Santo Domingo, RD.-La directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, reveló ante el juez de la instrucción que el imputado Juan Alexis Medina Sánchez montó un operativo de contrainteligencia a la Procuraduría General de la República con el que trató de obstruir su arresto por su participación en el entramado de corrupción descubierto por la Operación Anti Pulpo.Nacionales
Yeni Berenice asegura Alexis Medina montó operativo en PGR para obstruir su arresto
Sostuvo que el mismo día del arresto, Medina Sánchez confesó que había escondido algunas evidencias.
Santo Domingo, RD.-La directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, reveló ante el juez de la instrucción que el imputado Juan Alexis Medina Sánchez montó un operativo de contrainteligencia a la Procuraduría General de la República con el que trató de obstruir su arresto por su participación en el entramado de corrupción descubierto por la Operación Anti Pulpo.La magistrada Reynoso planteó que los integrantes “del entramado corrupto desarticulado por la Operación Anti Pulpo” estaban destruyendo pruebas y sacando capitales del país a Centroamérica.
Sostuvo que el mismo día del arresto, Medina Sánchez confesó que había escondido algunas evidencias.
La procuradora adjunta se refirió al tema al presentar los cargos contra el imputado Rafael Germosén Andújar, excontralor general de la República, quien dijo que llegó a su posición tras participar en un movimiento político en favor del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Confesó que llegó a su cargo por recomendación de Aracelis Medina, hermana del expresidente Danilo Medina Sánchez y de los imputados Juan Alexis Medina Sánchez y Carmen Magalis Medina Sánchez.
Reveló que en su equipo había dos personas clave para agilizar los contratos de Juan Alexis Medina Sánchez: Sandy Sánchez, quien fungía como encargado de las Unidades de Auditorías, y Maryelin Rosado Medina, hija de Aracelis Medina Sánchez y sobrina de Juan Alexis Medina Sánchez.
Reynoso resaltó el impacto social de los delitos de la red delictiva por el impacto social que tiene la distracción de al menos 5,000 mil millones de pesos, una suma que podría hasta triplicarse, para República Dominicana.
Insistió en que la única medida que garantiza la integridad de los testigos será el mantener en prisión a todos los imputados, debido a la persistente intimidación de testigos. “Muchos han declarado”, pero le dicen al Ministerio Público que temen por sus vidas, añadió.
“Cuando a (Juan) Alexis Mediana (Sánchez) se le negaba algo en una institución (pública), ese funcionario duraba dos días en el cargo”, dijo.
Insistió en que el Ministerio Público aportará pruebas por corrupción, asociación de malhechores y complicidad, acusación de la que no se escapa el excontralor Germosén Andújar.
Germosén Andújar confesó al tribunal que perdió su cargo en el Estado luego de una reunión en la que se negó a certificar con celeridad unos contratos. En el encuentro habrían participado la entonces ministra de Educación, el director de la Oisoe, Franscico Pagán, y exviceministro de la Presidencia, José Ramón Peralta.
“Producto de esa reunión que hubo, donde participaron la ministra de Educación de entones; el director de la Oficina de Supervisión de Obras del Estado, el señor Pagán, la señora Taty Marcelino y el señor José Ramón Peralta, al ver que yo no obtemperé en la celeridad en la certificación de esos contratos, fui desvinculado en menos de 15 días de la posición de contralor de la República”, confesó, antes de pedir permiso para que le permitiera ir al baño.
La magistrada Reynoso insistió en que Germosén Andújar participó de una coalición de funcionarios dedicada distraer recursos de los contribuyentes. “Ustedes violaron la ley, no solo la Ley de Compras y Contrataciones, éste no es un tema administrativo”, dijo.
Sostuvo que al “Estado se estafó de miles de maneras” en compras que se planificaban bajo un procedimiento de “urgencia” sin tener esa necesidad. Recordó a Germosén Andújar que incluso incumplió con presentar su declaración jurada de patrimonio al salir del cargo.
También, anunció que el Ministerio Público investiga la muerte del chofer Omalto Gutiérrez Remigio, una de las personas utilizadas por Medina Sánchez como testaferro.
“Uno de los principales testaferros de Juan Alexis murió e investigaremos si es una muerte de criminalidad. La investigación determinará”.
Insistió en que la corrupción se debe considerar como un crimen mayor que hasta el narcotráfico porque el narco se apoya en ella para poder operar y blanquear capitales. “La corrupción administrativa nos roba los medicamentos de los hospitales”, dijo.
El Ministerio Público varió la solicitud de coerción contra Germosén Andújar por prisión domiciliaria, con vigilancia. Reveló que no se le puede poner grillete porque los grilletes de la Procuraduría General de la República están sujetos a un contrato con la red de Juan Alexis Medina Sánchez.
listindiario.com
La embadora de los Estados Unidos en el país ha dado un giro inesperado en su discurso que redefinen el enfoque de la potencia del norte hacia la Republica Dominicana de la administracion Trump.
