Santo Domingo, RD.-La directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, reveló ante el juez de la instrucción que el imputado Juan Alexis Medina Sánchez montó un operativo de contrainteligencia a la Procuraduría General de la República con el que trató de obstruir su arresto por su participación en el entramado de corrupción descubierto por la Operación Anti Pulpo.Nacionales
Yeni Berenice asegura Alexis Medina montó operativo en PGR para obstruir su arresto
Sostuvo que el mismo día del arresto, Medina Sánchez confesó que había escondido algunas evidencias.
Santo Domingo, RD.-La directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, reveló ante el juez de la instrucción que el imputado Juan Alexis Medina Sánchez montó un operativo de contrainteligencia a la Procuraduría General de la República con el que trató de obstruir su arresto por su participación en el entramado de corrupción descubierto por la Operación Anti Pulpo.La magistrada Reynoso planteó que los integrantes “del entramado corrupto desarticulado por la Operación Anti Pulpo” estaban destruyendo pruebas y sacando capitales del país a Centroamérica.
Sostuvo que el mismo día del arresto, Medina Sánchez confesó que había escondido algunas evidencias.
La procuradora adjunta se refirió al tema al presentar los cargos contra el imputado Rafael Germosén Andújar, excontralor general de la República, quien dijo que llegó a su posición tras participar en un movimiento político en favor del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Confesó que llegó a su cargo por recomendación de Aracelis Medina, hermana del expresidente Danilo Medina Sánchez y de los imputados Juan Alexis Medina Sánchez y Carmen Magalis Medina Sánchez.
Reveló que en su equipo había dos personas clave para agilizar los contratos de Juan Alexis Medina Sánchez: Sandy Sánchez, quien fungía como encargado de las Unidades de Auditorías, y Maryelin Rosado Medina, hija de Aracelis Medina Sánchez y sobrina de Juan Alexis Medina Sánchez.
Reynoso resaltó el impacto social de los delitos de la red delictiva por el impacto social que tiene la distracción de al menos 5,000 mil millones de pesos, una suma que podría hasta triplicarse, para República Dominicana.
Insistió en que la única medida que garantiza la integridad de los testigos será el mantener en prisión a todos los imputados, debido a la persistente intimidación de testigos. “Muchos han declarado”, pero le dicen al Ministerio Público que temen por sus vidas, añadió.
“Cuando a (Juan) Alexis Mediana (Sánchez) se le negaba algo en una institución (pública), ese funcionario duraba dos días en el cargo”, dijo.
Insistió en que el Ministerio Público aportará pruebas por corrupción, asociación de malhechores y complicidad, acusación de la que no se escapa el excontralor Germosén Andújar.
Germosén Andújar confesó al tribunal que perdió su cargo en el Estado luego de una reunión en la que se negó a certificar con celeridad unos contratos. En el encuentro habrían participado la entonces ministra de Educación, el director de la Oisoe, Franscico Pagán, y exviceministro de la Presidencia, José Ramón Peralta.
“Producto de esa reunión que hubo, donde participaron la ministra de Educación de entones; el director de la Oficina de Supervisión de Obras del Estado, el señor Pagán, la señora Taty Marcelino y el señor José Ramón Peralta, al ver que yo no obtemperé en la celeridad en la certificación de esos contratos, fui desvinculado en menos de 15 días de la posición de contralor de la República”, confesó, antes de pedir permiso para que le permitiera ir al baño.
La magistrada Reynoso insistió en que Germosén Andújar participó de una coalición de funcionarios dedicada distraer recursos de los contribuyentes. “Ustedes violaron la ley, no solo la Ley de Compras y Contrataciones, éste no es un tema administrativo”, dijo.
Sostuvo que al “Estado se estafó de miles de maneras” en compras que se planificaban bajo un procedimiento de “urgencia” sin tener esa necesidad. Recordó a Germosén Andújar que incluso incumplió con presentar su declaración jurada de patrimonio al salir del cargo.
También, anunció que el Ministerio Público investiga la muerte del chofer Omalto Gutiérrez Remigio, una de las personas utilizadas por Medina Sánchez como testaferro.
“Uno de los principales testaferros de Juan Alexis murió e investigaremos si es una muerte de criminalidad. La investigación determinará”.
Insistió en que la corrupción se debe considerar como un crimen mayor que hasta el narcotráfico porque el narco se apoya en ella para poder operar y blanquear capitales. “La corrupción administrativa nos roba los medicamentos de los hospitales”, dijo.
El Ministerio Público varió la solicitud de coerción contra Germosén Andújar por prisión domiciliaria, con vigilancia. Reveló que no se le puede poner grillete porque los grilletes de la Procuraduría General de la República están sujetos a un contrato con la red de Juan Alexis Medina Sánchez.
listindiario.com
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Los tribunales de la República, considerando los principios de proporcionalidad y minimización de datos, ponderarán las informaciones de carácter personal o bienes que aparecerán en las redacciones, por lo que está sujeta a la discreción del juez.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
Los registros llamados a anonimato comienzan en los identificativos: nombres y apellidos, nombre de pila, apodos, fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, domicilio o dirección postal, dirección electrónica, dirección IP, correo electrónico y los números de pasaporte, cédula, carnet de conducir, policial, funcionario público, colegiado o de seguridad social.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
Los detalles de este artículo están contenidos en la redacción oficial de la Política de Protección de Datos.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Informó, asimismo, que la mayoría de los actos de indisciplina se registraron en las regionales educativas 10, de Santo Domingo II; 15, de Santo Domingo; 06, de La Vega, y 05, de San Pedro de Macorís.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.