Santo Domingo, RD.-La directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, reveló ante el juez de la instrucción que el imputado Juan Alexis Medina Sánchez montó un operativo de contrainteligencia a la Procuraduría General de la República con el que trató de obstruir su arresto por su participación en el entramado de corrupción descubierto por la Operación Anti Pulpo.Nacionales
Yeni Berenice asegura Alexis Medina montó operativo en PGR para obstruir su arresto
Sostuvo que el mismo día del arresto, Medina Sánchez confesó que había escondido algunas evidencias.
Santo Domingo, RD.-La directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, reveló ante el juez de la instrucción que el imputado Juan Alexis Medina Sánchez montó un operativo de contrainteligencia a la Procuraduría General de la República con el que trató de obstruir su arresto por su participación en el entramado de corrupción descubierto por la Operación Anti Pulpo.La magistrada Reynoso planteó que los integrantes “del entramado corrupto desarticulado por la Operación Anti Pulpo” estaban destruyendo pruebas y sacando capitales del país a Centroamérica.
Sostuvo que el mismo día del arresto, Medina Sánchez confesó que había escondido algunas evidencias.
La procuradora adjunta se refirió al tema al presentar los cargos contra el imputado Rafael Germosén Andújar, excontralor general de la República, quien dijo que llegó a su posición tras participar en un movimiento político en favor del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Confesó que llegó a su cargo por recomendación de Aracelis Medina, hermana del expresidente Danilo Medina Sánchez y de los imputados Juan Alexis Medina Sánchez y Carmen Magalis Medina Sánchez.
Reveló que en su equipo había dos personas clave para agilizar los contratos de Juan Alexis Medina Sánchez: Sandy Sánchez, quien fungía como encargado de las Unidades de Auditorías, y Maryelin Rosado Medina, hija de Aracelis Medina Sánchez y sobrina de Juan Alexis Medina Sánchez.
Reynoso resaltó el impacto social de los delitos de la red delictiva por el impacto social que tiene la distracción de al menos 5,000 mil millones de pesos, una suma que podría hasta triplicarse, para República Dominicana.
Insistió en que la única medida que garantiza la integridad de los testigos será el mantener en prisión a todos los imputados, debido a la persistente intimidación de testigos. “Muchos han declarado”, pero le dicen al Ministerio Público que temen por sus vidas, añadió.
“Cuando a (Juan) Alexis Mediana (Sánchez) se le negaba algo en una institución (pública), ese funcionario duraba dos días en el cargo”, dijo.
Insistió en que el Ministerio Público aportará pruebas por corrupción, asociación de malhechores y complicidad, acusación de la que no se escapa el excontralor Germosén Andújar.
Germosén Andújar confesó al tribunal que perdió su cargo en el Estado luego de una reunión en la que se negó a certificar con celeridad unos contratos. En el encuentro habrían participado la entonces ministra de Educación, el director de la Oisoe, Franscico Pagán, y exviceministro de la Presidencia, José Ramón Peralta.
“Producto de esa reunión que hubo, donde participaron la ministra de Educación de entones; el director de la Oficina de Supervisión de Obras del Estado, el señor Pagán, la señora Taty Marcelino y el señor José Ramón Peralta, al ver que yo no obtemperé en la celeridad en la certificación de esos contratos, fui desvinculado en menos de 15 días de la posición de contralor de la República”, confesó, antes de pedir permiso para que le permitiera ir al baño.
La magistrada Reynoso insistió en que Germosén Andújar participó de una coalición de funcionarios dedicada distraer recursos de los contribuyentes. “Ustedes violaron la ley, no solo la Ley de Compras y Contrataciones, éste no es un tema administrativo”, dijo.
Sostuvo que al “Estado se estafó de miles de maneras” en compras que se planificaban bajo un procedimiento de “urgencia” sin tener esa necesidad. Recordó a Germosén Andújar que incluso incumplió con presentar su declaración jurada de patrimonio al salir del cargo.
También, anunció que el Ministerio Público investiga la muerte del chofer Omalto Gutiérrez Remigio, una de las personas utilizadas por Medina Sánchez como testaferro.
