Nacionales
Procuraduría está «en el proceso ahora de la transferencia de los bienes» a Incabide, según Jeni Berenice Reynoso.
Santo Domingo, R.D.-Yeni Berenice Reynoso, procuradora general de la República, ponderó los logros alcanzados por el Ministerio Público en materia de decomisos en dinero en efectivo que van siempre, como establece el marco jurídico, a la Cuenta del Tesoro, o de bienes que pasarán al Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (Incabide).
Reynoso sostuvo que se encuentran en el proceso de transferencia a Incabide de los bienes que los tribunales han ordenado pasen al Estado.
«Estamos en el proceso ahora de la transferencia de los bienes, que es una preocupación porque ahí hay bienes muy costosos, cuando decimos que tenemos una villa que cuesta más de 300 millones…. son bienes que son costosos», dijo Reynoso.
Según una comunicación de prensa de la Procuraduría General, Reynoso recordó que las peticiones de decomisos en los procesos tienen una proporcionalidad relacionada con los montos específicos envueltos en el delito cometido.
Incabide, según la Ley 60-23, es la entidad que está obligada a gestionar lo incautado por el Ministerio Público, y luego de una sentencia firme que ordena el decomiso estos pasan a la Cuenta Única del Tesoro, para ser utilizado por el Gobierno central.
Hasta el momento, la mayor cantidad de bienes incautados y finalmente decomisados corresponden al caso de la querella sobre la estafa en las distribuidoras de electricidad y en la que uno de los principales imputados, Maxy Gerardo Montilla Sierra, entregó al Ministerio Público más de 3 mil millones de pesos, de los cuales 2 mil millones fueron en efectivos y los restantes en bienes.
La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, sostuvo un encuentro con una comisión del movimiento cívico Participación Ciudadana (PC) en el que habló del plan operativo de su gestión en diversas áreas y la necesidad de que la población se mantenga vigilante para tener siempre mayor transparencia y una cultura de cero impunidad.
Los integrantes de Participación Ciudadana valoraron el trabajo que viene realizando el Ministerio Público en favor de la transparencia y se mostraron dispuestos a seguir promoviendo «instituciones más sólidas y un sistema de justicia independiente y eficaz, pilares fundamentales para el fortalecimiento de la democracia dominicana», dijo Blanco García.
La máxima representante del Ministerio Público resaltó el hecho de que, una vez demuestra con pruebas que un funcionario o particular desfalcó al Estado, el Ministerio Público puede pedir el decomiso de un bien equivalente a ese monto, aunque su origen en poder del procesado sea legal.
«Nosotros sí quisiéramos que los casos fueran mucho más rápidos; se debe agilizar el paso en que van los casos, pero ahí no hay un aplazamiento que sea motivado por el Ministerio Público. Uno solo no lo hay; porque nosotros tenemos el lema ¡Listos siempre!»
Yeni Berenice Reynoso explicó que el Ministerio Público procura condenas para los funcionarios porque su rol como servidores, precisamente, debe ser salvaguardar los bienes públicos de todos los contribuyentes.
«En la mayoría de los países desarrollados esa es la política que asume con relación a esto y es que hay un criterio a nivel internacional que la responsabilidad mayor es del funcionario«, indicó Reynoso.
Nacionales
Ciudadanos se movilizan en la Plaza de la Bandera en rechazo a la gestion del gobierno, a «Ley Mordaza» y el alto costo de la vida
Santo Domingo, R.D.-La Plaza de la Bandera fue el lugar escogido por cientos de ciudadanos para protestar en contra de la mala gestion del gobierno, el alto de la vida, la ley mordaza y los abusos policiales que se producen en la República Dominicana.
El alto costo de la vida, la denominada «Ley Mordaza» contenida dentro del nuevo Código Penal, la aplicación de la Reforma Fiscal aprobada por el Gobierno durante la Ley de Medidas pro-Crecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis o «Plan Anticrisis»; además los abusos policiales y el accionar de la actual administración del Poder Ejecutivo, son los principales reclamos que se realizan en la protesta.
«No a la Ley Mordaza, no más robos, no más préstamos, no más impunidad, ya está bueno; no podemos seguir así. Este país debe de cambiar en un 100%», exclamó Agustín Rivas, quien asistió a la protesta en compañía de su esposa e hija.
«Es para fuera que van», expresó Ramírez indicando que el Gobierno encabezado por el presidente Luis Abinader y Partido Revolucionario Moderno (PRM) no retomarán el poder en el 2028.
Los ciudadanos se hicieron acompañar de pancartas, banderas dominicanas, cornetas e incluso calderos para hacerlos sonar, como cacerolazos.
De la misma manera, otros optaron por usar especies de vestimenta, desnotando el abuso policial, el alto precio de los combustibles, entre otros.
Varios influencers y artistas urbanos, como «Melymel» y «El Piro», hicieron acto de presencia por varios minutos en la Plaza de la Bandera.
Particularmente, El Piro dio varias vueltas a la plazoleta, antes de salir del lugar.
Santo Domingo, R.D.– Quedó sin efecto este jueves el aumento de pasaje anunciado por la Central Nacuional de Trabajadores del Transporte (CNTT) tras arribar a un acuerdo con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) para establecer una mesa de dialogo para evaluar los costos del sector.