La intervención, marcada por un tono personal, abiertamente religioso y políticamente directo, envió varios mensajes clave con implicaciones en seguridad, comercio, presiones políticas y relación bilateral. Algunos de esos mensajes representan rupturas explícitas con la postura estadounidense reciente en temas sensibles como Haití y el escrutinio a grandes empresas con operaciones en el país.
Haití y las fronteras
Fiel a su estilo no convencional, la embajadora reveló que la administración Biden presionó a República Dominicana para mantener abierta la frontera con Haití en momentos de crisis, una postura que ella relacionó con la política de «fronteras abiertas» de Washington y que calificó como desacertada.
La frontera fue cerrada unilateralmente por el lado dominicano hace dos años en represalia por la construcción de un canal sobre las aguas del río Masacre o Dajabón.
Debió ser reabierta al comercio bilateral, aunque se mantienen restricciones al tráfico de personas. El tema de la seguridad advino con el rápido desplome del orden en el vecino país.
El contraste ahora es marcado. EE. UU. está «100% alineado» con el gobierno del presidente Abinader en su política de seguridad fronteriza y en la valoración de la soberanía territorial como prioridad.
Es, en términos diplomáticos, una admisión de que el ciclo de fricciones bilaterales por la frontera, incluidas advertencias de agencias y comunicados de derechos humanos, queda clausurado por decisión política del nuevo gobierno estadounidense.
Durante el año precedente, informes, declaraciones de funcionarios de EE. UU. y coordinaciones con organismos multilaterales habían colocado a República Dominicana bajo presión por sus controles migratorios, particularmente en lo relativo a detenciones, deportaciones y trato a migrantes haitianos. En el discurso, ese capítulo desaparece.
Campos no mencionó ninguna preocupación humanitaria ni de derechos humanos ligada a Haití, ni al manejo interno dominicano de la movilidad fronteriza. Por el contrario, su énfasis fue exclusivamente de seguridad: reforzar vigilancia, contener amenazas transfronterizas, enfrentar redes delictivas y evitar desestabilización regional.
La embajadora incluso enmarcó la inestabilidad haitiana como una preocupación de seguridad tanto para RD como para EE. UU., no como un problema humanitario.
El énfasis deja ver un cambio de prioridades: la diplomacia norteamericana ya no condicionará su relación con Santo Domingo al tratamiento de población migrante y deja de lado un discurso que en administraciones anteriores era habitual.
Ese silencio no se limita al tema haitiano. Durante todo el discurso, Campos evitó referirse a asuntos de derechos humanos en sentido amplio. Lo más cercano fue la mención del regreso del país al nivel dos en el último informe del Departamento de Estado sobre trata de personas.
No es una novedad histórica, sino un retorno a una posición que el país ha ocupado varias veces en la última década. En el discurso de Campos, la mención aparece estratégicamente vinculada a los «valores compartidos» y a los otros pilares de la relación bilateral, no como un análisis técnico de la situación.
La pieza, centrada en seguridad, prosperidad económica, comercio y valores religiosos compartidos, se aparta del estilo tradicional del Departamento de Estado, que suele incluir al menos menciones formales a derechos fundamentales.
Se acabaron las sanciones
La omisión es significativa no tanto por lo que dice, sino por lo que ya no se dice. Bajo la nueva administración estadounidense, la agenda de derechos humanos pierde peso visible en la relación bilateral.
Eso se enlaza con otro mensaje directo del discurso: el aviso de que la embajada no permitirá la «politización de asuntos comerciales» ni «insinuaciones o acusaciones falsas» promovidas por «sectores activistas» dentro de Estados Unidos.
La frase, inusual en boca de un embajador, apunta claramente a grupos de presión, organizaciones sindicales y ONG que tradicionalmente han influido en la política comercial y laboral de EE. UU., sobre todo en relación con productos agrícolas y manufactura en países socios.
Bajo esa advertencia se lee una toma de distancia de la diplomacia estadounidense respecto a esos grupos, a los que identifica como actores que no deben interferir en la relación económica con República Dominicana.
Demostración del nuevo enfoque es el anuncio de su «primera visita oficial» como embajadora al Central Romana, principal proveedor de azúcar dominicano bajo cuota preferencial de EE. UU. y compañía que estuvo bajo sanciones laborales durante casi dos años.
El Departamento de Trabajo y el CBP de EE. UU. suspendieron las importaciones del azúcar producido por esa empresa por señalamientos de trabajo forzoso y violaciones a estándares laborales. Su inclusión en la llamada «lista de entidades» restringidas, desaprobada ampliamente en los círculos empresariales dominicanos, fue un caso emblemático del activismo laboral estadounidense.
Que la embajadora anuncie esa visita como su primer acto, y que la justifique como un gesto de transparencia y amistad, es un mensaje explícito al mercado y a los grupos de presión.
La nueva administración quiere dar por superado ese episodio y reposicionar a la empresa como un socio legítimo e importante del comercio bilateral.
La señal es doble. Para Washington, implica un viraje desde el escrutinio laboral hacia el apoyo económico a una empresa clave dentro de una cadena comercial estratégica. Para Santo Domingo, supone una validación política de que el conflicto comercial quedó atrás y que el principal comprador del azúcar dominicano respalda al productor local.