“Uno de los principales testaferros de Juan Alexis murió e investigaremos si es una muerte de criminalidad. La investigación determinará”.
Insistió en que la corrupción se debe considerar como un crimen mayor que hasta el narcotráfico porque el narco se apoya en ella para poder operar y blanquear capitales. “La corrupción administrativa nos roba los medicamentos de los hospitales”, dijo.
El Ministerio Público varió la solicitud de coerción contra Germosén Andújar por prisión domiciliaria, con vigilancia. Reveló que no se le puede poner grillete porque los grilletes de la Procuraduría General de la República están sujetos a un contrato con la red de Juan Alexis Medina Sánchez.
listindiario.com
Nacionales
Reunion bilateral se produce entre Abinader y la mandataria electa de Costa Rica, Laura Fernández
Santo Domingo, R.D.-El presidente Luis Abinader sostuvo una reunión bilateral en el Museo de Arte Costarricense con la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, en la que abordaron diversos temas de interés común orientados a continuar fortaleciendo los lazos fraternales, comerciales y diplomáticos entre ambas naciones.
Durante la reunión, ambos líderes intercambiaron muestras de afecto y reafirmaron la cercanía histórica entre la República Dominicana y Costa Rica; además, abordaron la importancia de mantener un diálogo permanente y de continuar trabajando de manera conjunta en iniciativas que contribuyan al desarrollo, la integración regional y el fortalecimiento de las relaciones entre ambos pueblos.
La presidenta electa expresó su interés en continuar consolidando los lazos fraternales entre ambos países, promoviendo mayores oportunidades de intercambio comercial y fortaleciendo la cooperación en áreas estratégicas para el desarrollo de ambas naciones.
Asimismo, manifestó que dará continuidad a las excelentes relaciones bilaterales con la República Dominicana y al fortalecimiento de los vínculos en el ámbito multilateral.
De igual forma, reafirmó el compromiso de Costa Rica con la Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD), destacando que su gobierno continuará formando parte activa de este mecanismo regional de cooperación.
De su lado, el presidente Abinader reiteró la disposición del Gobierno dominicano de continuar afianzando las relaciones de amistad, cooperación y entendimiento mutuo con Costa Rica. Asimismo, destacó la importancia de mantener una agenda conjunta orientada al crecimiento económico, la defensa de la democracia y el fortalecimiento de los vínculos regionales entre ambas naciones.
Por la República Dominicana estuvieron presentes el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, y la embajadora María Amelia Marranzini Grullón, mientras que por Costa Rica participaron los designados futuros integrantes del gobierno, el próximo ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Manuel Tovar Rivera; la próxima ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos Gallo, y el próximo jefe de Despacho Presidencial, Alexander Estevez Astorga.
Santo Domingo, R.D.-Un cargamento de 1,295 paquetes de presunta cocaina y marihuana fueron confiscados por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) durante dos operaciones simultáneas ejecutadas en las costas de Pedernales.
En la intervención fueron arrestados tres dominicanos y un venezolano.
El vocero del organismo antinarcóticos, Carlos Devers, identificó a los detenidos como Walkin Marino Montás Tapia, Luis Alberto Figueroa Ariza, Manolo Resello Amador y Luis Alberto Acosta Santana.
Sostuvo que el Ministerio Público y la DNCD han iniciado una investigación profunda para determinar si ambos casos guardan relación con una misma estructura criminal internacional e identificar a otros posibles implicados para su posterior captura y sometimiento a la justicia.
Señaló que los 1,295 paquetes fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), bajo estrictos protocolos de cadena de custodia, para determinar el tipo y peso exacto de la sustancia.
Devers explicó que las operaciones fueron realizadas por efectivos de la Armada de República Dominicana (ARD), la Fuerza Aérea (FARD) y organismos de inteligencia del Estado, con el apoyo de la Fuerza de Tarea Interagencial Sur (JIATFS) y la DEA de los Estados Unidos.
La intervención, considerada una de las más relevantes de las últimas semanas, se desplegó a varias millas náuticas al sur de Pedernales. El protocolo de vigilancia por aire, mar y tierra se activó tras detectar dos embarcaciones sospechosas dirigiéndose a aguas territoriales dominicanas.
