Molina Suazo, Francisco Ramón Brea Morel (a) Johnny y Lewyn Ariel Castillo Robles.
Nacionales
Reunion bilateral se produce entre Abinader y la mandataria electa de Costa Rica, Laura Fernández
Santo Domingo, R.D.-El presidente Luis Abinader sostuvo una reunión bilateral en el Museo de Arte Costarricense con la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, en la que abordaron diversos temas de interés común orientados a continuar fortaleciendo los lazos fraternales, comerciales y diplomáticos entre ambas naciones.
Durante la reunión, ambos líderes intercambiaron muestras de afecto y reafirmaron la cercanía histórica entre la República Dominicana y Costa Rica; además, abordaron la importancia de mantener un diálogo permanente y de continuar trabajando de manera conjunta en iniciativas que contribuyan al desarrollo, la integración regional y el fortalecimiento de las relaciones entre ambos pueblos.
La presidenta electa expresó su interés en continuar consolidando los lazos fraternales entre ambos países, promoviendo mayores oportunidades de intercambio comercial y fortaleciendo la cooperación en áreas estratégicas para el desarrollo de ambas naciones.
De igual forma, reafirmó el compromiso de Costa Rica con la Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD), destacando que su gobierno continuará formando parte activa de este mecanismo regional de cooperación.
De su lado, el presidente Abinader reiteró la disposición del Gobierno dominicano de continuar afianzando las relaciones de amistad, cooperación y entendimiento mutuo con Costa Rica. Asimismo, destacó la importancia de mantener una agenda conjunta orientada al crecimiento económico, la defensa de la democracia y el fortalecimiento de los vínculos regionales entre ambas naciones.
Santo Domingo, R.D.-Un cargamento de 1,295 paquetes de presunta cocaina y marihuana fueron confiscados por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) durante dos operaciones simultáneas ejecutadas en las costas de Pedernales.
En la intervención fueron arrestados tres dominicanos y un venezolano.
El vocero del organismo antinarcóticos, Carlos Devers, identificó a los detenidos como Walkin Marino Montás Tapia, Luis Alberto Figueroa Ariza, Manolo Resello Amador y Luis Alberto Acosta Santana.
Señaló que los 1,295 paquetes fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), bajo estrictos protocolos de cadena de custodia, para determinar el tipo y peso exacto de la sustancia.
Devers explicó que las operaciones fueron realizadas por efectivos de la Armada de República Dominicana (ARD), la Fuerza Aérea (FARD) y organismos de inteligencia del Estado, con el apoyo de la Fuerza de Tarea Interagencial Sur (JIATFS) y la DEA de los Estados Unidos.
Indicó que la primera lancha era una embarcación de 24 pies con motores de 100 HP. Allí se arrestó a Resello Amador y Acosta Santana, incautando 16 pacas que contenían 314 paquetes de cocaína y 89 de marihuana (403 en total).
Mientras que, en la segunda lancha, fue neutralizada tras una intensa persecución en coordenadas cercanas. En esta se ocuparon 836 paquetes de marihuana y 56 de cocaína (892 en total). Fueron arrestados Montas Tapias y Figueroa Ariza.
El vocero reafirmó que se continuarán fortaleciendo las operaciones de interdicción como parte de la política de seguridad del Gobierno dominicano para garantizar la soberanía y la paz nacional.
Santo Domingo, R.D.-Por sospecha legitima el Pleno de la Suprema Corte de Justicia desestimó la demanda en declinatoria por causa interpuesta por Donni Mayobanex Santana Cuevas, exembajador del Consejo Nacional de Frontera.
Este hombre, que cumple una condena de 20 años de prisión por la violación sexual de su hijastra menor de edad, buscaba que su proceso judicial fuera transferido fuera de la jurisdicción de San Cristóbal.
Santana Cuevas, quien se encuentra en libertad tras un permiso laboral, presentó el recurso contra la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal.
El Pleno de la Suprema Corte, encabezado por su presidente Luis Henry Molina Peña, determinó que la defensa de Santana no logró probar hechos graves o concordantes que permitieran inferir una falta de imparcialidad u objetividad por parte de los magistrados de San Cristóbal.
En su resolución, la Suprema fue enfática al aclarar que “la simple discrepancia con decisiones judiciales desfavorables no constituye un fundamento válido para alegar sospecha de parcialidad”.
Asimismo, la Suprema ratificó como correcta la actuación de la Corte de Apelación al fallar sobre recusaciones previas con sus propios integrantes, siempre que se cumpla con el cuórum legal requerido.
La solicitud de declinatoria, depositada el pasado 9 de diciembre de 2025, argumentaba que existía un «ambiente hostil» debido a la presión mediática y un supuesto comportamiento prejuiciado de los jueces.
Pese a la decisión mayoritaria, el fallo contó con el voto disidente de los magistrados Fran Soto, María Garabito Ramírez, Rafael Vásquez Goico y Yorlin Vásquez Castro.
Los jueces disidentes argumentaron que la figura de la «declinatoria por sospecha legítima» no está contemplada de forma expresa en la normativa procesal penal vigente, lo cual ha provocado decisiones contradictorias dentro del mismo órgano judicial en ocasiones anteriores.
Sostienen que el ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción; por tanto, el examen de la cuestión planteada por ante esta Alzada lesiona el principio de legalidad, como se ha indicado precedentemente.
En ese orden, alegan que su posición radica en establecer que en todos los casos de solicitud de declinatoria por seguridad pública o sospecha legítima, lo que procede es declarar la inadmisibilidad de la misma, por carecer de base legal, como ocurre en otras materias y se ha expuesto en el cuerpo del presente voto.
Con esta resolución, el expediente de Donni Santana permanecerá en San Cristóbal, donde se decidirá finalmente la validez de los beneficios carcelarios que reclama el condenado.