Es también un mensaje interno: Campos subraya que la Embajada trabajará para proteger intereses comerciales estadounidenses, pero lo hará «sin activismo» y sin ceder a presiones internas en su país.
Declaración de prioridades
En suma, el discurso de la embajadora Campos fue una declaración de prioridades, y esas prioridades redefinen el marco de la relación bilateral:
- Primero, cierre de tensiones por Haití y alineamiento total en seguridad fronteriza.
- Segundo, un desplazamiento explícito de la agenda de derechos humanos y del escrutinio migratorio.
- Tercero, un respaldo político al sector empresarial, incluyendo a empresas previamente cuestionadas, y una advertencia a grupos de presión estadounidenses.
- Cuarto, un énfasis sostenido en comercio, nearshoring, ciberseguridad y cadenas de suministro como ejes de la cooperación.
La nueva diplomacia estadounidense en Santo Domingo se presenta así más cercana, más política, más alineada con el Gobierno dominicano y menos condicionada por las agendas tradicionales de derechos humanos y activismo laboral.
Un mensaje claro de hacia dónde se mueve Washington en el Caribe y de qué espera de República Dominicana en este nuevo ciclo.
SANTO DOMINGO.- Fueron reelectos este martes por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) tres miembros del Tribunal Superior Electoral, incluyendo a su presidente, y eligió a dos nuevos integrantes de esa alta corte.
En la reunión fueron seleccionados cinco jueces titulares y sus respectivos suplentes, para un total de 10, quienes serán juramentados, por un período de cuatro años, este jueves 4 de diciembre a las 6:00 de la tarde en el Palacio Nacional.
En cuanto a los cinco jueces que deben ser escogidos como titulares de la Suprema Corte de Justicia, la magistrada Nancy Salcedo, jueza de ese organismo, miembro y secretaria del CNM, indicó que, para estos fines, será convocada una nueva reunión en los próximos días.
Los jueces titulares del Tribunal Superior Electoral son su presidente Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, escogido a unanimidad; así como a Pedro Pablo Yermenos Forastieri y Fernando Fernández Cruz, quienes se mantienen como juez titutlares.
Los nuevos jueces son Rafaelina Peralta Arias y Lenis Rosángela García. Los suplentes son Lourdes Teresa Salazar, Juan Cuevas, Juan Manuel Martín Garrido, Freddy Ángel Castro y Víctor Rafael Menieur.
Estos fueron elegidos por el Consejo Nacional de la Magistratura tras agotar la etapa de evaluación de los 41 postulantes preseleccionados para integrar el Tribunal Superior Electoral, en virtud de las funciones que le confieren los artículos 179 y 215 de la Constitución y el artículo 3 de la ley número 138-11, que rige el Consejo.
Santo Domingo.- La seguridad de las festividades navideñas quedó formalmente activada este miércoles con el despliegue de 27,794 efectivos policiales y militares, tras el lanzamiento del operativo “Garantía de Paz en Navidad 2.0”, encabezado por el presidente Luis Abinader, quien exhortó a las tropas a actuar con firmeza, profesionalidad y respeto a los derechos humanos.
El despliegue incluye 22,794 policías y más de 5,000 militares, que reforzarán calles, zonas comerciales, terminales, áreas residenciales y puntos turísticos en todo el territorio nacional. El acto se realizó en la explanada del Palacio de la Policía Nacional con la presencia de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y el director de la Policía Nacional, Ramón Antonio Guzmán Peralta.
Abinader, al dirigirse a los agentes, pidió actuar con compromiso y cercanía con la ciudadanía.
“Trabajen en favor de la población dominicana, respetando los derechos humanos y protegiendo la paz. Confiamos en ustedes”, expresó el mandatario al despedir las brigadas.
Raful destacó que este operativo incorpora la promoción más numerosa hasta la fecha y aseguró que el enfoque principal será preventivo, con inteligencia territorial para anticiparse al delito.
“No esperamos a que ocurra el delito para reaccionar. El objetivo es disuadir, vigilar y proteger”, afirmó.
La funcionaria insistió en que la seguridad no recae solo en las autoridades, sino también en la responsabilidad ciudadana.
“Si cada quien no asume su parte, el esfuerzo se queda corto. La paz no se decreta, se construye entre todos”, dijo, llamando al respeto de horarios comerciales, a evitar conducir bajo los efectos del alcohol y a reducir ruidos en las comunidades.
El director de la Policía, Guzmán Peralta, aseguró que los miembros de las fuerzas del orden reforzarán la vigilancia en espacios públicos y privados durante la temporada.
“Estaremos donde se nos necesite. Que estas sean unas fiestas de paz y unión familiar”, manifestó.
El operativo se mantendrá activo durante toda la temporada navideña con el objetivo de prevenir delitos, accidentes y garantizar la sana convivencia, mientras el Gobierno apuesta por un cierre de año seguro y en orden para las familias dominicanas.