Indicó que la primera lancha era una embarcación de 24 pies con motores de 100 HP. Allí se arrestó a Resello Amador y Acosta Santana, incautando 16 pacas que contenían 314 paquetes de cocaína y 89 de marihuana (403 en total).
Mientras que, en la segunda lancha, fue neutralizada tras una intensa persecución en coordenadas cercanas. En esta se ocuparon 836 paquetes de marihuana y 56 de cocaína (892 en total). Fueron arrestados Montas Tapias y Figueroa Ariza.
“La neutralización simultánea de ambas narcolanchas constituye otra demostración del elevado nivel de coordinación y compromiso de las fuerzas de seguridad dominicanas”, acotó Devers.
El vocero reafirmó que se continuarán fortaleciendo las operaciones de interdicción como parte de la política de seguridad del Gobierno dominicano para garantizar la soberanía y la paz nacional.
Santo Domingo, R.D.-Por sospecha legitima el Pleno de la Suprema Corte de Justicia desestimó la demanda en declinatoria por causa interpuesta por Donni Mayobanex Santana Cuevas, exembajador del Consejo Nacional de Frontera.
Este hombre, que cumple una condena de 20 años de prisión por la violación sexual de su hijastra menor de edad, buscaba que su proceso judicial fuera transferido fuera de la jurisdicción de San Cristóbal.
Santana Cuevas, quien se encuentra en libertad tras un permiso laboral, presentó el recurso contra la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal.
El tribunal se encuentra apoderado de un recurso de apelación que busca revocar el permiso laboral que le había sido otorgado por el juez de ejecución de la pena de esa jurisdicción.
El Pleno de la Suprema Corte, encabezado por su presidente Luis Henry Molina Peña, determinó que la defensa de Santana no logró probar hechos graves o concordantes que permitieran inferir una falta de imparcialidad u objetividad por parte de los magistrados de San Cristóbal.
En su resolución, la Suprema fue enfática al aclarar que “la simple discrepancia con decisiones judiciales desfavorables no constituye un fundamento válido para alegar sospecha de parcialidad”.
El tribunal señaló que cualquier inconformidad con los fallos debe ser canalizada a través de los recursos ordinarios que establece la ley.
Asimismo, la Suprema ratificó como correcta la actuación de la Corte de Apelación al fallar sobre recusaciones previas con sus propios integrantes, siempre que se cumpla con el cuórum legal requerido.
La solicitud de declinatoria, depositada el pasado 9 de diciembre de 2025, argumentaba que existía un «ambiente hostil» debido a la presión mediática y un supuesto comportamiento prejuiciado de los jueces.
También cuestionaban el traslado del juez de ejecución de la pena que originalmente había favorecido al condenado con el permiso de trabajo.
Pese a la decisión mayoritaria, el fallo contó con el voto disidente de los magistrados Fran Soto, María Garabito Ramírez, Rafael Vásquez Goico y Yorlin Vásquez Castro.
Los jueces disidentes argumentaron que la figura de la «declinatoria por sospecha legítima» no está contemplada de forma expresa en la normativa procesal penal vigente, lo cual ha provocado decisiones contradictorias dentro del mismo órgano judicial en ocasiones anteriores.
Considerando que el rechazo de una demanda en declinatoria por seguridad pública o por sospecha legítima bajo el argumento de que no cumple con requisitos de forma y de fondo, es decir, en lo que respecta a la calidad para interponerla, o la insuficiencia de pruebas respecto al objeto invocado, constituye una apreciación errónea, carente de marco jurídico.
Sostienen que el ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción; por tanto, el examen de la cuestión planteada por ante esta Alzada lesiona el principio de legalidad, como se ha indicado precedentemente.
En ese orden, alegan que su posición radica en establecer que en todos los casos de solicitud de declinatoria por seguridad pública o sospecha legítima, lo que procede es declarar la inadmisibilidad de la misma, por carecer de base legal, como ocurre en otras materias y se ha expuesto en el cuerpo del presente voto.
Con esta resolución, el expediente de Donni Santana permanecerá en San Cristóbal, donde se decidirá finalmente la validez de los beneficios carcelarios que reclama el condenado.