La decisión fue adoptada durante una reunión encabezada por el director ejecutivo del Intrant, Milton Morrison, y el presidente de la CNTT, Juan Marte, quienes acordaron revisar de manera técnica las condiciones operativas del transporte público antes de considerar cualquier ajuste en las tarifas.
Morrison recordó que la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial establece que el Intrant es el único organismo con facultad para autorizar modificaciones en las tarifas del transporte público de pasajeros.
«Hemos acordado instalar una mesa de trabajo para revisar técnicamente la estructura de costos del transporte de pasajeros. Hasta tanto concluyan esos trabajos, no habrá aumento del pasaje. Nuestro compromiso es garantizar que cualquier decisión se sustente en estudios técnicos, el diálogo y el estricto cumplimiento de la ley», expresó el funcionario.
Por su parte, Juan Marte agradeció la apertura al diálogo mostrada por el Intrant y confirmó que la CNTT dejará sin efecto el incremento anunciado, comprometiéndose a no aplicar aumentos mientras se desarrollen las evaluaciones técnicas.
La mesa de trabajo realizará un levantamiento de las rutas donde se reportaron incrementos, analizará los costos operativos del transporte y evaluará los factores que inciden en la prestación del servicio antes de emitir recomendaciones sobre un posible ajuste tarifario.
El director del Intrant destacó que el Gobierno mantiene mecanismos de apoyo para reducir el impacto de los costos del transporte, entre ellos los subsidios a los combustibles y el programa Bono Gas Chofer.
Indicó que durante el último año fueron entregadas más de 2,300 tarjetas del Bono Gas a transportistas de distintos gremios, incluyendo una cantidad significativa de afiliados a la CNTT. Además, informó que recientemente la institución dispuso supervisiones para verificar los casos de choferes que aún no han recibido ese beneficio, con el propósito de garantizar que quienes cumplan los requisitos puedan acceder al subsidio.
Morrison también resaltó que más del 95 % de las organizaciones del transporte público del país no respaldó el incremento anunciado, lo que, a su juicio, refleja la voluntad mayoritaria del sector de privilegiar el diálogo y la concertación.
El Intrant reiteró que cualquier modificación en las tarifas del transporte público será el resultado de estudios técnicos y del cumplimiento de la Ley 63-17, con el objetivo de proteger a los usuarios y garantizar un sistema de transporte eficiente y sostenible.
of-am
Nacionales
Si se aprueba proyecto de ley los policias tendrán que tener perros y detectores de metales.
Santo Domingo, R.D.-Fue aprobado en primera lectura en el Senado de la República el proyecto que busca reformar la Ley 590-16 de la Policía Nacional.
Tras siete meses de espera, los senadores reactivaron los trabajos de manera repentina, precisamente seis días después de que un joven de tan solo 18 años de edad fuese ultimado a quemarropa por un agente policial.
Uno de los aspectos principales que contiene la pieza votada por los senadores es el establecimiento de los procedimientos que deberán agotar los patrulleros cuando deban inspeccionar a la ciudadanía.
La intención de la iniciativa es que los agentes tengan la obligación de realizar las inspecciones “siempre” con la cámara corporal de la institución policial debidamente encendida.
Además, garantiza que el ciudadano registrado podrá grabar en todo momento, “cuando así lo desee”, el procedimiento al que es sometido.
Según las indicaciones del documento legislativo, los policías deberán circunscribirse a una exploración externa, superficial y momentánea de la indumentaria y los bienes que la persona porta. Esto tendrá que ser desarrollado por un personal de seguridad del mismo sexo.
Asimismo, la propuesta legislativa precisa que “ningún registro” podría basarse en “estereotipos, prejuicios o perfiles delictivos fundados en la raza, el origen étnico, la apariencia, o la identidad de género del ciudadano”.
La acción policial estará permitida en las vías, espacios públicos, establecimientos comerciales “o de otra naturaleza abiertos al público”.
El documento, depositado por el Poder Ejecutivo el pasado 8 de diciembre, indica que la intención de los agentes consistirá en la identificación de armas, municiones, explosivos, elementos cortantes, punzantes, contundentes o sus combinaciones.
Además, precisar que el ciudadano no tenga en su poder un bien robado o extraviado, así como “verificar que sea el propietario de un bien que posee”.
Asimismo, descartar la posesión de drogas o sustancias prohibidas y prevenir la comisión de un hecho punible o un comportamiento contrario a la convivencia que pueda afectar a las personas del entorno.
Por último, para asegurar la seguridad de los asistentes a una actividad o la identidad de una persona que desea ingresar a un lugar.
La iniciativa indica que estas acciones policiales deberán ser planificadas por el comandante o supervisor cuando se realicen en horario diurno.
Sin embargo, “cuando se realice en horas nocturnas”, deberá ser reportado antes y después de su práctica ante el supervisor o central de radio, dejando la trazabilidad del procedimiento policial.
Los comandantes de departamento, estación de policía y supervisores deberán verificar que los agentes dispongan “todos los elementos del cinturón multipropósito para el servicio”.
Este proyecto de ley será conocido, en segunda discusión, este viernes por el órgano legislativo. En caso de ser aprobado, deberá ser sometido al mismo procedimiento legislativo en la Cámara de Diputados, antes de ser enviado a las manos del presidente Luis Abinader.